En el mayor paro desde la histórica huelga general desde 1926, más de un millón de trabajadores públicos fueron a la huelga el 28 de marzo en defensa de sus pensiones. Sin duda fue el paro del sector público más grande y sólido jamás visto en Gran Bretaña.

Los ayuntamientos, las escuelas, los institutos, los bomberos, las comisarías, las aduanas y los aeropuertos se encontraban entre los servicios más afectados, los trabajadores enviaron un mensaje al gobierno: ¡las manos fuera de nuestras pensiones! Por primera vez en su historia, el Tunel Mersey de Liverpool fue cerrado. En Irlanda del Norte y Newcastle, todos los trenes y autobuses pararon, apenas había autobuses en Cardif y Edimburgo. La basura no se recogió y las calles no se barrieron. 

El ambiente en los piquetes era alegre, audaz y de confianza. Los trabajadores ven cómo el gobierno está intentando robarles lo que les pertenece por derecho y están dispuestos a luchar hasta el final si es necesario. Las noticias de la huelga en Francia fueron recibidas con entusiasmo.

Participaron trabajadores de nueve sindicatos. Por primera vez participaron los trabajadores cuyos empleos dependen de empresas privatizadas. Fue un gran paso adelante. En el pasado, los sindicatos se negaban a convocar a estos trabajadores. Con la legislación antisindical tory, inalterada por el gobierno del “nuevo laborismo”, cualquier acción huelguística de los trabajadores que no fuera dirigida contra su empresario real -en este caso las contratas privadas- era condenada como “una disputa no legítima” y por lo tanto era declara ilegal. Esto ha sido una enorme barrera para huelgas sólidas y efectivas en el pasado. En Slington, la contratista privada que se encarga de la recogida de basura y limpieza de las calles amenazó con una acción judicial contra el sindicato GMB, decía que la huelga era ilegal. A las cinco de la mañana los miembros de Unison que conducen los autobuses escolares pusieron un piquete frente al depósito y los miembros del GMB se negaron a atravesarlo, paralizando totalmente el servicio.

El gobierno planea eliminar la llamada ley de los 85 años. Esta es una ley mediante la cual los trabajadores que con su edad más el número de años cotizados al sistema de pensiones alcanzan los 85 años pueden retirarse a los 60 años de edad, cobrando el cien por cien de la pensión. Hay que decir que el 75 por ciento de todos los trabajadores del Programa de Pensiones de Trabajadores Públicos (LGPS) reciben una pensión inferior a las 96 libras semanales. Esto después de años de pagar una parte de sus salarios cada mes al plan de pensiones. Una trabajadora media jubilada recibe sólo 31 libras semanales. No es una fortuna pero queremos preservar lo que tenemos.

Es significativo que una de las razones para que la LGPS esté en dificultades económicas es que los ayuntamientos ahora emplean un número significativamente inferior al de hace veinte años, aunque la carga de trabajo sigue siendo la misma. Además, muchos trabajadores a los que se les ha privatizado su puesto de trabajado ahora están excluidos del plan de pensiones. Por esa razón hay pocos trabajadores trabajando y pagando al plan de pensiones y sosteniendo a los trabajadores ya jubilados.

El año pasado, se convocó una huelga nacional de todos los trabajadores del sector público desconvocada en el último minuto cuando los dirigentes sindicales llegaron a un acuerdo con el gobierno. Esto permitió al gobierno dar concesiones a los profesores, funcionarios, bomberos, personal del NHS (Sistema Nacional de Salud), dejando a los trabajadores municipales solos. Así que mientras las pensiones de los profesores, por ahora, son intocables, no ocurre lo mismo con los ayudantes de clase. Las pensiones de los bomberos actualmente no están amenazadas pero no ocurre lo mismo con el personal administrativo de los cuarteles de bomberos.

Sin embargo, los trabajadores cuyos sindicatos ya han negociado un acuerdo sobre sus pensiones han demostrado una magnífica solidaridad con los trabajadores municipales. Un gran número de militantes de los sindicatos de profesores, por ejemplo, se negaron a trabajar sin el personal de apoyo, los ayudantes de clase, sin el personal administrativo o los cuidadores. Los trabajadores de correos se negaron a entregar el correo a los edificios donde los trabajadores estaban en huelga.

Esta huelga representa una recuperación de la lucha de clases y de la solidaridad de clase en Gran Bretaña, demuestra la fuerza de la clase obrera organizada. Los trabajadores están hartos del “nuevo laborismo”. Los escándalos que rodean al gobierno -empresarios que han entregado sumas de dinero- junto con la política pro capitalista, han hecho aumentar el sentimiento de injusticia entre los trabajadores cuyos derechos de pensiones están ahora amenazados.

Los dirigentes sindicales han participado activamente en las negociaciones con el gobierno antes de la huelga del 28, incluso parecía que tenían confianza en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Pero parece que el gobierno ha intentado apretar las tuercas. La mayoría de los huelguistas ahora planean un día de huelga el día de las elecciones municipales en mayo. Pero según aparecía en los periódicos, algunos ministros del gobierno aparentemente están impactados por el tamaño de la huelga y han pedido conversaciones urgentes con los dirigentes sindicales.

Debemos estar vigilantes para que los dirigentes sindicales no hagan concesiones en ninguno de los frentes, como sería un posible aumento de las contribuciones de los trabajadores y debemos preservar la ley de los 85 años. Los trabajadores firmaron un contrato con los empresarios cuando se unieron al LGPS. Ese contrato no es negociable. Los trabajadores han pagado al plan de pensiones con buena fe y haciendo sacrificios económicos. Tenemos derecho de recibir lo que se nos prometió y a la edad prometida.

Es vital que haya unidad entre todos los sindicatos ante la perspectiva de que el gobierno se niegue a dar marcha atrás y debamos hacer nuevas acciones. Los trabajadores de diferentes sindicatos participaron en los piquetes y mítines. Debemos garantizar que los dirigentes sindicales continúen trabajando juntos para conseguir la máxima unidad y eficacia.

Los dirigentes sindicales deben asegurar que los trabajadores cuyos empleos han sido privatizados y cuyas condiciones laborales se basan en los convenios laborales municipales puedan participar en futuras huelgas, incluso si incumplen la ley. No podemos seguir luchando por separado con las manos atadas a la espalda. El gobierno no tiene intención de abolir las leyes antisindicales y los sindicatos deben estar dispuestos entonces a desafiarlas. El sindicato minero entronó formas de sortear la amenaza de requisar sus fondos durante la huelga de 1984-1985, incluida la ocupación masiva de los locales regionales en el sur de Gales. Se puede hacer de nuevo.

¡Nuestras pensiones no son negociables!
¡Ninguna concesión!
¡Máxima unidad!
¡Debemos obligar al gobierno a dar marcha atrás!
¡Dignidad para los trabajadores jubilados!