El fiscal Danilo Anderson retomó la investigación del 11 de abríl del 2002, y prometió que la muerte de un fotógrafo en Puente Llaguno no quedará impune. Reiteró el funcionaro que la falta de un registro balístico impide identificar el arma de la cua En los próximo días serán imputados los funcionarios de la Policía Metropolitana (PM), quienes adulteraron una acta policial relacionada con la muerte del fotógrafo Jorge Tortoza. El crimen ocurrió durante los sucesos del 11 de abril de 2002, en plena avenida Baralt de Caracas.

Según anunció el fiscal 4º del Ministerio Público, Danilo Anderson, también ejercerá acciones contra un funcionario policial que se apropió del revólver que portaba Tortoza, y luego llamó a la familia del fotógrafo para extorsionarla y pedirle dinero por entregárselo.

El presunto homicida del reportero gráfico es un hombre de gorra amarilla, cuya fotografía está en poder del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalístias (Cicpc).

Aún cuando han transcurrido más de dos años, el asesino no ha sido identificado por las autoridades.

Fallas

Para Andreson, una de las grandes fallas que tenemos en Venezuela es la falta de un registro balístico para identificar a los propietarios de armas de fuego.

– Al hombre de gorra amarilla se le ve la cara, como a otros, pero no hemos recibido ninguna información sobre él y no tenemos posibilidad de identificarlo mediante mecanismos criminalísticos.

Danilo Anderson no cree que el crimen quede impune. Señala el fiscal que después de asumir la investigación, lo relevaron del caso, pero se lo asignaron nuevamente.

-Ahora voy a hacer imputaciones porque hay muchos cabos sueltos. Hay personas que firmaron varias veces el acta, otra colocó sus huellas en distintos nombres. Son hechos irregulares que deben ser investigados, y los responsables serán imputados.

Reitera Anderson que la falta de un registro balístico impide identificar el arma de la cual provino el disparo que mató a Tortoza.

– Aquí no es como en Estados Unidos, donde el proyectil que se colecta en un cadáver se lleva al registro, y en el 90 % de los casos se determina el arma y dueño".