Continuamos con la publicación del Documento de Perspectivas Nacionales del X Congreso de la sección venezolana de la Internacional Comunista Revolucionaria (ICR). En esta entrega, se presenta un balance de la política de la administración saliente de la Casa Blanca frente a Maduro, se analizan los posibles escenarios que se vislumbran ante la venidera toma de posesión de Donald Trump para su segundo mandato presidencial, se detalla la posición de la ICR frente a las sanciones imperialistas contra nuestro país y se ilustra la situación de la derecha venezolana, tanto antes como después del 28 de julio.
La política del imperialismo estadounidense
Tras la asunción de Joe Biden como presidente de EEUU en 2021, la Casa Blanca desechó la fracasada estrategia trumpista de “máxima presión”, con la que intentó forzar un cambio de gobierno en Venezuela mediante desestabilización, nombramiento de un gobierno paralelo bajo su control, agresión económica y diplomática, amenazas de que la opción militar estaba “sobre la mesa”, llamamientos a un golpe de Estado y una fallida incursión mercenaria en 2020. Desde entonces, adoptó una política que, por un lado, plantea una solución negociada a la crisis venezolana, y por otro, influye mediante chantajes ofreciendo levantar las sanciones a cambio de concesiones políticas para la derecha.
A partir de este cambio de política, el imperialismo ordenó a sus lacayos venezolanos retomar las negociaciones con el gobierno venezolano. Durante los meses de agosto y octubre del 2021, y luego en noviembre de 2022, delegaciones del gobierno y la oposición realizaron 3 rondas de diálogo formal en Ciudad de México, con intermediación de Noruega. Es crucial reconocer que las verdaderas partes en esta negociación siempre fueron Miraflores y la Casa Blanca, siendo la derecha criolla un actor que participó en representación de los intereses de sus jefes en Venezuela y en todo momento dependió de los incentivos o castigos que sus amos podían ofrecer o imponer a Maduro, en relación al tema sanciones. De hecho, Washington siempre mantuvo un canal de negociación directo con el gobierno venezolano. En él se discutió con el emisario de Maduro, Jorge Rodríguez, no solo los pasos a seguir en la mesa de diálogo con la derecha, sino también temas migratorios y el intercambio de prisioneros en varias ocasiones.
Desde inicios de su mandato, Biden fue objeto de presiones por parte de petroleras de su país y Europa en pro a la emisión de licencias que les permitiera operar en Venezuela. Todo este lobby germinó con el estallido de la guerra en Ucrania y la subsiguiente agudización de la crisis energética, que se tradujo en altos precios de los combustibles y la electricidad, repercusiones inflacionarias, recortes en la producción industrial, altos riesgos de recesión en EEUU y Europa, y como resultado, descontento creciente de la clase obrera. Para los imperialistas de ambos lados del Atlántico se convirtió en prioridad conseguir sustitutos a la energía de la sancionada Rusia, por lo que pusieron su mirada en la Venezuela gobernada por el presidente que poco antes intentaron derrocar. En marzo de 2022, una delegación de la Casa Blanca se reunió con Maduro en Miraflores para negociar la política energética binacional y un nuevo intercambio de presos de ambas partes. Meses después, tras la tercera ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición, fue emitida la licencia que permitió la reactivación de operaciones de Chevron.
Sin deponer la totalidad de sanciones, para EEUU se convirtió en una necesidad permitir cierto alivio de la economía venezolana, esperando que se redujera el flujo de migrantes de este país que ahora cruzan a diario y por miles su frontera sur. Aquí es necesario hacer notar como la política de asfixia financiera contra Venezuela, que empeoró la crisis económica nacional, se volvió en contra de los propios intereses de la Casa Blanca. El elevado flujo de migrantes de Venezuela ha agravado la crisis migratoria que hoy azota a EEUU. Sin dudas, este es un factor que pesa en la agenda de Washington con respecto a Venezuela. Maduro, consciente de esta situación, ha amenazado a EEUU con restringir los vuelos de deportación de compatriotas desde el país del norte, usando la tragedia social de millones de venezolanos –siendo sus políticas antiobreras y las medidas coercitivas y unilaterales las principales causas responsables– como moneda de cambio para mezquinos intereses.
