Al ritmo de balancines petroleros resuena uno de los mayores escándalos de corrupción revelados en la historia de nuestro país. En los últimos meses, la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) ha sido objeto de múltiples investigaciones por casos de sobornos, sabotajes y malversaciones de recursos, que involucran a altos gerentes de todas sus filiales nacionales, como también en su subsidiaria en territorio estadounidense, Citgo. Tras la destitución de Luisa Ortega Díaz del cargo de Fiscal General de la República, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente en agosto pasado, y su sustitución por Tareck William Saab, el Ministerio Público (MP) ha destapado una serie de corruptelas, que han significado cuantiosas pérdidas patrimoniales, tanto para la industria petrolera, como para el Estado.

Entre los casos que hasta la fecha han sido develados por el MP, destacan: la suscripción de contratos con sobreprecios en la Faja Petrolífera del Orinoco, alteración de cifras de producción y comercialización en PDVSA -Oriente, deliberados actos de sabotaje en Petrozamora, la existencia de una red de extorsión dirigida desde PDVSA – Yagua, el desmantelamiento de automóviles con seriales de la compañía en PDVSA – Carabobo, y la firma de refinanciamiento de deuda por parte de directivos de Citgo, en condiciones desfavorables para el único gran activo que posee la industria petrolera nacional en el extranjero. Aunado a las tramas mencionadas, William Saab ha venido anunciando la apertura de investigaciones penales sobre casos de operaciones fraudulentas asociadas a Cadivi – Cencoex, sabotajes en Corpoelec, vinculaciones con los Panamá Papers, Odebrecht, y sobre las escandalosas cuentas de Andorra.

Según ha declarado el nuevo Fiscal General de la República, las denuncias correspondientes a buena parte de casos mencionados, habrían sido obstaculizadas y canceladas por la anterior gestión de Luisa Ortega Díaz, la cual se hallaba involucrada en algunas tramas de corrupción, tanto en PDVSA, como en otras entidades, a través de una red de extorsión que esta exfuncionaria dirigía junto a su esposo y exdiputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, Germán Ferrer.

De la maraña de tramas que han salido a luz pública hasta ahora, se desprenden innumerables aristas. La participación de directivos de la industria petrolera estatal, empresarios, políticos y artistas, en tales hechos, que a su vez se entrelazan con otros escándalos de corrupción nacionales e internacionales, dan cuenta del estado de descomposición en que se halla el sistema de relaciones sociales capitalistas, donde la promoción implícita del bandidaje y la rapiña, constituye la norma vital de existencia entre los individuos, a la luz de la lógica burguesa de persecución del interés privado o individual, a expensas de lo común. Con estos casos, el capitalismo rentista venezolano y las instituciones del estado burgués, configuradas a su dinámica corrupta, nos ofrecen nuevas evidencias de su absoluto estado de putrefacción.

Para el momento en que se escriben estas líneas, la cifra de detenidos asciende a más de 70 personas, en su mayoría gerentes y exgerentes de la industria petrolera, de los cuales cerca de 20 se desempeñaban como altos mandos. Sin embargo, más allá de las acciones penales emprendidas, existe un trasfondo a dilucidar. A continuación describimos algunos de los casos más destacados, que a nuestro juicio han significado mayores daños y pérdidas para la industria petrolera y el estado venezolano.

Sabotaje en Petrozamora

Petrozamora es una empresa mixta, ubicada en el municipio Cabinas del Estado Zulia, que alía capitales de PDVSA y la compañía rusa Gazprom. En ella se venían registrando diversas irregularidades que forzaron la disminución del suministro de gas necesario para la extracción de petróleo. Entre las denuncias aducidas por los representantes legales de Gazprom, se mencionan: imposiciones de contratistas sin los debidos procesos de licitación, por parte de la directiva de PDVSA – Occidente; reiterados hurtos de componentes, como conectores eléctricos en 65 puntos de extracción; ataques a las fuentes de distribución energéticas de los campos petroleros; entre otras (1).

El 7 de septiembre, el nuevo Fiscal General de la República anunció la detención de 8 directivos de la división de producción de PDVSA – Occidente, vinculados a este caso. A la fecha suman 17 exgerentes encarcelados, fruto de los avances en las investigaciones, que contaron con los testimonios acusatorios aportados por Bernardo Atencio, ex-Director Adjunto de la filial aprehendido en la primera oleada de capturas, al cual le fue otorgado el beneficio procesal de casa por cárcel (2).

