El próximo viernes publicaremos el capítulo cuatro de esta serie: «POPULISMO, MILITARISMO O BONAPARTISMO ¿CUÁL ES EL CARÁCTER DE LA POLÍTICA DE CHÁVEZ? III LA BURGUESÍA NACIONAL Y EL IMPERIALISMO NO ACEPTAN LAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS
3.1 El Golpe de Estado del 11 de Abril del 2002
En los países ex o neocoloniales los vínculos históricos que unen a la burguesía nacional con el imperialismo son tan fuertes que hacen imposible llevar a cabo cualquier reforma democrática. Debido a que éstas indefectiblemente entran en contradicción con los intereses de ambos sujetos simbióticos, el parásito y la sanguijuela, iniciarán todas las artimañas posibles para revertir la nueva situación y asegurar el mantenimiento del estatus quo.
E. Molina
Tras la aprobación en referéndum de la Constitución Bolivariana en diciembre de 1999, se procedió de nuevo mediante elecciones el 30 de julio del 2000 a la relegitimación de los cargos de presidente, gobernadores, alcaldes, y diputados. Dichos comicios reconfirmaron al Polo Patriótico y a Hugo Chávez como las nuevas fuerzas políticas del país, mientras que legislaba de forma provisional el llamado Congresillo, una comisión legislativa nacional instaurada el 1 de febrero para llenar el vacío de poder existente tras la aprobación de la nueva Constitución.
Sólo a partir de esta fecha, el 30 de julio del 2000 se puede hablar del comienzo del nuevo Gobierno Bolivariano, un Gobierno de corte nacionalista, reformista y democrático. Este Gobierno heredaba una crisis generalizada no sólo desde la perspectiva económica sino también social y cultural. Todas las instituciones del Estado estaban infectadas por el virus de la inoperancia y el desinterés por solucionar los problemas. En la cultura popular prevalecía y aún hoy prevalece un sentimiento paternalista derivado de las regalías provenientes de las rentas del petróleo, que la clase dominante la proporcionaba al pueblo.
Fue en este marco cuando el recién instalado Gobierno anunció la puesta en acción del Plan Bolívar 2000, un plan cívico-militar cuyo propósito se orientó a aportar soluciones contingentes a los problemas más urgentes de la población a escala nacional mediante la participación ciudadana. Se inició así la primera ofensiva puntual que pretendía resolver necesidades de salud, educación e infraestructura, movilizando para ello fundamentalmente a la Fuerza Armada Nacional y a las comunidades. Dicho Plan, no obstante, fue muy criticado por la mala gestión de los funcionarios a la hora de llevarlo a cabo, cuyo mejor ejemplo lo constituyó el caso de corrupción del general Rosendo por tráfico de influencias, general que poco más tarde intervendría en el golpe de Estado contra Chávez.
A pesar de todo, el balance fue positivo pues se repararon miles de escuelas, hospitales, casas, iglesias y parques; más de dos millones de personas recibieron tratamiento médico; se abrieron cerca de un millar de mercados con precios populares; se vacunaron a más de dos millones de niños y se recogieron miles de toneladas de basura, para mencionar solamente lo más importante. El Plan Bolívar 2000 significó el antecedente inmediato de las misiones sociales.
Fue a fines del año 2000 cuando aparecieron los primeros elementos materiales que disgustarían tanto al imperialismo norteamericano como a la burguesía nacional. El primero de estos elementos tiene como común denominador al petróleo. Chávez se propuso cumplir con la cuota de producción asignada por la OPEP y revertir así la situación que existía antes de su llegada al poder, a saber: Venezuela era el país que más excedía su cuota de producción dado los vínculos de la burguesía nacional con los Estados Unidos. En interés del país, ya que los precios del petróleo eran demasiado bajos, concretamente 10,5 $ el barril como resultado de las presiones imperialistas, la descoordinación entre los países miembros de la OPEP y la producción no regulada, Chávez llevó a cabo la iniciativa de regular tanto los precios como las cuotas, para lo cual viajó y se entrevistó con las autoridades de todos los países de la OPEP. Dicha iniciativa se llevó a cabo en un contexto internacional de creciente inestabilidad en Oriente Medio, del aumento del consumo energético chino y del paro exportador por parte de Irak como protesta por los ataques israelitas en territorio palestino. Esto inevitablemente hizo que Venezuela entrara en conflicto con las grandes compañías petroleras y el imperialismo estadounidense.
