El martes, 25 de mayo, los EE.UU. impusieron sanciones contra la compañía estatal venezolana PDVSA y otras 6 empresas de otros países, por llevar a cabo negocios con Irán. Las sanciones forman parte de un intento de Washington para aumentar la presión contra Irán en relación con su programa nuclear. Son también un acto de intimidación descarada contra Venezuela.
Las sanciones son impuestas en el marco de la Ley de Amplias Sanciones a Irán, Rendición de Cuentas y Desinversión (CIDASA) aprobada en los EE.UU. en julio de 2010, que amplía y endurece la Ley de Sanciones contra Irán de 1996. Las sanciones implican que PDVSA será excluida de contratos con el gobierno de los EE.UU., la financiación de importación y exportación, y certificados de exportación de tecnología sensible.
Sin embargo, esto no afectará a las ventas de petróleo de PDVSA a los EE.UU. (que ascienden a 1,2 millones de barriles diarios), ni a las operaciones de la filial de PDVSA en los EE.UU., CITGO. A los americanos no les gusta Hugo Chávez, pero son muy parciales hacia el petróleo de Venezuela. Por lo tanto, su «línea dura» no se extiende a un embargo de petróleo.
Estos actos carecen de legitimidad en el derecho internacional porque son un intento de gobernar sobre las actividades de las empresas, los individuos o los gobiernos fuera de los EE.UU., y por lo tanto fuera de la jurisdicción de la ley estadounidense. Sin embargo, la legalidad internacional nunca le ha preocupado al imperialismo. Las leyes de sanciones y boicot contra la Revolución cubana implementada por Washington también son ilegales y han sido rechazadas en numerosas ocasiones por las Naciones Unidas, lo cual no ha supuesto ninguna diferencia en absoluto.
El derecho internacional, la ONU, la CIDH y otras instituciones internacionales son sólo una hoja de parra para cubrir, en ocasiones, las verdaderas intenciones del imperialismo norteamericano. Si son capaces de conseguir sus objetivos respaldados por el «derecho internacional» eso es útil, por supuesto, desde el punto de vista de engañar a la opinión pública, pero si por cualquier motivo no pueden, simplemente siguen adelante sin importarles nada.
En última instancia, las relaciones internacionales se basan en el poderío que un país tiene para imponer su voluntad a los demás. Se basan, no en principios abstractos o legalidad, sino en cantidad buques de guerra, portaaviones y misiles. Y dado que EE.UU. es con diferencia la mayor pontencia militar del planeta, nadie va a imponerles «el derecho internacional» sobre ellos.
Además de estar dirigidas contra Irán, estas sanciones también son parte de la campaña de propaganda contra Venezuela, en particular en el período previo a las cruciales elecciones presidenciales del 2012. De hecho (al menos hasta ahora), estas sanciones no tendrán graves repercusiones en las operaciones de PDVSA. Su objetivo, en este momento, es principalmente fortalecer la campaña de propaganda contra Chávez y la revolución venezolana.
El senador estadounidense Richard Lugar, el republicano de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., lo dejó claro cuando dijo que las sanciones en contra de PDVSA fueron el resultado de: «falta de voluntad de Venezuela de romper relaciones con organizaciones terroristas y con los países que las patrocinan . «
Esta es la voz de la arrogancia imperialista. Los gobernantes de los EE.UU. se creen con el derecho de dictar a otros países con quien hacen negocios, y si no obedecen, entonces «que se atengan a las consecuencias». Estos son los métodos, no del derecho internacional, sino de un padrino de la mafia.
Declaraciones similares han estado saliendo de los Estados Unidos recientemente:
«Chávez se está convirtiendo en el Osama Bin Laden y el Ahmedinejad del Hemisferio Occidental», dijo el representante Connie Mack (R-FL) a los republicanos durante la Conferencia de Acción Política Conservadora en Washington en febrero de 2011.
«El propio Chávez podría desarrollar un arma nuclear», dijo Roger Noriega, ex secretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, durante el «Peligro en los Andes» conferencia en el Congreso el 17 de noviembre de 2010.
«Necesitamos una política sistemática para cambiar el régimen en Venezuela y que es un problema serio», agregó John P. Waters, ex director Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, el 17 de noviembre de 2010.
La idea es desprestigiar a la revolución bolivariana y el gobierno de Hugo Chávez como «partidarios del terrorismo», «desarrollando armas nucleares» y, en general su vinculación con «regímenes canallas», con el fin de preparar a la opinión pública en EE.UU. y en otros lugares para la acción contra la revolución venezolana.
El último episodio de esta campaña de propaganda es la acusación surrealista por el diario sensacionalista alemán Die Welt, de que el gobierno de Chávez había llegado a un acuerdo secreto con Irán, a fin de que Irán pudiera construir plataformas de lanzamiento de misiles de alcance medio en la península de Paraguaná en Venezuela. La única fuente que se proporciona para esta alegación claramente falsa es «información privilegiada de seguridad occidentales».
Luego tuvimos la publicación por parte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres de una selección de correos electrónicos y documentos supuestamente procedentes de las computadoras del comandante de las FARC Raúl Reyes que «prueban» que el gobierno venezolano ha apoyado y acogido «terroristas de las FARC.”
No importa el hecho de que la Interpol hubiera declarado que miles de esos archivos habían sido modificados (es decir, manipulados) y tenían fecha de creación posterior a la captura de las computadoras por el ejército colombiano; que la cadena de custodia no había sido debidamente asegurada y que no habían seguido procedimientos forense apropiados en su manejo.
