El 14 de enero, el presidente de la República presentó un conjunto de anuncios económicos ante la ANC, luego de exponer su informe de Memoria y Cuenta 2018 y las metas del plan de la Patria 2019 – 2025. En medio de la peor crisis económica afrontada por Venezuela en su historia -y una de las más severas que haya golpeado a algún país latinoamericano, las decisiones presentadas por Maduro, en líneas generales, no plantean variaciones significativas en la contradictoria política que se ha implementado desde agosto pasado. Mientras la tormenta política actual, que envuelve al gobierno y a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora), amenaza con profundizarse, la posibilidad de una salida al presente caos económico y social no se ve por ningún lugar.

Conviene analizar, aunque sea de modo breve, elementos del discurso presidencial y algunas de las medidas más importantes anunciadas, despojando de eufemismos y retóricas trilladas lo que se esconde detrás de iniciativas no declaradas, ajenas a los intereses de los trabajadores. Ante todo, la verdad es revolucionaria. Por más cruda que ésta sea, los revolucionarios debemos presentarla de manera clara, abandonando cualquier ilusión o expectativa infundada. La realidad es que el Programa de Recuperación y Prosperidad Económica (PRPE) lejos de brindar alguna solución coherente a la crisis, no puede más que profundizarla. El mismo comprende medidas de liberalización de los mercados, en favor de los capitalistas y otras de orden social paliativo, que van en direcciones opuestas las unas a las otras. Las nuevas decisiones decretadas siguen la misma senda.

Un discurso alejado de la realidad

En la presentación de la Memoria y Cuenta del año 2018 y los objetivos del Plan de la Patria 2019 – 2025, Maduro asombró al país con datos poco creíbles y el planteo de altísimas expectativas para el nuevo periodo constitucional, que no se corresponden con el marco de posibilidades que ofrece el decadente capitalismo venezolano. Esto lo hizo, omitiendo, primero, datos relevantes referentes a las tasas de inflación, estado del PIB, déficit fiscal, desempleo, entre otros; y segundo, el simple hecho de que se dirigía a todo un país descontento y que observa con perplejidad el nivel de desconexión de la clase política dirigente con respecto a los problemas de las mayorías que dicen representar.

Partiendo de indicadores desacertados, Maduro afirmó que la pobreza extrema se redujo de un 4.4 a un 4.3% el último año. No hace falta poseer un título de economía para refutar dicha cifra de modo simple. Solo basta un corto paseo por cualquier ciudad o pueblo del país para constatar los increíbles niveles de miseria y degradación alcanzados por el pueblo venezolano en tan solo 5 años de intensa crisis. Para la dirigencia bolivariana, acomodada a los privilegios y prebendas del Estado burgués, esta es una verdad oculta en una caja fuerte imposible de abrir. Los altos niveles de vida que la burocracia gobernante ostenta, explican el en ocasiones increíble discurso negacionista que varios líderes bolivarianos exhiben desvergonzadamente, sobre la situación de miseria y lumpenización general de la población. Aquí, los límites de desconexión de una persona respecto a un contexto dado, han alcanzado los mayores extremos. Como no puede ser de otra manera, en palabras de Marx: “La vida determina la conciencia”.

Maduro en su alocución sostuvo que entre los objetivos prioritarios para el nuevo periodo están el crear 4 millones de nuevos empleos, incorporar a más de un millón de pensionados, llevar el índice de Gini (que mide la desigualdad social en los países) a 0,200 puntos, elevar el Índice de Desarrollo Humano de 0,75 a 0,85 puntos, y más importante aún, alcanzar el umbral de “miseria cero”.

Como si las metas se pudieran conquistar solo declarándolas -al margen del contexto objetivo y las estrategias para alcanzarlas, el gobierno confía en la infalibilidad de su política, la misma que ha pisoteado buena parte de las conquistas alcanzadas por los trabajadores en el pasado, que ha vulnerado los contratos colectivos y múltiples beneficios de remuneración laboral, que ha autorizado -a través del Ministerio del Trabajo- despidos en masa en los sectores público y privado, y que sin perspectivas de una salida en favor de la clase obrera, oficializa devaluaciones constantes del Bolívar, en detrimento de los salarios e ingresos familiares. ¡Vaya manera de alcanzar tales metas sociales! Esta política parte de la ilusoria esperanza de que los capitalistas locales y extranjeros (más allá de los que proceden de “naciones aliadas”) vengan a invertir en tropel, obviando el hecho de que en lo concreto ocurre precisamente lo contrario. Los cierres de empresas, como los de Pirelli, Goodyear y Greif; son muestra de ello, donde, con el consiguiente colapso industrial y las consecuencias que de esto se derivan a nivel general, se intensifica la situación de miseria de las masas en todos los terrenos.