A los ciudadanos detenidos se les acusa de delitos como: peculado doloso y de uso, daño a la industria petrolera con siniestro, asociación para delinquir, destrucción de libertad de comercio y tráfico de material estratégico con circunstancias agravantes. Durante la rueda de prensa ofrecida el jueves 30 de noviembre, William Saab puntualizó que dichos hechos propiciaron pérdidas patrimoniales estimadas en más de 500 millones de Dólares, por un aproximado de 15 millones de barriles de crudo no producidos desde 2015 (3).

Desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco

En rueda de prensa realizada el 22 de septiembre, el Fiscal General de la República, informo que cerca de 17 empresas contratistas estaban incursas en la suscripción de contratos con sobreprecios en la faja petrolífera del Orinoco. El titular del MP aseveró que se habrían otorgado a dedo cerca de 41.000 contratos, estimados en una cifra superior a los 35.000 Millones de Dólares, de los cuales, solo los 10 primeros auditados hasta ese momento, habían registrado presupuestos abultados en más de un 230%, con pérdidas patrimoniales para PDVSA que superan los 200 millones de Dólares.

Por estos hechos, semanas atrás, ya había resultado detenido el ahora ex-Director Ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León. Así mismo, se emitieron órdenes de privativa de libertad para tres propietarios de la contratista Constructora Urbana Fermín C. A., en donde se logró detener a uno de los involucrados, mientras que los dos restantes se encontrarían en calidad de prófugos de la justicia, residiendo actualmente en Estados Unidos (4). También, entre las Investigaciones, destaca el nombre de Roberto Rincón, empresario venezolano que recientemente se declaró culpable en tribunales estadounidenses, de haber pagado más de 1000 millones de Dólares en sobornos para la obtención de contratos con PDVSA. Tales operaciones se venían desarrollando a través de filiales como Petropiar, donde también resultaron detenidos cuatro gerentes responsables de las compras para las atenciones de emergencia (5).

El pasado martes 28 de noviembre, el actor Manuel Sosa, también implicado en la trama y detenido el 4 de octubre, delató en tribunales la participación de gerentes, empresarios y políticos en dichos hechos de corrupción. Esto lo aseguró el fiscal general de la República durante una entrevista concedida al canal VTV al día siguiente de dicha comparecencia (6).

El caso PDVSA – Oriente

La máxima autoridad del MP informo, el 13 de noviembre pasado, sobre los avances en las investigaciones del desfalco producido por la gerencia de PDVSA – Oriente, la cual venia alterando las cifras de producción y de comercialización, con el propósito de abultar las asignaciones presupuestarias, obteniendo mayores pagos por regalías en el proceso. Según el funcionario, dichas prácticas le ocasionaron pérdidas al Estado de alrededor de 1.156.900 mil Dólares por barriles de petróleo no producidos desde el año 2014 (7).

Por este caso resultaron aprehendidos 10 altos cargos y exgerentes de dicha sucursal de PDVSA, donde resalta el nombre de Luis Mendoza, ex-Subgerente Operativo de la División Punta de Mata, quién, para el momento de su detención, fungía como Viceministro de Planificación y Desarrollo Integral de Transporte.

Las cuentas en Andorra

El pasado 5 de diciembre, el Fiscal General ofreció parte de las investigaciones que se le siguen al caso de blanqueo de capitales por parte de directivos de la industria petrolera nacional, funcionarios de instituciones públicas y propietarios de firmas contratistas en la Banca Privada de Andorra (BPA). En rueda de prensa, William Saab apunto que las 40 personas involucradas estarían operando desde el año 2006, mediante el empleo de cerca de 40 empresas fantasmas, con las cuales trataron de legitimar montos que ascienden a los 4.200 millones de Euros, lo que equivale a un total de 4.964 millones de Dólares, aproximadamente (8).

El escándalo en cuestión salió a la luz en marzo del año 2015, con el envío de una nota dirigida a BPA, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EEUU, que detecto diversos delitos de legitimación de capitales, tanto en su sede principal, como en sus filiales ubicadas en Madrid y Panamá (9). Las personas involucradas en el desfalco a PDVSA estarían encubriendo millonarios sobornos recibidos a cambio de contratos con el Estado, para el desarrollo de obras públicas.

