El juicio político contra Aníbal Ibarra llegó a su final. Ibarra fue destituido como intendente de la Ciudad de Buenos Aires (por 10 votos a 5) pero no fue inhabilitado para ejercer cargos públicos (los votos no alcanzaron: terminaron 9 a 6). El juicio político contra Aníbal Ibarra llegó a su final. Ibarra fue destituido como intendente de la Ciudad de Buenos Aires (por 10 votos a 5) pero no fue inhabilitado para ejercer cargos públicos (los votos no alcanzaron: terminaron 9 a 6).

Demás está decir que ni el ibarrismo ni el macrismo deseaban haber llegado a esta instancia de Juicio Político. Para ellos es un peligroso precedente el que sea la calle y no las «instituciones» quien le marque el pulso a la vida política. Fue exclusivamente la presión inclaudicable de los familiares de las víctimas la que obligó, literalmente, a los legisladores de la Ciudad a llamar a su convocatoria.

El protagonismo de los familiares ha sido una constante desde que tuvo lugar la masacre de Cromañón. Sin su lucha y tesón no se hubiera avanzado ni un paso en la destitución y en el enjuiciamiento de los responsables de la masacre, ni en los cambios legales introducidos que deberían mejorar la seguridad de los lugares públicos.

Este Juicio Político, con una mayoría de políticos burgueses profesionales, se desenvolvió en los marcos «tradicionales»: roscas, prebendas, acuerdos espurios, compra de legisladores, etc. Por eso nunca depositamos ninguna confianza en él.

El macrismo intentó lavar su cara ante las familias trabajadoras y utilizará la destitución de Ibarra para estar mejor posicionado de cara a las próximas elecciones en la Ciudad, pese a sus conexiones directas con los intereses empresarios corruptos. Ibarra utilizó muy hábilmente el Juicio Político para aparecer como víctima y explotar a su favor la demagogia de Macri, agrupando filas tras de sí a importantes sectores de la población trabajadora que ven, como el mayor peligro, un gobierno de la derecha en la Ciudad. De esta manera, la figura de Ibarra, lejos de haber salido debilitada, va salir más fortalecida de lo que estaba después de la masacre.

Lamentablemente, los pocos legisladores de izquierda fueron incapaces de jugar un papel independiente con una posición de clase, apareciendo como laderos bien de Macri o de Ibarra.

Estamos a favor de la destitución de Ibarra, como máximo responsable político y encubridor de la cadena de corruptelas que culminaron en el desastre, pero debía haber sido echado como resultado de la movilización popular, hasta forzar su dimisión.

Mientras tanto, continúa el proceso judicial para juzgar a los responsables de la masacre. La movilización y la organización popular deben continuar. Y nos debe llevar a superar las opciones políticas propatronales del sistema y construir una alternativa socialista que ponga en manos de los trabajadores y el pueblo pobre las decisiones que le aseguren verdadera seguridad y justicia.


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