A los cien días de su aplastante elección el gobierno de Evo Morales empieza su arremetida a los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales que operan en Bolivia. Tan sólo en una semana se promulgaron decretos para la nacionalizació A los cien días de su aplastante elección el gobierno de Evo Morales empieza su arremetida a los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales que operan en Bolivia. Tan sólo en una semana se promulgaron decretos para la nacionalización de los hidrocarburos, el aumento del salario básico de 450 a 500 bolivianos (más o menos un aumento del 12%) y la derogación del articulo 55 del DS 21.060, que establecía la libre contratación del trabajo, o sea, el libre despido de los trabajadores. Después de tres meses balanceándose entre problemas viejos y nuevos, conflictos institucionales y sociales, encarados siempre con el intento de conducir el país hacia la conciliación nacional e internacional, el gobierno boliviano, producto de las insurrecciones popu-lares de estos años, con el apoyo de la mismas masas que participaron en ellas, ahora emprende el rumbo hacia las reformas sociales. Hasta los más críticos estarán obligados a reconocer los efectos que estas medidas tendrán, y parcialmente ya tienen, en la clase trabajadora de Bolivia, y sobre el mismo futuro del proceso revolucionario, no sólo boliviano, sino también de todo el continente latinoamericano.

El negocio del gas: como era…

Al presentar el decreto que nacionaliza los hidrocarburos Evo dijo lo siguiente: “se acabó la era del saqueo en Bolivia». ¿Pura propaganda? Para contestar tenemos primero que entender cómo funcionaba antes el negocio del gas. A lo largo de los años noventa, las transnacionales petrole-ras, apoyadas por los gobiernos del MNR y del MIR, se adueñaron de toda la cadena productiva del gas boliviano. Las mayorías accionariales de las empresas extractoras: Andina SA y Chaco SA cayeron en las manos, respectivamente, de Repsol YPF (hispano-argentina) y de una alianza formada por la inglesa British Petroleum (BP) y la argentina Bridas. La Shell y una transnacional estadounidense «hija» de Enron, tomaron el control de Transredes SA, la sociedad que gestiona todos los gaseoductos de gas, mientras que a Petrobras-Bolivia, por un lado, y otras dos empre-sas, por otro lado, una alemana y otra peruana, se les regalaba, literalmente, las refinerías de gas y la sociedad de almacenamiento del combustible (CLHB) que abastece el mercado doméstico del país. Los recursos gasíferos todavía inutilizados fueron entregados en concesión con contra-tos de «riesgo compartido» a un trust de transnacionales que, de esta manera, tenía el monopolio para el mercado exterior y el doméstico: fijaban los volúmenes de extracción, los países de desti-no y, sobre todo, los precios, hasta incluso de los hidrocarburos consumidos en el interior del pa-ís. Tan fuerte era su sensación de ser dueñas de Bolivia que Repsol y Total habían inscrito en la bolsa Nueva York el gas boliviano como si fuera su exclusiva y absoluta propiedad. A los boli-vianos le quedaron la propiedad nominal de una cota accionarial (que en realidad ha sido entre-gada a los fondos de inversiones −FCC− administrados por la suiza Zurich Financial Service y la española Banco Bilbao Vizcaya, de las cuales depende las futura jubilación de los trabajadores andinos) y un «premio», llamado Bonosol, de 1.800 bolivianos anuales para todos aquellos que tienen más de 65 años. Nada de inversiones, nada de trabajo, nada de recursos para mejorar la vida en Bolivia: aquí llego sólo el dinero que se necesitaba para suscribir los aumentos de capita-les que hicieron posible la capitalización de las viejas empresa estatales, o sea «una privatización a la boliviana».

….y como es ahora

Con el DS 28.701, firmado durante la ocupación militar de los campos gasiferos, la nacionaliza-ción no será total como las dos anteriores (esta tercera las evoca en el nombre: «Héroes del Cha-co», y también en el sentido nacionalista que se les da), pero ¿es serio decir que nada cambió? El Estado asume la propiedad del gas, toda la producción deberá entregarse a la renaciente YPFB, las transnacionales no tendrán más contratos de concesión, pero serán «prestadoras de servicio», el servicio claramente de extracción, y la misma YPFB tomará el 51% de todas las acciones de las empresas capitalizadas. Así el gobierno tomara el control no sólo de la cadena productiva, si no sobre todo de los precios. Además «los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de pies cúbicos diarios» estarán suje-tados, por ahora y hasta la firma de los nuevos contratos, a un régimen tributario distinto, con impuestos del 82% total, por los cuales el ejecutivo prevé un aumento en la recaudación fiscal de hasta 700 millones de dólares anuales. Este artículo de la ley afecta a dos campos gasíferos, los de San Alberto y San Antonio, y a tres transnacionales: Petrobras, Repsol y Total. Las demás, y entre ellas también la estadounidense Exxon, sólo serán llamadas a discutir su posición ante el gobierno y suscribir los nuevos contratos dictados por la ley. Todas, de cualquier manera, tienen un plazo de 180 días para regularizar su situación o, como dijo Morales, irse del país. Ahora, aunque pueda parecer superfluo, y no lo es para todos, hay que reconocer que se trata de un im-portante paso adelante, antes que analizar su efectiva magnitud.