El 17 de octubre de 2023, las partes nacionales suscribieron en Bridgetown, capital de Barbados, un acuerdo que prometía la promoción de derechos políticos y garantías electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024. Como parte del mismo proceso, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió varias licencias condicionales que aliviaron algunas sanciones financieras, permitiendo transacciones en diversos ámbitos y la reapertura de mercados petroleros para Venezuela. Estas medidas fueron revocadas en abril de 2024, tras la invalidación de la victoria de María Corina Machado en las primarias de la derecha y la posterior ratificación de su inhabilitación política por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). También contempló la negativa de las autoridades venezolanas a permitir la inscripción de la sustituta elegida por Machado, Corina Yoris. Dichas actuaciones significaron el incumplimiento de los acuerdos de Barbados por parte de la cúpula madurista. Claramente, las negociaciones entre la Casa Blanca y Miraflores se toparon con el límite que Maduro nunca estuvo dispuesto a cruzar: condiciones electorales efectivas que propiciaran su pérdida del poder.
Las arbitrariedades de Maduro y su gobierno no impidieron la continuidad del diálogo directo entre la Casa Blanca y Miraflores, hecho que fructificó en la aceptación de la cúpula madurista de la inscripción de Edmundo González como candidato presidencial de la derecha. En todo momento, y a pesar del evidente autoritarismo de Maduro, llamó la atención la permanencia de la oposición en el carril electoral cuando en el pasado por mucho menos esta no dudó en abrazar la táctica del boicot, en la que siempre fracasó. Por supuesto que tal actuación se debió al estricto cumplimiento de una orden de Washington.
Una vez consumado el fraude electoral, el gobierno estadounidense instó a Maduro a reconocer «los verdaderos resultados» de las elecciones e impuso sanciones personales a 16 funcionarios venezolanos involucrados en el proceso. La Casa Blanca ha advertido que la “comunidad internacional” está atenta a la situación y ha dejado entrever negociaciones para facilitar una salida pacífica para Maduro, quien ha rechazado todas las ofertas de amnistía. Por otro lado, ha mostrado apoyo a la iniciativa diplomática de intermediación impulsada por el gobierno de Brasil, que hasta hoy no ha arrojado ningún resultado.
Recientemente, Maduro llevó a cabo importantes renovaciones en las direcciones ministeriales, militares y policiales, destacando el nombramiento de Diosdado Cabello como nuevo ministro del Interior y Justicia. También se produjo la detención del exministro de Industrias y Producción Nacional y exministro de Energía y Petróleo, Pedro Tellechea, así como de varios “empresarios patriotas” o presuntos testaferros de altos funcionarios maduristas. Como explicaremos más adelante, estos movimientos suponen una suerte de depuración y un atrincheramiento del régimen. Sin embargo, su ocurrencia durante los críticos meses posteriores al fraude indica quiebres internos, desconfianzas, sospechas o descubrimientos de conspiraciones. Sería ingenuo pensar que detrás de alguna conspiración en marcha no esté involucrado el imperialismo estadounidense.
De ser cierta esta presunción, la Casa Blanca estaría intentando provocar un quiebre del régimen y un golpe de Estado, evidenciando una vez más cómo desprecia en los hechos la democracia que tanto cacarea, cuando no puede alcanzar sus fines a través de ella. A través de estas conspiraciones, el imperialismo estaría respondiendo a la gran afrenta que Maduro le ha infligido frente al resto del mundo, que observó cómo el gobierno de un pequeño y empobrecido país petrolero logró burlarse de los acuerdos y de la “política blanda” de la mayor potencia económica, científica y militar del planeta.
Es necesario aclarar que incluso la política más blanda que adopte el imperialismo estadounidense no está exenta de promover golpes de Estado y otras formas de intervencionismo. Una estrategia pragmática y moderada hacia Venezuela nunca implicará un abandono de su objetivo fundamental: producir un cambio de gobierno. Washington requiere un líder de total confianza al frente del país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Además, la Casa Blanca entiende muy bien que Maduro está sometido a la presión de sus rivales geopolíticos, como Rusia y China.
