Hay que decirlo claramente, lo que está sucediendo en Venezuela es un intento de golpe de estado. El 10 de enero se juramentó el presidente Maduro para un nuevo mandato. Había ganado las elecciones del pasado 20 de mayo, en las que un sector de la oposición decidió participar y otro boicotearlas. El 11 de enero, Juan Guaidó, el presidente de la opositora Asamblea Nacional (en desacato desde 2015) desconoce al presidente Maduro y se declara dispuesto a asumir la Presidencia “con el apoyo de las fuerzas armadas, el pueblo y la comunidad internacional”.

Aparte de ser una decisión totalmente ilegal, tomada por un organismo que está en desacato y ademas sin seguir ningún precepto constitucional, el llamado es a las fuerzas armadas a derrocar al presidente electo. Esto tiene un nombre: golpe de estado.

El primero en responder fue el secretario general de la OEA Almagro, uno de los instigadores del golpe que fue más allá de las palabras de Guaidó y declaró que este era presidente (algo que él no dijo). Esto es lo que dijo Almagro:

«Saludamos la asunción de @jguaido como Presidente interino de #Venezuela conforme al artículo 233 de la Constitución Política. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del Pueblo de #Venezuela #OEAconVzla» (https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1083780923026477056)

Claramente Guaidó es más precavido, dice estar dispuesto a asumir la presidencia, pero Almagro, en su obsesión enfermiza por deshacerse de Maduro lo nombra ya presidente.

El secretario de estado de EEUU Pompeo ya había hecho el 10 de enero un llamado parecido a las Fuerzas Armadas a destituir a Maduro, ergo, a un golpe de estado, y además con carácter de urgencia (AHORA):

«EEUU condena usurpación ilegítima de poder de #Maduro e insta a quienes apoyan al régimen, incluidas las fuerzas de seguridad que juraron respaldar la constitución, a que no sigan permitiendo represión y corrupción. El momento para regresar a la democracia en #Venezuela es AHORA.» (https://twitter.com/USAenEspanol/status/1083479532257136642)

En su mensaje golpista, Pompeo hablaba específicamente de la capacidad de la Asamblea Nacional (opositora, en desacato) de ‘recuperar fondos robados’, que se encuentran en los EEUU, es decir ofrecen financiación al golpe:

«La Asamblea Nacional lleva la llama de la democracia en nombre de #Venezuela en estos días oscuros de la dictadura de Maduro. Aplaudimos sus esfuerzos para recuperar fondos robados para el pueblo venezolano.»

La idea es crear un “gobierno paralelo” al que puedan reconocer y sobre esa base forzar un “cambio de régimen”.

El 11 de enero, en llamada telefónica a Guaidó, Pompeo reiteró su apoyo a la Asamblea Nacional como única autoridad legítima, aunque evitó describir a Guaidó como presidente (por ahora) (ver https://medium.com/@USAenEspanol/llamada-del-secretario-pompeo-con-el-presidente-de-la-asamblea-nacional-venezolana-juan-guaidó-af9762733fbb)

El 12 de enero en otra declaración oficial (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2019/01/288441.htm), el Departamento de Estado de EEUU continúa y aumenta su apoyo al golpe en marcha, del que ellos son parte promotora. La declaracion incluye una instrucci’on clara y precisa de “cambio de régimen”: “es hora de iniciar la transición ordenada a un nuevo gobierno”

Entonces, el plan está en marcha. La visita de Pompeo a Brasil para la juramentación de Bolsonaro y después a Colombia y la posterior declaración del cártel de Lima (con la honrosa excepción de Mexico) eran pasos previos necesarios que preparaban este escenario.

El intento de golpe de estado sólo puede tener éxito si logra ganar a un sector significativo de las Fuerzas Armadas o mediante una intervención militar (un gobierno efectivo no se crea declarandolo por Periscope). En última instancia cualquier gobierno se basa en el monopolio de la fuerza para poder hacer efectivas sus decisiones.

Para incrementar las posibilidades de que la FANB se quiebre, la Asamblea Nacional está discutiendo una «ley de transición» en la que se ofrece inmunidad a todos los que salten la talanquera. Según Reuters «El documento de 17 páginas lleva por título ley que «rige la transición a la democracia» e incluye un artículo en el que se acuerda una amnistía para presos políticos y además crearía «incentivos jurídicos» para que funcionarios «civiles y militares» participen en el proceso «de restablecimiento del orden constitucional»» (https://mobile.reuters.com/artic…/…/lta/idLTAKCN1P52HL-OUSLT)

Los servicios secretos de los EEUU han estado trabajando duro en tratar de comprar o chantajear a militares de alta graduación para que encabecen un movimiento contra el presidente electo. En los últimos años ha habido toda una serie de conspiraciones golpistas, sin éxito hasta el momento. El alto mando militar tiene un interés material en el mantenimiento del actual orden constitucional. El gobierno ha entregado a los militares jugosos contratos (a través de la empresa CAMIMPEG y además ha colocado a muchos mandos militares al frente de empresas públicas, una fuente sustanciosa de ingresos legales e ilegales. Pero eso no quiere decir que siempre y en todo momento se vayan a mantener leales. Si ven que hay una posibilidad de que Maduro sea derrocado, sin duda habrá sectores de la alta oficialidad que ante la oferta de inmunidad y preservación del patrimonio estén dispuestos a participar en un golpe de estado o en algún tipo de “transición negociada” (un golpe con otro nombre).

