Un grupo de trabajadores de la contratista Ediperca tomó los portones del segundo puente sobre el río Orino, para protestar el despido de más de 60 compañeros y la imposición de la compañía de negar el acceso a sus puestos de trabajo a pesar de gozar La negativa de los representantes de la empresa Ediperca de permitirle el paso a más de sesenta trabajadores de la compañía, bajo el alegato de conclusión de trabajo, fue el detonante para que un grupo de trabajadores tomara los portones de la construcción del segundo puente sobre el río Orinoco.

La decisión fue acordada por las autoridades sindicales de la obra durante la mañana de este sábado, ante la negativa de la compañía de presentar una lista pormenorizada de los trabajadores cesanteados y las causas reales de sus despidos, puesto que, a juicio de la directiva del sindicato, las obras aún no han concluido.

La movilización de los trabajadores obligó el reforzamiento de la seguridad perimetral de las instalaciones y de los portones de la obra por parte de efectivos de la Guardia Nacional.

Noel López, coordinador sindical de la obra, explicó que ésta no es la única irregularidad que viene cometiendo la empresa contra los trabajadores, puesto que a la par de los despidos, ha violentando otras cláusulas contractuales como el pago de sobretiempo.

"La empresa está intentando cohartar el derecho de los trabajadores a asistir a sus puestos de trabajo, a través de una lista, a pesar de que poseen inamovilidad laboral otorgada por un pliego de peticiones introducido ante la Inspectoría del Trabajo ", precisó.

A juicio de López, tanto la Corporación Venezolana de Guayana como los representantes de la empresa Odebrecht deben tomar cartas en el asunto con el fin de evitar acciones conflictivas.

"No hemos realizado paralizaciones de actividades, menos aún nos hemos salido del marco legal, por lo que no pueden estas empresas ponerse a espalda de los trabajadores", reveló.

Despidos injustificados

Entre las violaciones de la contratación colectiva que estaría cometiendo la empresa en contra de los trabajadores, se encuentran el pago del horario de sobre tiempo, así como el del día de descanso y lo concerniente a las horas de almuerzo.

"Como punto de honor estamos solicitando el cumplimiento del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores cesanteados, el cual establece que a la par de la aplicación del artículo 108 del estamento legal, la empresa debe cancelarle a los trabajadores diez días de salario si la antigüedad del trabajador es superior a los tres meses y treinta días de salario por cada año de antigüedad", manifestó.

Las autoridades sindicales le solicitaron a los miembros del Ministerio del Trabajo una inspección de la obra con el fin de que quede constancia de que la obra no ha finalizado.

López instó al comandante de la Guardia Nacional en el municipio, para que tome los correctivos necesarios en cuanto a la actitud asumida por los efectivos en el conflicto, "La Guardia Nacional sólo es garante de las condiciones dentro de la empresa pero no de los conflictos legales y laborales, por lo que instamos a que se abstenga a participar en el conflicto, toda vez que nos negaron el acceso a nuestras fuentes de trabajo.

Adrián Gulabsingh, asesor legal del sindicato, indicó que solicitarán en las próximas horas la presencia de la Defensoría del Pueblo con el objetivo de que la institución garantice la inviolabilidad del derecho al trabajo.

A la par de estas acciones, tanto el sindicato como el asesor legal sostendrán una reunión el día lunes con el coordinador general del Ministerio del Trabajo y la inspectora de la Zona del Hierro.

Gulabsingh manifestó que de no llegarse a un acuerdo en la reunión, tomarán las instalaciones del Palacio de Justicia para solicitar un recurso de amparo para los trabajadores.