El lunes 27 de abril, el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció, mediante su cuenta en la red social Twiter, un aumento del ingreso mínimo integral (sueldo base más cesta ticket) que pasará de 450 mil a 800 mil bolívares mensuales. Este nuevo ajuste de sueldo, que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de mayo, también plantea incrementos nominales y correlativos a las demás tablas salariales, al sistema de bonos solidarios y las pensiones. Lo que desde el gobierno se anuncia como un nuevo logro en pro a la defensa de los trabajadores y pueblo en general, para los asalariados del país no es más que una simple burla.

En medio de un contexto de aislamiento social preventivo -para evitar la propagación del Covid-19 en el país, la derivada paralización casi total de sectores económicos no esenciales, la escasez nacional de gasolina, la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo, los efectos de las presiones imperialistas sobre el país, las brutales elevaciones en el precio del dólar, la agudización de la inflación y las sombrías expectativas ante la nueva recesión mundial, los trabajadores venezolanos muestran signos de que su aparentemente interminable paciencia está llegando a sus límites. En los últimos días, hemos sido testigos de protestas y pequeños episodios de saqueo, en distintos poblados y ciudades del país. Los móviles de tales incidentes son fundamentalmente: la desbocada alza de precios, la especulación comercial y la corrupción en la distribución de gasolina, por parte de la Guardia Nacional Bolivariana. Voceros del gobierno y el propio Maduro, en sus constantes alocuciones, ni siquiera han hecho mención de dichos acontecimientos.

El pueblo trabajador y pobre de Venezuela, soporta sobre sus espaldas el peso de la decadencia del atrasado capitalismo nacional, que se inscribe dentro de la crisis mundial del capitalismo. Desde hace 7 años, los trabajadores venezolanos han atestiguado el desmantelamiento sistemático de todas sus conquistas históricas y sociales, en medio de episodios de agudización en las tensiones políticas, donde la derecha pro-imperialista no ha cesado en sus intentos de reconquistar el control del Estado, mientras el gobierno de Maduro se ha sostenido en el poder arbitrando entre los antagonismos de clases, aprovechando las divisiones derechistas, así como también el reflujo de masas. Desde 2013, el gobierno de Maduro ha pasado de una orientación zigzagueante, en una primera etapa, a una clara política anti-obrera y anti-popular, mediante la aplicación de un ajuste macroeconómico burgués agresivo y el desarrollo de tendencias represivas y violentas -a través de cuerpos armados estatales como el FAES, CONAS y DGCIM- para imponerlo. En tanto el Ejecutivo desconoce los contratos colectivos, decreta y mantiene montos salariales entre los más precarios del planeta, elimina beneficios y primas de remuneración laboral -a través del memorando 2792- y dirime disputas sindicales mediante despidos y cárcel, a su vez avanza en negociaciones con diversos sectores empresariales, que derivan en más concesiones a los últimos y corrupción.

Devaluación, inflación y bonificación salarial

Esta medida salarial ha sido tomada en un periodo de rápida devaluación del bolívar y repunte agresivo de la hiperinflación, que erosiona los débiles salarios reales en Venezuela. Para el 27 de abril, el promedio del precio del Dólar paralelo cerró en 194.428 Bs, comparable a los 79.990 Bs del 13 de marzo (día en que se comienzan a decretar restricciones a la movilidad social para evitar la propagación del coronavirus). Esto representa una devaluación del Bolívar de un 58% y una apreciación del tipo de cambio (crecimiento en el valor del Dólar respecto al Bolívar) de un 143%. Como consecuencia de lo anterior, los precios de los alimentos y demás productos básicos se dispararon, al punto en que medio cartón de huevos llegó, en muchos comercios, a igualar o incluso superar los 450.000 Bs, equivalentes a un salario mínimo integral anterior al ajuste salarial. Aclaramos que tomamos como base las referencias del dólar paralelo, pues, queramos o no, estas rigen los precios de la economía nacional, algo que el propio BCV reconoce a cada tanto cuando sitúa las tasas oficiales a niveles similares y a veces superiores a los marcadores paralelos. Si bien, en los días posteriores los precios del Dólar han bajado un poco, pensamos que este pequeño retroceso anticipa nuevas alzas inevitables por la expansión monetaria que el gobierno requiere para cubrir sus cuentas en rojo, en un momento en donde los ingresos por exportación de crudo han desaparecido casi por completo. A partir del anuncio de nuevo aumento, el ingreso mínimo integral en Venezuela pasó de 2,31 a unos pírricos 4,11 dólares mensuales. ¡Toda una burla!