No importa el hecho de que la Corte Suprema de Colombia ha declarado que ninguna prueba procedente de las computadoras de Raúl Reyes es admisible legalmente, ya que se obtuvieron durante una incursión ilegal en territorio ecuatoriano. Claramente, el IISG no cree que se deba permitir que los hechos estropeen una buena história.
Cabe señalar que el IISG es el mismo instituto que también produjo el infame informe sobre las armas de destrucción masiva que sirvió para vender a la opinión pública británica los argumentos a favor de la invasión de Iraq. La cuestión es que con la publicación de estos supuestos correos electrónicos y archivos, han logrado capturado los titulares sobre Venezuela por un par de días y reforzar la idea de que Venezuela es un país que apoya a los terroristas y por lo tanto «hay que hacer algo al respecto».
La publicación de estos «documentos» después de que el gobierno venezolano entregó el exilio político colombiano Joaquín Pérez Becerra a las autoridades en Bogotá es muy significativa. Esto demuestra que ninguna cantidad de concesiones ni una política de apaciguamiento hacia Washington y sus títeres en Colombia detendrá la campaña contra la revolución venezolana. No olvidemos que las «pruebas» de que Bogotá utiliza para acusar a Pérez Becerra provienen de los mismos archivos de las computadoras de Raúl Reyes que han sido declaradas inadmisibles por la Corte Suprema de Justicia.
Desde el punto de vista de la revolución venezolana, PDVSA, es un objetivo extremadamente sensible. Fue la revolución la que detuvo los planes para la privatización de la compañía petrolera. El despido de los gerentes pro-imperialistas y reaccionarios de PDVSA por parte de Chávez fue la chispa que desencadenó el golpe de Estado en 2002. PDVSA era el objetivo principal del paro patronal criminal de diciembre de 2002 y enero de 2003, cuando miles de ingenieros, administradores y directivos de la empresa abandonaron sus puestos de trabajo y sabotearon sus operaciones con el objetivo de derrocar al gobierno democráticamente electo .
Cuando el gobierno bolivariano asumió el control de PDVSA pudo obtener los recursos necesarios para poner en marcha las misiones sociales para ofrecer atención sanitaria, educación y productos alimtarios subsidiados a la mayoría del pueblo. No es de extrañar entonces que los miembros de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela se negaran a votar a favor de una resolución que condena las sanciones contra PDVSA y llama al gobierno a tomar medidas de represalia. Ellos han demostrado quien es su amo. La oligarquía venezolana es vendepatrias y pro imperialista. Preferirían tener su propio país invadido por el imperialismo, antes que aceptar la voluntad democrática de la mayoría de los venezolanos.
En cada una de esas ocasiones en las que PDVSA se vio amenazada por los ataques de la clase dominante reaccionaria, fue la movilización del pueblo y los trabajadores lo que salvó a la revolución. En el caso del sabotaje petrolero fueron particularmente los trabajadores petroleros, que tomaron las instalaciones y las pusieron a funcionar bajo control de los trabajadores, los que derrotaron la ofensiva reaccionaria. Por esta razón, es absolutamente correcto que en su respuesta a esta última provocación de Washington el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores «pide a todos los venezolanos, la clase obrera y, especialmente, los trabajadores petroleros, a mantenerse alerta y movilizados en defensa de nuestra PDVSA y la sagrada soberanía de la patria. «
Se ha demostrado una y otra vez que sólo la movilización revolucionaria de los trabajadores y el pueblo pueden defender efectivamente la revolución venezolana e inspirar a los trabajadores del mundo a acudir a su apoyo, algo que ninguna cantidad de maniobras diplomáticas puede lograr.
En una ocasión anterior cuando, ante las provocaciones de Washington, Chávez amenazó con cortar el suministro de petróleo a los EE.UU., los trabajadores petroleros de Venezuela respondieron con una marcha masiva en Caracas. Ellos declararon que estaban dispuestos a defender la revolución, pero al mismo tiempo, destacaron el papel saboteader de muchos de los directivos de la industria petrolera, algunos de los cuales participaron en el sabotaje petrolero en el 2002-03 y se han infiltrado de nuevo en la industria. Los trabajadores petroleros señalaron que sólo mediante el control obrero en PDVSA podría garantizar la defensa de la industria contra los ataques y sabotajes y eso es absolutamente correcto.
La oligarquía, los capitalistas, los banqueros y los latifundistas, son los agentes directos del imperialismo en Venezuela, como demuestra gráficamente la votación en la Asamblea Nacional. Para defender al país contra los ataques y las provocaciones imperialistas de manera eficaz hay que romper su poder. Por encima de todo esto significa acabar con su poder económico. Sus propiedades deben ser expropiadas y puestas bajo control democrático de los trabajadores. El maravilloso encuentro nacional de consejos socialistas de trabajadores para discutir el control obrero, que se realizó en Sidor el 21 y 22 de mayo con la presencia de 900 representantes obreros de todo el país, muestra el camino a seguir.
La revolución se puede defender contra el imperialismo si se completa como revolución socialista, con la abolición del capitalismo. Sobre esa base se podría hacer un llamamiento internacionalista a los trabajadores de otros países a seguir su ejemplo. Un llamado de ese tipo tendría un impacto electrizante en toda América Latina, pero también en el mundo árabe y en Europa y los EE.UU., donde los trabajadores están siendo obligados a pagar el precio de la crisis del capitalismo.
* ¡Abajo el imperialismo!
* ¡Defender la revolución venezolana!
* ¡Viva el socialismo internacional!
Un anciano enfadado, un ucraniano trastornado y la Tercera Guerra Mundial
Sí, has leído bien el título. Un anciano enfadado en Washington y un presidente psicológicamente trastornado en Kiev han estado ocupados urdiendo conjuntamente un plan que podría empujar al mundo al abismo.
