En Colombia el capitalismo asesina al 80% de los sindicalistas que mueren en el mundo. Cada dirigente sindical honesto es amenazado de muerte. La lista negra de la operación Dragón, que es un intento de exterminio encabezado por agentes de inteligenc En Colombia el capitalismo asesina al 80% de los sindicalistas que mueren en el mundo. Cada dirigente sindical honesto es amenazado de muerte. La lista negra de la operación Dragón, que es un intento de exterminio encabezado por agentes de inteligencia y ejecutores paramilitares, ha sido descubierta. Los derechos humanos se violan las 24 horas del día. Uribe quiere vender la imagen positiva ante la comunidad internacional de una democracia, pero lo que encabeza es un régimen terrorista. Quiere exterminar al sindicalismo de una u otra forma. Primero, con el cierre. El Gobierno colombiano está cerrando empresas, todas las que le parezca, en cumplimiento del modelo neoliberal. En segundo lugar, hace de todo para relacionar a los sindicalistas con la insurgencia para llevarlos a las mazmorras. En tercer lugar, les asesina de forma sistemática. A los afectados por la operación Dragón el Ministerio de Justicia les ha dicho que va a investigar, ¿pero qué esperanza tienen? Buscar protección en el estado burgués es como poner a Drácula a cuidar un banco de sangre.

No sólo se trata de la amenaza de la operación Dragón. Decenas de listas negras salen cada día a la luz, con los nombres de cientos de activistas. Sólo en la ciudad de Barranquilla 70 sindicalistas saben que están en el punto de mira; para seis de ellos la amenaza ya se cumplió. A la derecha le resulta más rápido, más barato y menos arriesgado asesinar a los sindicalistas involucrados en disputas laborales que usar los procedimientos civiles existentes para resolver las disputas laborales. Según los cálculos de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y de la Escuela Nacional Sindical, desde la llegada de Uribe, en 2002, han sido asesinados entre 164 y 180 sindicalistas.

Los homicidios son sólo la punta del iceberg. Otras formas de exterminio y de presión se han incrementado: las amenazas de muerte, los despidos, las desapariciones forzosas, los secuestros. Así, durante el mandato de Uribe, más de 670 dirigentes sindicales han sido amenazados (frente a 357 del periodo equivalente del también gobierno represivo de Pastrana) y se han producido 104 detenciones arbitrarias.

Una matanza científica

Los sindicalistas están convencidos de que no es una exterminación arbitraria, sino que se hace precisamente para acabar con la negociación colectiva, el derecho de huelga y facilitar las privatizaciones. Eso se sustenta en datos: en Colombia este año hay menos de 50.000 trabajadores beneficiándose de la negociación colectiva y en lo que va de 2004, de 30 huelgas que se han planteado, 27 se han declarado ilegales o incluso terroristas. Según la Fecode (Federación Colombiana de Educadores), entre 2000 y 2003 fueron asesinados 191 educadores, de los cuales 58 murieron después de que asumió Uribe su cargo. Y es que, para los colectivos que están en la mira del terror, no hay duda de que, con la aplicación de la ‘seguridad democrática’ del presidente Uribe y las reformas constitucionales, su vida y su trabajo corren más peligro. El mismo Gobierno es el que en las ciudades y los pueblos hace detenciones masivas, de 200, 300, hasta 500 personas. Si antes las cárceles estaban llenas, hoy están llenas a reventar de gente inocente.

La política antisindical del gobierno nacional y de los empresarios la justifican diciendo que las organizaciones sindicales son responsables de la quiebra del país y de las empresas, que son agentes de la guerrilla y del terrorismo. “Están matando a los mejores hombres y mujeres de la lucha social y política; algo en lo que el Estado tiene toda responsabilidad directa e indirecta, como en el caso de Arauca”, afirma un documento conjunto de las tres grandes centrales sindicales del país: CUT, CTC y CGDT. El caso al que se refiere el documento es el asesinato de Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, tres líderes históricos de la región de Arauca (cerca del Edo. Apure). Murieron abatidos por la espalda, por soldados colombianos. El ministro de Defensa califica a las víctimas como guerrilleros del ELN buscados por la justicia.

