Las políticas del macrismo tienen una fuerte incidencia en el rumbo de la economía y éstas no deben entenderse únicamente como producto de un concepto político ideológico que sólo tiene como horizonte más y más beneficios mediante un ajuste brutal. El actual proyecto de desmantelamiento de las industrias, a partir de la apertura de las importaciones impuestas por el imperialismo y que el gobierno Macri acepta, acuerda y lleva adelante tan obedientemente, se relaciona también con las necesidades de la burguesía en el contexto de la crisis mundial capitalista desatada en 2008 con la caída del Lehman Brothers en EEUU.
La burguesía no está haciendo otra cosa que reconfigurar el Estado y la economía en función de salvaguardar su tasa de ganancia y descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores.
El hecho de que el sistema capitalista hoy día ha llegado a sus límites está claro. Tarde o temprano el sistema entrará en otra depresión, que destruirá una vez más cualquier esperanza de alcanzar la estabilidad económica o política. Entonces es utópico pensar que por las vías del capitalismo, que es el que justamente condujo al mundo al actual penoso estado, se pueden resolver nuestras necesidades.
La burguesía local, como parte del capitalismo mundial, sólo ofrece ajuste y desigualdad, en cualquiera de sus expresiones políticas.
Los dirigentes reformistas hablan de reformar el capitalismo. Nosotros debemos poner nuestra vista no en reformarlo, sino en reemplazarlo por una economía planificada sin la anarquía y la injusticia del mercado.
Lo que los trabajadores producimos debe ser de los trabajadores. Para enfrentar a Macri, debemos enfrentar al Capitalismo. Por eso mismo, la lucha contra el neoliberalismo debe ser la lucha contra el capitalismo en sí mismo.
La ofensiva contra los DD.HH
Como mencionábamos más arriba la expresión política de la crisis se traduce en una ofensiva en todos los niveles. Por supuesto, las políticas de DD.HH no son la excepción.
La facción que operó en los ’90 que fue la que con la dictadura cívico-militar-clerical del ’76 dirigió el proceso de desmantelamiento del aparato productivo en beneficio de los sectores financieros y de los industriales, es la que hoy se encuentra gobernando. Macri representa a los sectores más rancios de la burguesía.
En este contexto el gobierno de los empresarios en el poder viene utilizando todos los recursos, que la correlación de fuerzas le permite, para hacer retroceder todos los avances en materia de DD.HH.
El macrismo desde el comienzo de su gestión maniobra para desarticular las políticas de memoria, verdad y justicia que se impulsan hace más de 40 años mediante la movilización y la lucha popular.
Con declaraciones negacionistas y desfinanciamiento golpea a las organizaciones de DD.HH que luchan junto a millones de trabajadores y jóvenes por el juicio y castigo a los responsables de la última y más sangrienta dictadura.
Así vimos en mayo del año pasado a la Corte Suprema declarar aplicable el beneficio del 2×1 para las penas de prisión por delitos de lesa humanidad. Esto fue por decisión de mayoría, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. La respuesta popular fue movilizaciones en todo el país, cuyo epicentro se vivió en Buenos Aires donde 550.000 personas desbordaron la Plaza de Mayo y los alrededores.
En diciembre pasado, el TOF 5, el mismo que condenó a 14 años de prisión a Jorge Luis Magnacco, por haber participado de secuestros y torturas en la Esma y haber dirigido siete partos en la maternidad clandestina que allí funcionó, le concedió la excarcelación y lo mandó a su casa
También la ofensiva del gobierno amigo de los represores se ve claramente en el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de enero de este año que señala que más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario.
Un caso emblemático es también el de Miguel Osvaldo Etchecolatz, mano derecha del coronel Ramón Camps e ícono del terrorismo de Estado. Etchecolatz fue condenado seis veces por secuestros, torturas, asesinatos y robos de bebés. El Tribunal Oral Federal 6 lo mandó a su casa pero la movilización popular de los vecinos del bosque Peralta Ramos de Mar del Plata empujó a la Cámara Federal de Casación Penal a revocar el beneficio y enviar al represor al lugar del que nunca debería haber salido: la cárcel común.
En la misma línea, continúan los ataques a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Todo en un contexto de aumento de la represión que derivó en la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y en pleno recrudecimiento de los casos de gatillo fácil.
El objetivo del gobierno es forzar un cambio de paradigma, se intenta borrar la memoria histórica que solo se mantiene viva gracias a la lucha de cientos de miles de jóvenes, trabajadores, estudiantes y obreros. Destrozan la Plaza de Mayo, avanzan contra la Universidad de las Madres. Todo esto lo acompañan de una reivindicación moral y material permanente a las FF.AA. y a las fuerzas de seguridad del Estado, en el ánimo de implementar una nueva legitimación de la represión de la Gendarmería en la calle.