Entre la gama de individuos implicados destacan los nombres de: Alcides Rondón, ex-Viceministro de Seguridad Ciudadana y Relaciones Exteriores para Asia, Medio Oriente y Oceanía; Carlos Aguilera, ex-Director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP); Javier Alvarado, ex-Presidente de Electricidad de Caracas; Francisco Jiménez, exdirectivo de PDVSA, y Nervis Villalobos, ex-Viceministro de Energía y Petróleo, quien fue mencionado por el Fiscal General como el segundo cabecilla de la trama. También, resalta el nombre de Diego Salazar Carreño, primo de Rafael Ramírez Carreño (ex-Ministro de Energía y Petróleo y Presidente de PDVSA durante el mandato de Hugo Chávez), el cual fungía como intermediario de las operaciones de lavado, donde también se incluyen casos de traslados de maletas de dinero procedente del narcotráfico, que involucran a altos mandos del CICPC.

El Caso Citgo

El día martes 21 de noviembre, el Fiscal General de la Republica anunció la emisión de órdenes de privativa de libertad para el Presidente y cinco Vicepresidentes de Citgo, alegando que los acusados habrían firmado un contrato con las entidades financieras: Frontier Group Management y Apollo Global Management LLC, el pasado 15 de julio, para adquirir un préstamo de 4.000 millones de Dólares, bajo el amparo de una supuesta refinanciación de los programas de la deuda 2014 – 2015. Todo esto se realizó, según William Saab, sin la debida autorización del gobierno venezolano y bajo condiciones desfavorables para la empresa, la cual habría sido ofrecida como garantía de pago (10).

Como paréntesis, debe recordarse que el 50,1% de las acciones de Citgo fueron utilizadas, desde el año pasado, como garantías para una operación de canje de ciertos bonos que expiraban el presente año, por otros a cancelarle en 2020. Así mismo, el 49,9% de los valores restantes se emplearon en diciembre del 2016 para respaldar un préstamo de 1.500 millones de Dólares, facilitado por la petrolera estatal rusa Rosneft. Todo lo anterior se enmarca dentro de una situación comprometida para el Estado venezolano en cuanto a la disponibilidad de divisas suficientes, de cara a los pagos de deuda externa y de PDVSA, que como sabemos, constituyen unas de las principales prioridades financieras para el gobierno, incluso a expensas de sacrificar recursos vitales para la importación de alimentos y medicamentos, tan demandados por la población de Venezuela.

A todas estas, surgen varias interrogantes ¿Bajo qué concepto o forma los directivos de Citgo ofrecieron como garantía una empresa cuya totalidad de acciones se encuentran comprometidas? Ante las restricciones en cuanto a liquidez disponible para efectuar las cancelaciones de las deudas contraídas por el Estado venezolano ¿Se puede separar esta operación de las maniobras financieras emprendidas por las autoridades gubernamentales y petroleras durante el último periodo? Y si el alto gobierno desconocía el préstamo ¿Cuál era el destino del monto prestado? Hasta el momento, las declaraciones del Fiscal General dejan muchas preguntas en el aire.

El Fiscal General también notifico que la firma Mangore SARL, intermediaria en la negociación, está encabezada por Juan Savalia Paunero y Juan Gudiño Espinel, ambos mencionados en los Panamá Papers, y quienes habrían recibido una comisión del 5% estimado a la cifra total negociada.

Según un cable filtrado por Wikileaks, José Pereira, ex-Presidente de Citgo detenido por el caso, había suministrado información a la embajada estadounidense en febrero del 2014, para aventajar a las compañías Exxon Mobil y Conoco Phillips, respecto a la disputa legal que sostienen con PDVSA por el caso Cerro Negro (11). Así pues, las investigaciones realizadas por el Direccion General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) apuntan a que la junta directiva de la subsidiaria de PDVSA fungía como facilitadora de las estrategias desestabilizadoras de las multinacionales petroleras norteamericanas para posicionar sus intereses en el país.

El forcejeo imperialista y la situación en PDVSA

En días recientes, el Presidente de la República, Nicolás Maduro aseguro que se detectaron vínculos entre las mafias petroleras y la embajada estadounidense, donde se planeaba impulsar un paro silencioso en la industria del crudo. Maduro comento al respecto: “Hicimos una investigación y descubrimos un desastre. Traían barcos desde afuera y los llenaban por completo y cobraban con cuentas propias en el extranjero, son unas mafias, traidores” (12). Los posibles móviles de tales injerencias, descubiertas en varias de las tramas investigadas, no solo responden a la conocida necesidad del imperialismo de desestabilizar al gobierno bolivariano para precipitar su caída. La presencia cada vez más nutrida de capitales chinos y rusos en las explotaciones petroleras venezolanas es otro factor de relevancia a considerar.

