Hace aproximadamente una semana fueron detenidos 16 trabajadores del Complejo Refinador Paraguaná. La razón de su detención es la misma de otras detenciones de trabajadores petroleros: supuesto “sabotaje”. En este caso, sabotaje a las instalaciones de estas refinerías.

Las detenciones estuvieron, como ya es costumbre, plagadas de irregularidades: Detención arbitraria sin orden judicial, aislamiento e incomunicación con familiares y abogados, traslado a otra ciudad alejándolos de sus familiares; en fin, violación del debido proceso y de los derechos humanos fundamentales. Luego de las detenciones, se nos informó de la liberación de algunos de los 16 trabajadores. Finalmente, a la sede del DGCIM en Caracas fueron trasladados siete compañeros.

Desde el Comité de familiares y amigos por la libertad de lxs trabajadorxs presos, ni negamos ni nos oponemos a que se investiguen los diferentes hechos que ocurran en PDVSA y ameriten una investigación. Sin embargo, las y los trabajadores no podemos aceptar esta manera de proceder por parte del Estado.

Además, estas últimas detenciones confirman la continuidad de la agresiva política de criminalización que lleva adelante el gobierno contra la clase obrera. Con ello, se busca justificar las malas condiciones, mal manejo y mala gestión de la industria, que a su vez han sido producto de la terrible corrupción por parte de las cúpulas que desde el Estado han dirigido la industria los últimos años.

Basta con sólo revisar los hechos ocurridos en este Complejo Refinador para evidenciar esta lamentable política:

En octubre de 2019 la falta de mantenimiento e inversión en la refinería de Amuay provocó una caída notable en la producción de gasolina y diesel. Por ello se exigió a los trabajadores arrancar una determinada planta para la producción de insumos.

A través de varios informes se notificó a todos los niveles de dirección de PDVSA el riesgo de explosión que existía al arrancar la planta sin una debida inversión. No obstante, la respuesta de las cúpulas que dirigen la empresa fue una amenaza contra los trabajadores. De no arrancar la planta los obligarían con la visita de algún órgano policial del Estado.

Al arrancarse la planta se incendió, causando daño al resto de los equipos. La DGCIM detuvo a 6 trabajadores por este hecho, bajo acusación de “sabotaje”. Los compañeros estuvieron detenidos hasta mayo de 2020 en la sede de la DGCIM Paraguaná. Las detenciones estuvieron plagadas de irregularidades: violación del debido proceso y violación de sus derechos humanos.

En septiembre 2020 el ministro de Petróleo justificaba la explosión de una planta en el Complejo Refinador Paraguaná, debido a un supuesto ataque con misil (basta ver las fotos presentadas en la rueda de prensa para saber que no fue así).

Con esto, el Estado justificaba el déficit de gasolina que habría para el último trimestre de ese año. La DGCIM detiene a un ciudadano extranjero, a 8 ciudadanos venezolanos (7 hombres y una mujer, ajenos a PDVSA y en su mayoría taxistas) y a un trabajador de PDVSA con más de 30 años de servicio. Este último es detenido por desmentir la versión del ministro y explicar de forma técnica las razones de la explosión de la Planta.

Nuevamente, las detenciones se realizaron del mismo modo que muchas contra la clase obrera: violación de todos los derechos y principios constitucionales y legales que aplicaban al caso.

Ahora, hace apenas una semana se repite la historia. La ineficiencia y corrupción que mantiene a PDVSA en la situación de peor rendimiento en toda su historia, no ha permitido el arranque de las plantas catalíticas en el complejo, dificultando aún más la producción de combustibles. El Estado, lejos de asumir la verdad, intenta tapar su nefasta gestión y justificar las consecuencias para la industria, con un nuevo ataque contra las y los trabajadores.

Estas acciones sirven no sólo para justificar la terrible gestión de la dirección de la empresa, sino que también es útil para controlar y contener al resto de la clase trabajadora a través del miedo y la coacción. Es una forma de intentar derrotar de antemano las luchas del movimiento obrero petrolero, desmoralizándolo y aterrorizándolo.

Si los trabajadores seguimos permitiendo que se cometan estas arbitrariedades, crecerá aún más la cifra de aproximadamente 200 trabajadoras y trabajadores de PDVSA detenidos. No podemos dejar que la política de ataques, represión y criminalización contra los trabajadores petroleros se profundice. Debemos dar un paso adelante y responder con nuestra movilización y organización.

Aunque nuestra situación como trabajadores es la más difícil en décadas, con el salario más bajo del mundo, violación casi total de nuestros derechos sindicales y políticos, pulverización del seguro médico y demás beneficios sociales, hemos sido nosotras y nosotros quienes hemos mantenido la industria adelante.

Nosotros hemos dado nuestro máximo esfuerzo para superar tanto los ataques que desde afuera ejecutan potencias imperialistas con un bloqueo inhumano, como los lamentables abusos que desde adentro sufrimos, como consecuencia de las políticas de esta nueva élite.

Lamentablemente, los que hoy dirigen la industria petrolera sólo se han sabido aprovechar de las sanciones para enriquecerse y alcanzar un privilegiado estatus económico, a costa del sufrimiento de la clase obrera y del pueblo venezolano en su conjunto.

Debemos estar orgullosos de nuestra condición de clase y de la tarea titánica que hemos llevado a cabo al defender la industria. Por lo tanto, es necesario levantar la frente contra quienes buscan arrebatar todos nuestros derechos. La lucha debe continuar, por la liberación de nuestras y nuestros compañeros detenidos, y por el respeto de todos nuestros derechos y conquistas históricas.

¡Libertad para lxs trabajadorxs presxs por luchar!

¡Luchar hasta vencer!