A continuación publicamos la segunda parte de la declaración de la Corriente Marxista del PSUV sobre las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro. 

¿Socialismo mixto, economía de mercado o bipolaridad económica?: Leyes de las casas de cambio, promoción de la inversión extranjera, régimen tributario del Arco Minero y contra los grandes patrimonios

Aspirar derrotar al rentismo petrolero de la noche a la mañana a partir de atraer inversión extranjera hacia el sector minero u otras áreas es una utopía reaccionaria. Pasar del rentismo petrolero al extractivismo minero tampoco constituye un gran real viraje en lo económico, y nos atará más aun a los sectores más depredadores del capitalismo trasnacional, las gigantes mineras que devastan el planeta, expropiadas por Chávez en el pasado reciente (caso Gold Reserve), y que hoy son considerados por el gobierno como aliados estratégicos porque traen “dinero fresco”.

El rentismo petrolero instaurado en Venezuela, es producto de la división internacional del trabajo, impuesta por el capitalismo en su fase imperialista, que determinó, a sangre y fuego, cuáles países debían exportar sus materias primas, cuáles industrializarse para procesarlas y quiénes se quedarían con las ganancias de dicho proceso. Por tanto, intentar romper con el rentismo y con el extractivismo de hecho, pasa por romper con la lógica del imperialismo (concentración de capitales, subordinación política de los países periféricos, exoneración de impuestos a las grandes trasnacionales, dependencia tecnológica, financiera, etc.), que sólo puede materializarse a su vez, mediante una ruptura de raíz con el régimen capitalista en nuestro país, es decir, mediante la expropiación bajo control obrero de la burguesía y la destrucción del estado burgués.

En sus inicios, el control cambiario fue más que una medida económica, una medida política que logró detener la inmensa fuga de capitales que la burguesía nacional pensaba llevar a cabo, como parte de la política de guerra económica que estaba ejecutando en el marco del recordado “paro petrolero”.

No obstante, sin la expropiación de la burguesía, y en particular del comercio exterior, de la banca y de todo el sector financiero, el control cambiario fue generando condiciones muy propicias para la degeneración de amplias capas de la burocracia, primero, y luego, incluso de una capa importante de la sociedad, a través del fenómeno de los «raspa cupos». A este respecto, sobre todo capas medias profesionales aprovecharon el control cambiario durante muchos años para obtener de manera ilegal millones de dólares y canjearlos en el mercado paralelo. Pero lo que es peor, es que con el control de cambio tal y como fue plantado, sin ningún tipo de fiscalización y/o controles por la base trabajadora y popular, inició el proceso de fuga de capitales, mediante la asignación de dólares subsidiados por parte de burócratas a empresas de maletín, que no importaban los productos por los cuáles se les otorgaban los dólares, sino que los inyectaban directamente al mercado paralelo de divisas, a fin de obtener tasas de ganancia muy superiores a las que hasta el momento habían obtenido en la producción de mercancías o en el comercio.

Así inició un desfalco que año a año carcomió la economía nacional y que fue haciéndose más evidente en la medida que se redujeron los ingresos del estado como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, tornándose insostenible el sistema de asignación de divisas vigente entonces.

Después vino el establecimiento de dos tipos de cambio que, a la luz de los resultados ha sido un mecanismo para favorecer únicamente a un sector de la burguesía emergente (con acceso a un dólar a precio subsidiado), y para someter a las amplias mayorías de la población a precios de productos básicos fijados por el mercado paralelo, debido al carácter parásito y especulador de la burguesía, y al descontrol en la importación de dichos productos, ya que como hemos señalado, el estado otorga los dólares pero no vigila ni sanciona el desvío de los mismos.

Es decir, el gobierno genera los dólares, los vende a precio subsidiado a la burguesía, para que ella importe los bienes de primera necesidad y los venda con abultados sobreprecios al pueblo trabajador, financiando así a la burguesía que lleva adelante la guerra económica con dólares a bajo costo, que fugaron al extranjero a la vez que generaron desabastecimiento que era suplido por las importaciones del gobierno que, a su vez vendía a precio subsidiado (a pérdida) en los mercales y otras cadenas propiedad del Estado.

Finalmente, dicha política obligatoriamente implica que al reducirse los ingresos por concepto de la venta de petróleo, el gobierno se ve obligado a devaluar la moneda, pasando en menos de dos años de 200 bs/dólar a aproximadamente 3500 bs/dólar, en la última subasta de contingencia para empresas y a 11.000 bs/dólar para personas naturales, siendo esta la peor devaluación desde el establecimiento del control de cambio.

