Las nuevas revelaciones de espionaje contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de defensa, Margarita Robles, confirman lo que escribimos en un artículo anterior sobre el carácter del aparato del Estado y de los intereses capitalistas asociados a él. Son elementos ajenos a la clase trabajadora que escapan a nuestro control y que representan una amenaza para las libertades democráticas.

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El caso es grave porque se descargaron, según fuentes del gobierno, cerca de 3GB de datos confidenciales del gobierno y personales de Sánchez.

La responsabilidad del CNI en el espionaje a independentistas

Todo este escándalo de espionajes surgió hace dos semanas cuando se reveló que 65 políticos y activistas independentistas catalanes y vascos habían sido espiados con el programa de espionaje Pegasus entre 2017 y 2020. Las sospechas recaen sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles vinculados al Ministerio de Defensa. Esta sospecha se refuerza por el hecho de que el gobierno no ha sido capaz ni de confirmarlo ni de desmentirlo “porque le ley les prohíbe pronunciarse” al respecto, según la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez.

Peor aún, en el debate parlamentario la semana pasada la ministra Robles afirmó ante la estupefacción de la izquierda: “¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”. Si esto no es una admisión de responsabilidad por parte del Estado en el caso de espionaje a los independentistas, no sabemos cuál podría ser.

Esto es bastante grave. Dada la criminalización feroz de la que ha sido objeto el movimiento independentista en Catalunya, como años antes el independentismo vasco, por reclamar un referéndum democrático sobre su independencia, puede haber gente de buena fe, incluso en la izquierda, aunque con escasa conciencia política y fácil de manipular, que pueda justificar estos espionajes porque “se cometieron acciones ilegales”. Dejando a un lado que las acciones ilegales, corrupciones y delitos cometidos por los ricos y la clase dominante son casi siempre escondidos debajo de la alfombra o inimputables (como el caso del Rey), lo que las palabras de la ministra “socialista” Robles señalan es que toda lucha de los explotados y oprimidos en esta sociedad contra los poderosos y privilegiados, independientemente de que impliquen o no “cortar vías públicas” o realizar “desórdenes públicos”, serán motivo de represión y espionaje contra sus activistas y dirigentes más señalados. Por eso, la heroica lucha de los trabajadores del metal de Cádiz a fines de noviembre del año pasado se encontró al día siguiente de finalizar la huelga con decenas de trabajadores detenidos e imputados por delitos de “desórdenes públicos”, mientras que los empresarios que incumplieron un convenio colectivo “legal” y que hacían “listas negras” ilegales con trabajadores a los que se les negaba el trabajo en la Bahía de Cádiz por reclamar sus derechos pisoteados –que fueron algunas de las motivaciones de la huelga del metal de Cádiz– quedaron inimputables y limpios de polvo y paja. El aparato del Estado (policía, jueces) muestra así su carácter de clase y a qué amos sirve. También se muestra a qué amos sirve la ministra Robles, en particular.

El gobierno trata de desviar el asunto

Llama la atención que la revelación del espionaje a los teléfonos móviles de Sánchez y Robles se haya producido justo en medio de este escándalo y un año después de que se hubieran cometido, entre mayo y junio de 2021. Según el gobierno, fue la semana pasada cuando decidieron revisar los móviles de los integrantes del gobierno tras conocer el caso de espionaje de los independentistas.

Con toda razón, los partidos independentistas reprochan al gobierno que está tratando de desviar la responsabilidad del CNI y del gobierno en el espionaje al que fueron sometidos, colocándose ahora en el papel de víctimas por haber sufrido también un espionaje similar. Así, para el gobierno toda la responsabilidad debería ser atribuida a una “mano invisible” desconocida. De hecho, en su comparecencia, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, informó que el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, había confirmado que los espionajes a Sánchez y Robles no tuvieron autorización del Tribunal Supremo (único organismo del Estado que puede autorizar espionajes a personas individuales por parte del CNI) y que fueron realizados por fuerzas “externas”, o sea del extranjero.