En relación con el tema de las sanciones, es importante señalar que, si bien EEUU reactivó la importación de petróleo venezolano, lo hizo más para enviar un mensaje al mercado energético mundial y como contrapeso al alza de los precios del petróleo, que por necesidades propias de suministro. Aunque el país norteamericano no depende del petróleo que produce Venezuela, tampoco puede prescindir de él tan fácilmente. Reforzar las sanciones con miras a afectar con mayor fuerza la economía venezolana sería, en efecto, señalar al mercado petrolero mundial que habrá menos producción en el futuro, generando precisamente lo que Washington no desea: algún tipo de presión al alza sobre los precios del crudo.
No obstante, debemos advertir que si las decisiones del imperialismo se basaran únicamente en el cálculo económico, sería difícil explicar buena parte de su accionar. De hecho, EEUU y Europa no dudaron en agudizar la crisis energética al sancionar a Rusia tras su invasión a Ucrania. Es cierto que los sectores vinculados a la cadena de refinerías estadounidenses en la costa del Golfo de México cuestionaron en su momento el embargo petrolero a Venezuela e históricamente han abogado por el levantamiento de las sanciones. Esto se debe a que dichas refinerías están acondicionadas para procesar el petróleo extrapesado de Venezuela. Sin embargo, la primera administración Trump emitió las sanciones financieras contra el petróleo venezolano que todos conocemos.
El factor Donald Trump
Recientemente, Donald Trump fue electo nuevamente para liderar la Casa Blanca, contando además con la mayoría del Partido Republicano en el Senado y en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. La derecha en general y María Corina Machado en particular celebran esta victoria. Bien es sabido que la lideresa derechista ha estado históricamente vinculada al Partido Republicano. No obstante, creemos que el retorno de Trump a la Casa Blanca no supondrá automáticamente el regreso a la política de “máxima presión”, como tanto balbucean algunos analistas de derecha.
En el orden de prioridades globales para el magnate y el imperialismo, acabar con la guerra en Ucrania e incidir con más fuerza en la crisis en Medio Oriente ocuparían casi toda la atención de su administración en temas internacionales. De cara a su gestión interna, reducir los flujos migratorios es una de sus principales prioridades; por lo tanto, un endurecimiento de las sanciones contra nuestro país podría agravar el problema migratorio venezolano.
Un hecho significativo arroja luz sobre lo que podría ser la nueva orientación de Trump frente a Venezuela. En 2019, durante su primer mandato, Trump despidió al entonces Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien lo presionaba para que ejerciera la infructuosa política de línea dura contra Maduro. Parece que Trump siempre dudó de las capacidades de la derecha venezolana para derrocar a Maduro. Cuando la realidad le dio la razón, no dudó en romper con quien lo había conducido a una serie de fracasos en su política exterior, perjudicando lo que para Donald es más importante: su prestigio e imagen.
Esto puede indicar que Trump volverá con una política más pragmática hacia Venezuela, aunque con matices diferentes a los actuales. Sin embargo, también creemos que esto dependerá de los acontecimientos en Venezuela, especialmente aquellos relacionados con la toma de posesión de Maduro en 2025. Si el mandatario venezolano logra retener el poder sin sobresaltos importantes, es probable que Trump trate de no arriesgar los avances recientes del imperialismo en el negocio petrolero venezolano. Sin duda, las tensiones en las relaciones bilaterales aumentarán, pero sería un conflicto controlado. Por otro lado, si surgen fisuras serias en el régimen que anuncien su caída –aunque con cierta resistencia–, el imperialismo podría intensificar sus acciones con medidas más contundentes, como revocaciones de licencias y un endurecimiento de las sanciones financieras. En tales condiciones, estas medidas buscarían empujar el derrumbe del madurismo más que comprometer los intereses energéticos estadounidenses en Venezuela.
Consideramos que la opción militar directa no irá más allá de algunas amenazas, dado el inconveniente de emprender una nueva aventura bélica ante el profundo rechazo de la opinión pública estadounidense hacia tales acciones. No obstante, esto tampoco excluye que se aumenten las recompensas por información para una hipotética captura de Maduro y otros funcionarios venezolanos, nuevas incursiones mercenarias, entre otras agresiones. Las amenazas en torno a la conformación de una coalición militar regional para invadir Venezuela luce hoy menos factible que en 2019, ante la nueva correlación de fuerzas latinoamericana y con “gobiernos progresistas” en países fronterizos como Brasil y Colombia.