La apertura hacia la inversión de empresas energéticas chinas y rusas en territorio venezolano, por parte del gobierno bolivariano, materializada en un sinnúmero de convenios y acuerdos bilaterales, ha tomado un impulso decisivo en los últimos años. A raíz de los problemas de caja que ha venido enfrentado el país, las autoridades venezolanas han recurrido al otorgamiento de importantes concesiones a empresas como la rusa Rosneft y la china CNPC, acreedoras de parte de la deuda nacional, con el objeto de obtener nuevos préstamos y flexibilizar las condiciones de los pago de los ya contraídos. En este sentido, el gobierno ha facilitado: el crecimiento en la participación accionaria de ciertas empresas en las asociaciones mixtas, como en el polémico caso de Rosneft con Petropiar; ventajas para la inversión petrolera en territorio venezolano, como la reciente firma de acuerdos para la reactivación de 800 pozos con la petrolera CNPC en la Faja Petrolífera del Orinoco; el acceso a instalaciones de extracción y refinación, con enormes réditos, a través de inversiones para el mantenimiento de algunos centros; entre otras.

Tal situación ha prendido las alarmas del imperialismo yanqui, ante la posibilidad de seguir compartiendo terreno con competidores, dentro del territorio que cuenta con las mayores reservas petroleras del planeta. Esto quedó patentado en mayo pasado cuando un grupo de senadores de EEUU, en respaldo de la ofensiva insurreccional de la derecha venezolana, aprobaron un decreto de sanciones y medidas contra funcionarios del gobierno venezolano, en donde también aprovecharon para solicitar a su presidente, Donald Trump, que se asegurara de emprender medidas pertinentes para impedir que Rosneft pudiera tomar control sobre instalaciones petroleras estadounidenses en Venezuela.

Aunque debe señalarse que las operaciones de sabotaje a la producción petrolera mediante la captación de altos ejecutivos de PDVSA, por parte del imperialismo estadunidense, no es un problema de data reciente -recordemos la vinculación del ahora ex-Presidente de CITGO con la embajada de EEUU-, éste se intensificó en los últimos meses, a través de múltiples robos de material estratégico reportados y la paralización forzada de actividades en un número importante de pozos explotados, y en condiciones extrañas. Trabajadores de PDVSA nos han corroborado la existencia de una especie de paro silencioso en la industria, motorizado desde la alta gerencia, que no solo se limita a las filiales envueltas en las tramas investigadas.

Se presume que la trama de sabotaje registrada en Petrozamora, pudiera obedecer a un plan organizado desde EEUU, dirigido a boicotear los convenios en materia energética suscritos entre Venezuela y Rusia. Las investigaciones llevadas a cabo por la DGCIM apuntan a que los acusados, aparte de operar en base a tales propósitos, también traficaban información sobre la industria petrolera nacional, a cambio de legalizar propiedades de dudosa procedencia en territorio estadounidense.

Ahora bien, aunque reconocemos el papel que el imperialismo norteamericano ha desempeñado en la situación interna de PDVSA, es necesario señalar que la frágil situación financiera que presenta la compañía es el factor de primer orden que nos permite explicar los problemas de producción y operatividad registrados en muchas filiales. La situación donde PDVSA vende al Banco Central de Venezuela (BCV) un gran porcentaje de las divisas que obtiene a tasas de cambio sumamente bajas, en relación con los costos internacionales sobre los que se basan los intercambios con sus proveedores; combinada con la merma y débil recuperación de los precios del crudo; han resultado en enormes restricciones en cuanto a liquidez, que por un lado, precipitaron los niveles de endeudamiento de la empresa, y por otro, limitaron las posibilidades de efectuar inversiones para el mantenimiento y mejoramiento de instalaciones. Todo lo anterior, ha determinado los problemas de producción que ha enfrentado PDVSA en los últimos años, motivo por el cual se han suscrito convenios con empresas petroleras procedentes de muchas latitudes -especialmente rusas y chinas-, para que realicen las inversiones respectivas y aumenten su presencia en el país, que, gracias a su gobierno, les ofrece innumerables posibilidades de obtener jugosas rentabilidades, aparte de los cuantiosos pagos de deuda.