Sumado a la devaluación, debemos considerar por un lado que el pago puntual de más de 65.000 millones de dólares de deuda provoca una reducción abrupta y cada vez mayor, de los dólares de los que dispone el gobierno para la importación de alimentos y bienes de primera necesidad subsidiados, lo que implica por ende una reducción enorme de la oferta de estos bienes en el mercado, y por el otro, la emisión de dinero sin respaldo para cubrir el déficit fiscal de aproximadamente 15% del PIB, contribuye a mantener los niveles de demanda en el mercado con una oferta limitada de bienes, por lo que se hace evidente cómo ambos factores inciden en el desarrollo de un fenómeno inflacionario explosivo, que destruye los salarios de la clase trabajadora.

¿Este panorama puede por lo tanto revertirse creando casas de cambio?

Ni siquiera en el marco del capitalismo una medida como ésta, sin un ingreso en divisas lo suficientemente amplio para soportar la inmensa demanda existente de divisas, puede constituir una solución. Ello debido a que un sector de la población, sobre todo ubicado entre las capas medias y la burguesía, querrán proteger sus ahorros convirtiéndolos en dólares, como consecuencia de la rápida depreciación del bolívar. Con unas reservas internacionales de aproximadamente 10.000 millones de dólares (su mayoría en oro, no en billetes negociables) y con la disminución sostenida del ingreso petrolero debido a la crisis capitalista mundial, es nada probable que esta medida favorezca a la clase obrera.

El tema de fondo será por lo tanto, ¿quién fijará el precio de los dólares en esas casas de cambio? y ¿bajo cuál criterio? Esta medida puede ser el anticipo de la liberación definitiva del control cambiario y de la legalización de las ingentes fortunas fugadas, que los reformistas aspiran vanamente a que los burgueses las retornen al país, si el Estado les ofrece una tasa atractiva. Ya que el Estado no podrá proveer los dólares para que estas casas de cambio funcionen, deberá ceder y admitir una mega devaluación para tratar de persuadir a los ladrones a que repatríen sus riquezas robadas durante el período anterior.

El lugar de pedir «por favor paguen» a los empresarios patriotas que deben mas de mil millones de dólares al gobierno, como hizo el Presidente en su alocución, desde la Corriente Marxista Lucha de Clases, venimos planteando hace años la investigación exhaustiva, transparente y por el poder popular de cada dólar asignado, para determinar responsabilidades en el desfalco, ordenar prisión de los responsables y confiscación de sus bienes y repatriación de los miles de millones de dólares que se robaron durante el control cambiario.

Esta medida se solicitó en 2014, a la Fiscal Luisa Ortega, la cual recordamos sólo investigó a unos cuantos cientos de raspa cupos, que proporcionalmente estafaron migajas frente al inmenso desfalco de la burguesía parásita y contrarrevolucionaria, la cual, junto a funcionarios corruptos, obtuvo miles de millones de dólares.

El movimiento obrero y popular debe organizarse y movilizarse para exigir y presionar el inicio de investigaciones abiertas y transparentes, sometidas al control ciudadano, y la realización de juicios populares a los culpables del desfalco. La burocracia reformista es por sí misma incapaz de llevar adelante ningún avance en tal dirección, debido a que por una parte ha participado y se ha beneficiado del desfalco, y por el otro es orgánicamente incapaz de llevar adelante una lucha de tal envergadura. Por lo tanto, el nuevo llamado del Presidente es en sí y por sí vano. Sólo la lucha de las bases revolucionarias puede presionar para hacer caer a los culpables. Los participantes del desfalco deben ser enjuiciados y procesados, caiga quien caiga.

Por último, la medida de no negociar más dólares en el DICOM, pone punto final a una política errada que sostuvieron todo este período sin una alternativa revolucionaria y concreta de solución a la crisis como lo es el monopolio del comercio exterior, la nacionalización de la banca y establecimiento de una economía centralizada y planificada de manera democrática por la clase obrera y popular.

Promoción y protección a la inversión extranjera

Mientras el gobierno trata de vender la idea de una nueva canasta monetaria para suplantar el uso del dólar en el comercio internacional, anuncia una ley de promoción y protección a la inversión extranjera. Sin conocer aún su contenido, conocemos bien las principales demandas de la inversión extranjera: defensa de la propiedad privada de los medios de producción, exoneraciones fiscales (no pagar impuestos o pagarlos en sus países de origen) y flexibilización laboral (bajos salarios, facilidad para despedir trabajadores/as, prohibición o limitaciones para la organización sindical, precarias condiciones de salud y seguridad laboral, entre otras).