Sin dudas, la fórmula de infligir dolorosos sacrificios a los trabajadores en el corto y mediano plazo, para cosechar inversiones, desarrollo y recuperación en el largo plazo; no ha dado ningún resultado. Y enfáticamente debemos decir: ¡no habrá resultados favorables para los trabajadores bajo el capitalismo en crisis! La obtención de mínimas reivindicaciones en un contexto de crisis capitalista, es incompatible con las necesidades del orden de explotación burguesa en decadencia, al cual la dirección bolivariana se ha aferrado para no soltarse. En el marco de la crisis orgánica del capitalismo a nivel mundial, se vislumbra el advenimiento de un nuevo desplome en los mercados, que producirá una nueva recesión global. Lamentablemente, nuestra economía monoexportadora no escapará a los efectos de tal cataclismo, limitando las ya de por si cuesta arriba metas gubernamentales del 2025. Solo la organización de la clase obrera nacional e internacional para la toma del poder y la demolición de las relaciones de propiedad burguesas, es la única salida.

El presidente, también planteó la meta de lograr elevar la producción petrolera a 5 millones de barriles diarios, también para el 2025. Esta es la apuesta declarada del gobierno que considera podrá alcanzarse con la constitución de más empresas mixtas, con enorme participación accionaria en favor de multinacionales, que encubren la reprivatización del industria del crudo nacional y el entierro del Plan de Soberanía Petrolera impulsado por Chávez. Esta política también ha contemplado la suscripción de ventajosos contratos con consorcios foráneos, tanto en el ámbito petrolero como minero. El entreguismo sin límites se ejemplificó de modo claro con el jugoso contrato de explotación y comercialización de crudo, por 25 años, otorgado a la empresa estadounidense EREPLA recientemente. A pesar de las expectativas gubernamentales, esta política sin embargo no ha frenado el descenso en la producción petrolera, que se acerca al nivel de un millón de barriles diarios.

Si bien, podemos conformarnos con desmenuzar únicamente lo dicho por el mandatario nacional, es importante dedicar, aunque sea un pequeño espacio, a las grandes omisiones en su discurso. La ausencia de cifras oficiales nos obliga a remitirnos a estimaciones aportadas por organismos internacionales, donde se da cuenta de la catastrófica situación nacional. En 2018, el PIB retrocedió un 18% según el FMI, 3 puntos por encima de los cálculos de la CEPAL, que estima una contracción acumulada de un 44,3% en los últimos 5 años y de un 10% para 2019. Respecto a la hiperinflación, como el principal problema económico que aqueja al país, el FMI la situó, para el cierre del 2018, en  1.370.000% y proyecta que podría alcanzar los 10.000.000% para el 2019. Tanto las exportaciones como las importaciones han caído aproximadamente en un 80% desde el año 2012, donde la producción de crudo, que aporta el 96% de las divisas que ingresan al país, se ha desplomado en un 51,2% en el mismo periodo, según reportes de la OPEP (con base en fuentes secundarias). El descenso en los niveles de reservas internacionales, cifradas hoy en 8.400 millones de dólares, constituye un 61% respecto a enero del 2015. La tasa de desempleo se ubicó en un 34,3% en 2018 y para el presente año podría llegar hasta un 38%, según datos del FMI. Todo esto se ha traducido en hambre, miseria, informalidad y desesperanza para las masas pobres, situación que ha producido una explosión migratoria de venezolanos en Suramérica. Como era de esperarse, nada de lo anterior fue reconocido por Maduro.