Además, a ello se unía la simpatía que Chávez sentía por Cuba, materializando con ésta un acuerdo de ayuda recíproca fundamentado en la venta por parte de Venezuela de materias primas a precios bajos, incluido el petróleo, a cambio de apoyo técnico-profesional en áreas críticas de exclusión social, como la salud, la educación, cultura, trabajo y deportes. Dicha relación además de ofender al imperialismo, ofendió a la burguesía nacional y a parte de la clase media influenciada por la ideología dominante.
Con estos elementos ubicados a fines del año 2000, podemos decir que comienza la cuenta atrás para el futuro golpe de Estado por parte de la burguesía nacional y del imperialismo con la ayuda y colaboración del sector reaccionario del Ejército.
El año 2001, como señalan Bonilla & El Troudi, resultaría ser el año de la definición de todos los actores implicados. En lo nacional el inicio de las reformas del Gobierno toca a los intereses tanto de la oligarquía como de la vieja burocracia sindical. A su vez lo internacional viene marcado por la ofensiva internacional del imperialismo tras los atentados del 11 de Septiembre.
El primer conflicto serio comenzó con el intento del Gobierno por cambiar la dirección de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, (CTV), monopolizada históricamente por los rancios burócratas de AD y COPEI. Para ello convocó a un referéndum a fines del 2000 con el objeto de que el pueblo decidiera si la dirección de la CTV debería ser elegida por elecciones directas. Este intento de luchar contra la burocracia mafiosa y patronal de la CTV se hizo con métodos equivocados, como muchos sindicalistas bolivarianos señalaron en aquél entonces. No se puede admitir la interferencia del Estado en los asuntos internos del movimiento obrero. Esta intervención quería sustituir la lucha dentro del movimiento obrero contra la burocracia mafiosa y complicó las cosas para los revolucionarios en los sindicatos. El referéndum fue aprobado, pero con una participación ínfima.
Mientras llegaban dichas elecciones y durante los primeros meses del año 2001, no obstante se dieron varios conflictos sociales importantes que fueron manejados equivocadamente por el Gobierno. Estos fueron fundamentalmente los habidos en Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), y sobre todo en la empresa estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), referentes a demandas salariales de los trabajadores que no fueron satisfechas, hechos que fueron bien aprovechados por la dirección de la CTV que hizo el papel de defensor de los trabajadores.
Fue en ese ambiente de crispación social cuando se realizaron las elecciones sindicales en octubre del 2001. Las elecciones estuvieron plagadas de irregularidades (urnas quemadas, otras que se perdieron, sindicatos que no participaron, etc.), al final, con una minoría de los votos contados, todas las fracciones anti-chavistas se unieron para declarar, de manera ilegal, a Carlos Ortega como vencedor de la contienda. Lo que sí es cierto es que los resultados del candidato bolivariano fueron pobres.
Por otro lado también contribuyó en ello, además de los errores del Gobierno a la hora de solucionar los problemas de los trabajadores, la forma de elegir a los candidatos bolivarianos para la dirección de la central sindical. Ésta no fue otra que el dedo, que aparte de ser antidemocrático, tenía el claro inconveniente que dicha lista de líderes no tenían ningún enlace con las bases trabajadoras de cada federación sindical.
Poco antes, a mediados de año, como consecuencia del ambiente conflictivo que ya existía y como medida preventiva para lo que se avecinaba, Hugo Chávez convocó a los sectores populares a la organización de un frente de apoyo a la revolución, los Círculos Bolivarianos, integrando en poco más de dos meses a más de tres millones de activistas.