Las reacciones en Brasil…

Por todo lo que hemos dicho no sorprenderá que la reacciones mas severas y preocupadas se hayan producido en la Unión Europea y en el gobierno brasileño, cuyo Ministro de Minería ha calificado de «inamistoso» al decreto de Morales. Brasil importa de Bolivia el 51% del gas que consume, indispensable para su desarrollo industrial, y Petrobras es el principal operador extran-jero en Bolivia. La cúspide de Petrobras no ha necesitado utilizar el tono más duro. En una rueda de prensa el presidente de la transnacional, José Sergio Gabrielli, ha declarado a los periodistas que Petrobras tiene el 57% del gas natural producido en Bolivia, gracias a un contrato, llamado Gas Supply Agreement (GSA), que se rige, por un lado, por la legislación internacional con arbi-traje en Nueva York, y por otro, con los acuerdos bilaterales entre Bolivia y los Países Bajos, porque Petrobras está en Bolivia con una subsidiaria holandesa: PIB-BV. Después dijo que hasta que la auditoria del gobierno boliviano no esclarezca la situación, todas las inversiones en Boli-via quedarán suspendidas y no se descarta recurrir a dicho arbitraje, sobre todo si el gobierno Morales quiere utilizar el decreto para aumentar el precio del gas. Finalmente ha recordado, con el mismo tono amenazante, que Petrobras ha pagado solo en el año 2005 una cantidad de 536 mi-llones de dólares en impuestos, lo que representa el 24% de la recaudación fiscal de Bolivia.

… en Europa…

En la Unión Europea la situación más apurada parece la de España, donde la nacionalización del gas boliviano ha sido el pretexto para nuevos ataques del PP. Hace unos meses la fiscalía boli-viana investigó a Repsol acusada de contrabando de petróleo a Argentina, interviniendo en la planta procesadora de Margarita e irrumpiendo en la sede de la compañía con la intención de inspeccionarla y detener a dos de sus ejecutivos. El gobierno socialista de Zapatero ahora, como si nada, ha declarado que la nacionalización tendrá consecuencias negativas en las relaciones bi-laterales con Bolivia (Cinco Días 3/5/06), de la cual España es uno de los principales acreedores internacionales. La delegación española que encontrará el gobierno boliviano tiene el poder de actuar con prudencia y firmeza en defensa de los intereses del país ibérico. Javier Solana, entre-vistado por TVE y hablando a nombre de la UE, decía estar desilusionado y preocupado por el hecho de que Morales no escuchara los consejos y asustara a los inversionistas. Parece que toda la UE está al lado de la oposición a Morales: si una ministra alemana pide públicamente que no se amenace Bolivia, está claro que hay alguien que piensa hacerlo, y quizás ya lo está haciendo. Se está iniciando un asedio al gobierno boliviano y por eso la idea impulsada por la dirección del MAS de formar Brigadas Populares en Defensa de la Nacionalización no parece una exagera-ción.

…en EEUU…

Más cautelosa ha sido hasta la posición de EEUU. Las compañías estadounidenses han pedido un tratamiento ecuánime. En Washington están aterrizados por los efectos emulativos que la nacio-nalización puede producir en la región, particularmente mirando lo que pasa en Ecuador y la se-gunda vuelta electoral en Perú. Por ahora prefieren observar, a la espera de que la situación ac-tual pueda llevar a un aumento de las tensiones diplomáticas en el Cono Sur, que involucren de alguna manera al principal enemigo de EEUU en América Latina: Venezuela. Conscientes de te-ner en sus propias manos el poder de todo el dinero que llega desde los países desarrollados (EEUU y UE) llega a Bolivia, este dinero es necesario para sostener su déficit y su capacidad de encarar emergencias como las producidas por las riadas de los últimos meses.