Vale aclarar que nos negamos a usar la denominación “sueldo mínimo integral”, por tratarse de una expresión errónea e injusta. Del monto de 800 mil Bs, solo 400 mil corresponden al salario base y la parte restante refiere al bono alimentario, que no incide en prestaciones sociales, utilidades y demás beneficios laborales. De esta manera, vemos que el anuncio de aumento encubre un nuevo retroceso salarial, pues el salario base anterior de 250 mil Bs representaba un 62,5%, mientras que el nuevo de 400 mil Bs equivale solo al 50%. Por lo visto, para el gobierno no es suficiente obligar a los trabajadores venezolanos a sobrevivir con los salarios mas bajos del planeta.

Las constantes devaluaciones del Bolívar no surgen por obra de la manipulación de agentes económicos empecinados en derrumbar a Maduro, como economistas pro-gobierno señalan de manera desvergonzada. El crecimiento en los precios del Dólar reflejan el caos en que se encuentra la economía nacional: buena parte de la burguesía ha fugado sus capitales y ha desmontado el aparato industrial, el bajísimo nivel de las reservas internacionales (6.300 millones de dólares), sumados a la sangría de dólares de la última bonanza petrolera (al rededor de 300 mil millones de dólares) -a favor de empresarios y burócratas corruptos, la caída de ingresos petroleros -sobretodo, por el derrumbe de la producción de hasta un 75% desde 2014- y los brutales efectos de las sanciones imperialistas. Esta situación se ha combinado con políticas monetarias expansivas del gobierno, que aumentan la demanda potencial de bolívares prestos a comprar divisas. Entre las medidas económicas tomadas por el gobierno para atenuar los impactos del necesario aislamiento social, destaca la asunción estatal de las nóminas de las pequeñas y medianas industrias del país. Esta medida solo ha podido llevarse a cabo mediante la emisión de más bolívares sin respaldo en la producción y en las reservas internacionales. Tal inyección de dinero dispara la demanda de dólares, sobretodo de empresarios, quienes intentan despojarse de sus bolívares, lo que acrecienta el precio de la divisa estadounidense.  

Una crisis que se agrava

No cabe dudas que la crisis estructural del capitalismo criollo se hace sentir ante cualquier movimiento. Pensar que ante las actuales circunstancias nacionales e internacionales, se puede hallar una salida a esta dramática situación, dentro de los márgenes del orden económico y social burgués, no es más que una ilusión absurda. El gobierno ahora intenta mostrar a la opinión pública nacional que algo se está haciendo para frenar la especulación, con medidas que todo el mundo sabe que no conducirán a nada. Nuevamente el ejecutivo ha firmado “precios acordados” con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), precisamente los mismos sectores comerciales que han burlado todas las regulaciones posibles en el pasado.

Ya puede observarse la clásica desaparición de los 27 productos regulados de los anaqueles, como mecanismo de presión que luego justifique su posterior aparición, pero a precios que superarán con creces todo lo previamente acordado, con la vista gorda de instituciones como la SUNDDE. Lo hemos dicho en numerosas oportunidades en el pasado, las leyes del mercado capitalista no hacen más que reflejar los intereses de la burguesía en una economía donde esta clase posee la propiedad de los medios de producción. Lo ultimo, es muy bien conocido por los que dirigen el gobierno, quienes luego de unas fotos y grandilocuentes anuncios de nuevos “precios acordados”, se limitan a “dejar hacer” y “dejar pasar”.

