El 4 de septiembre, se celebra el día del empleado público, con el telón de fondo de los peores salarios y la precarización de todos los beneficios laborales que este sector puede recordar.

Si bien es cierto que desde hace años, incluso en tiempos de la cuarta República, habían sectores estatales que venían sufriendo una evidente precarización, otros como los petroleros y servicios básicos (hidrológico, eléctrico y telecomunicaciones) poseían contratos colectivos que contemplaban desde beneficios para poseer vivienda, hasta HCM, con pólizas que cubrían un parto en las clínicas tipo “A”.

Pero en los años 90, la crisis del sector público y su precarización comenzó a hacerse sentir dada la política pro-FMI que adoptaron los gobiernos de turno. Los trabajadores comenzaron perdieron más beneficios, algunos llegaron a ser tercerizados y se les destruyó el salario para justificar la privatización de empresas como CANTV y fracciones de la Corporación Eléctrica.
 
Con la llegada de Hugo Chávez al poder y luego de que los trabajadores derrotaran el paro patronal de 2002-2003, el ánimo de triunfo de la clase obrera —que en parte era alentado por el discurso de Chávez aunque también frenado por la burocracia— llevó a que esta elevara sus niveles de movilización y organización, creándose innumerables sindicatos en la administración publica, incluso en sectores donde nunca habían existido.

A raíz de lo anterior, la exigencia de mejores beneficios y contrataciones colectivas que elevarán el poder adquisitivo de los trabajadores, no se hizo esperar, llegando al punto de que las condiciones laborales en el sector estatal superaban en muchos casos a las de las empresas privadas. Para el año 2017, según cifras extraoficiales, habían 2 millones 800 mil trabajadores públicos.

En los últimos años, el poder adquisitivo de los trabajadores en general, y los públicos en particular, ha ido decayendo, primero, como resultado de la hiperinflación y la permanente devaluación monetaria. En el año 2018, se impulsó la última reconversión monetaria, que venia acompañada de una serie de medidas, como el impuesta por la Oficina Central de Presupuesto y sobretodo la posterior aplicación de un tabulador único para todo los trabajadores, sin importar sus contrataciones colectivas, las cuales fueron desconocidas.

Es así como beneficios que se venían cancelando, fueron pulverizados y hoy solo se toman como bonificación, la prima de transporte, antigüedad, profesionalización y de hijos. Desde entonces, ha habido una merma de las pólizas de HCM, que hoy día solo alcanzan para una caja de pastillas, así como la eliminación de créditos para de adquisición de viviendas para docentes y la atención integral a través del IPASME.

Hoy día, como continuidad y consecuencia de los retrocesos que venimos enumerando, existe una política del poder central, a través del Ministerio del Trabajo, que consiste en frenar la creación de nuevos sindicatos en el sector público, así como la persecución de los dirigentes sindicales. Incluso, se echa mano de toda artículo anti-obrero existente y se tuercen las interpretaciones de las leyes para ilegalizar los sindicatos. No es casualidad la cantidad de dirigentes sindicales presos, con juicios abiertos, solo por exigir los beneficios que le fueron arrestados a los trabajadores.

Todos estos atropellos a los beneficios de los trabajadores se legalizó a través del nefasto Memorándum 2792, el cual justifica la eliminación de conquistas históricas de la clase obrera, bajo la excusas de que el Estado está prácticamente en quiebra para soportar las contrataciones colectivas, pero vemos que a la par se le otorgan créditos, exenciones de impuestos, facilidades y divisas a los empresarios.
 
Es evidente que esta política anti-obrera ha llevado a una deserción masiva en la administración publica. La fuga de talento es evidente y no solo hacia la empresa privada, sino también al exterior, en casos de trabajadores que fueron formados por el Estado para ejercer actividades estratégicas y al renunciar dejaron un gran vacío difícil de llenar. Muchas veces los cargos cualificados son sustituidos con personal que no cuenta con la preparación adecuada. Tenemos casos especiales, como en los sectores salud y educación, donde es preocupante la cantidad de renuncias registradas en los últimos años, que han perjudicado al país y a la ciudadanía en general.
 
Cómo vemos, este 4 septiembre los trabajadores públicos no tenemos nada de celebrar. Por el contrario, hay mucho por lo que salir a protestar:

Debemos exigir salarios dignos, pues hasta nuestra subsistencia está amenazada con sueldos que no llegan a los 3 dólares.

Debemos exigir que se cumpla con la Constitución nacional, que en su articulo 91 reza: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento”.
 
Exigimos que se respeten las contrataciones colectivas que existían antes de la reconversión y que se actualicen a la nueva unidad monetaria.
 
Que se elimine el Memorándum 2792, el cual solo ha traído sufrimiento a los trabajadores en Venezuela  
 
Que se respete la organización sindical, que se acabe la persecución contra los dirigentes clasistas que solo exigen beneficios y mejores condiciones laborales para los trabajadores.

Así como se le concedió sobreseimiento y excarcelación a los diputados derechistas que conspiraron con golpes de Estado, exigimos que se le otorgue la libertad plena a los dirigentes sindicales y trabajadores detenidos.

En la organización de sus luchas, la clase obrera debe construir una nueva vanguardia, capaz de encaminar una salida revolucionaria a la crisis actual. Solo un gobierno de los trabajadores y la instauración de una economía planificada, sobre la base de la nacionalización de las palancas productivas y financieras fundamentales, bajo control obrero, pueden ofrecer condiciones laborales dignas y sostenibles a los trabajadores en general.
 
No quedan dudas que la política del gobierno central es contraria a los intereses de la clase obrera y que la crisis del sistema capitalista solo se le intenta hacer pagar al pueblo humilde, mientras se justifican las privatizaciones y asciende la llamada “burguesía revolucionaria”, a costa del saqueo de las arcas públicas. Es por todo lo anterior, que debemos construir una alternativa revolucionara, para orientar una salida a la crisis estructural del sistema capitalista y que esta la paguen quienes la generaron: los burgueses, terratenientes y banqueros.