Ante la proliferación de inversiones y presencia de China y Rusia en el negocio petrolero venezolano, no es descartable la posibilidad de que representantes de las empresas de ambos países, hayan ejercido ciertas presiones al gobierno venezolano para que procediera a investigar una parte del escándalo de corrupción que les afecta, y de este modo, hacer sus negocios en mejores condiciones.

Las detenciones de Nelson Martínez y Eulogio Del Pino

En horas de la madrugada del jueves 30 de noviembre, fueron detenidos los ex-Presidentes de PDVSA y ex-Ministros de Energía y Petróleo, Nelson Martínez y Elogio Del Pino, por haber sido partícipes en algunas de las tramas de corrupción reveladas.

El arresto de Martínez se habría producido luego que los directivos de Citgo detenidos recientemente, lo acusarán de haber estado al tanto de la operación de endeudamiento de la filial norteamericana de PDVSA, presuntamente no autorizada por el gobierno nacional. Los cargos que se le imputan al exfuncionario son: concierto de funcionarios públicos con contratistas, peculado doloso propio, legitimación de capitales y asociación.

Por su parte, las causas que se le siguen a Del Pino son: peculado doloso, concierto de funcionarios con contratista, incumplimiento al régimen de seguridad de la nación, asociación, uso indebido de sistema de información y daños a la industria petrolera. Según palabras del Fiscal General, todos estos cargos obedecen a su presunta vinculación, tanto con los actos de sabotaje registrados en Petrozamora, como con la alteración de cifras de producción petrolera, durante su gestión en la Dirección Ejecutiva de Exploración y Explotación de PDVSA – Punta de Mata (caso PDVSA – Oriente) , entre 2014 y 2017 (13).

Una vez se conocieron las detenciones de estos altos funcionarios, fueron difundidos a través de la cuenta de twitter de Del Pino, dos vídeos grabados antes de su captura, donde señala que un posible arresto de este supondría un ataque injustificado contra la industria petrolera (14). En las grabaciones comentó que ante los rumores de su posible aprehensión, preguntó al Presidente de la Republica sobre la veracidad de los mismos. Según Del Pino, Maduro le respondió que no cayera en la guerra psicológica de quienes han traicionado a la revolución y destruido la industria petrolera.

La renuncia de Rafael Ramírez

El día 5 de diciembre Rafael Ramírez anunció su renuncia del cargo como Embajador de Venezuela ante la ONU, por petición previa del presidente Maduro. El exdiplomatico, que también ocupo los puestos de Ministro de Energía y Petróleo (2002 – 2014), la Presidencia de PDVSA (2004 – 2014) y la Vicepresidencia para el Área Económica del poder ejecutivo (2013 – 2014), mantenía una vinculación cercana con los ya mencionados: Eulogio Del Pino, José Pereira, y sobretodo Diego Salazar (quien es su primo hermano), ahora detenidos por su responsabilidad con las tramas de corrupción en curso de investigación.

La renuncia de Ramírez se produce tras polémicos dimes y dientes entre el exfuncionario, quien a raíz de todos estos hechos, había salido en defensa de su gestión a la cabeza de la industria petrolera; y reconocidos líderes bolivarianos, como la diputada a la Asamblea Nacional Constituyente, Iris Varela, que ha respondido mediante una carta (15) donde acusa al exministro de promoción y encubrimiento de varios de los directivos de PDVSA, hoy detenidos.

Es sabido el distanciamiento que Ramírez venia manifestando desde hace años con respecto a sectores de la dirigencia bolivariana, como resultado de pugnas entre parcelas políticas dentro del gobierno, que se expresaron en su momento, a través de diferencias en cuanto al manejo de la economía nacional. Durante su gestión al frente de la Vicepresidencia para el Área Económica, éste abogaba implementar medidas como: la desregulación del control cambiario, el emprendimiento de una nueva política tributaria y el impulso de mayores estímulos al capital nacional y foráneo. Tales aspiraciones no prosperaron debido a la negativa de ciertas fuerzas dentro del aparato, que en palabras del exdiplomatico, «siguen allí». Esto lo refirió en una carta titulada «La tormenta» (16), donde además planteo una serie de críticas hacia la gestión de Maduro respecto a la grave crisis que hoy enfrenta el país.

