Hemos recibido esta nota de prensa del Ministerio del Trabajo, la cual publicamos tal cual nos fue remitida. NOTA: Hemos recibido esta nota de prensa del Ministerio del Trabajo, la cual publicamos tal cual nos fue remitida.

Caracas, 02 de septiembre de 2004. Desde la Vicepresidencia de la República, la titular del Ministerio del Trabajo, María Cristina Iglesias, ofreció una declaración a los medios de comunicación social con la finalidad de dejar en claro la posición de su despacho con relación a la resolución 3364 emitida el pasado martes, y en la cual se deja sin efecto la solicitud de reenganche y de calificación de despido masivo hecha por los ex empleados de PDVSA. Igualmente, expresó su opinión respecto al manifiesto de Fedecámaras.

En cuanto a la decisión de no calificar como despido masivo la solicitud que hicieran los ex trabajadores de la industria petrolera, la Ministra resaltó que "en PDVSA no hubo despido masivo, lo que hubo fue un intento al margen del estado de derecho, al margen de la Constitución y de las leyes, de golpe petrolero; y además, hubo un abandono masivo inducido por una gerencia irresponsable en las labores de la empresa".

Iglesias reafirmó que este fue una paro ilegal, puesto que no se consumaron los requisitos mínimos exigidos por la ley para llamar a una huelga, como por ejemplo el cumplimiento de las 120 horas, la mediación de un pliego conflictivo o la solicitud de carácter laboral, es decir, que > "no era un paro laboral, sino un paro político, que iba dirigido a un nuevo intento de derrocar a un gobierno legítimo: el Gobierno del presidente Chávez".

Recordó que para ese momento el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronunció al respecto y emitió un dictamen que obligaba a reestablecer las actividades en PDVSA, por cuanto "se estaban violando claramente derechos económicos y sociales del pueblo venezolano> ". Además, la Ministra evocó que tanto su despacho, como el Ministerio de Energía y Minas, el Vicepresidente, el presidente de PDVSA y el propio Presidente de la República hicieron "numerosos llamados" para que los trabajadores se reincorporarán a sus respectivas labores.

En este sentido, enfatizó que la decisión tomada por el Ministerio del Trabajo, con relación a los ex empleados de dirección de la industria petrolera y de filiales como Intevep y Pequiven, está absolutamente sujeta a la normativa legal, no solamente a lo que dice la Ley Orgánica del Trabajo, sino también al dictamen hecho por el Tribunal Supremo de Justicia. Por lo tanto, desde el punto de vista del Ejecutivo nacional la decisión es "irreversible".

María Cristina Iglesias, hizo hincapié en que "el Gobierno lo que está es cumpliendo con el mandato de la ley, con el mandato del Tribunal Supremo de Justicia y con el sentimiento venezolano de que los responsables deben asumir su responsabilidad y pagar cuenta frente a la ley por ello" -por las consecuencias que trajo consigo la paralización-. Refirió que la resolución que anula la solicitud antes mencionada puede ser apelada ante el TSJ, en la Sala
Político Administrativa.

La Ministra del Trabajo destacó que esta huelga, que duró casi dos meses (desde diciembre de 2002 hasta enero de 2003), tuvo a la industria petrolera paralizada "en contra de la voluntad del pueblo venezolano, y por supuesto del Gobierno revolucionario".

No existe despido político en la administración pública

La Ministra del Trabajo desmintió las informaciones de supuestos despidos en la administración pública nacional, debido a que algunos trabajadores de este sector firmaron para solicitar el referendo revocatorio; dijo que "el Ejecutivo nacional mal podría obligar a un ciudadano, cualquiera que este fuera, a cambiar su voluntad", y afirmó que "nosotros somos absolutamente respetuosos de los derechos de los trabajadores y lo hemos demostrado en numerosas ocasiones".

Señaló que no existe ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni ante ninguna inspectoría del Trabajo, ni ante la sede principal del Ministerio del Trabajo "ninguna denuncia de ningún trabajador que haya sido, por parte del Ejecutivo nacional o de sus órganos, objeto de un intento de sustituir su voluntad por la del patrono a la hora de expresarse políticamente en comicios libres o en recolección de firmas libre en nuestro país".

La Ministra Iglesias indicó que aquellas personas que fueron despedidas por no firmar para solicitar el referendo revocatorio presidencial fueron reenganchadas a sus funciones, y enfatizó que el Ministerio del Trabajo ha sido garante del respeto a la voluntad política de los trabajadores.

Manifestó que si existe alguna denuncia de despido injustificado, la misma debe ser llevada a las instancias competentes" y se le dará el mismo tratamiento que hemos dado en todos los demás casos. Si algo caracteriza nuestra actuación al frente del despacho del Trabajo es el equilibrio, la equidad y la serenidad para tomar decisiones", confirmó Iglesias.

El Gobierno quiere dialogar dentro de la Constitución

En lo que respecta al manifiesto hecho por Fedecámaras para establecer conversación con el Gobierno nacional, la Ministra del Trabajo reiteró que el Gobierno está dispuesto a dialogar pero" dentro de la Constitución y nada fuera de ella, estos son los términos del diálogo a los que todos los venezolanos y todas las instituciones nos sometemos". Indicó que "es el momento de ponernos a trabajar por la patria que nos merecemos"

Reflexionó que una "minoría" de la oposición, reflejada en algunos miembros del sector empresarial, "quiere hacernos retroceder a momentos que ya vivimos, y los vivimos desde el último trimestre de 2001".

Señaló que el documento -el cual fue leído por la presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz- "parece un manifiesto de librito: nos retrocede a momentos de nuestra historia reciente, que todos los venezolanos reconocemos, identificamos y sabemos calibrar".

En cuanto al reconocimiento de Fedecámaras y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) por parte del Ejecutivo, la Ministra expresó que "el problema no es que el Gobierno lo reconozca o no lo reconozca", porque "la
legitimidad de éstas depende de su actuación pública, pero también de las relaciones que tengan con sus agremiados y afiliados".

El problema está en que algunos miembros de las cúpulas empresariales y sindicales quieren que el Gobierno las reconozca como la centrales mayoritarias y eso no puede ser, puesto que en el país "existen cinco centrales sindicales y a todas se les trata por igual", declaró la Ministra Iglesias. Por lo que destacó que "el problema no es de reconocimiento, el problema es de exclusividad".

Recordó que el TSJ dictaminó que en la CTV no se podía establecer quiénes eran las autoridades de dicha central y, además, no reconoció el carácter mayoritario de la misma.

La Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, enfatizó que "nunca ha habido en la historia de Venezuela mayores niveles de diálogo democráticos que en los últimos cinco años, y tenemos que sentirnos orgullosos porque es reconocido mundialmente el diálogo democrático, profundo, participativo, protagónico, incluyente que ha promovido, promueve y promoverá el gobierno revolucionario".

Redactada por: Lic. Tayre González O.

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