La campaña de desinformación masiva impulsada por la prensa comercial transformó el reclamo obrero del norte de Santa Cruz en un hecho policial, abonando el camino de la represión estatal y la militarización de los pozos para garantizar los beneficio La campaña de desinformación masiva impulsada por la prensa comercial transformó el reclamo obrero del norte de Santa Cruz en un hecho policial, abonando el camino de la represión estatal y la militarización de los pozos para garantizar los beneficios de las multinacionales petroleras.

Una tensa calma recorre el extremo norte santacruceño. Los trabajadores regresaron a los yacimientos, pero sólo se trata de una tregua inestable tras 18 días de duro conflicto, en los que los obreros petroleros de Las Heras (a los que se sumaron los de Pico Truncado), forzaron mediante huelgas, bloqueos a los accesos de los pozos y cortes de ruta; un acuerdo con las empresas multinacionales del sector y los gobiernos provincial y nacional.

La protesta de los trabajadores ya comenzó a dar sus frutos: El aumento de la base imponible del impuesto a las ganancias, que tritura sus salarios, se ha instalado en la escena nacional y desde el Ejecutivo han comprometido cambios a la brevedad. Más de 250 trabajadores de la construcción que realizan tareas en los yacimientos (mano de obra más barata), han sido incorporados al convenio petrolero bajo el principio de “igual trabajo, igual salario”. Las empresas se hacen cargo del pago de los días caídos.

Pero aún quedan por resolver otros reclamos: La instrumentación de la Zona 1 (la más desfavorable) en el norte de Santa Cruz, que implica un 47% de incremento salarial para los petroleros de la Cuenca del Golfo de San Jorge. También queda pendiente la exigencia de una jubilación con 25 años de servicio sin límite de edad y con el 82% móvil de salario.

Tras esperar infructuosamente que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz que los agrupa se pusiera al frente de sus demandas, los trabajadores resolvieron en asamblea iniciar acciones de protesta por fuera de la conducción sindical y fueron ganando la adhesión de los pobladores de la zona, lo que originó una situación incontrolable para los estamentos estatales y empresarios.

La provocación no podía demorarse. Cualquier cuestionamiento al diseño de concentración de la renta hidrocarburífera, la misma que genera para Repsol, Pan American Energy y Vintage Oil ganancias netas en la región de hasta 7.600 pesos por minuto (¡¡!!!), aún cuando sea en el nimio aspecto de los costos laborales, para las empresas privilegiadas, implica la generación de un clima de intimidación y represión de la protesta.

La justicia servil de la provincia de Santa Cruz siempre ha sido partícipe de los desalojos violentos y del encarcelamiento de los luchadores sociales, y la policía provincial, muy lejos de la exaltada defensa ensayada por el presidente Kirchner, es el brazo ejecutor de esta política. Ejemplos sobran: En septiembre de 2004 fueron encarcelados dirigentes de los desocupados del norte santacruceño por reclamar trabajo en la planta de almacenaje y despacho de Termap y en el municipio de Caleta Olivia, donde hay policías denunciados por apremios ilegales y torturas que incluyen la acusación de haber provocado la pérdida del embarazo de una trabajadora desocupada. Nuevamente, en julio de 2005, la policía detuvo a 47 desocupados tras una brutal represión cuando reclamaban trabajo a las petroleras de Cañadón Seco. Un mes después en un operativo conjunto con gendarmería, ejecutaron una verdadera cacería de dirigentes sociales en Caleta Olivia. Como dato aleatorio, vale aclarar que se trata de la misma fuerza policial que en octubre pasado se autoacuarteló en reclamo de mejoras salariales, ahora no dudó en reprimir a los dirigentes de la huelga petrolera.