A todas luces, estas fricciones entre marcadas tendencias de la dirigencia bolivariana, suponen otro factor en la ecuación a considerar de cara al análisis sobre el escándalo de corrupción que hoy sacude a la industria petrolera venezolana. En virtud de lo anterior, podemos inferir que tras bastidores se libra una disputa entre sectores de la burocracia por el sostenimiento de posiciones de poder, así como por el manejo de la importante renta petrolera, principal fuente de riquezas para Venezuela. Como dato no menor, debemos mencionar el nombramiento del Mayor General Manuel Quevedo como nuevo ministro de Energía y Petróleo, y presidente de PDVSA. De esta manera la importante influencia militar, de vasta presencia dentro de las diferentes carteras gubernamentales, se refuerza, ahora con uno de sus representantes a la cabeza de la gestión de la industria del crudo venezolano.

Sobre la corrupción

En primer lugar hay que señalar que la corrupción es un fenómeno frecuente en todas las naciones de planeta, independientemente de las diferencias culturales, religiosas y de regímenes políticos presentes. La intelectualidad burguesa, con sus torpes divergencias en cuanto a matices superficiales, ha tratado de construir explicaciones sobre esta materia que tratan de perfumar la podredumbre del orden social capitalista al cual se deben.

Usualmente se suele pensar que el flagelo de la corrupción comprende un problema puramente estatal, asociado a una alta concentración de burocracia. Tales creencias, en parte son fomentadas por sesudos analistas ultraliberales, en su intento permanente de presentar lo público como corrupto y lo privado como honrado y ejemplar, y de esta manera convencer sobre la necesidad de emprender políticas de privatizaciones, que vayan aminorando el papel del estado en la economía.

A raíz del estallido y desarrollo de la crisis mundial del capitalismo en 2007, buena parte de esta argumentación ha quedado sepultada por la realidad, la cual demostró cuan necesarios son los aparatos estatales capitalistas para el sostenimiento del sistema. Gracias a las llamadas «burocracias corruptas», enormes cantidades de recursos públicos fueron destinados al rescate de los grandes bancos, en gran número de países. Después de dichos episodios no ha quedado piedra sobre piedra respecto a los mitos referentes a la necesidad de «reducir el tamaño del estado». Así mismo, las constantes apelaciones a la «honradez de la iniciativa privada», no son más que simples quimeras, siempre sumergidas entre la escoria de los frecuentes escándalos de corrupción, que permanentemente sacuden desde las grandes corporaciones, hasta las empresas más pequeñas.

Por otro lado, existen grandes maestros de la moralidad, que tratan de explicarnos que la corrupción es el resultado de «desviaciones éticas» de ciertos individuos, y que solo basta con que «los deshonestos» sean sustituidos para resolver el problema. Lo que este punto de vista no precisa, es por qué el mal no deja de aparecer, a pesar de los constantes cambios y rotaciones que sufren las estructuras estatales y corporativas. Ante esta situación, se preguntan ¿Es que los seres honrados están en peligro de extinción o no está de moda hacer el bien?

Así mismo, nunca faltan los que desde un falso realismo -muchas veces fundamentado por toda clase de teorías acientificas-, señalan que la corrupción yace en la propia naturaleza de la humanidad, incluso llegando a afirmar que ésta podría estar condicionada genéticamente. Claramente, la profunda incomprensión de algunas personas sobre los condicionantes materiales surgidos de determinadas relaciones de producción, que influyen decisivamente en el accionar colectivo e individual de los hombres y mujeres en la sociedad, los lleva a sacar conclusiones erradas sobre el comportamiento humano.

Ante tales opiniones debemos señalar que la corrupción es inherente a toda forma de sociedad dividida en clases, castas o estamentos, donde un reducido grupo de privilegiados tiene la potestad inescrutable de manejar recursos vitales para la población, como consecuencia de las posibilidades que ofrece la propiedad sobre éstos, o bien a través de los estados. La propiedad sobre los medios de producción y las ventajas materiales que ofrece el poder estatal, supeditado a los intereses de una minoría, son factores corruptores de primer orden. En este sentido, en las sociedades signadas por diferencias de clases -como el capitalismo- o de castas -como las caricaturas burocráticas disfrazadas de socialismo-, la corrupción es la norma y no la excepción.