Mientras que el Gobierno de Uribe finge negociar la paz (¿qué paz?) y la desmovilización de 20.000 paramilitares, se ha reavivado en Colombia el debate sobre las numerosas sospechas de conexiones entre sectores de las fuerzas de seguridad del estado y los paramilitares. Casos como el asesinato de los tres líderes de Arauca o la operación Dragón no han hecho más que encender los ánimos y avivar las acusaciones de complicidad que llueven sobre el Ejecutivo. El escandaloso asesinato en Barranquilla el pasado 17 de septiembre del sociólogo y catedrático Alfredo Correa de Andreis, a consecuencia de los disparos de dos sicarios, es buena muestra. Semanas antes de su muerte, la Fiscalía había ordenado su encarcelamiento, acusándole de ser un ideólogo de las FARC. Aunque después la Fiscalía revocó la detención preventiva y ordenó su libertad, (al desestimar tales imputaciones), Alfredo había quedado ya marcado como objetivo del odio paramilitar.

Los siguientes datos dan una idea general de la gravedad de la situación:

– 98 atentados entre mayo de 2003 y abril de 2004 han causado la muerte de 90 sindicalistas. Más de 650 maestros han sido asesinados en los últimos 10 años.
– 5 activistas sindicales han sido desaparecidos, 6 secuestrados y 92 obligados a desplazamientos forzosos en los primeros 4 meses del año 2004. 20 han sido detenidos y 43 hostigados, produciéndose 7 allanamientos ilegales.
-De los casi 4.000 asesinatos de sindicalistas en los últimos 15 años, sólo cinco han desembocado en condenas judiciales.
-Colombia presenta una de las tasas más bajas de cobertura sindical de América Latina. Sólo el 4% de los trabajadores está sindicado.
– Durante el 2004 sólo se pudieron crear tres sindicatos y de los 112 paros convocados en 2003, 111 fueron declarados ilegales.

Movilización social y valentía de la clase obrera

La Minga (marcha) por la vida del mes de septiembre echó a las calles a decenas de miles de personas, lideradas por los indígenas, para protestar por la desaparición y asesinato de decenas de indios colombianos en los últimos meses y por las consecuencias nocivas que las privatizaciones y la reforma económica. Con la intención de resistirse a esa situación, 250’000 trabajadores y jóvenes se han echado a la calle el 12 de octubre en contra de la política de Uribe. El paro sindical (un paro claramente político) ha sido secundado por 750’000 trabajadores, que en las condiciones de Colombia es una cifra muy importante. Las dos principales centrales de trabajadores -CUT y CTC- han optado por unirse en la lucha para aumentar su peso. Uribe está perdiendo terreno rápidamente.

La clase obrera y la juventud vuelven a desafiar al terrorismo del gobierno de Uribe. Saben que la masacre antisindical es una estrategia para mantener aterrorizados a los trabajadores y permitir el máximo de beneficios a los capitalistas. Llegará el día en que los trabajadores colombianos pierdan todo miedo y se echen a la calle para derribar este gobierno fascista que apoya el imperialismo norteamericano.

El deber revolucionario del pueblo venezolano

Los trabajadores y el pueblo venezolano tenemos un deber revolucionario: contribuir a parar esta masacre. Hay un solo camino y tenemos que emprenderlo. Somos el pueblo que más puede hacer para nuestros hermanos colombianos. Debemos darles ánimo para derribar a la dictadura de Uribe. ¿Cómo hacerlo? Debemos de expulsar al capitalismo y a la oligarquía de Venezuela. ¡Ir hasta el fondo con esta Revolución! Si lo hacemos, nuestros hermanos se levantarán como un solo hombre, como una sola mujer revolucionaria y acabarán con los paramilitares y el estado represivo. Debemos darles el ejemplo práctico de que es posible derrotar a la pesadilla que viven. Nuestra Revolución no es un asunto nacional. Es un asunto internacionalista. Todos triunfos revolucionarios de la historia han ayudado a los pueblos hermanos a levantarse y seguir el ejemplo.

Los intentos de diálogo de nuestro Gobierno con el de Uribe deben de acabar de una vez. El diálogo debe de darse exclusivamente entre el Presidente Chávez y los oprimidos de Colombia. Hay que denunciar duramente al fascismo de la burguesía colombiana y hacer un llamamiento claro a su derrocamiento por parte del mismo pueblo colombiano. No hay manera de parar los pies a los paramilitares asesinos si nuestro gobierno se limita a pedir la colaboración del Estado colombiano. Más de mil palabras vale el ejemplo revolucionario de acabar con el capitalismo en Venezuela. Si expropiamos a los oligarcas en Venezuela, sus socios colombianos no durarán una semana.