Todas estas condiciones van en sentido opuesto a la construcción de una sociedad socialista, y en la medida que el gobierno claudique y acepte medidas en esta dirección, no sólo traicionará el legado revolucionario de Chávez y sus principales conquistas, sino que empeorará las ya difíciles condiciones de vida de la clase trabajadora y su capacidad de organización y movilización.

Varios elementos surgen como punto de honor para la clase trabajadora ante esta nueva legislación, primero la vigencia, respeto e irrevocabilidad de la ley del trabajo, trabajadores/as firmada por el Presidente Chávez en 2012, como la prohibición de zonas económicas especiales donde la legislación pueda ser «suavizada».  Asimismo, en la constitución de nuevas empresas mixtas, el Estado conserve la mayoría accionaria a fin de poder tener el control político de dichas empresas.

La constitución de estas nuevas empresas, sobre todo en el sector petrolero, fue una de las causas de la guarimba contrarrevolucionaria, al ser aprobadas por el TSJ y no por la Asamblea Nacional, lo que dio base a que la Fiscal declarara la ruptura del hilo constitucional por dicha medida.

Debemos analizar profundamente el alcance de esta ley y su planteamiento, ya que si bien es cierto que hoy la oposición controla sólo la Asamblea Nacional, y le aprobamos potestad al presidente de aprobar la firma de dichas empresas mixtas, sin ningunas condiciones ni mecanismo de control, precisamente una ley de tal naturaleza, sería un instrumento idóneo para que una vez que la derecha llegase al poder, luego de las presidenciales del 2018, pueda retrogradar aún más todas las conquistas laborales logradas en la revolución, y las conquistas económicas arrancadas a los grandes capitales con inversiones en el país.

Régimen tributario para el Arco Minero y ley de impuestos a los grandes patrimonios

Al igual de contradictorio como suena el establecimiento de casas de cambios (sin dólares para comerciar) y la imposibilidad de repatriar sus ganancias en dólares para estimular a los inversionistas, nos parece que fijar un régimen tributario diferente para el arco minero y al mismo tiempo imponer una ley de impuestos para los grandes patrimonios (que son obviamente los que en última instancia tienen posibilidad real de invertir en el arco minero) es contradictorio.

La urgencia de la explotación del Arco Minero, como vía para cubrir, según el Presidente, al menos un tercio de los ingresos que se obtengan por la renta petrolera, es capaz, como hemos visto, de obligar a firmar convenios, con transnacionales que hace menos de diez años eran enemigas de la revolución y fueron expropiadas por el presidente Chávez.

Vale recordar el caso de la Gold Reserve, que Chávez expropió en 2009 y con la cual Maduro firmó un convenio que nos hizo reconocer y pagar una demanda en un tribunal internacional y perder 1000 millones de dólares, a descontar de la inversión de 5000 millones que debe realizar la empresa.

Sobre los impuestos a los grandes patrimonios, es una medida que no va a lograr solucionar la grave crisis, la mayoría de estas grandes empresas crean mecanismos para evadir impuestos, fugar capitales y sobornar funcionarios. Una medida genuinamente revolucionaria contra los grandes patrimonios, construidos con el sudor y sangre de la clase obrera, cuando han sido “legales”, y construidos sobre la base de la usura, el desfalco, la especulación y la corrupción, cuando dentro de la propia legalidad burguesa son considerados “ilegales”, es la expropiación de estos grandes patrimonios.

Durante la alocución del Presidente Maduro hubo un momento, en el que intervino el periodista Mario Silva y expuso una reveladora cifra. Cuando el Presidente habló sobre las grandes empresas y el ataque por parte de la banca a la moneda, el contrabando de billetes, las frecuentes caídas de los puntos de venta, los 200 millones en efectivo de Lilian, etc., Mario dijo: «Presidente la banca no puede negarse a pagar más impuestos, ni a invertir para mejorar su plataforma diciendo que no tienen dinero, la banca ha tenido un 385% de ganancias los últimos años, en comparación con el  85% de las ganancias de las empresas del Estado»

Que lamentable que el camarada Mario Silva, quien se ha reivindicado en algunos momentos como “marxista”, haya perdido esa oportunidad, con esa contundente cifra sobre la ganancia de la banca, de solicitar la expropiación de la misma, y se haya conformado con pedir más impuestos y obligar a los banqueros a invertir para mejorar su plataforma. Y podría decirse que es uno de los constituyentes a la izquierda del promedio de los constituyentes.  Ni que decir de lo que podemos esperar de los empresarios constituyentes.