En ese marco fue cuando se promulgaron en noviembre del 2001 las famosas 49 Leyes Habilitantes, llamadas así porque fueron habilitadas por el Congreso a petición del Presidente con objeto de contribuir a la solución de problemas urgentes mediante elaboración de normas jurídicas.
Dichas Leyes, cuyo contenido lo veremos en el próximo capítulo, sin ser revolucionarias tocaban ciertos intereses de la oligarquía venezolana, en concreto los referentes al ámbito petrolero y al latifundio, con lo cual FEDECÁMARAS, representante directo de la burguesía venezolana, se sumó a las protestas de la CTV motivadas por el no reconocimiento del Gobierno de la victoria electoral opositora. Fue así como en el marco del 11 de septiembre, elemento justificador de las políticas guerreristas de Washington en un contexto de crisis energética y económica mundial, la oposición con la ayuda de EE.UU. tomó la fuerza que había perdido y emprendió la ofensiva contra el Gobierno el 10 de diciembre del 2001 mediante un paro patronal de 12 horas. Ello significó el antecedente inmediato para el golpe de Estado.
En ese ambiente de crispación política fue cuando Chávez tomó la decisión de realizar cambios en la dirección de PDVSA. Para ello designó al ex constituyentista Gastón Parra nuevo presidente de la empresa con el objeto de abrir la caja negra de la producción petrolera, ya que los sectores burocráticos de la alta gerencia como bien señalan Haiman y Bonilla guardaban celosamente como secretos de Estado todos los negocios, procesos y debilidades de la empresa petrolera, convirtiendo a PDVSA en un Estado dentro del Estado.
En este contexto la alianza opositora convocó para los días 8 y 9 de abril un paro patronal encabezado por FEDECÁMARAS y la CTV, y apoyadas por AD, COPEI, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Convergencia, la alta jerarquía eclesiástica, militares gorilas, los medios de comunicación privados y, curiosamente, la antigua ultraizquierda, Bandera Roja. Todo ello a su vez manejado desde y por Washington. Dicho paro estaba destinado a derrocar a Chávez. Cuando apenas comenzaban a cumplirse las 48 horas de paro general, la alianza opositora extiende el paro general por un día más. Al día siguiente deciden convertirlo en paro general indefinido y anuncian para el 11 de Abril la convocatoria de una marcha contra el Gobierno. Tenemos que recalcar aquí el papel reaccionario y golpista que jugaron los medios de comunicación privados, a saber: Televen, Globovisión, Venevisión y RCTV, que implementaron diversas operaciones de guerra psicológica dirigidas a erosionar la imagen del Gobierno, desatando con ello la mayor ofensiva difamatoria, violenta y calumniosa de la historia de los medios de comunicación.
La mayoría de los participantes en esta marcha, cuyas cifras oscilan entre los 50 000 y el medio millón, desconocían que el interés de los núcleos conspirativos era hacer culminar la manifestación frente al Palacio de Miraflores con el objetivo de exigir la renuncia del Presidente. El hecho preparado para justificar el cambio de dirección de la marcha consistió en una maniobra asesina por parte de los protagonistas del golpe. A la altura de Puente Llaguno, unos disparos mataron a 15 venezolanos e hirieron a 157 marchistas, supuestamente realizados por los agentes militarizados del Gobierno. Más tarde se supo con certeza que fue una maniobra de la oposición para desencadenar la furia de los marchistas y fomentar el ambiente para el golpe de Estado que los militares gorilas tenían que ejecutar, maniobra grabada y manipulada por Venevisión. A propósito de ello resulta curioso observar como el Gobierno de España, a través de la agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional, otorgó el 28 de noviembre del 2002 el Premio Internacional de Periodismo Rey de España al reportero Luis Alfonso Fernández, quien realizó aquel reportaje manipulado.