Sobre la medianoche del 6 de febrero, Mario Navarro, el vocero de los trabajadores, fue detenido cuando comunicaba los objetivos de la protesta en una radio local y trasladado a la comisaría de Las Heras. Advertidos por la noticia, más de un millar de obreros y vecinos se movilizaron espontáneamente para reclamar la libertad del delegado encarcelado, siendo recibidos con balas y gases lacrimógenos por la policía. Pero ante la fuerza y la masividad de la pueblada se vieron desbordados y obligados a liberar a Navarro. En la refriega, que provocó heridas a una treintena de personas, fue herido el policía Jorge Sayago, quien falleció poco después en Comodoro Rivadavia.

Montada la provocación, se puso en marcha el entramado represivo: Poder Ejecutivo, garrote policial y persecución sindical. El Ministerio del Interior despachó casi 300 efectivos de gendarmería nacional a Las Heras. “Esta protesta se manchó con la muerte de Sayago”, afirmó Mario Navarro.

El título del diario Clarín en su edición del 8 de febrero (“Violento reclamo salarial: un muerto”), no deja dudas sobre cuál es la respuesta que demandan del gobierno las clases dominantes. Contener el reclamo salarial (en momentos en que los trabajadores recibimos sólo el 25% del ingreso nacional, pero aportamos más del 50% del total de la recaudación del Estado), mediante un escarmiento ejemplar sobre los petroleros de Santa Cruz para disciplinar al conjunto del movimiento obrero.

El punto de partida

La historia de la propiedad en el sur argentino tiene dos signos: la sangre y la libra esterlina. Tierras arrebatadas a las poblaciones indígenas en la Campaña del Desierto, el ejército incorporó la Patagonia al Estado entre 1850 y 1880, y luego procedió a su reparto.

En 1920 la producción fundamental de Santa Cruz era la cría de ovejas para la exportación de carne y lana, proveedora de la industria textil británica. La faena se realizaba en la costa entre enero y junio en los frigoríficos Swift de Río Gallegos y San Julián, y Armour de Puerto Santa Cruz; la esquila desde fines de septiembre hasta bien entrado el verano.

Al duplicarse los precios de la lana y de la carne de oveja entre 1914 y 1919, el dinero corría en abundancia en Santa Cruz. La prosperidad fortaleció el poder de los terratenientes como Menéndez Behety, Braun o Noya; y de compañías como The Monte Dinero y San Julián Sheep Farming Company o el Banco de Tarapacá. También trajo brazos que no encontraban ocupación en el centro y norte del país, y en las estancias y frigoríficos recalaron hombres de trabajo llegados de Europa.

Los enormes latifundios, el monopolio del comercio y el transporte, el aislamiento y la ausencia de organización sindical, hacían que hasta 1920 la fijación de salarios, la forma de pago, las brutales condiciones de trabajo, la contratación y el despido de personal, se realizaban de acuerdo exclusivamente a la conveniencia y voluntad de estancieros y gerentes ingleses.

La creación de la “Sociedad Obrera”, un movimiento masivo que rápidamente contó con más de 1.700 peones y obreros adherentes, construida sobre la base de un programa de reivindicaciones, vino a quebrar el orden latifundista. Trabajadores que demandaban que “en cada pieza de 4 por 4 metros no dormirán más de tres personas; la luz será por cuenta de los patrones debiendo entregar a cada trabajador un paquete de velas semanalmente. (…) El sábado a la tarde será única y exclusivamente para lavar la ropa los peones (…)”, durante 1920 y 1921 lanzaron importantes huelgas por todo el territorio.

El presidente Hipólito Yrigoyen, solícito ante los airados reclamos patronales, envió tropas del ejército para “terminar con los elementos agitadores y extraños al elemento obrero”. Así fue como el 10mo. Regimiento de Caballería “se cubrió de gloria”, limpiando los campos santacruceños y recibiendo aplausos entusiastas de los miembros de la Sociedad Rural y la Liga Patriótica.

Más de 1.500 obreros y peones fueron baleados a mansalva, fusilados o degollados (en Las Heras fueron ejecutados Juan Font “Facón Grande”, uno de los líderes de la huelga, y otros cientos de trabajadores), y otros 600 permanecieron presos acusados de sedición armada. La organización obrera fue deshecha. Los latifundistas aprovecharon para rebajar los salarios de los peones de 120 a 80 pesos, y de los ovejeros de 140 a 100 pesos.

