El discurso realizado por el teniente general José Mena Aguado —militar condecorado y ascendido bajo gobiernos del PP y nombrado por Bono jefe de la Fuerza Terrestre en mayo de este año— invocando una posible intervención del ejército si el Estatut d El discurso realizado por el teniente general José Mena Aguado —militar condecorado y ascendido bajo gobiernos del PP y nombrado por Bono jefe de la Fuerza Terrestre en mayo de este año — invocando una posible intervención del ejército si el Estatut de Catalunya sobrepasa determinados «límites» tiene un abierto tono golpista. El teniente general alertó, el día de la Pascua Militar, de «las graves consecuencias que tanto para las Fuerzas Armadas como institución, como para las personas que las integran podría conllevar la aprobación del Estatuto en los términos que está planteado». La amenaza fue clara y directa. Más adelante siguió con un repaso de los aspectos, en su opinión, «verdaderamente preocupantes» del Estatut (término nación, la cuestión lingüística y la administración de Justicia), hizo una defensa de la Constitución que «afortunadamente, marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía», para acabar advirtiendo que «si estos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos, afortunadamente, parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución» que confiere a las fuerzas armadas la garantía de la integridad de España y mantener el orden constitucional. «No olvidemos» dijo el teniente coronel, “que hemos jurado o prometido, guardar y hacer guardar la Constitución. Y para los militares, cualquier juramento o promesa constituye una cuestión de honor».

La primera medida tomada por el gobierno ha sido anunciar el cese, que tiene que ratificar el próximo Consejo de Ministros, y un arresto domiciliario de ocho días. Es lo mínimo que se podía esperar de un gobierno de izquierdas ante tamaño desafío, aunque son medidas absolutamente insuficientes y de limitarse a lo anunciado se estaría cometiendo a un grave error, dando alas a los sectores reaccionarios del aparato estatal, cada vez más envalentonados. En su discurso, que tuvo un carácter oficial, el teniente general dijo estar expresando las «inquietudes y preocupaciones de cuantos formamos parte de las Fuerzas Armadas, en los momentos que estamos viviendo». Dijo además, estar obligado a «conocer los sentimientos, inquietudes y preocupaciones de mis subordinados y transmitirlos a la máxima autoridad de mi Ejército, y hacerlos públicos, por expreso deseo de aquellos». Resulta obvio, que el tono golpista de su discurso no tenía un carácter individual sino que se hacía en representación de más militares que piensan como él. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Será suficiente con esta probable destitución y ocho días de arresto domiciliario? Obviamente el problema no es que este teniente general haya dicho en público lo que piensa. El problema es, precisamente, lo que piensa y la posición que detenta. El teniente general está en la cúpula del ejército y al mando de numerosas unidades de tropa. ¿Cómo puede haber llegado a esta posición un militar con esa mentalidad golpista? La respuesta es bien sencilla: nadie los controla, excepto la burguesía y los altos mandos militares. Como hemos dicho siempre los marxistas, no hubo ninguna depuración seria del ejército a la caída de la dictadura franquista. Algunos califican el discurso del teniente general como «anacrónico», como si ahora el ejército español tuviese profundas raíces democráticas, fuese una institución «independiente» de los intereses de clase y estuviese libre de mandos reaccionarios, como si los “ruidos de sables” fueran música del pasado. Eso es un cuento de hadas cuyo único fin es adormecer la conciencia de los trabajadores y de la juventud.