Las nuevas medidas

Entre las decisiones económicas decretadas más destacadas tenemos: el aumento del Petro como unidad de cuenta a 36.000 Bs.S, el aumento salarial a 18.000 Bs.S, la continuidad en los pagos de las nóminas de las pequeñas y medianas industrias del país, la orden de venta del 15% de la producción en Petros por parte de 27 empresas estatales más PDVSA y entrada en vigencia de un nuevo encaje legal del 60% para toda la banca nacional.

Luego de escindir el valor del Petro, uno como unidad de cuenta para ajustar salarios periódicamente y otro como factor de mercado comerciable en forma de certificados; el gobierno introdujo más elementos al caótico panorama económico nacional. Así tenemos el Petro como unidad de cuenta fija (establecida por el gobierno) que ahora pasa a costar 36.000 Bs.S y los certificados del llamado “Petro de mercado” cuyo precio asciende actualmente por encima de los 60.000 Bs.S. la decisión gubernamental de permitir la fluctuación libre de dicho Petro de mercado, que ha marcado el indetenible ascenso en el costo de los certificados del mismo, se debió a la necesidad de hacer el instrumento atractivo y comercial a nivel interno, tras no obtener éste reconocimiento internacional como criptodivisa. De esta manera, dicho activo financiero ha sido convertido ahora en una reserva de valor y medio de ahorro ante la devaluación constante del Bolívar, que a la vez disminuye la presión sobre las altamente demandadas y escasas divisas.

Respecto al valor del Petro como unidad de cuenta, vale decir que actualmente el mismo no guarda relación alguna con el precio del barril de petróleo tal y como el gobierno ha lo ha aseverado. Si esto fuese así, entonces el Petro tendría otro precio. Actualmente la cotización de la cesta petrolera venezolana se encuentra en alrededor de 52 US$, número que si luego multiplicamos por el tipo de cambio DICOM: 1.000 Bs.S, entonces el valor del Petro sería 52.000 Bs.S y no 36.000 Bs.S. Lo anterior demuestra el carácter confuso de dicho instrumento, el cual tampoco se estableció como mecanismo para el anclaje del Bolívar a un valor fijo. Como no podía ser de otra manera, la economía venezolana sigue marchando según el ritmo que impone el mercado paralelo de divisas, donde el valor del dólar estadounidense supera los 3.000 Bs.S, precio que no ha parado de elevarse, debido a la escasez y baja oferta de dólares, la incertidumbre política y la hiperinflación. Tanto el Petro, en sus dos modalidades, como las alzas que registra la tasa oficial DICOM, en persecución del dólar paralelo; constituyen factores de una carrera por la devaluación del Bolívar, con la consiguiente caída de los salarios reales de los trabajadores.

Sin embargo, con el impulso que trata de dársele al Petro, ahora decretando que el 15% de la producción de 23 empresas estatales y de PDVSA se venda en dichos instrumentos, el gobierno busca extender el uso del mismo para posicionarlo como una alternativa de refugio de valores, intentando disminuir la demanda de divisas que no está en posición de ofertar. El gobierno apuesta a que la extensión en la adquisición de Petros por parte de empresas y personas se traducirá en el canje de divisas -en el entendido de que el alza en los certificados del instrumento gubernamental puedan hacer más atractivo el refugio y ahorro en el mismo más que en las divisas, lo cual podría ser provechoso para el Estado en la medida en que capta moneda extranjera y trata de mitigar la tendencia alcista del dólar negro. Pero, cabe señalar que la falta de confianza que genera el Petro y los niveles de volatilidad política que reinan en el país, frenan dichas pretensiones en el futuro inmediato.

Con el nuevo aumento salarial a 18.000 Bs.S el sueldo mensual se ubica actualmente en 6 US$, según el valor del mercado paralelo de divisas, que como hemos dicho, gobierna la economía del país. Si se contrasta con el valor efímero en dólares que los sueldos registraron el 20 de agosto (30 US$) entonces debemos hablar de una disminución real del valor del salario situado en un 80%. En comparación con el valor del sueldo de 4500 Bs.S, decretado a finales de noviembre pasado y que para entonces se ubicaba en 9 US$, la caída representa un 33%. Claramente, la hiperinflación, el alza del Dólar paralelo y la devaluación del Bolívar, seguirán erosionando el valor real del salario en cuestión de semanas, días y horas. Como los demás ajustes salariales precedentes, el recién decretado quedará pulverizado en muy poco tiempo.

