Las negociaciones para una nueva reforma laboral siguen su curso y, lamentablemente, los máximos dirigentes de CCOO y UGT dan claras señales de estar dispuestos a hacer concesiones, o sea, a aceptar un nuevo empeoramiento de la legislación laboral, c Las negociaciones para una nueva reforma laboral siguen su curso y, lamentablemente, los máximos dirigentes de CCOO y UGT dan claras señales de estar dispuestos a hacer concesiones, o sea, a aceptar un nuevo empeoramiento de la legislación laboral, como se desprende de la reunión con el gobierno y la CEOE del 30 de enero, en la que se habló del contrato fijo barato, la temporalidad y la subcontratación, los temas estrella.

Respecto al contrato fijo barato (el contrato indefinido de fomento del empleo), el Gobierno se mantuvo en su postura de ampliarlo a los que lleven parados más de un mes y de aplicarlo a los eventuales que pasen a fijos en la misma empresa, como ya ocurrió desde la aparición de este tipo de contrato (1997) hasta 2003. La patronal no sólo estuvo de acuerdo, sino que fue más allá y propuso la total desaparición del contrato fijo antiguo. Por su parte, los sindicatos no están de acuerdo con la ampliación, pero sí con que sea de aplicación a los eventuales que pasen a fijos.

Respecto a los límites al encadenamiento de contratos en la misma empresa, el Gobierno planteó ponerlos en los 24 meses de trabajo en un período total de 36 meses, la CEOE dicen que es mejor regular el tema en los convenios y los sindicatos ven esos límites excesivos.

Y respecto a la subcontratación, el Gobierno insistió en su propuesta del año pasado (impedir la utilización del contrato de obra o servicio e incluir a las contratas en el contrato fijo barato, pero con cláusula de despido automático en el contrato individual y una indemnización que aumentaría progresivamente, según la antigüedad, hasta los cuatro años, cuando alcanzaría la indemnización general de 33 días por año con un tope de 24 mensualidades de este tipo de contrato). La CEOE no quiere saber nada de la limitación de los contratos de obra o servicio, y los sindicatos, por su parte, sí están de acuerdo con esa primera medida, pero no con la segunda, y ofrecen como alternativa el considerar como causa de despido objetivo “la pérdida de una contrata que lleve aparejados problemas organizativos o productivos para la empresa auxiliar”.

A mediados de enero, José Mª Fidalgo había declarado en TVE que “si me dicen que para mejorar la calidad en el empleo hay que abaratar o aligerar las barreras para el despido, esto sería ir en la dirección contraria y en ella no nos vamos a encontrar. Si el asunto es poner encima de la mesa medidas que, de manera cierta, sirvan para reducir en cuatro o cinco puntos la temporalidad, entonces discutiremos contrapartidas” (Gaceta Sindical, 18 de enero). De la reunión del 30 de enero se desprende que poco le duró esta intención.

En efecto, las propuestas del Gobierno (de las de la CEOE no vale la pena ni hablar) no servirían para reducir la temporalidad. De hecho, la temporalidad subió en 2005 casi tres puntos (del 30,88% al 33,77%, lo que representa 5.300.000 trabajadores precarios). Este es el auténtico balance de la reforma laboral pactada en 1997, la última prueba del absoluto fracaso de la estrategia de aceptar el abaratamiento del despido a cambio de promesas de estabilidad en el empleo. El despido se abarató, pero la precariedad vuelve a estar en los niveles de 1996.

En diez años no hemos mejorado nada

Y en cuanto a las propuestas para la subcontratación, incluida la de los dirigentes sindicales, su único resultado sería facilitar el despido de los trabajadores subcontratados que tengan contrato fijo.

CCOO y UGT deben cambiar el rumbo y pasar a la ofensiva. El gobierno del PSOE fue elegido con los votos de los trabajadores, y los trabajadores tenemos que demandarle un cambio radical en sus planteamientos y la retirada de su proyecto de reforma laboral. La mejor manera de lograrlo es convocando movilizaciones, empezando por manifestaciones bien organizadas en todas las capitales del país, a la vez que se inicia una campaña de asambleas en todos los centros de trabajo para debatir el plan de lucha y las reivindicaciones que el movimiento sindical debe exigir para acabar con la precariedad y la siniestralidad laborales, y aumentar los salarios. Este es el camino, y no esa acción sindical del mal menor que tantos retrocesos provoca en nuestros derechos y que incluso lleva a que los dirigentes de CCOO y UGT de Cataluña firmen despidos forzosos como los de 660 trabajadores de Seat.