Hoy igual que hace siglos, la característica de las explotaciones agrícolas en el Estado español, y en particular en Andalucía, sigue siendo la gran propiedad terrateniente escasamente modernizada. El 3% de los propietarios dispone de la titularidad del 54% de las tierras cultivables (tierras de regadío, secano, prados y pastizales), lo que supone unos 13 millones y medio de hectáreas, una superficie aún mayor que Andalucía y Extremadura juntas. 

Pero ahí no queda la cosa. A estas, ya de por sí, enormes extensiones hay que añadirles una parte importante de los millones de hectáreas de terreno forestal que también acumulan estas notables familias, en especial la descendencia nobiliaria de condes, duques y marqueses. La duquesa de Alba es la mayor terrateniente de España. 

Ante una desigualdad tan flagrante, lo único que puede causar extrañeza es que la expropiación de esta aristocracia parasitaria y caduca no sea un clamor popular. Por el contrario, los defensores de la propiedad privada de la tierra, economistas, filósofos y jurisconsultos, se cuidan muy mucho de presentar esta apropiación de la riqueza como un “derecho natural” y al sistema capitalista, basado en la propiedad privada de los medios de producción, como el único posible.

Producción agrícola y mercado

Pero los hechos objetivos demuestran que la producción agrícola sobre bases capitalistas se desarrolla en permanente contradicción. Unas contradicciones que condenan a la ruina a centenares de miles de pequeños agricultores en el Estado español y que amenazan con llevar al campo a una situación insostenible.

El atraso del desarrollo del capitalismo en las estructuras agrarias peninsulares tiene una de sus expresiones en la infinidad de pequeñas explotaciones que existen. Junto a los grandes latifundios, que cuentan con medios y condiciones para la rentabilidad y la competitividad en el mercado, hay en nuestro país más de un millón de pequeñas explotaciones, inferiores a 10 hectáreas, extremadamente dependientes de las oscilaciones de los precios en el mercado nacional e internacional, y sobre todo, de las ayudas europeas que pueden llegar a representar el 36% de sus ingresos. En este sentido, cualquier iniciativa comunitaria tendente a modificar o recortar el régimen de ayudas se ha encontrado con la contestación de las organizaciones agrarias, especialmente de pequeños propietarios, que claman por su supervivencia. En el último periodo, prácticamente no ha habido sector que no haya visto peligrar sus intereses: olivar, algodón, tabaco, azúcar, vino, etc.

El anterior ministro de Agricultura, Arias Cañete, señalaba respecto a la competitividad de nuestra agricultura: “si no fuera por las ayudas no podríamos vivir de esto”.

Aún más contundentes son las conclusiones del llamado Libro Blanco de la Agricultura (2003), un estudio oficial, donde economistas y agrónomos calculan que siete de cada diez fincas agrarias españolas son económicamente inviables. Nada menos que 1,1 millones de explotaciones agroganaderas, unas 234.000 en Andalucía, no son rentables con los parámetros capitalistas, y subsisten, en gran parte, gracias a los subsidios comunitarios o la bondad de los precios.

¿Qué ocurriría ante una drástica reducción de las ayudas? Este no es un escenario impensable a corto plazo. Más bien, es la tendencia a la que se encaminan los últimos acuerdos de instituciones como la Organización Mundial del Comercio, que en un intento de superar los desajustes a escala mundial provocados por la política proteccionista y arancelaria de los países ricos, acordó reducir en un 20% los 250.000 millones de euros que destinan las grandes potencias a subsidiar su agricultura.

Hoy igual que hace siglos, la característica de las explotaciones agrícolas en el Estado español, y en particular en Andalucía, sigue siendo la gran propiedad terrateniente escasamente modernizada. El 3% de los propietarios dispone de la titularidad del 54% de las tierras cultivables (tierras de regadío, secano, prados y pastizales), lo que supone unos 13 millones y medio de hectáreas, una superficie aún mayor que Andalucía y Extremadura juntas.

Hace pocas semanas, el fiasco de la “cumbre europea”, además de poner en evidencia la disparidad de intereses nacionales en que naufraga el capitalismo europeo, anuncia recortes en los fondos destinados a mantener el sistema de ayudas de la Política Agraria Comunitaria, con las apocalípticas repercusiones que ello supone para la agricultura nacional.

De alguna manera, ésta es la cuestión clave. Este es el único escenario que puede ofrecer un sistema económico basado en la propiedad privada de la tierra y la búsqueda del máximo beneficio para capitalistas y latifundistas.

Las crisis y los trastornos que genera el sistema de mercado son irresolubles dentro del capitalismo. Los subsidios otorgados por los gobiernos de EEUU, Japón, los países europeos, Australia, etc. a sus agricultores permiten a éstos sostener artificialmente un precio competitivo en sus productos que hunde en la miseria a la agricultura del Tercer Mundo.

A su vez, el desarrollo económico de los países pobres depende, en parte, de la desaparición de esa política proteccionista, lo que acarrearía la ruina segura de millones de agricultores en los países desarrollados y la más que previsible quiebra del sector agrícola en todo el planeta.

¡Y todavía hay gente que se empeña en considerar esta anarquía productiva y comercial como el orden natural de las cosas!

La nacionalización de los grandes latifundios bajo control obrero y la puesta en marcha de una producción agrícola planificada sobre las bases de una economía socialista es una aspiración que responde a una necesidad social, a una necesidad material, histórica si se quiere, y es la única forma de superar las enormes contradicciones del sistema capitalista.