En enero de 1922 el ejército dio por terminada la “pacificación”. En medio de tanta quietud, el viento de la estepa santacruceña se llevó los restos de centenares de muertos, mal cubiertos por las piedras.

Hasta 1946 no se firmó convenio colectivo de trabajo alguno en territorio patagónico. Para entonces, ya se había descubierto petróleo en el Golfo de San Jorge, primero en Caleta Olivia y más tarde en Pico Truncado.

El negocio del petróleo

En 1992 el trámite del desguace y privatización de YPF tuvo un entusiasta apoyo del entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien como reconocimiento del tándem Menem-Cavallo, recibió más de 500 millones de dólares en concepto de regalías atrasadas, que fueron inmediatamente girados a bancos del exterior… y aún no han regresado.

Además de la irrupción de Repsol, varias empresas estadounidenses llegaron a la región: las más conocidas, Slumberger y Halliburton, la compañía vinculada al vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, pero abandonaron rápidamente el territorio cuando se desplomaron los precios internacionales del crudo en 1996.

Su retirada produjo despidos masivos, y el pueblo de Las Heras fue uno de los más golpeados. Pasó de más de 15 mil habitantes a menos de 7 mil. Toda la región quedó devastada por la pobreza, la miseria y la desocupación. Entre agosto de 1998 y enero de 2000 hubo 22 suicidios de adolescentes, sucesos que retrató la periodista Leila Guerriero en el libro Los suicidas del fin del mundo; se trataba de un grito de advertencia ante la falta de futuro.

Hoy la situación es la contrapuesta. Con el valor del petróleo en uno de sus récords históricos, la actividad repuntó y varias multinacionales volvieron a radicarse en el norte santacruceño con un elemento adicional a su favor: la devaluación de 2002 redujo sensiblemente el costo laboral, volviendo el negocio aún más rentable para las petroleras y sus metrópolis. Sin embargo, para los trabajadores, la precariedad es su forma de vida. La industria petrolera es una máquina de desestabilización de la existencia obrera. Los operarios, empleados y profesionales vienen a Las Heras con contratos basura, por tiempo determinado, jornadas interminables con temperaturas que llegan hasta los 20 grados bajo cero, en turnos rotativos, van dejando sus marcas. Precario el empleo, precarios los vínculos familiares, precaria la vida. Al mismo tiempo, el Estado provincial de Santa Cruz obtiene más de 740 pesos por minuto en concepto de regalías petroleras, cifra con que ayer Kirchner y hoy Acevedo mantienen su aparato de clientelismo estatal.

Mientras la Cuenca del Golfo San Jorge se ha transformado en la más productiva de todo el país, más de 25 mil metros cúbicos de petróleo diarios, las multinacionales Repsol, Pan American Energy, Vintage Oil y las tercerizadas empresas de “servicios petroleros” como Dolland, Metrapet-Serpecom, Indus o Argentina 2000, agrupadas en la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros, exigen al Estado que endurezca la respuesta a huelgas y cortes de ruta de trabajadores y habitantes de la zona. “Es hora de cortar con este círculo de protesta”, alertan.

La fractura sindical

“Navarro es comunista y nosotros peronistas. Acompañamos al compañero Kirchner desde 1987. Yo creo que han ido más allá de los límites estos cabecillas, grupo de asesinos que no se conformaron con matar un policía sino que siguieron avanzando con las muertes”. Héctor Segovia, secretario general del Sindicato de Petroleros de Santa Cruz, 09/02/05.

Declaraciones como las que preceden estas líneas, defendidas por toda la dirigencia sindical petrolera, son la manifestación inequívoca del cierre de todo un ciclo de conciliación de clases que nació hace ya más de 60 años y que amarró a los sindicatos al Estado y a las patronales.