Del socialismo a la socialdemocracia

Pero uno de los peores males que ha generado el gobierno del Presidente Nicolás Maduro y la dirección del partido, es el profundo desconcierto y confusión teórica predominante entre las capas medias del partido y de la clase obrera.

Algunos cuadros buenos, probados al calor de luchas concretas de barrio o de fábrica aún sostienen que «estamos en socialismo», que algunas concesiones son necesarias, que hasta Lenin hizo concesiones con la NEP y que vamos por buen camino, rumbo al socialismo.

No obstante, si analizamos en los hechos concretos la dirección que lleva la dirigencia del gobierno y del partido, en especial los últimos dos años, podremos apreciar que el viraje dado por el gobierno es hacia la derecha, y en consecuencia cada vez es más frecuente que se tomen medidas que benefician más a la burguesía que a la clase trabajadora. Más aún, podríamos decir sin temor a equivocarnos ni a exagerar, que las medidas económicas que el gobierno ha venido tomando desde el año pasado, están significando en la práctica descargar sobre los hombros de la clase obrera el fardo de la crisis capitalista.

Después de la derrota electoral del 2015, el gobierno arguyó que el pueblo trabajador no quería, o no «estaba preparado» para medidas radicales, cuando la lectura que debió darse, es que el pueblo estaba cansado de la ausencia de medidas radicales que aliviaran sus condiciones materiales cotidianas, carcomidas por la guerra económica emprendida por la contrarrevolución a partir de la muerte de Chávez.

Además, ya para ese período, la dirección era orgánicamente incapaz de tomar medidas genuinamente revolucionarias, porque no les conviene, porque han pasado por un proceso dialéctico de degeneración, en el que al pasar de tener algunos privilegios particulares de utilización de bienes del Estado y beneficios del cargo, a un proceso de acumulación que culmina en apropiación de grandes sumas de dinero, compras de propiedades y finalizando con la inversión de esos fondos en empresas y pasando al rango de explotador, han degenerado su consciencia política, y se han convertido en fieles defensores del régimen capitalista de propiedad.

La burocracia soviética tardó muchos años en completar dicho proceso de degeneración capitalista, porque al nacionalizar el conjunto de la economía y establacer una economía planificada, el consecuente desarrollo portentoso de las fuerzas productivas les garantizó toda una serie de privilegios por encima del resto de la clase trabajadora, y para mantenerlos era necesario defender durante todo un período la planificación económica y la propiedad estatal de los medios de producción, hasta que la planificación burocrática llevó a la economía al estancamiento. Luego de ello comenzó lentamente ek proceso de cuestionamiento de la propiedad estatal, hasta que con el derrumbe de la URSS, se le hizo necesario a la burocracia hacerse propietaria de las antiguas empresas estatales transformándose en burguesía, a fin de poder proteger los privilegios de los que habían gozado durante la existencia de la URSS. En Venezuela, en la medida en que la mayor parte de la economía sigue siendo capitalista, la burocracia no ha tenido camisa de contención y una parte importante de ella se ha transformado rápidamente en burgesía, la llamada «boliburguesía».

Sostener que la política de protección social es socialismo, y que vivimos en socialismo es una mentira reaccionaria. Los niveles de inflación, miseria, inseguridad, desabastecimiento y retroceso en la calidad en todos los servicios y derechos conquistados que vivimos es reflejo y producto de la crisis del capitalismo imperante y su decadencia. Son la consecuencia de no haber pulverizado a la burguesía en las múltiples ocasiones favorables que se tuvieron.

Los aumentos de sueldos en un contexto de devaluación diaria, inflación inducida por los capitalistas y aumentada por la impresión de dinero sin respaldo, es una medida necesaria pero absolutamente insuficiente e incluso, incapaz de producir en el mediano y hasta en el corto plazo, una mejora real en las condiciones de vida de las masas trabajadoras.

Además vemos con preocupación la inobservancia cada vez más descarada de la legislación laboral, tanto por parte del sector público como del privado, manifestado en despidos masivos e injustificados, acoso laboral, falta de dotación de equipos de protección personal, malas condiciones de salud y seguridad laboral, irrespeto al fuero sindical, de delegado/a de prevención o maternal, retraso en la discusión de contratos colectivos o incumplimiento de sus cláusulas.