El Washington Post, citando fuentes de los servicios secretos de EEUU, afirmaba que el jefe de las fuerzas armadas Vladimir Padrino, habría pedido a Maduro que renunciara o de lo contrario sería él el que dimitiría.Lo más probable es que esto sea un intento más de intoxicacion por parte de Washington, pero no se puede descartar un escenario de ese tipo en algún momento.

El propio borrador de “ley de transición” (http://puntodecorte.com/wp-content/uploads/2019/01/10E-T-Ley-Marco-del-Estatuto-08-01-19.pdf) de la Asamblea Nacional (en desacato) es explícito acerca de los objetivos centrales del golpe en el terreno político y económico:

“se abolirán los controles centralizados, medidas arbitrarias de expropiación y otras medidas similares…. A estos fines, se sustituirá el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado basado en el derecho de cada venezolano a trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa.”

Es decir se devolverán las empresas nacionalizadas a sus antiguos dueños privados (incluyendo las de telecomunicaciones, eléctricas, SIDOR, cementeras, etc), así como los latifundios. Es de notar que se habla de los derechos de propiedad y empresa, pero no se menciona para nada los derechos de los trabajadores, que van a ser abolidos.

“Las empresas públicas serán sometidas a un proceso de restructuración que asegure su gestión eficiente y transparente, incluso, mediante acuerdos público-privados.”

Es decir, el despido masivo de trabajadores de las empresas del estado y la entrada del capital privado en las mismas, una política de saqueo que ya demostrado ser un desastre en todos los países donde se ha aplicado.

Hay obviamente otros factores en la ecuación. Uno es el propio hecho de que la amenaza, real, de intervención imperialista tiende a unir las fuerzas del chavismo, incluso de los sectores críticos y los desencantados, ante la amenaza externa. El sentimiento, sano, de oposición a la injerencia extranjera es muy fuerte en Venezuela y va más allá del núcleo duro que sigue votando al PSUV.

A eso se añaden las declaraciones bastante fuertes que ha hecho Rusia contra ningún tipo de intervención en Venezuela, que además han ido acompañadas de maniobras militares y la presencia en el país de bombarderos rusos Tu-160, capaces de portar armas nucleares. Desde el punto de vista geoestratégico del conflicto entre Rusia y EEUU, Venezuela es un punto de apoyo importante para Rusia que no parece dispuesta por ahora a dejar perder. Rusia además ha adquirido importantes intereses en Venezuela en forma de contratos petroleros y otros y no parece estar dispuesta a dejar caer al gobierno de Maduro, después de sus éxitos en Crimea y Siria.

Ante estos hechos, no hace falta decirlo, la posición de cualquier demócrata, y por supuesto la de cualquier revolucionario, socialista y anti-imperialista, es la de rechazar esta escandalosa injerencia imperialista y el descarado intento de golpe de estado de la oposición reaccionario.

La Corriente Marxista Internacional ha manifestado por activa y por pasiva que no apoya las políticas del gobierno de Maduro y no llamó a votar por él el pasado 20 de mayo. De lo que estamos hablando aquí es de otra cosa, de si apoyamos o adversamos el intento de golpe de estado en marcha, que de triunfar llevaría a tomar las riendas del poder de manera directa a la burguesía reaccionaria y al imperialismo con efectos que todos podemos imaginar para la clase trabajadora y el pueblo pobre, en Venezuela y más allá.

No suspendemos nuestra crítica al gobierno de Maduro. Pensamos que su política (de conciliación de clase) no solamente es incapaz de resolver la profunda crisis económica, sino que además en muchos aspectos representa un retroceso importante de los logros de la revolución bolivariana, por acción u omisión. Además esta política mina y debilita la lucha efectiva contra el imperialismo, en primer lugar porque desmoraliza las masas obreras y populares que son el baluarte y la fuerza motriz de la revolución, pero además porque se basa en concesiones vergonzosas al capitalismo turco, chino, ruso y también estadounidense y francés (veánse los más recientes contratos petroleros suscritos con EREPLA y Maurel and Prom)

Pero todo eso no significa de ninguna manera tener una postura ambigua ni neutral ante el golpe de estado en marcha, al contrario, de manera clara y enfática nos oponemos enérgicamente. Y además avanzamos el programa que pensamos que es necesario para combatirlo de manera efectiva: la expropiación de todas las empresas multinacionales de los países implicados en el plan golpista y de todos los capitalistas que lo financian y lo alientan; el armamento general del pueblo y el fortalecimiento de las milicias; el control obrero y la contraloría revolucionaria a todos los niveles para combatir a la quinta columna burocrática reformista y vende-patrias; la entrega de los latifundios a los campesinos organizados y de las fábricas ociosas o semi-paralizadas a los trabajadores para levantar un plan nacional de producción bajo control obrero que empiece a satisfacer las necesidades inmediatas de las masas; el repudio inmediato y total del pago de la deuda externa; un llamado a la clase trabajadora y los pueblos del mundo a defender la revolución bolivariana contra la agresión imperialista.

¡NO PASARÁN!