Fue así como estos militares encabezados por el general del ejército, Efraín Vázquez Velasco, se sublevaron en Fuerte Tiuna y arrestaron al Presidente Hugo Chávez. En la noche del 11 de Abril se anuncian los resultados de la aventura golpista: el general Lucas Rincón declara que Chávez ha renunciado, cuando en realidad estaba dándose inicio al secuestro del primer mandatario nacional. El 12 de abril se materializa el golpe fascista al anunciar la disolución de los poderes, la eliminación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cambio de nombre de la República y el establecimiento de una junta de Gobierno liderada por el líder empresarial Pedro Carmona, procediéndose inmediatamente a la represión de los sectores populares. El Pentágono no tardó en reconocer al Gobierno de facto que se suma al coro de voces que acusan a Chávez de dictador y asesino, entre ellos el ex-presidente español José María Aznar, dejando ver su verdadero rostro franquista.
Sin embargo, debido a los excesos ultraderechistas de Carmona y sus aliados, a saber: el grupo de oficiales dirigidos por el general retirado Rubén Rojas, yerno de Rafael Caldera, dirigente de COPEI y antiguo presidente de la República, como Héctor Ramírez Pérez nombrado por Carmona ministro de Defensa, junto a algunos políticos del Opus Dei, como José Rodríguez Iturbe, nombrado ministro del Interior, se fractura la oposición golpista, ya que los sectores más moderados supuestamente nunca acordaron la disolución de la Asamblea Nacional ni la derogación de la Constitución. Fue así como el general del ejército Vásquez Velasco, viendo que la situación se escapaba de las manos en el contexto de la división opositora y de la insurrección popular que había comenzado en las calles en apoyo al Presidente en la noche del viernes 12, y oliendo el peligro de la guerra civil, condiciona su apoyo a Carmona al restablecimiento inmediato de la Asamblea Nacional, que accedió pero ya demasiado tarde. El sábado 13 de abril la insurrección popular rodea los cuarteles y al propio Palacio de Gobierno desatándose una verdadera rebelión popular en todas las ciudades del país. El pueblo exige el retorno del Presidente. Una vez reintegrado el presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, depuso automáticamente a Carmona y juramentó como presidente provisional a Diosdado Cabello, el vicepresidente legítimo, anunciando el regreso de Chávez al palacio presidencial, hecho que ocurriría en la madrugada del domingo 14 de abril.
Con respecto a la secuencia de los hechos del secuestro de Chávez, éste había sido arrestado en el Palacio de Miraflores en la madrugada del 12 de abril y conducido por los generales Rosendo, Hurtado y Viteri a Fuerte Tiuna, el Comando de la Fuerza Militar. Ya en pleno día fue trasladado a la base militar de Turiamo donde permaneció poco tiempo hasta ser de nuevo trasladado esta vez a la isla de la Orchila. Mientras tanto en el Palacio Presidencial Pedro Carmona formaba el Gobierno de facto y firmaba el acta de juramentación.
Fue entonces como en la noche del 12 de abril, los militares constitucionalistas planean la retoma del poder y el rescate del Presidente, todo ello impulsado por el ambiente insurreccional en las calles y en los centros estratégicos. El sábado 13 de abril, los militares constitucionalistas bajo las órdenes del comandante de la Tercera División de Infantería, el general García Carneiro, tomaron el control en Fuerte Tiuna, poco tiempo después de que los oficiales de la Guardia de Honor Presidencial encabezada por el coronel Jesús Morao Gardona tomaran el control del Palacio de Miraflores bajo las órdenes del mismo Carneiro. Al filo de la madrugada del domingo 14 de abril los Paracaidistas de la Fuerza Aérea de Maracay bajo las órdenes del general Baduel decidieron proceder al rescate de Chávez, hecho que se produjo en el amanecer del día 14 de abril.
De esta forma fue como se ganó esta gran batalla, aunque no la guerra. El imperialismo y la burguesía nacional sin duda lo intentarán una y otra vez hasta ver al Gobierno bolivariano derrocado, pues no pueden permitir que dicho proyecto antiimperialista, es decir, panamericanista, se extienda por toda Latinoamérica y acabe con todos los intereses en juego. Esta verdad ha sido corroborada por la historia de América Latina durante todo el siglo XX, donde hemos visto como todos los gobiernos nacional-reformistas han sido derrocados o absorbidos por el sistema.