Mientras las horas pasan, la zozobra crece. La escasez de gasolina está dificultando el transporte de bienes y alimentos, lo que ya se está traduciendo en escasez. En Caracas, ya se comienza a observar la disminución en el surtido de hortalizas, provenientes sobretodo de los andes venezolanos. Por otro lado, la pandemia del coronavirus y sus impactos económicos globales sobre los migrantes venezolanos, están disminuyendo el envío de remesas hacia sus familiares en el país. Asimismo, cientos de migrantes venezolanos retornan desde Ecuador, Colombia y Brasil, dada la imposibilidad de trabajar ante las restricciones de la movilidad social impuestas en estos países para prevenir nuevos contagios del Covid-19. También, vale señalar que las asignaciones de las cajas de comida CLAP se han tornado cada vez más irregulares. Desde hace varios años, hemos comentado que la emigración de millones de venezolanos, las remesas enviadas por estos, y la entrega de los productos CLAP a millones de familias, han jugado el papel de válvulas de escape, que han permitido que cierto vapor derivado de la crisis social pueda escapar. Como vemos, estas válvulas se están cerrando ante la actual coyuntura, lo que promete acrecentar las presiones sociales internas ante el hambre, una inflación insoportable, la inacción del gobierno y la incertidumbre ante el futuro.

Por un gobierno de los trabajadores

Pensamos que momentos críticos, como el presente, demandan de medidas contundentes y radicales en favor de los intereses de los trabajadores. Obviamente, no podemos esperar mayor iniciativa de un gobierno que no cesa en su intención de seguir administrando la crisis del capitalismo venezolano, sin plantearse en ningún momento trascender a este.

Consideramos pertinente que los trabajadores y el pueblo en general se organicen, en las condiciones actuales, para tomar las riendas de la situación en sus manos. La amenaza del coronavirus es cierta y no puede subestimarse. Pero el hambre que golpea a amplios sectores pobres, tampoco puede pasarse por alto, y mientras no surja ninguna solución a este problema, respuestas sociales anárquicas pueden seguir saliendo a relucir. Posibles estallidos sociales dispersos o generalizados, movidos solo por la desesperación, la rabia y desprovistos de una clara dirección política, pueden tener un carácter caótico, destructivo y estará condenado al fracaso, en tanto no apunte a la transformación revolucionaria de la sociedad.

Las consignas reivindicativas de la clase obrera y sectores populares deben marcar la pauta en toda acción social, realizada por vía virtual -dado el confinamiento- o en la calle. Debemos exigir un salario igual al costo de la canasta básica familiar, como lo establece el artículo 91 de la Constitución. Para financiar tal medida, es necesario que los trabajadores, empezando por los de los sectores esenciales, se organicen en consejos o comités que ejerzan el control obrero, mediante la revisión de los libros de cuenta, que ante las ganancias de los empresarios y comerciantes, seguramente mostrarán la viabilidad del dictamen. Los trabajadores organizados deben tomar las empresas, tanto industriales como comerciales, cuando los patrones se nieguen a acatar tales decisiones. A su vez, urge la creación de comités populares, en los barrios y comunidades urbanas y rurales, para la distribución de los bienes de primera necesidad y la vigilancia preventiva a los comercios, buscando evitar la especulación, la usura y el acaparamiento. Todo establecimiento comercial que especule con los precios o acapare bienes de primera necesidad, debe ser tomado por los trabajadores y el pueblo organizado. Mientras persista la amenaza del coronavirus, es necesario mantener cerrados los sectores económicos no esenciales, donde sus trabajadores puedan devengar su respectivo salario igualado al costo de la canasta básica familiar.