…y por ultimo en Bolivia

En el interior del país la nacionalización, además de desatar el júbilo popular, tuve un consenso muy extenso. Si por un lado la confiscación de las acciones de la privatizadas -que en verdad afectará sólo al 1% de los inversores privados- preocupa el empresariado, por otro lado la nacio-nalización goza del apoyo del brazo político mas eficiente de la burguesía boliviana, el Comité Cívico pro Santa Cruz, las razones son sencillas pero peligrosas. Parte de la nueva recaudación fiscal será repartida, siguiendo un plan fijado por la ley, a las mismas administraciones descen-tralizadas del oriente del país, que siguen, unas más y otras menos, firmemente en manos de la oligarquía. Además, sigue vigente la Ley 3.065, más conocida como Ley Tarija, tres artículos que dan al prefecto (derechista) de ese Departamento la posibilidad de iniciar «de inmediato las acciones que sean necesarias para la captación de inversiones nacionales y externas», y de «constituir sociedades públicas y/o mixtas» para la explotación y la industrialización del gas. Una herencia venenosa del gobierno Mesa, un caballo de Troya que sigue de pie por un apresurado acuerdo firmado en nombre del gobierno por el vicepresidente Álvaro García Linera (AGL), que tenía el objetivo de viabilizar en el Senado la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. Ley que, hay que decirlo, ha sido muy cuestionada por aliados históricos del MAS, como la aso-ciación indígena CONAMAQ, que rompió públicamente su alianza con el gobierno acusándole de haber traicionado y encadenado la Constituyente a las manos de los viejos partidos políticos, excluyendo los movimientos indígenas y sociales.

Las demás medidas

La nacionalización del gas, como era de preveer, ha ensombrecido a los otros decretos promul-gados por el gobierno en estos días. En realidad el aumento del salario básico tiene un valor más bien simbólico. En una economía casi totalmente dolarizada, donde todo lo que se compra se pa-ga en dólares, 50 bolivianos son un aumento muy pequeño. Pensamos por ejemplo que sólo por alquilar un departamento en La Paz cobran nada menos que 40 dólares, casi el 90% del salario básico. Fuentes del ejecutivo, sobre todo el obrero Gálvez, Ministro de Trabajo, dicen que a Evo le habría gustado duplicar el salario, pero el elevado déficit estatal no se lo ha permitido. Otra cosa es la cuestión de la derogatoria del artículo 55 del DS 21.060. Esta ley en 1985 representó el inicio de la era de capitalismo salvaje en Bolivia. Con este artículo fueron despedidos 100.000 trabajadores, una derrota histórica sufrida por el movimiento sindical y obrero de Bolivia. Este decreto, que todos los movimientos sociales en estos años han pedido derogar, introdujo la dola-rización de la economía y todas las medidas económicas, tributarias, sociales y jurídicas que han enterrado las condiciones de vida y laborales en Bolivia. Aunque la derogación de un único artí-culo sea sólo un pequeño paso adelante, su valor simbólico va mucho más allá. En la prensa se han publicado caricaturas con Evo dibujado como sepulturero del modelo neoliberal y esta sen-sación está muy difundida en Bolivia.

¿Qué cambia realmente?

Para entender verdaderamente la magnitud de estas reformas será necesario verlas en la práctica. El aumento del salario básico, aunque pequeño, en un país diferente de Bolivia llevaría a un au-mento de la inflación: los empresarios prefieren aumentar los precios antes que ver bajar sus be-neficios. Y no es imposible que eso no pase en Bolivia, sobre todo teniendo en cuenta las carac-terísticas de las empresas manufactureras bolivianas, mayormente, en particular en los sectores primarios, orientada al mercado interior. Como ha declarado a Alerta Laboral (periódico del Centro Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA) el dirigente de los fabriles pa-ceños Francisco Quispe, cuando sólo circulaban voces de que el gobierno iba a derogar el artícu-lo 55 del DS 21.060, los empresarios ya elaboraban listas de despidos de trabajadores. Esto po-drán seguir haciéndolo ahora, pero los trabajadores tendrán todos los beneficios sociales que no tenían antes. En las fábricas, de toda manera, la situación, según un informe del Ministerio de Trabajo, sigue fuera de cualquiera ley, derecho y control. En los últimos años en Bolivia se ha producido «un exagerado aumento del trabajo eventual, de los contratos a destajo y de obra»: se calcula que ahora no menos del 30% de los obreros manufactureros son eventuales, mientras que los salarios están al borde de la subsistencia y continúa la ampliación de la jornada laboral sema-nal, sin ninguna compensación. Esta presión constante, combinada con el desempleo que afecta a nada menos que 300.000 personas, hace que, como ha dicho el mismo Quispe: «hay varios casos, tanto en los textiles como también en los joyeros que exportan a EEUU, (que) tienen 600 a 800 trabajadores y no les permiten sindicalizarse». No debe sorprender entonces que los obreros re-ciban favorablemente la propuesta del Ministerio de Trabajo de hacer frente para velar por la co-rrecta aplicación de la ley.