Sobre este tema tan importante tenemos que traer a colación el análisis y las conclusiones a las que llegó León Trotsky refiriéndose a la revolución en los países explotados y dependientes del imperialismo, que por lo demás siguen estando de actualidad en sus líneas generales. Para el creador del Ejército Rojo, basándose en la experiencia bolchevique, la única forma posible de llevar a cabo un proceso nacional-reformista en dichos países, como se demostró en Rusia y en Cuba, sólo puede ser bajo la dirección de la clase obrera aliada a la clase mayoritaria de los campesinos, agregando en el caso concreto de Venezuela al gran número del subproletariado urbano, los cuales una vez en el poder no podrán limitarse a dichas reformas si quieren sobrevivir, es decir, no podrán limitarse a la reforma agraria, la industrialización y el problema de la independencia nacional, sino que se verán obligados a expropiar a la clase capitalista con el objeto de arrebatarle la base material indispensable para sus más que seguros planes contrarrevolucionarios. Si el Gobierno bolivariano no llega a comprender esto, más pronto que tarde lo veremos derrocado.
3.2 Del paro-saboteo petrolero a las sucesivas victorias electorales
Una vez derrotado el golpe fascista el Gobierno bolivariano decidió abrir conversaciones con los factores de oposición. En vez de expropiar y encarcelar a la oligarquía golpista y a todos sus aliados decide pactar, mediante las llamadas mesas de diálogo, un consenso interclasista en pro de la convivencia pacífica. Además, por si fuera poco, el Tribunal Superior de Justicia, por aquel entonces todavía dominado por los burócratas cuarto-republicanos, decidió por mayoría de votos absolver a cuatro ex jefes militares vinculados con el golpe de Estado. Los militares fueron sobreseídos porque el magistrado Franklin Arriechi, quien redactó la sentencia, consideró que los oficiales actuaron para “restablecer y mantener el orden” el 12 de abril. Los cuatro militares acusados son el general de división Efraín Vásquez, ex comandante del ejército; el general de brigada Pedro Pereira, ex jefe del Estado Mayor unificado de las Fuerzas Armadas; el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, ex jefe del Estado Mayor de la Armada; y el contralmirante Daniel Comisso Urdaneta. La organización de derechos humanos Provea rechazó la negativa del Tribunal Supremo de enjuiciar a los cuatro militares, calificando la decisión de impunidad de suma gravedad.
Enestecontextofuecuandoseensayóotratácticadesestabilizadora por parte de la oposición. El 22 de octubre del 2002, 14 altos oficiales disidentes deciden tomar la Plaza Altamira de Chacao, al este de la ciudad de Caracas, declarándose en desobediencia legítima acogiéndose al artículo 350 de la Constitución Bolivariana. Desde un primer momento los medios de comunicación privados dieron una amplia cobertura a la acción de los militares de la Plaza Altamira, fomentando la insurrección y reeditándose la manipulación mediática de abril. La plaza se convirtió en un foco de agitación permanente durante todo un año, en la cual se ensayaron diversas maniobras para promover la desestabilización del Gobierno. Un episodio lamentable se registró el 6 de diciembre, cuando un sujeto armado con problemas psiquiátricos disparó contra los opositores reunidos en la plaza matando a tres personas y dejando a 18 heridas.
