La firma del decreto de “indulto” por parte de Presidente Maduro el pasado 31 de agosto, donde se excarcela y se suspenden los procedimientos judiciales a 110 actores políticos de la oposición de derecha venezolana -entre ellos 27 diputados de la Asamblea Nacional-, resulta de las evidentes negociaciones entre los distintos factores nacionales e internacionales implicados en la situación venezolana, y por tanto, del interés y la apuesta particular de cada uno de ellos, en el marco de las venideras elecciones parlamentarias de diciembre.

Tras el fracaso del plan imperialista en 2019 y demostrada la imposibilidad de EEUU para intervenir militarmente a Venezuela, la apuesta de la Unión Europea (UE) de encausar una “salida negociada” tomó fuerza. El alto representante europeo para la política exterior, Josep Borrell, expresó en Twitter que el decreto de indulto de Maduro representa una “buena noticia y una condición sine qua non para seguir avanzando en la organización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes”.

Turquía, de la mano de la UE, también jugó un papel en las negociaciones con las partes nacionales, donde analistas aseguran que el canciller de dicho país se reunió con Henrique Capriles y Stalin González en su ultima visita a Caracas.

La inclinación de estos actores internacionales a la estrategia de Capriles, quien plantea la participación de sectores de la oposición pro-imperialista en las elecciones parlamentarias –posibilidad negada por la fracción pro-Guaidó-, no es casual. La excarcelación de más de un centenar de opositores, a 4 días de la fecha tope para inscribir candidaturas ante el CNE, tuvo como intención hacer posible que buena parte de los indultados decidiera participar en la justa de diciembre, brindando de esta manera legitimidad al proceso. Una vez cerrado el lapso, resta esperar la publicación de las listas para ver si la apuesta turco-europea funcionó.

Detrás de las declaraciones y movidas diplomáticas, para Turquía y varias naciones europeas es una necesidad proteger sus intereses económicos en Venezuela, propiciando un proceso de diálogo entre el gobierno y el sector mayoritario de la derecha nacional. Tales actores internacionales precisan, en lo inmediato, la celebración de elecciones parlamentarias con suficiente reconocimiento internacional, para blindar los negocios y concesiones que Maduro –y su política entreguista- les ha otorgado en los últimos años, en los campos petrolero y minero.  La “seguridad jurídica” demandada por estos países para sus inversiones, requiere la creación de condiciones para una “transición ordenada de poder”, que para los europeos son más urgentes, y para los turcos son necesarias por si su aliado en Miraflores no pudiera sostener el poder en el futuro.

Mientras tanto, en la Casa Blanca, luego de sus sucesivos fracasos en la política de “cambio de gobierno” en Venezuela, se vieron obligados a adoptar la vía del diálogo, cuando en julio enviaron al ex gobernador del Estado de Nuevo México, Bill Richardson, a reunirse con Maduro para gestionar la liberación de los estadounidenses implicados en la “operación Gedeón”. Esta oportunidad seguramente fue aprovechada para negociar las excarcelaciones de opositores que ahora se ha materializado. Sin embargo, la apuesta norteamericana difiere de la que llevan adelante turcos y europeos.

El imperialismo estadounidense no reconocerá los comicios parlamentarios de diciembre, como ya lo han hecho saber. Este sigue apegado a su propuesta de “Transición”, donde invitan a altos funcionarios del gobierno venezolano y a los mandos de las Fuerzas Armadas a crear un consejo de gobierno, “sin Maduro y sin Guaidó”, con plena amnistía a quienes se sumen.

Para Maduro, evidenciar la clara negociación con Capriles, y, en consecuencia, la liberación de los 110 políticos de derecha, ha supuesto la introducción de más divisiones en el seno de la reacción –hoy dividida en al menos 5 fracciones reconocibles-. El llamado de Capriles a participar en las elecciones de diciembre, así como la posible inscripción de candidaturas por parte de varios recién excarcelados –posibilidad cuya concreción está por saberse-, ha terminado de quebrar el bloque de partidos conocido como el“G4”, el cual vio como el TSJ arrebató las tarjetas electorales a las organizaciones AD, PJ y VP, para así adjudicar las mismas a directivas Ad Hoc alineadas a los intereses del gobierno, como la “fracción Clap”.

No es un secreto para nadie que varias de las maniobras del gobierno en los últimos años, han buscado no solo dividir a la oposición, sino también construir una fuerza adversaria derechista, incapaz de amenazar su control del poder y con la cual establecer un pacto de gobernabilidad. Para el gobierno, atraer a su órbita de intereses al sector moderado encabezado por Claudio Fermín, y entregar las directivas de los partidos del “G4” a la “fracción Clap”, no le ha arrojado los resultados que esperaba. Es sabido que los partidos que ahora están en manos de los involucrados en la llamada “Operación Alacrán”, han ofrecido candidaturas a numerosos dirigentes sindicales en todo el país, buscando rellenar las listas electorales a presentar ante el CNE. Tal situación, nos permite dilucidar otra de las posibles razones del por qué Maduro accedió a liberar los 110 políticos opositores.

La ejecución de los “indultos presidenciales” a actores políticos involucrados en conspiraciones golpistas, acciones terroristas y en la desestabilización nacional, ha venido acompañada de la legitima indignación por parte de amplios sectores de la izquierda chavista, quienes observan como el gobierno, en su cálculo político, es capaz de ofrendar impunidad, mientras trabajadores, campesinos y líderes comunitarios, siguen encarcelados por luchar contra la precarización salarial, los desalojos arbitrarios de tierras, la corrupción y contra las desmejoras en los niveles de vida.

Mientras personajes nefastos como Freddy Guevara y Gilber Caro pueden volver a gozar de plenos derechos civiles y políticos, a pesar de sus crímenes, compañeros como Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos siguen injustamente detenidos y sin juicio. Tras 9 años de su injusto encarcelamiento, Rodney Álvarez sigue siendo víctima del retardo procesal y de la putrefacción del sistema de justicia venezolano, por un crimen que no cometió.

La Alternativa Popular Revolucionaria (APR) debe tomar las banderas de lucha por la liberación de todos los trabajadores, campesinos y líderes populares presos por luchar. Esta alianza está llamada a referenciar el sentir del pueblo trabajador, hoy asqueado de la corrupción, la injusticia y la impunidad, propias de la decadente política burguesa tradicional, del sistema de justicia, y en suma, de la descomposición del Estado burgués.

A pesar de las intimidaciones y ataques gubernamentales –como el vergonzoso fallo del TSJ que adjudicó la tarjeta del PPT a la minoría pro-gobierno-, la APR debe marchar al encuentro de todos los sectores populares, de la mano de un programa marxista, para brindar una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo criollo. El 6 de diciembre es el primer tramo de esta lucha de largo aliento.  Claramente ¡hay mucho por hacer!