De primeras, hubiera sido paradójico que el Tribunal Supremo hubiera autorizado el espionaje del gobierno a solicitud del CNI, a espaldas del gobierno y de la ministra de defensa, Robles; siendo el CNI un organismo subordinado al propio ministerio de defensa y al presidente del gobierno. Y, de segundas, resulta que mientras Bolaños afirma con contundencia que el Tribunal Supremo no avaló el “pinchazo” de los teléfonos de Sánchez y Robles, guarda silencio sobre la participación del Tribunal Supremo en el ordenamiento del “pinchazo” a los dirigentes independentistas.

La realidad es que cada vez que abre la boca alguien del gobierno –y en particular Robles y Bolaños– más interrogantes aparecen y más enrevesada se hace la madeja. Hoy mismo, el gobierno reconoció que el teléfono móvil de la anterior ministra de Exteriores, González Laya, también fue espiado en mayo de 2021, aunque sin aclarar si se hizo con el programa Pegasus.

También se ha conocido que los “técnicos” del CNI han informado que, por las características de Pegasus, es imposible conocer quiénes fueron los que pincharon los teléfonos móviles de los independentistas y de los miembros del gobierno. Se supone que debemos creerles, como hace el gobierno. Y caso cerrado.

La hipótesis marroquí

Los medios afines al gobierno y al Régimen no han tardado en señalar que los espionajes a Sánchez, Robles y González Laya, coincidieron en el tiempo con la crisis con Marruecos en mayo pasado, cuando la dictadura corrupta de Mohamed VI ordenó abrir las frontera de Ceuta para favorecer una entrada masiva de inmigrantes magrebíes y así “castigar” al gobierno de Sánchez por haber autorizado la entrada a España del dirigente del Frente Polisario, Brahim Gali, para tratarse un cáncer y una infección de coronavirus. De eso, deducen, que podría haber sido el Estado marroquí quien espiara al gobierno español con el programa Pegasus. Como ya sabemos, la respuesta de Sánchez a este chantaje de la monarquía marroquí fue cesar a la entonces  ministra de exteriores, González Laya, para congraciarse con Mohamed VI, y 10 meses más tarde reconocer la marroquinidad del antiguo Sáhara español.

De cualquier modo, demostraríamos un cretinismo y una muestra de nacionalismo imperdonables si no denunciáramos al mismo tiempo el papel igualmente violento de las acciones del régimen y del Estado español contra aquellos países donde la oligarquía española extrae enormes beneficios a través del saqueo imperialista y capitalista, como el Magreb y Latinoamérica principalmente. Las mismas acciones de espionaje que otros regímenes puedan ejercer contra España, son ejercidas sin duda por el capitalismo español, sus gobiernos y sus agentes contra gobiernos e intereses de otros países.

Admitida la hipótesis marroquí en este caso de espionaje, ¿sería la única posible? En realidad, las hipótesis pueden ser casi infinitas (cualquier gobierno o empresa que disponga del programa) dado que según el CNI es “imposible” conocer su origen. De hecho, podría ser hasta el propio CNI ¿Por qué no? Altos jefes policiales y de la Guardia Civil, y destacados ex jefes militares, así como jueces derechistas, han mostrado públicamente estos años su desprecio y odio hacia el gobierno “socialcomunista”. Uno de ellos declaró en un foro reservado hace un par de años que “habría que fusilar a 26 millones de hijos de puta”, refiriéndose a la izquierda, a lo que otro forero del mismo rango añadió: “Y a sus hijos”. Jusapol es una asociación policial de ultraderecha vinculada a Vox, y que es mayoritaria entre los miembros de la Policía Nacional. Hace años, el antecesor del CNI, el CESID, ya grabó conversaciones íntimas escabrosas del rey Juan Carlos en los años 80 y principios de los 90 que salieron años más tarde a la luz. Y se supone, que sin necesidad de pedir permiso al Tribunal Supremo de entonces.

¿Y el CNI? ¿Qué tienen que ocultar?