En ese ambiente desestabilizador la oposición decide emprender una nueva ofensiva. A finales de año estalla el paro-saboteo petrolero más grave que haya conocido Venezuela. Presentado como una huelga de trabajadores, en realidad no era más que un lock out patronal por parte de los gerentes directivos y otros sectores de la nómina mayor. Una élite burocrática apoyada por sectores sindicales reaccionarios y trabajadores privilegiados, la aristocracia obrera, que actuaron como desclasados, suspendieron la producción, procesamiento, embarque y comercialización del petróleo. El boicot económico fue total, pues a ello se unió la salida del país de millones de dólares, se paralizaron los transportes y la actividad económica en general, predominando el desabastecimiento de todo tipo de productos incluidos los de primera necesidad, perdiéndose más de 10 mil millones de dólares. Ante este panorama, los sectores populares y los trabajadores actuaron de nuevo y salvaron al país. Miles de trabajadores fueron reponiendo la normalidad en la primera industria nacional y develaron el sistema de corrupción y gestión contraria a los intereses nacionales que había caracterizado a la gerencia de PDVSA, demostrando con ello que no se necesitan patrones para dirigir una empresa, que los trabajadores mismos pueden por sí sólos llevar adelante el manejo de cualquier empresa al ser ellos los que trabajan día a día y conocen el funcionamiento de la maquinaria. En efecto, en febrero del 2003 el paro fue derrotado en su totalidad y Venezuela iniciaba un arduo proceso para volver a alcanzar los niveles de productividad previos al paro. Poco a poco, la opinión pública nacional llegó a enterarse de la magnitud del sabotaje petrolero cuando se revelaron los hechos de vandalismo perpetrados por la oposición. Ésta había obstruido los software, desmantelado maquinarias, borrado información estratégica y comercial, mostrando su total y absoluto desprecio por los intereses nacionales. Progresivamente la industria fue recuperando sus niveles de producción, el Gobierno tomó la decisión de despedir a todos saboteadores golpistas e impuso el control cambiario para paralizar la fuga de capitales, control todavía existente en el país. Meses después los sectores populares, claves en la recuperación de la industria petrolera, comenzaron a denunciar una restauración burocrática en PDVSA, que todavía no se ha solucionado.
Derrotados los esfuerzos golpistas de la oposición, sólo les quedó el escenario electoral. Para ello se apoyaron en el articulado de la Constitución respecto a la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio a la mitad de los respectivos períodos electorales. El 19 de agosto de 2003 se cumplía la mitad del mandato del Presidente Chávez y se abre el período para comenzar a recoger firmas que activen el referéndum revocatorio. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre comprendió el plazo para la recogida de firmas promovidas por la Coordinadora Democrática, la nueva plataforma opositora organizada para someter a referéndum revocatorio al Gobierno de Chávez.
El 2 de marzo, el Consejo Nacional Electoral, nuevo poder constitucional junto al Moral, anunció que la oposición no logró las firmas necesarias para llamar a un referendo sobre el recorte del mandato de Chávez. La oposición obtuvo, según el dictamen del ente comicial, 1.8 millones de firmas válidas de las 2.4 millones requeridas para convocar al referendo. 80 0000 firmas quedaron invalidadas por el fraude de haber sido realizadas por personas que habían firmado más de una vez. Como consecuencia, la Coordinadora Democrática junto al ultraderechista Bloque Democrático y a Bandera Roja, organizaron las llamadas Guarimbas, una táctica de violencia callejera para desestabilizar el orden público. Fracasadas las Guarimbas, el Consejo Nacional Electoral le concedió la oportunidad de reparar las firmas, es decir, ratificarlas para demostrar la validez de las mismas.
El 3 de junio el presidente de la Junta Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, anunció que la oposición reunió el número suficiente de firmas para convocar a un referendo revocatorio sobre el mandato de Hugo Chávez. Francisco Carrasquero, presidente del CNE, anunciaba la fecha para el referéndum revocatorio, el 15 de agosto del 2004. Fue en este ambiente de confrontación electoral cuando surgen una serie de tácticas formuladas por el Presidente que simbolizan al imaginario popular con objeto de motivar y organizar al bando bolivariano, a saber: Comando Ayacucho, Batalla de Santa Inés, la copla llanera de Florentino y el Diablo, y el Comando Maisanta.