El empresariado en el poder busca seguir aplicando el ajuste puro y duro y está aceitando su bazo represivo para atacar a los trabajadores, sus organizaciones sociales y sindicales de bases y de masas. La masiva y combativa movilización, que se prepara para este 24 de marzo, muestra la formidable predisposición de lucha que anida en los sectores más vivos de la sociedad. Se trata entonces, de direccionar esa fuerza correctamente para derrotar el ajuste.
Un balance necesario
Es la presión popular, que se viene expresando en masivas movilizaciones, la que limita el avance del macrismo que redobla su ofensiva contras las políticas de DD.HH. Pero a su vez, es necesario preguntarnos cómo es que el Gobierno ha conseguido de manera relativamente exitosa hacer retroceder tantos años de avances y conquistas.
La continuidad y resolución definitiva en una mega causa de los juicios de lesa humanidad contra los represores civiles y militares solo va a poder darse bajo una nueva legalidad ya que las limitaciones para depurar el aparato represivo y castigar a todos los responsables de la dictadura no son más que las limitaciones propias del Estado burgués que tiene como finalidad perpetuar la desigualdad, la represión y la impunidad que son inherentes al sistema capitalista.
Los avances que hemos dado en el período anterior al gobierno de Cambiemos han sido importante pero insuficientes ya que no garantizaron el juicio y castigo a todos los responsables militares y civiles del genocidio de la última dictadura, y tampoco aseguraron la depuración de cientos de policías, militares, funcionarios y jueces que actuaron durante la misma y hoy permanecen en sus funciones o caminando libremente entre nosotros, y fundamentalmente no garantizan la cárcel común, perpetua y efectiva de los condenados.
Por todo esto, decimos que no basta con exigir el castigo a los represores, debemos avanzar en el proceso de construcción de una sociedad igualitaria, sin explotación ni privilegios. A la vez que estamos obligados a ejercer la máxima presión para empujar al gobierno a ir lo más lejos que se pueda en los juicios y castigos o en la revocación de los privilegios como sucedió con el caso de Etchecolatz.
Pero no debemos peder de vista que sólo vinculando la lucha por los Derechos Humanos a la lucha por la transformación de la sociedad, basada en un programa Socialista, podremos terminar con el Estado de la burguesía, sus dictaduras y su impunidad.
Un programa Socialista que plantee que un plan de producción común es la única manera de movilizar el colosal potencial de la industria, la agricultura, la ciencia y la técnica en beneficio de la mayoría aplastante de la población y no para el enriquecimiento obsceno de una minoría de empresarios, banqueros y terratenientes como ocurre hasta ahora.
La verdadera democracia resulta cuando podamos hacernos de las palancas fundamentales de la economía del país, de la nacionalización de la banca y del monopolio del comercio exterior. Es decir, poner la economía bajo control de los trabajadores, y discutir la necesidad de la propiedad común de la tierra, los bancos, y las principales industrias.
¿Qué hacer? Construir el partido de la clase
El FIT ha comenzado a transformarse en una referencia entre las masas, favorecido por la inercia de la dirección kirchnerista, dejando en muchos lugares de ser un pequeño grupo para disputar electoralmente codo a codo con la burguesía en muchas provincias.
Pero también es cierto que los explotados no cuentan con un partido de clase que defienda los intereses del conjunto de los trabajadores en el país.
La propuesta de construcción de un partido obrero independiente basado en los sindicatos y su posible participación electoral resulta una tarea para el movimiento revolucionario de primer orden.
Hemos visto que en una primera fase de la historia del movimiento obrero argentino, de su conformación, ligada fundamentalmente a las corrientes inmigratorias de Europa, jugaron un papel primordial en tanto conciencia clasista y socialista. Fueron una serie de factores combinados que dieron la posibilidad del surgimiento del peronismo, eclipsando de manera transitoria la tarea de la construcción de un partido obrero que defienda los intereses de los trabajadores independientemente de las necesidades de la cualquier sector de la burguesía y la oligarquía.
Tal tarea lleva un retraso de más de 50 años. Creemos que es hora de llevar adelante este debate con la vanguardia trabajadora y la juventud. La clase obrera y los trabajadores comenzaron hacer una experiencia con el kirchnerismo que no da respuesta a los problemas cotidianos y nacionales producto de su programa político basado en la conciliación de clases.
Sabemos de las dificultades que la izquierda mantiene con la base que aún abriga ilusiones en CFK, se trata entonces de que la consigna de la construcción de un Partido de Trabajadores abra este debate en términos de una posibilidad cierta de amalgamar a la vanguardia obrera y juvenil de diferentes partidos políticos en esta tarea impostergable.
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