¿Que cambio espera el gobierno?

Otra cosa es lo que el gobierno espera con la derogación del «libre despido». AGL ha declarado que la situación de emergencia de los años ochenta se acabó, que ahora los empresarios tienen que renovarse, invertir y competir sin basarse sólo en la salvaje explotación de los trabajadores. Con todas la ventajas que tuvo la burguesía boliviana (que en riqueza absoluta no tiene nada que envidiar a las de los países mas desarrollados), nunca se puso como objetivo lamodernización del país. La jornada laboral semanal se amplió en los años noventa un promedio de 52 horas (en unos sectores todavía mas), pero la productividad del trabajo al mismo tiempo bajó un promedio del 0,1% anual, cifra que incluye también el sector del los hidrocarburos, donde la presencia de las transnacionales producía evidentemente un aumento de la productividad laboral. En otras pa-labras, no invirtieron un centavo cuando tenían todo de su parte, por lo tanto, es difícil pensar que lo hagan ahora. Por lo menos no lo harán sin presionar al gobierno, como hace ya el sector de los empresarios de la soja, para que lleguen a un acuerdo de libre comercio, un TLC, con EEUU. Lo mismo vale para la nacionalización y los próximos 180 días serán determinantes. Las transnacionales pueden todavía chantajear al país, por ejemplo, utilizando el hecho de que Boli-via, aunque rica en gas, consume más diesel de lo que produce. Hay que recordar que el aumento del diesel inicialmente alimentó la base social del Comité Cívico por Santa Cruz para su proyec-to de secesión. Los nuevos acuerdos serán definidos caso por caso y todavía no sabemos que ob-tendrán las partes. El mismo aumento de la presión tributaria podría reducirse mucho, con un grave daño para los planes del gobierno, porque la existencia de un perverso mecanismo de com-pensación hace que el Estado tenga, tan sólo hasta 2004, 53 millones de dólares de deuda acumu-lada frente a las transnacionales exportadoras del gas.

Bolivia, Venezuela…

¿Se podía hacer más? El gobierno dice que una nacionalización total hubiera significado dejar el gas en el subsuelo por la dificultades técnicas y económicas de la YPFB y del Estado para explo-tarlo. Pero preguntamos: ¿acaso YPFB tiene ahora la capacitación técnica para cumplir sus nue-vas tareas? Conociendo la respuesta seguimos preguntando entonces: ¿aparte de las insurreccio-nes populares qué hizo posible esta nacionalización? En un articulo publicado anteriormente en el periódico marxista italiano Falce Martello (www.marxismo.net) hemos subrayado cómo dejando a un lado los proclamas y los distingos, el gobierno Morales ya desde su comienzo estaba orientando pro-gresivamente la economía boliviana hacia la órbita de la venezolana, y con el tiempo este rumbo se sigue fortaleciendo. ¿Colombia suspende sus importaciones de soja boliviana debido al TLC estipulado con EEUU? Venezuela comprará la cota de soja que Bolivia vendía a Colombia. ¿El gobierno de Morales tiene problemas con los cocaleros del Chapare que no quieren desminuir la producción de hoja de coca? Venezuela comprará esta excedencia. Y si alguien quiere amenazar a Bolivia con el diesel, Chávez ya está dispuesto a venderle más y más barato. YPFB será re-construida tomando como modelo PDVSA, que ya está invirtiendo en refinerías en Bolivia y tie-ne técnicos que están formando a los técnicos bolivianos. Pero como dijimos hace tiempo, es cierto que esta relación hubiera permitido en este contexto un proyecto nacionalizador más radi-cal.

…Brasil y Argentina

Como hemos visto, de todas formas la nacionalización de Morales ha desatado una serie de reac-ciones muy duras en el exterior. Después de que se promulgara el decreto se celebró una cumbre en Puerto Iguazú entre Morales, Chávez, Kirchner y Lula, que acabó con reciprocas afirmaciones y el presidente boliviano: «Lula esta por encima de Petrobras». Lamentablemente, como pudi-mos leer en el momento de escribir este articulo ¡Petrobras no quiere estar por debajo de Lula! En un nuevo comunicado de prensa el ejecutivo de Petrobas declara: «No hay ninguna contra-dicción entre las declaraciones de presidente Lula y lo que Petrobras viene afirmando acerca de la cuestión del gas boliviano…..Primero se realizará una negociación directa entre las partes, por un periodo de 45 días. Si no entramos en acuerdo, el próximo paso es el arbitraje interna-cional, en Nueva York. Petrobras no aceptará el aumento de los precios, y defenderemos esta posición en la negociación. Las nuevas inversiones de Petrobras en Bolivia siguen suspendidas». Esto pasa porque los gobiernos que aceptan sin condiciones el capitalismo y sus leyes están por delante de las transnacionales, ocultándolas y defendiendo sus intereses. En Puerto Iguazú se en-frentaron dos modelos diferentes de integración latinoamericana, y esto, que es un hecho positi-vo, se profundizará en el futuro. Se puede decir, sin forzar el discurso, que en el eje La Habana – Caracas – La Paz, y en la lucha desatada por la clase trabajadora de estos países, están en juego los destinos no sólo de América Latina, sino de toda la humanidad empujada hacia la barbarie por este sistema económico marcido.