El Comando Ayacucho fue organizado a fines del 2003 para afrontar las distintas contiendas electorales por haber y aglutinar a las fuerzas bolivarianas, sin embargo, fue perdiendo fuerza y legitimidad producto de las críticas de las bases que veían como los candidatos se elegían a dedo. Llegados al punto del referéndum revocatorio, se activó el Comando Maisanta para organizar la batalla electoral por el NO, llamada de Santa Inés, por analogía a la batalla que hubo en dicho pueblo llanero entre Ezequiel Zamora y la oligarquía conservadora en diciembre de 1859. Lo de Maisanta venía en honor al bisabuelo de Chávez, el caudillo llanero Pedro Pérez Delgado, el cual había pasado toda su vida insurreccionado contra los poderes establecidos. El Comando Maisanta tuvo una doble estructura, una vertical designada de arriba hacia abajo desde el Presidente hasta el Comando Municipal, y otra horizontal, las Unidades de Batalla Electoral y las Patrullas organizadas desde las bases a un nivel parroquial. En la práctica muchas de estas UBES fueron designadas a dedo por el MVR con el objeto de controlar al electorado para las elecciones regionales y locales que se proyectaban para después del Referendo.
Por otro lado lo de Florentino y el Diablo se refiere a los personajes de una copla compuesta por un tal Alberto Torrealba, que inspirado en aquella legendaria Batalla de Santa Inés, fue retomada por Chávez en el marco de la estrategia de rescate de la conciencia nacional.
En horas de la madrugada del 16 de agosto del 2004, el CNE anunció la victoria de Chávez con la oposición de los dos integrantes del CNE opositores, los cuales se negaron a aceptar los resultados alegando fraude. En ese contexto los organismos internaciones que velaron por la transparencia de los comicios, la OEA y el Centro Carter, actuaron y confirmaron la transparencia del mismo y corroboraron los resultados manifestados por el CNE. Fue entonces cuando los EE.UU., “interesados” en los comicios, convidó a la oposición a que presentaran las pruebas que demostraran el fraude, desgraciadamente para ellos dichas pruebas nunca fueron presentadas.
Pocos meses después, el 31 de octubre, se celebraron las elecciones regionales y locales, consiguiendo el bando bolivariano una mayoría abrumadora. Sólo faltaría las elecciones para diputados de la Asamblea Nacional para que todos los escalones institucionales estuvieran en manos de las fuerzas chavistas. El único poder que todavía estaba en manos de la oposición, el Tribunal Superior de Justicia, fue reestructurado de tal manera que obtuvieron la mayoría el sector del Gobierno.
La realidad de todo fue y es, que mediante el elemento de legitimación de la democracia burguesa, las elecciones, el chavismo consiguió a su favor una correlación de fuerzas increíblemente abrumadora. Debido a ello se abrió una nueva etapa en el proceso revolucionario bolivariano definida por la lucha entre los sectores más reformistas y burocráticos contra los sectores más revolucionarios, lucha que promete salir a la luz pública con todas sus consecuencias luego de las próximas elecciones presidenciales del 3 de diciembre del 2006, cuando ya no exista ninguna excusa para mantener la unión artificial en el seno del proceso. A este respecto tenemos que advertir que los primeros, los pro-capitalistas, están interesados en que el proceso no siga profundizándose a la izquierda, pues ello barrería con todos sus privilegios de casta burocrática, los cuales están representados sobre todo por la mayoría de los cargos del partido del Gobierno, el MVR, pero también los que integran la alianza patriótica, es decir, PPT, Podemos, y Partido Comunista, y por ende tienen mayoría tanto en el Gobierno, la Asamblea Nacional, las Gobernaciones estadales y las Alcaldías municipales. Los segundos, los revolucionarios de principios y corazón, comparten en general que la “revolución dentro de la revolución”, consigna lanzada por Chávez, quiere decir avanzar hacia el socialismo. Están representados por diferentes grupos como la Corriente Marxista Revolucionaria, Partido Revolución y Socialismo, Utopía, Proyecto Nuestra América, Liga Socialista y Corriente Marxista Bolivariana, además de un pequeño sector del MVR y del Partido Comunista situado a la izquierda, y de decenas de miles de trabajadores, campesinos sin tierra, estudiantes y sectores populares que han tomado la bandera del socialismo producto de la introducción del mismo en el debate público nacional a iniciativa de Chávez, luego de la evolución que éste sufriera durante el año 2005 y que le hiciera abandonar la tesis de la humanización del capitalismo hasta entonces defendida, por la del socialismo, pero “uno nuevo que hay que inventar”, del siglo XXI.