Si bien, sabemos que la escasez de gasolina es un factor que complica toda la situación, también estamos al tanto de que el deterioro operativo de las refinerías nacionales se debe en gran medida a la desinversión estatal (fruto, en primer lugar, del colapso de los ingresos nacionales) y la corrupción de mafias burocráticas que se lucran del negocio importador de combustible y aditivos necesarios para la industria por múltiples vías. Esta es una situación que se repite en todas las ramas de la industria petrolera y de hidrocarburos, donde gerencias miserables ordenan la paralización de operaciones pese a que se cuenta con el personal humano y la materia prima para producir. El móvil es el mismo: importar bienes y materia prima, que fácilmente se pueden elaborar en el país, obteniendo beneficios de tal actividad.

No decimos con esto que las causas de la destrucción de la productividad de industria petrolera y las refinerías obedecen solo a estos elementos (el bloqueo imperialista y la caída de los ingresos nacionales son otros), pero, indiscutiblemente si de la mano de un proceso de reconstrucción socialista, se reemprendiera la producción en las áreas de refinación que la coyuntura demanda y se destinaran los recursos que se emplean para la importación a la inversión productiva en estos espacios, la escasez de combustible podría aminorarse significativamente. Este proceso debe ser conducido por los propios trabajadores organizados en consejos obreros, que vigilen todo lo que entra o sale, las cuentas y toda actividad gerencial.

Estas medidas, aunque presumen ciertos avances, no son suficientes. Todos los consejos o comités obreros y populares deben avanzar hacia la coordinación local, regional y luego nacional, con representantes elegidos democráticamente, revocables en todo momento, y responsables ante las asambleas del pueblo, cuyo papel se oriente a un fin: un gobierno de los trabajadores. Este gobierno obrero debe afianzar las medidas transicionales antes descritas, dirigiendo el poder contra toda clase de oposición oligárquica o del podrido Estado capitalista, dispuesta a vulnerar el nuevo orden social construido sobre la base de los intereses de las mayorías trabajadoras y pobres. En este marco, es necesario fortalecer las milicias bolivarianas, ampliando su rango en todos los sectores urbanos y rurales, dadas las necesidades de la coyuntura y obligándolas a responder a las órdenes del movimiento popular organizado. Las milicias populares ampliadas y repotenciadas, jugarían un papel excepcional en el cumplimiento de las medidas de aislamiento social, bajo estricta supervisión y control de la organización popular.

Este nuevo poder, debe decretar en lo inmediato la creación de un monopolio estatal sobre el comercio exterior, para ahorrar recursos y frenar la histórica sangría de divisas que ha arruinado el país a monos de burgueses y burócratas corruptos. Asimismo, se deben apresar a todos los implicados en la fuga de dólares mediante CADIVI y CENCOEX, así como los involucrados en la destrucción de PDVSA, de la mano de las investigaciones que ya existen, complementadas con nuevos estudios que arrojen mayores datos. Se debe decretar la confiscación de bienes de todos los corruptos. Solo de esta manera, se podría emprender una genuina lucha por la repatriación de los millonarios recursos fugados del país de manera fraudulenta.

Un gobierno obrero tendría el deber de organizar la planificación efectiva de toda la actividad económica y productiva, en función de la reconstrucción del país bajo nuevas bases socialistas. En este proceso, se debería avanzar hacia la expropiación sin compensación de los monopolios, latifundios, toda la banca y el sistema financiero, buscando disponer de todos los recursos necesarios para impulsar un verdadero plan de desarrollo nacional. Obviamente, el éxito de tal iniciativa revolucionaria dependería en buena medida de la situación internacional, por lo que la revolución venezolana no deberá escatimar esfuerzos en empujar hacia la realización de la revolución mundial.

¡Luchemos por salarios equivalentes al costo de la canasta básica!

¡Por la recuperación de nuestras conquistas históricas!

¡Por el control obrero!

¡Creación de comités barriales!

¡Por un gobierno de los trabajadores!