No es casualidad que la derecha y la ultraderecha (PP, Vox y Ciudadanos) –enemigos mortales del “socialcomunista” Sánchez – se hayan aliado con éste para impedir la formación de una comisión de investigación en el Congreso (la sede la soberanía popular) que investigue estos casos de espionaje ¿Qué tienen que ocultar? ¿No deben tener derecho los representantes directos de la voluntad popular a ejercer control sobre su Estado? Está claro que el Régimen debe proteger a toda costa la autoridad de su aparato especial de represión, éste no puede quedar desacreditado ante la población ni puede ser manoseado a voluntad por representantes populares, ni dejar de dar miedo. Necesitan que el Estado siga pareciendo algo “oscuro”, intangible e inescrutable a los ojos de la gente común y ordinaria. Debe seguir provocando temor y respeto.

Una anécdota real reciente ilustra el verdadero carácter del aparato del Estado y de sus fuerzas represivas. A comienzos de diciembre, recién finalizada la huelga del metal de Cádiz, que expuso la bravura del proletariado industrial de esta zona ante las fuerzas policiales, varios activistas obreros fueron detenidos como mencionamos antes. La mujer de uno de estos obreros detenidos denunció públicamente en un vídeo que uno de los policías le advirtió con una mueca de ironía: “Esto es para que el pueblo no se venga arriba”. Fue un acto de venganza decidido al más alto nivel policial, y posiblemente desde el ministerio del interior de Marlaska, para dejar constancia de que quien osa enfrentarse a la policía debe pagarlo, y que al Estado no se lo desafía. Si el pueblo deja de tenerle miedo y respeto a la policía ¿hasta dónde sería capaz de llegar? Este es el meollo del asunto.

Por eso no deja de ser iluso e ingenuo pedir, como hacen los dirigentes de Podemos, el respeto al “Estado de Derecho”. En lo que sí tienen razón es en su exigencia de una depuración de este aparato de Estado, comenzando por toda la cúpula del CNI y de los restantes escalafones del organismo, y el cese de la ministra de defensa, Margarita Robles, celosa defensora de la casta militar. Pero no hay que exigirlo solo, como argumentan en parte, por haberse mostrado incompetentes en impedir el espionaje al gobierno español, sino sobre todo por las claras sospechas de que actúan fuera de control y de que conspiran contra aquél. Independientemente de la ingenuidad de los dirigentes de Podemos de aspirar a un Estado neutral y aclasista, su posición al menos muestra algo de valentía y dignidad, frente a la actitud cobarde y exculpatoria hacia Sánchez y Robles en este asunto de la dirección de Izquierda Unida, los Comunes, Alberto Garzón y Yolanda Díaz.

¿Qué hacer?

Aunque este aparato de Estado es irreformable como un instrumento en defensa de la clase trabajadora y demás sectores explotados, y debe ser derribado junto con el régimen capitalista a quien sirve, la clase trabajadora sí debe luchar y exigir por limitar al máximo su poder y sus aristas más reaccionarias a través de una depuración lo más profunda posible del mismo, que debe incluir: cese de la ministra Robles y de toda la cúpula del CNI, depuración de fascistas y reaccionarios de todo el aparato del Estado: ejército, policía, Guardia Civil y sus servicios de inteligencia; acceso libre y sin trabas de los representantes parlamentarios a los expedientes y archivos del CNI, fuerzas policiales y ejército.

Hay una mayoría parlamentaria de izquierda que podría llevar todo esto a cabo. Ante cualquier “ruido de sables” y presión de los medios de comunicación burgueses contra este “asalto al Estado”, que no sería más que una medida de autodefensa de los oprimidos que somos la mayoría frente a un organismo represor que defiende a una minoría de opresores, debería organizarse una movilización popular masiva en la calle que muestre la fuerza de la clase trabajadora. No hay otra vía para conjurar el peligro reaccionario de este aparato de Estado. Nuestro lema debe ser: Total desconfianza hacia el Estado burgués, plena confianza en la conciencia y capacidad de lucha de la clase trabajadora para transformar la sociedad.