En conclusión, sostenemos que las actuales condiciones globales, marcadas por conflictos estratégicos de mayor relevancia para el imperialismo Yankee y la crisis energética, influyen significativamente en la continuidad de su política pragmática hacia Venezuela, incluso bajo la administración de Trump. Sin embargo, también consideramos que el desarrollo concreto de la crisis política nacional no excluye cierto endurecimiento adicional de las sanciones financieras, especialmente si se percibe cercana la caída de Maduro. También es muy posible que veamos la típica táctica de Trump: emplear un discurso incendiario para amenazar no con intenciones reales de honrar su devaluada palabra, sino para conseguir un espacio de negociación desde una posición fuerte. Resta esperar qué tan interesado está Trump en el conflicto político venezolano en esta ocasión.
Nuestra posición frente a las sanciones imperialistas
Con la imposición de sanciones financieras al Estado y al petróleo de Venezuela a partir de 2017, EEUU agravó a niveles extremos la precedente crisis del capitalismo rentista nacional. Estas han impedido la renegociación de las deudas del Estado y PDVSA, y la adquisición de nuevo financiamiento internacional por parte de ambas entidades. También se han materializado en el bloqueo a cuentas y recursos en diversos bancos internacionales, afectando la capacidad para financiar importaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
Las medidas sancionatorias contra la industria petrolera resultaron en el bloqueo de importantes mercados para PDVSA y la prohibición de intercambios comerciales con sus proveedores. Por esta razón, para comercializar el petróleo en otros destinos, PDVSA se ve obligada a realizar descuentos de entre 30 y 40% en los precios de los barriles. En 2020, la combinación de las sanciones con la corrupción en el manejo de la industria, mala gestión y desinversión, resultó en un gran desplome de la producción petrolera a menos de 400.000 barriles diarios, es decir, a niveles de 1934.
Esta política ha resultado en la congelación de importantes recursos nacionales, como las 13 toneladas de oro que permanecen en las bóvedas del Banco de Inglaterra desde que el BCV abrió una cuenta de depósito en 2008, en lo que fue en su momento una decisión controvertida. Desde 2018, el Banco de Inglaterra ha rechazado todas las solicitudes del BCV para repatriar estas toneladas de oro, valoradas en aproximadamente 1.000 millones de dólares.
Por si fuera poco, nuestro país está a punto de ser despojado de uno de sus mayores activos estratégicos. La empresa CITGO, una filial de PDVSA en EEUU, ha estado bajo control criminal del gobierno estadounidense desde 2019 y, desde entonces, ha enfrentado un litigio en un tribunal de Delaware que falló a favor de una subasta de la empresa ya realizada. Esta venta forzosa de acciones, que ha señalado como ganador al fondo de inversiones Elliott Investment Management en un proceso aún inconcluso, tiene como objetivo “compensar” a diversas compañías y tenedores de bonos que exigen pagos por expropiaciones en Venezuela y por deudas del gobierno venezolano y PDVSA. Así, empresas demandantes como Crystallex, Siemens, ConocoPhillips y Exxon Mobil buscan vengarse de la política de nacionalizaciones impulsada por Hugo Chávez en su momento. Haber llegado a este punto requirió tanto la política de endeudamiento irresponsable de Maduro, que comprometió las acciones de la empresa, como la intervención del corrupto y falso gobierno interino, cuyas acciones fallidas de supuesta defensa sugieren que jugó un papel cómplice en este despojo.
Desde su implementación, las sanciones financieras contra el Estado venezolano dificultaron el acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos, ya de por sí comprometidos por la crisis, el ajuste y la corrupción. De esta manera, esta política criminal contribuyó con el hundimiento del pueblo pobre a un estado de precariedad extrema, que obligó a millones a huir del país. En esencia, se trata de un miserable medio catalizador del sufrimiento humano para impulsar objetivos políticos.
Con toda nuestra fuerza debemos rechazar la implementación de cada una de las sanciones financieras contra el Estado venezolano y PDVSA, así como el chantaje imperialista en relación a estas. Acompañamos toda exigencia consecuente de levantamiento total de las sanciones, repatriación de los activos de Venezuela, así como justicia y cárcel para todos los cómplices que facilitaron el despojo de recursos vitales para nuestra nación. La política de sanciones constituye una arbitrariedad que agrede la soberanía de los países, y en mayor medida, las condiciones de vida de los trabajadores y pobres.