Ahora bien, si todo esto está ocurriendo en la reducida capa de la población económicamente activa del sector formal, la precarización de los sectores informales y la lumpenización de las capas desempleadas o con bajos salarios se revelan en la reaparición de un terrible fenómeno  -gente comiendo de la basura-, erradicado durante el gobierno del Presidente Chávez.

Vale mencionar que la crisis ha ocasionado una alta tasa de emigración, que inició hace años en capas profesionales y técnicos de la clase trabajadora y que cada día llega a más sectores populares, lo cual nos priva de jóvenes profesionales, técnicos y trabajadores/as que hemos formado en universidades, institutos, escuelas técnicas y liceos públicos, costeados por el Estado y que hoy son fuerza de trabajo cualificada que trabajan en otros países, en muchos casos para producirle plusvalía a las burguesías imperialistas.

El Estado de protección social o bienestar social construido en el período anterior se evapora como una gota de agua en un sartén hirviendo producto de no haberse fundamentado en la propiedad social de los medios de producción, sino en la mera distribución de la renta petrolera que se desplomó y que no se proyecta recuperar en un corto ni mediano plazo.

Atrás quedaron las medidas revolucionarias como las expropiaciones de las empresas estratégicas y lo que queda son políticas socialdemócratas de reparto organizado de comida (CLAP), subsidios directos o beneficencia (tarjetas de la patria) y subsidio del costo de los servicios públicos.

Ni hablar de la generación del hombre y mujer “nuevos” y de conciencia de clase trabajadora, la lógica de supervivencia cotidiana e individual ha sacado a relucir las peores taras del capitalismo, el egoísmo, el “sálvese quien pueda”, acompañada de la pérdida del valor del trabajo, por los bajos salarios en relación al costo de los bienes básicos, que ha generado desmotivación, apatía y cierto desprecio por el trabajo formal. Tomando en cuenta que una semana de trabajo te podría alcanzar apenas para comprar dos kilos de arroz y medio cartón de huevos, es realmente difícil de hablar de trabajo creativo y liberador en esas condiciones. Proliferan los juegos de azar, loterías, apuestas y gran parte de la población tiene 2 trabajos formales y alguna otra fuente de ingreso informal, solo para poder sobrevivir.

El trabajo formal es visto, sobre todo en el Estado, como una fórmula para tener acceso a un seguro privado regular, y algunos beneficios o acceso a programas especiales o diferentes del sector privado.

La protección social como vemos, ni es socialismo, ni conduce al socialismo, ni es sostenible en tiempos de crisis capitalista. Por tanto, consideramos que debemos estar alertas ante cualquier contrarreforma que se intente plantear para congraciarse con la burguesía y el imperialismo.

La dirección actual del gobierno y el partido, por lo visto, pretenden venderse como una buena gestora de la crisis en el marco del capitalismo, para intentar optar a una reelección el año que viene. Pero ello sólo tendría el beneplácito del imperialismo, si ésta lleva adelante contrarreformas que definirían la ruptura definitiva con el proyecto histórico de liberación nacional que comenzó con Chávez.

Los llamados “empresarios patriotas” presentes en la ANC, y que también conforman la comisión de economía“productiva y diversificada”de ésta, basándose en sus intereses de clase, apoyarán tales contrarreformas en defensa del derecho de su clase a la “propiedad privada”. Pero, no sólo la burguesía está representada en la ANC, también existe un ala izquierda dentro de la constituyente. Este sector está formado por dirigentes de la base trabajadora, combativos, honestos y clasistas.

Esta ala izquierda, formada entre otros, por jóvenes dirigentes sindicales de la CSBT, por los diputados del PCV, la Corriente Bolívar y Zamora, el Movimiento Gayones, el colectivo Alexis Vive y la plataforma de movimientos y colectivos Chavismo Bravío, manteniéndose fiel a su condición de clase, debe luchar contra toda la política de contrarreformas capitalistas que está puesta sobre la mesa y con audacia debe plantear en el debate la defensa y puesta en práctica de un programa socialista basado en la expropiación de la burguesía bajo control obrero y el desmantelamiento del estado burgués. Debe denunciarse públicamente cualquier intento del ala derecha de la ANC, dirigida por los “empresarios patriotas”, de  tomar medidas concretas en esa dirección, y debe organizarse un plan de lucha y movilización obrera y popular para enfrentar su política y por la implementación del programa socialista revolucionario. Sólo completando la revolución en Venezuela, sobre la base de un programa marxista, puede ofrecer una salida a la crisis en la que no sean los trabajadores los que carguen sobre sus hombros con el fardo de la crisis.