Durante décadas el movimiento obrero se expresó políticamente en el peronismo. La cooptación masiva de los asalariados por el populismo burgués, bajo la apariencia de un salto político de los trabajadores, representó una trampa histórica que enajenó por un largo período la potencia revolucionaria del proletariado (que expresaba su poderosa fuerza de clase a través de los sindicatos). La experiencia de sistemáticas frustraciones minó paulatinamente al peronismo como dirección reconocida y confiable para la masa trabajadora y, simultáneamente, creció el sentimiento de rechazo hacia una burocracia que sobre la base de privilegios, crímenes y delaciones, se afirmó como agente de las ideas patronales en el seno de la clase trabajadora.

Todo un largo proceso de disgregación y parálisis del movimiento obrero está culminando hoy con la reaparición de los trabajadores en la lucha social, por fuera y en contra de las estructuras sindicales hoy profundamente debilitadas.

Los trabajadores petroleros han sabido amalgamar la lucha institucionalizada a través del sindicato y la democracia directa (medidas como el paro, la asamblea y el bloqueo a los accesos de los yacimientos con el boicot a la extracción de crudo), con el corte de ruta y la negociación con las empresas y el Estado; acciones que van perfilando la autonomía obrera.

La convulsa situación ha fracturado la otrora poderosa Federación Argentina Sindical de Petróleo y Gas Privado (FASPyGP). Los sindicatos patagónicos, de Santa Cruz al frente del cual se encuentra el kirchnerista Héctor Segovia, de Chubut con Mario Mansilla, aliado incondicional del gobernador Mario Das Neves, y de Neuquen, con el caudillo Guillermo Pereyra (ex ministro de Trabajo de Jorge Sobisch), todos de la mano de Hugo Moyano, disputan los favores de las multinacionales petroleras… y sus cuantiosos recursos.

El resto de los sindicatos, arrinconados, fugan hacia delante y tratando de recuperar protagonismo, lanzan desde Mendoza la consigna: “Kirchner 2007, Petroleros y Gas Privados Argentinos”.

Pero tanto unos como otros actúan como voceros privilegiados de los pulpos petroleros, tomando en sus manos el trabajo sucio: denunciar a los trabajadores, aislar la lucha y así derrotar los reclamos obreros.

Panorama abierto

La larga mano de las multinacionales ha conseguido que el Estado militarice los yacimientos del norte santacruceño. Cientos de gendarmes en los pozos o patrullando las calles de Las Heras; operativos de requisa conjuntamente con fuerzas policiales, portando armas de fuego en los campos petroleros, en violación a las más elementales normas de seguridad; con personas extrañas que dicen ser de la Brigada de Investigaciones, que se trasladan en autos con vidrios polarizados y sin patente, amedrentando a las familias de los activistas, impidiendo la realización de asambleas de trabajadores en las empresas.

El cuerpo de delegados que encabezó la huelga se ha declarado en estado de alerta, demandando la inmediata restitución de los derechos democráticos de los trabajadores y el inmediato retiro de gendarmes y policías de Las Heras.

La realidad confirma que las multinacionales petroleras sólo tienen por objetivo explotar hasta el agotamiento nuestros recursos del subsuelo y llevarse las abultadas ganancias.

Pero durante todo 2005 fueron innumerables los paros, movilizaciones y cortes de ruta de trabajadores petroleros, estatales y docentes, obreros de la construcción, pesqueros, mineros del carbón y desocupados de Santa Cruz, dispuestos a exigir trabajo, mejores salarios y condiciones laborales; cuestionando con su accionar el esquema vigente de apropiación de la renta petrolera.

Hoy más que nunca, la lucha por la recuperación del petróleo, el control de la producción y la comercialización de un producto clave para edificar una Argentina próspera e igualitaria, está en manos de los trabajadores.

Jorge Montero, delegado petrolero, integrante de la Comisión Gremial Interna de la Refinería de Shell en Dock Sud, Avellaneda.