La derecha
La larga lista de fracasos acumulados por el interinato de Juan Guaidó en sus objetivos de producir un cambio de gobierno desmoralizó, desmovilizó y dividió las fuerzas de la derecha por todo un periodo histórico. Tal situación se agravó con los numerosos escándalos de corrupción que involucraron a los partidos a cargo de este fallido instrumento imperialista. De esta manera, los dirigentes de Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo (el “G4”), se hundieron junto a Guaidó en cuestionamientos y descrédito. Pero de los escombros de la oposición no tardó en emerger alguien que por mucho tiempo permaneció aislada en sus posiciones más radicales. María Corina Machado, que en todo momento criticó la “política blanda” del interinato, comenzó a acaparar el apoyo de la aplastante mayoría de las bases opositoras.
El ascenso vertiginoso de Machado pronto sería percibido por el gobierno, que a través de la Contraloría General no tardó en extender su inhabilitación política hasta 2036 por presuntas irregularidades en sus declaraciones de patrimonio y apoyo a las sanciones contra Venezuela. Lo llamativo de esta medida es que no contempló el más grave crimen cometido por la líder de Vente Venezuela: entre 2019 y 2020, Machado encabezó el coro enloquecido que clamaba por una intervención militar extranjera, un accionar que para cualquier revolucionario o un patriota consecuente amerita cárcel y no una mera sanción política. Además, su inhabilitación no se produjo cuando Machado jugaba un papel divisor en la oposición, sino cuando comenzó a representar una amenaza para el gobierno. De esta manera, podemos afirmar que el cálculo politiquero de la cúpula del PSUV tiene una parte de responsabilidad en el ascenso de Machado como un polo de atracción reaccionario. Este hecho siempre debe ser resaltado.
Machado, al igual que personajes como Trump, Milei, Le Pen, entre otros, ha emergido como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo. La misma se refleja en el colapso del centro político y el reformismo, así como en una creciente tendencia a la polarización social. El desastre de gestión madurista también ha favorecido el impulso de Machado, quien en sus discursos señala estar preparada para “enterrar el socialismo” en nuestro país. En este sentido, defiende un programa económico que, quitando eufemismos, promueve la privatización de todas las empresas estratégicas, la salud, educación y demás servicios públicos, así como la profundización del ajuste capitalista, con una mayor reducción del Estado y la máxima libertad empresarial. Su gran propósito de vida es tomar el poder para desatar la ira revanchista de la reacción –acumulada durante 25 años–, para cobrar a los trabajadores de la ciudad y el campo el haberse atrevido a impulsar una revolución durante la primera década de este siglo.
Con una aplastante victoria en las primarias de octubre de 2023, en la que obtuvo el 92% de los votos, María Corina ratificó su posición como líder indiscutible de la derecha venezolana. Aunque el TSJ suspendió todos los efectos de esta elección, el resultado de la misma obligó a los líderes del G4 a caminar sobre el carril tendido por Machado. La vulneración de los acuerdos de Barbados por parte de la cúpula del PSUV le impidió a esta presentarse como candidata de la derecha a las elecciones presidenciales. En su lugar, y luego de que el gobierno tras reunirse con el imperialismo accedió a permitir la inscripción de una candidatura, endosó su apoyo de masas al entonces desconocido Edmundo González. Durante la campaña presidencial se pudo apreciar su conquista de la calle. Se convirtió en el centro de la campaña sin ser candidata y no permitió que nadie le disputara el protagonismo, ni siquiera el propio González. Para los incautos, todo parecía presagiar una victoria aplastante del candidato de Machado, hasta que el fraude electoral disipó cualquier atisbo de transición sin resistencia por parte de la cúpula del PSUV.
Nuestra postura ante las elecciones fue explicar que la clase obrera no tenía alternativa en las mismas, ni votando por el gobierno burgués y contrarevolucionario de Maduro, ni votando por la derecha reaccionaria proimperialista de Machado.