Los aparatos estatales constituidos sobre bases capitalistas se ven envueltos en la dinámica de corrupción inherente al propio sistema, ya que éstos se deben a los intereses político-económicos de la burguesía y el imperialismo. La competencia entre sectores del empresariado por hacerse de mercados, contratos, ventajas y beneficios, propician el otorgamiento de comisiones o sobornos a los funcionarios del estado, a cambio de toda clase de favores. Los casos de corrupción asociados a Odebrecht y a la Faja Petrolífera del Orinoco, constituyen claros ejemplos de ello.

Por otro lado, los estados capitalistas, a pesar de que responden a intereses y presiones de clases, mantienen ciertos niveles de autonomía -determinada por la situación de la correlación de fuerzas sociales- que los sitúa por encima de la sociedad. Este factor impide que los ciudadanos puedan ejercer controles reales al desempeño de las burocracias, facilitando de este modo las posibilidades objetivas de que surjan manejos irregulares en el erario público y las empresas nacionalizadas. Así pues, toda esta dinámica corrupta, influye decisivamente en el carácter subjetivo de las llamadas «desviaciones éticas» de las personas, lo que confirma la absoluta corrección de expresiones de Marx, como: «no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que el ser social determina la conciencia», y «la vida determina la conciencia».

Debe destacarse que usualmente los estados capitalistas financian sus actividades gracias a los impuestos aportados por sus ciudadanos. En Venezuela, al igual que en el resto de países que presentan economías rentistas, el aparato estatal, al ser propietario de la industria petrolera, se financia primordialmente de la captación de divisas producidas por la venta, en el mercado mundial, de un recurso que procede de la riqueza de nuestro subsuelo y no del trabajo social, en interacción con las fuerzas productivas. Esta situación le brinda a los gobiernos cierta autonomía financiera respecto a sus ciudadanos, que al combinarse con el enorme peso de la renta en la economía -96% de los ingresos nacionales provienen del petróleo-, la atrofia del aparato productivo nacional -fruto del parasitismo de la oligarquía criolla-, el abultado volumen de burocracia estatal -que existe como compensación de lo anterior-, y el secretismo en las asignaciones de recursos -propio de los estados burgueses-, resulta en desproporcionados niveles de corrupción estatal, la cual juega un papel clave en el desempeño económico, en comparación con otros países.

Sumado al escándalo que hoy sacude a la industria petrolera; gracias a la complicidad de funcionarios del estado burgués venezolano y sus podridas instituciones, como Cadivi, el control de cambios, que originalmente se estableció con el fin de parar la enorme fuga de divisas, se transformó en un mecanismo de transferencia de riqueza nacional, de manos del Estado, a las cuentas bancarias de la burguesía y un gran número de burócratas corruptos. Estudiosos estiman el robo en cifras que van desde los 160.000 a los 300.000 millones de Dólares, durante todo el periodo que comprende los dos últimos boom´s petroleros (2004-2008 y 2010-2014), que indudablemente hubieran servido (potencialmente) para aminorar los terribles efectos de la crisis económica que atraviesa el país en la actualidad. Para los que sostienen que esto no se habría producido si otra fuerza política (de derecha) hubiese gobernado nuestra nación en dicho periodo, debemos recordarles que durante los últimos 25 años de la cuarta República, la fuga de divisas, por motivos similares, registro cifras situadas en alrededor de los 300.000 millones de Dólares aproximadamente ¿Se podría esperar algo distinto de las viejas y nuevas caras herederas de aquel legado?

La conclusión a la que debemos arribar, es que no hay bonanza suficiente que resista a la voracidad, tanto de la oligarquía criolla, como de las burocracias de paso en el aparato estatal venezolano. Mientras pervivan las relaciones de propiedad burguesas y el estado capitalista a su servicio, nuestra nación estará condenada al atraso, la dependencia y a la constante dilapidación de riquezas para beneficio de unos pocos. La verdadera batalla contra la corrupción solo se puede librar arrebatando las palancas de la economía (industrias, bancos, latifundios, comercio exterior) de las manos de la burguesía, el imperialismo y los terratenientes, para instaurar una economía planificada, bajo control democrático de la clase trabajadora organizada, como primeras condiciones para el entierro de las relaciones sociales capitalistas y su acolito el estado burgués.