La nueva situación…

En las insurrecciones de octubre de 2003 y de mayo-junio de 2005, las masas en Bolivia estuvie-ron a un paso del poder. La dirección política de este movimiento ha malgastado todas sus oca-siones, por su incapacidad de poner en práctica y ser consecuente con sus declaraciones. En los análisis que han elaborado se han lamentado siempre la ausencia de un partido que sea capaz de organizar las masas y de imponer la dictadura del proletariado en la sociedad, y también han sub-rayado el papel de retaguardia del movimiento obrero, con la sola excepción de los mineros. To-do esto en cierto sentido es verdad, pero sólo si nos nos dejamos llevar por este esquema formal. La revolución de 1905 en Rusia no empezó siguiendo un esquema formal, ni siquiera dejó la herencia de los soviets. En Bolivia se han proclamado muchas veces las Asambleas Populares, pero nunca se han organizado verdaderamente. Hoy la situación cambió y tenemos que comenzar nuevamente desde aquí. En estos primeros cien días, aunque con el problema de la huelga de los trabajadores de la compañía nacional de aviación LAB, el apoyo del gobierno entre la población ha seguido aumentando.

….y la tarea de los marxistas

El pasado mes de agosto intervinimos en el Encuentro Continental de los Trabajadores, celebra-do en La Paz, tratando con humildad de llamar la atención de los que asistieron al evento sobre el hecho de que las elecciones estaban a la vuelta de la esquina, y que lo primero que se debería hacer era dialogar nuevamente con la base urbana y rural del MAS, para convencerla explicando pacientemente. En cambio eligieron el camino del boicot del proceso electoral, continuar con los ultimátum al gobierno, provocando una división profunda del movimiento sindical y el fracaso, después de años, de una huelga general (el pasado mes de abril), y de la marcha convocada por la COB el 1° de Mayo, mucho mas pequeña frente a las convocadas por el MAS. En otro artículo anterior, publicado en el mismo periódico italiano, intentábamos explicar cómo las previsibles concesiones que el gobierno haría al movimiento de masas darían confianza y fuerza a este mov-vimiento, lo que le llevaría a pedir cada vez más. No había terminado Morales su discurso, com-prometiéndose a nacionalizar las minas, los recursos forestales y a repartir la tierra, cuando la FEJUVE y la COR de El Alto ya le pedían que no traicionara al movimiento, que nacionalizara también las empresas del agua y la empresa eléctrica de la capital: ElectroPaz. Todas las contra-dicciones fundamentales todavía continúan: el desempleo, el déficit, la cuestión agraria con la baja productividad de la tierra, la deuda exterior, la dolarización de la economía, el empeora-miento de las condiciones de vida y laborales. En cuanto a la nacionalización: ¿existe algo que garantice que será efectiva y tendrá más suerte que las anteriores? Mientras siga existiendo el ca-pitalismo este proceso será siempre reversible. Las masas en Bolivia seguirán presionando al go-bierno porque la situación boliviana es tan explosiva y convulsa que empujará la revolución del país Andino más allá de los pequeños pasos adelante conseguidos hoy. Los que siguen presen-tando a Evo como un simple lacayo, un sirviente del imperialismo, ahora están aislados del mo-vimiento de masas. Marx decía que los comunistas no son un cuerpo separado de la clase obrera, pero tienen la ventaja de la organización y de la teoría. Pero si no saben organizarse, y si no sa-ben utilizar la teoría para ayudar las masas a entender a fondo la situación, empezando por su ni-vel actual de conciencia, y teniendo la capacidad de dirigir la mirada de las masas no hacia otro lugar, como quisieran los sectarios, si no mas allá, si no saben hacer todo esto, las ventajas de los comunistas es un arma que no sirve y no servirá ni al mas inteligente, honesto y consecuente de los revolucionarios.