La continuación del pago estatal de las nóminas de las pequeñas y medianas industrias del país se basa en el supuesto de que el aumento salarial no se recargará sobre los costos de producción de los bienes y servicios, y por tanto, los precios en el mercado no tendrían por qué aumentar de forma desmedida. Tal y como ya hemos explicado en análisis previos, el cubrimiento de las nóminas de las pymes -así como también de los ajustes salariales- solo han podido financiarse a través de la emisión de mayor dinero sin respaldo en la producción de bienes y en las reservas internacionales, lo que ha ocasionado más inflación. Con el aumento constante de los precios en el mercado, al final el costo de producción queda subordinado al costo de reposición de las mercancías, lo que hace naufragar cualquier medida de control y congelación de precios, en un contexto como el que caracteriza al actual estado del capitalismo venezolano decadente.

De manera contradictoria, como el carácter general del PRPE en sí, Maduro ordenó el encaje legal del 60% para la banca nacional. Esta medida quiere decir que los bancos estarán obligados a mantener el 60% de sus depósitos totales como reserva en el BCV, disminuyendo los fondos disponibles para el crédito y restringiendo de esta manera la circulación de dinero en la calle para combatir la hiperinflación. En esencia tratamos con una medida monetaria restrictiva, que busca contraponerse a otras de índole expansiva, como la emisión de dinero sin respaldo para cubrir nóminas y aumentos salariales. En una economía normal, un incremento de esta naturaleza del coeficiente de caja tendería a frenar el crecimiento económico o profundizar una recesión, pues se le cerraría las puertas del crédito a los inversores potenciales, produciendo desinversión, cierres de empresas y desempleo. Asumimos que el gobierno supone que estos efectos ya se dan por descontados, debido a que los capitalistas no están adquiriendo créditos para invertir, sin embargo, responsablemente hay que decir que tal decisión anula en gran medida hipotéticas oportunidades de recuperación económica.

Otro aspecto a considerar, es que el crédito personal, a través de tarjetas, ha experimentado un proceso de expansión a la luz de la necesidad de cubrir bienes esenciales producto de la crisis. Resta esperar las medidas que adoptarán los bancos para adaptarse a dicho encaje, donde es muy probable esperar una brutal restricción del crédito o aumentos de tasas de interés, que pueden golpear a las familias que basan parte de su consumo en tales instrumentos.

Si bien esta decisión podría impactar en cierta desaceleración de la hiperinflación en las primeras de cambio, la misma ha desechado cualquier posibilidad de recuperación en el futuro próximo. Esto puede traducirse, en cierto grado, en mayores cierres de empresas y desempleo. Sobre este escenario, el horror económico seguiría profundizándose lo que tarde o temprano anularía cualquier ventaja relativa inicial.

No hay salida bajo el capitalismo

Entre amenazas reaccionarias de golpes de estado por un lado, y llamados a la conciliación por el otro, las aspiraciones de las masas trabajadoras no encuentran eco entre las cúpulas que pugnan por el poder. Aparentando preocupación y alentando falsas expectativas, cada uno de los bandos trata de aprovecharse de nuestro terrible padecer diario, para encaminar proyectos políticos divorciados de nuestros intereses de clase.

En todo el mundo, el capitalismo hunde a la humanidad a estados de degradación material y espiritual intolerables. Ni los ajustes macroeconómicos más agresivos han solucionado algo en lo fundamental. Esperar una solución de esta tónica, que tanto la derecha como la “izquierda sensata” trata de disfrazar, es creer en cuentos de hadas. Sin duda, los que persisten en salvar el capitalismo de sí mismo están condenados al fracaso.

Ni la burguesía ni la burocracia bolivariana pueden solucionar los problemas de los trabajadores. Las clases oprimidas solo debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Es imperativo construir una alternativa revolucionaria capaz de defender nuestros intereses de clase hasta el final, de la mano de un genuino programa marxista, que contemple la nacionalización sin compensación de los monopolios y transnacionales, la banca y los latifundios; para establecer una economía planificada, bajo control democrático de la clase obrera y en beneficio de las grandes mayorías.