Dada su importancia para la economía del país, PDVSA intervino en muchos ámbitos de la vida nacional, fuera de la actividad petrolera. Las investigaciones que se desarrollan amenazan con salpicar a innumerables personajes, de los espacios más variados. Sin embargo, sabemos que por encima de cualquier averiguación privará el interés de algunas parcelas políticas, con presencia destacada en altas instancias de gobierno. Tales intereses delinearan los límites del proceso anticorrupción que se lleva a cabo en Venezuela, imponiendo la tónica tradicional de encubrimiento y amparo a cierto número de implicados apadrinados o en posiciones dirigénciales de gran importancia. En este caso, es el propio estado burgués quien se juzga a sí mismo, y en consecuencia no podemos esperar que la ofensiva emprendida por el MP llegue hasta los últimos resultados.

Una verdadera auditoria sobre la maraña interminable de irregularidades, tanto en PDVSA, como en el Estado, solo puede encausarse bajo la dirección de la clase obrera, que en el caso de la industria petrolera, seguramente tiene muchas cosas que decir. Para ello nos urge la organización inmediata en consejos de trabajadores, en cada planta, fabrica y centro de trabajo, como primer paso hacia la creación de un poder que sea capaz de derrumbar las corruptas estructuras hegemónicas burguesas y avance hacia la instauración de un modelo de justicia plenamente revolucionario.

El espíritu de las memorables jornadas que protagonizaron los trabajadores petroleros durante el paro-sabotaje de 2002 y 2003, retumba ante el funesto panorama que hoy vive la principal industria del país. Fue el control obrero de PDVSA el factor clave que derroto las pretensiones desestabilizadoras de la rancia directiva proimperialista de aquel entonces. A pesar de que dicha combatividad fue sofocada desde arriba en los años siguientes, el ejemplo de aquella gesta espera ser evocado nuevamente. Es hora de que el proletariado petrolero despierte y haga sentir su voz. La organización en consejos de trabajadores para la retoma del control de la industria, será la única garantía de emprender una verdadera lucha contra la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia. De este modo, los obreros de esta rama orientarán el rumbo a seguir para el resto de la clase trabajadora nacional, de cara a encarrilar el proceso revolucionario hacia la transformación radical de la sociedad.

Notas

[1] https://www.aporrea.org/energia/n314141.html

[2] http://www.laiguana.tv/articulos/72574-pdvsa-desfalco-detenido-casa-por-carcel

[3]http://eltiempo.com.ve/2017/11/30/corrupcion-en-petrozamora-produjo-perdidas-de-15-millones-de-barriles-de-crudo/

[4]http://vtv.gob.ve/investigan-17-empresas-en-anzoategui-vinculadas-con-desfalco-a-la-faja-del-orinoco/

[5]http://www.panorama.com.ve/politicayeconomia/Saab-Detuvimos-11-personas-vinculadas-a-desfalcos-en-Petrozamora-y-Faja-del-Orinoco-20171026-0063.html

[6]http://globovision.com/article/fiscal-general-se-estan-realizando-nuevas-detenciones-por-corrupcion-en-pdvsa

[7]http://www.eluniversal.com/noticias/politica/detenidos-funcionarios-pdvsa-oriente-por-corrupcion_677527

[8] http://www.cuentasclarasdigital.org/2017/12/mp-estima-en-4-200-millones-de-euros-blanqueo-por-caso-andorra/

[9] http://www.cuentasclarasdigital.org/resumen-2015-escandalo-de-banca-privada-de-andorra-destapo-red-de-corrupcion-en-pdvsa/

[10] http://historico.prodavinci.com/2017/11/21/actualidad/tarek-william-saab-imputara-a-6-directivos-de-citgo-por-presunta-corrupcion-monitorprodavinci/

[11] http://www.noticiascandela.informe25.com/2017/11/funcionarios-de-citgo-detenidos.html

[12] http://noticiaaldia.com/2017/11/1350832maduro-sobre-corrupcion-en-pdvsa-hicimos-una-investigacion-encontramos-un-desastre/

[13] http://albaciudad.org/2017/11/fueron-detenidos-eulogio-del-pino-y-nelson-martinez-por-presunta-corrupcion-en-pdvsa/

[14] https://twitter.com/delpinoeulogio?lang=es

[15] https://www.aporrea.org/actualidad/a255796.html

[16] https://www.aporrea.org/energia/a255413.html