El pasado 3 de octubre, al ser preguntado por varios periodistas sobre el Estatut, en plena tormenta política con este tema, el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Félix Sanz respondió: «Qué duda cabe de que existe entre los militares un gran interés para que esta España secular que tanta gloria e historia acumula siga siendo patria común e indivisible de los españoles”. Unos meses antes, en julio, un alto mando militar enviaba un mail a otros militares apelando a su deber de mantener la unidad de España, a ser consecuentes con «nuestro juramento». Es evidente que existe dentro del ejército un fermento reaccionario, un fermento que tiene hondas raíces históricas y que está emergiendo en un contexto de creciente polarización política. No es ninguna casualidad que, precisamente, la cuestión del Estatut de Catalunya fuera una de las principales banderas de los oficiales reaccionarios en los años 30 y uno los ejes del fracasado golpe del general Sanjurjo (contra la recién proclamada II República) en 1932. Es el mismo fermento que llevó al golpe militar de julio de 1936, hace ahora 70 años. Como quedó dramáticamente claro, los militares golpistas no sólo acabaron con el Estatut sino que protagonizaron una brutal carnicería contra los trabajadores de todo el Estado y abrieron un período de 40 años de feroz dictadura.

El PP, que ha sido el artífice de la campaña contra el Estatut y, en general, de deslegitimación de la victoria de la izquierda en las pasadas elecciones generales, no tuvo ningún empacho en afirmar, en boca de su responsable de comunicación, que «no deja de parecer inevitable que se produzcan pronunciamientos de todo tipo». La ambigüedad calculada del término pronunciamiento es obvia. Así son los «demócratas» del PP. Una vez más el PP está dando fe de sus tradiciones franquistas, legitimando en la práctica unas declaraciones que justifican una eventual golpe de Estado.

Parece claro que el pronunciamiento del teniente general Mena es un paso consciente dentro de la estrategia de tensión que ha desatado la derecha y que tiene numerosas ramificaciones dentro del aparato estatal y en la clase dominante. No pueden soportar haber sido desalojados del poder por un movimiento de masas, como nunca se había visto desde la transición. Esas declaraciones deben ser también una advertencia para todos los trabajadores y jóvenes conscientes. Creer en la «consolidación democrática» del Estado, en el carácter democrático de la derecha y de la propia burguesía española es un engaño que debemos combatir con todas nuestras fuerzas. Es necesario una profunda depuración de los mandos reaccionarios dentro del Ejército, de las academias militares y de todo el aparato estatal. Lejos de ser una garantía democrática, la prohibición de que los militares se puedan organizar políticamente crea un blindaje para que, en la práctica, sólo puedan circular ideas reaccionarias y de derechas, que siempre tienden a predominar en la cúpula del ejército. Es necesario dar plenos derechos democráticos a los soldados, establecer mecanismo de control dentro del ejército, con participación de los sindicatos, los partidos de la izquierda y de los propios soldados. Hay que hacer una investigación a fondo de toda la trama que ha llevado al general Mena a sentirse tan arropado como para hacer esas declaraciones tan desafiantes.

Por otro lado, en el plano político, este episodio también es una advertencia directa al gobierno y a la dirección del PSOE. Han sido años de unidad de acción con el PP en temas relacionados con Euskadi, y en general con la cuestión nacional. Han sido décadas de abandono de la defensa del derecho de autodeterminación, alimentando de forma directa o indirecta, una tremenda confusión sobre esos temas, incluso, entre el electorado y la base social de la izquierda. También han sido décadas de defensa de una Constitución que contempla mecanismos y figuras, como la del Rey, profundamente antidemocráticas y fuera de cualquier control real por parte del «pueblo» a quien se supone que sirve. En la época de crisis orgánica del capitalismo, la socialdemocracia no sólo está revelando su incapacidad para emprender profundos cambios sociales sino también para ser consecuente con la defensa de los derechos democráticos, que hoy por hoy, aún no han pasado la puerta de los cuarteles.

La lucha por el socialismo se revela cada vez más como la única consecuente no sólo para la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la sociedad sino para preservar los derechos democráticos conquistados en la lucha y avanzar en una auténtica democracia basada en la toma real de decisiones en todos los ámbitos (económicos, sociales y políticos) por parte de los trabajadores, una democracia obrera.

¡Apertura de una investigación en el seno del ejército y cese inmediato de todos los implicados!