La emisión de los cuestionados resultados de las elecciones presidenciales y luego la adjudicación de la victoria a Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), fueron respondidos por Machado y González con llamados a la protesta pacífica y “en familia”. Al producirse el levantamiento popular del 29 y 30 de julio, la derecha en pleno se desmarcó de este alegando la necesidad de una “transición pacífica y ordenada de poder”. Con dicha posición exhibieron por un lado su temor a la iniciativa popular, y por otro, las presiones de la patronal Fedecámaras, que estaba inquieta por la continuidad de sus negocios y la integridad de sus propiedades. Esta actuación cobarde por parte de Machado y compañía jugó un papel importante en la desmoralización de los protestantes y el declive de la sublevación de los barrios.
Conforme el gobierno controlaba la situación, desató una ola de detenciones que inició en los barrios y luego alcanzó a dirigentes puntuales de la derecha, como Freddy Superlano y William Dávila. A través de una página web, la oposición ha declarado la victoria de González mostrando más del 80% de las actas electorales, que habían sido resguardadas por sus testigos de mesa. Desde entonces, y luego de varias convocatorias de protesta mermadas por el miedo, el accionar derechista se limita a declaraciones esporádicas emitidas por Machado desde la clandestinidad. En ellas, alude permanentemente a las fuerzas armadas insistiendo en la ilegitimidad de Maduro y a no «avalar un régimen que va de salida”. Intentando encontrar un eco en los cuerpos castrenses, ha dicho: “¿Qué sentido tiene entregar tu carrera por sostener un Gobierno que ya no tiene futuro?”.
Estos mensajes claramente buscan incitar a algún sector de las fuerzas armadas a que lleve a cabo un golpe militar. Ante la reciente renovación del alto mando militar y policial, los mensajes de Machado no pueden ser tomados a la ligera. Como ya lo hemos dicho, debemos presumir que en el seno de los cuerpos castrenses se están gestando conspiraciones promovidas por el imperialismo Yankee. Las declaraciones de Machado no son casuales. Estas pueden estar relacionadas con posibles situaciones internas en los cuarteles de las que ella debe estar al tanto.
Por medio de un acuerdo entre los gobiernos de Venezuela y España, que evidenció la existencia de negociaciones de las cúpulas tras bastidores, se permitió la salida del país de Edmundo González con destino al reino ibérico. Este hecho terminó de desmoralizar al electorado opositor. La misma Machado apoyó y quizás también contribuyó con las gestiones de tan cobarde huida, en parte para exiliar al único elemento que le restaba algo de protagonismo, pero principalmente para encargarlo de las labores de cabildeo internacional, conquista de reconocimiento y denuncia del fraude electoral.
EEUU y numerosos gobiernos latinoamericanos han reconocido a González como ganador de las elecciones presidenciales, al igual que el Congreso de España y el Parlamento Europeo. En los próximos meses seguramente aumentarán los reconocimientos de triunfo para González, aunque estos no produzcan ningún cambio en Venezuela. Sin embargo, creemos que en las condiciones actuales el imperialismo estadounidense y Donald Trump no tienen previsto reeditar la fracasada táctica de un gobierno paralelo, que resultó tan problemática e infructuosa en el pasado.
Hasta el momento, la profundización del autoritarismo y la represión de Maduro mantienen acorralada a la derecha, limitando sus posibilidades de acción. Sin embargo, la situación sigue siendo inestable y cambios bruscos pueden generarse en cualquier momento. Creemos que si emergen fisuras significativas en el régimen durante las próximas semanas o meses, se podría despertar de nuevo la disposición de combate en los barrios y zonas populares. El factor popular es el único capaz de dotar a la derecha de la fuerza necesaria para presionar una negociación favorable con el gobierno o incluso propiciar la caída de Maduro. No obstante, el profundo temor de la derecha hacia las masas populares podría llevarla a intentar frenar nuevamente la iniciativa de los pobres, quienes, si se levantan con contundencia, podrían retroceder ante las vacilaciones de Machado o, en su defecto, hacerla a un lado para completar el trabajo ellos mismos.
Solo nos queda recalcar la profunda tragedia política que representa el hecho de que las masas trabajadoras y populares depositen sus esperanzas en los cuadros políticos de la burguesía tradicional y el imperialismo. Gran parte de la responsabilidad de este estado de cosas recae sobre los hombros de la dirección del PSUV.
Continuará…
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El texto que presentamos a continuación corresponde al Documento de Perspectivas para Venezuela 2025, …
