El martes 23 de septiembre Panamá fue paralizado por una huelga general de advertencia convocada por el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, organización que agrupa a los gremios sindicales y organizaciones sociales más importantesd El martes 23 de septiembre Panamá fue paralizado por una huelga general de advertencia convocada por el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social, organización que agrupa a los gremios sindicales y organizaciones sociales más importantes del país, incluyendo la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CoNUSI), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y los sindicatos de la construcción (SUNTRACS), de los docentes y del seguro social entre otros. La huelga general de advertencia es el punto más álgido hasta el momento de las movilizaciones masivas y huelgas que se suceden en Panamá desde la destitución del director de la Caja de Seguro Social (CSS) Juan Jované, el pasado miércoles 11 de septiembre.

Al igual que en muchos otros países del mundo el sistema de seguro social panameño se enfrenta a una grave crisis. Siguiendo las políticas de ajuste dictadas por las instituciones financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial, el gobierno panameño está preparando la privatización del mismo como manera de "solucionar" el déficit de la caja de Invalidez, Vejez y Muerte. Sin embargo, la privatización del seguro social sólo sería una "solución" desde el punto de vista de los empresarios, que son, en gran medida, responsables de su crisis por el impago generalizado de sus cuotas al mismo. Desde el punto de vista de los trabajadores sería un desastre. Gestionar el seguro social desde el punto de vista de la lógica del mercado es una receta acabada para recortes de las pensiones, aumento de la edad de jubilación y todo tipo de ataques a la clase trabajadora.

La destitución del director de la CSS, Juan Jované, a pesar de las acusaciones del gobierno de corrupción e incapacidad, se debe a su oposición a la privatización de la entidad y su negativa a presentar un presupuesto "equilibrado" (es decir un presupuesto de recortes). En lugar de eso, Jované presentó un presupuesto que entre otras cosas respetaba los acuerdos alcanzados con los trabajadores de la CSS al finalizar su huelga de principios de este año. La Junta Directiva del CSS se plegándose a las presiones del gobierno y los empresarios se negó a aceptar el presupuesto de Jované y el gobierno procedió a su destitución.

Muy correctamente los trabajadores panameños respondieron con movilizaciones y huelgas a las que el gobierno se enfrentó con los "argumentos" de la policía antidisturbios y las detenciones de dirigentes obreros. Entre los primeros en salir a la lucha fueron la Asociación de Funcionarios de la Caja de Seguro Social que declararon un paro de 48h el mismo día de la destitución de Jované. Al día siguiente de la remoción los trabajadores de la construcción se sumaron a las protestas y se produjeron duros enfrentamientos con las unidades antidisturbios de la policia que ocuparon las instalaciones de la CSS. "Ni en la época de la dictadura militar las unidades de la Policía Nacional ingresaron a las instalaciones de la Caja de Seguro Social (CSS)", gritaban ayer trabajadores y funcionarios administrativos de la entidad, quienes advirtieron que si es necesario poner "sangre en las calles", lo harán con el propósito de defender la autonomía de la institución de salud. Los enfrentamientos se saldaron con la detención de más de 50 trabajadores, entre ellos el dirigente sindical de la construcción Saúl Méndez. Los manifestantes exigían la convocatoria de huelga general a partir del lunes 15. Dos representantes de los trabajadores en la Junta del CSS que votaron en contra del presupuesto Jované fueron declarados persona non grata por los trabajadores. En el caso de Roberto Valencia, representante de los docentes, los sindicalistas están procesando su expulsión del sindicato.

El viernes 12 se celebró una multitudinaria manifestación con más de 50,000 participantes. Los dirigentes sindicales dieron al gobierno un plazo de tres días para reinstaurar al director de la CSS y en caso contrario amenazaron con convocar a la huelga general.

El domingo 14, una asamblea general del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) y la Coordinadora Nacional de Unidad Sindical (CoNUSI) con gran presencia de trabajadores decidió ratificar la convocataria de la huelga general para el 23 de septiembre.

La semana del 15 de setiembre empezó con la convocatoria de huelga indefinida por parte de los 9,500 trabajadores de la CSS y la convocatoria de un paro nacional de 48 horas prorrogable por parte de la Coordinadora Magisterial por la Defensa de la Seguridad Social que aglutina a los gremios de educadores. También los estudiantes de secundaria y de universidad se sumaron a las protestas y los piqueteos con cortes de ruta y manifestaciones. De nuevo el gobierno respondió con represión amenazando con arrestar a todos los que bloquearan rutas y con despedir a cualquier funcionario de la CSS que participara en los bloqueos. También acusó a Jované de querer "desestabilizar el país". El jueves jueves 18, nuevamente decenas de miles de trabajadores se manifestaron a pesar de la lluvia. La marcha fue encabezada por el ya liberado dirigente de los trabajadores de la construcción Saúl Méndez. Ante la amplitud que estaba adquiriendo la protesta el gobierno se vio obligado a declarar públicamente que no había ningún plan para privatizar el seguro social.

Así se llegó a la huelga general del pasado martes, 23 de septiembre. La huelga tuvo un seguimiento masivo con una paralización del 75% en el sector de la construcción, el 95% de los docentes de las escuelas públicas y más del 25% en el sector salud y la empresa privada. En la universidad se produjeron duros enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas de la policía antidisturbios cuando estas bloquearon a los estudiantes para que no pudieran unirse a la marcha obrera.

El gobierno hasta el momento no parece dispuesto a hacer concesiones y los sindicatos ya han anunciado una nueva asamblea general para el sábado para determinar nuevas medidas de fuerza. El ambiente es de lucha. Incluso los educadores de Veragua y Colón decidieron no levantar la huelga después de las 24 horas de la huelga general y criticaron duramente a la dirigencia nacional de los profesores por haber levantado la huelga sin haber recibido respuesta positiva del gobierno y sin haber consultado con las bases.

Esta es una lucha decisiva para los trabajadores y el pueblo panameño que se inscribe en el marco de la resistencia cada vez más generalizada en toda América Latina a los planes de privatización de los servicios públicos y en general a las políticas de los gobiernos capitalistas de estos países. Sólo la lucha organizada y masiva de los trabajadores y el pueblo puede detener los planes de privatización del seguro social, como demuestra el ejemplo de la lucha en El Salvador, dónde meses de movilizaciones y huelgas derrotaron un plan parecido en ese país a principios de este año.

Al mismo tiempo es necesario comprender que estos planes de ajuste y privatizadores no surgen simplemente de la mala voluntad de los gobiernos o la presión del FMI, sino que responden a la lógica de un sistema capitalista que se enfrenta a una crisis aguda y quiere hacérsela pagar a los trabajadores. Por lo tanto la construcción de una organización revolucionaria basada en las ideas del marxismo que sea capaz de dirigir la lucha por la transformación socialista de la sociedad se convierte en una tarea urgente. Solo la abolición del sistema capitalista puede garantizar la defensa de los derechos adquiridos de la clase trabajadora.

26 de Septiembre de 2003.