Desde sus inicios la alta jerarquía de la iglesia católica ha sido una acérrima enemiga de nuestra revolución; las palabras del difunto Cardenal Velasco atribuyendo el pavoroso deslave de Vargas en 1.999, a la ira del Señor por “el comunismo del recién iniciado gobierno del Presidente Chávez”, que hicieron evocar las pronunciadas por dos representantes del clero realista español en otra ocasión aciaga para nuestra patria, el terremoto del Jueves Santo 26 de marzo de 1.812, constituyen una muestra elocuente de esta afirmación. ¿De dónde habrá sacado la gran mayoría de los curas de hoy, de ayer y de siempre, que el dios de los católicos es enemigo de la justicia e igualdad social que consagran las revoluciones auténticas?

Con el paso del tiempo esta tenaz e injustificada animadversión no hizo otra cosa que incrementarse, habiendo determinado poco tiempo después la muy activa participación de las más conspicuas figuras del clero criollo en el derrotado golpe de estado de abril de 2.002, desde su gestación y desarrollo, hasta su confirmación. Ampliamente emblemáticos y demostrativos son los testimonios fotográficos y fílmicos que muestran, entre otros: a aquel cura falangista español ex rector de la UCAB, levantando las manos de Carlos Ortega y Pedro Carmona, en los días previos; al desvergonzado Baltazar Porras, convocado por error a Fuerte Tiuna aquella aciaga madrugada del 12 de abril, pavoneándose ante el Presidente secuestrado; al baboso cura, De Viana, conspirador solapado hasta ese momento gritando en forma destemplada, “todo el mundo sabe que yo soy adeco”, durante aquel largo “besamanos” del 12 de abril en Miraflores; al difunto Velasco, firmando en primer término el acta constitutiva del gobierno de facto, “lo cual se atrevió a negar estúpidamente hasta la hora de su muerte” y nuevamente al  funesto monseñor presionando al Presidente secuestrado para que firmara su renuncia al cargo, en la isla de La Orchila, durante la noche del 13 de abril de 2.002. ¡Mayor protagonismo en la ejecución del derrotado golpe de estado, es imposible!

A lo largo de todo el tiempo transcurrido desde esta fecha hasta el momento presente, la jerarquía católica venezolana se ha empeñado tercamente, en no reconocer mérito alguno a esta revolución, que siendo pacífica y democrática ha podido exhibir importantísimos logros en materia de salud, educación y respeto a los derechos humanos, sociales, económicos y políticos, que han hecho posible la inclusión de las grandes mayorías tradicionalmente excluidas de nuestra sociedad y le son ampliamente reconocidos por las más altas instancias internacionales con competencia sobre estas materias: la UNESCO, la FAO y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Pero no sólo esto, sino que quizás por frustración, al ver disminuir notablemente su antigua ascendencia sobre los sectores más necesitados y dado que el gobierno no le ha atacado ni le ha condicionado a nada el otorgamiento de las contribuciones económicas acostumbradas, ha desarrollado una permanente campaña de ataques verbales, la mayoría de ellos en el marco de las celebraciones y conmemoraciones más emblemáticas de la “Fe Venezolana”: la Divina Pastora de Lara, La Chinita de Maracaibo, el Nazareno de San Pablo, etc., cuya influencia en la conformación de las actitudes más intolerantes y racistas de nuestra oposición, es a todas luces innegable.

Campaña ésta que ha sido adelantada fundamentalmente por la plana mayor de la Conferencia Episcopal en distintas épocas, los obispos de las diferentes regiones del país, con la excepción de el del Táchira, el nuevo Cardenal, Arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, nombrado en marzo de 2.006 y por un degenerado cura de provincia, ex chavista pa’ más vaina, José Palmar, siempre presto a generar las mayores ollas periodísticas destinadas a promover las más bajas pasiones en contra del gobierno revolucionario. Que esta aberrada conducta de la jerarquía católica venezolana no puede ser desarrollada al margen y/o en contradicción con las autoridades de El Vaticano, es algo evidente a partir del hecho de que ella es nombrada íntegra y directamente desde Roma, que la ha criticado muy tímidamente en una o dos oportunidades, presumiblemente sólo para cubrir las apariencias.

Pero la más clara demostración de que la jerarquía católica venezolana y El Vaticano marchan juntos en contra de nuestra revolución lo constituye aquel insólito asilo político otorgado al delincuente sexual Nixon Moreno, fundador del Movimiento 13 de la Universidad de los Andes, germen del actual “paramilitarismo estudiantil” de los estados Táchira y Mérida, quien por si esto fuera poco, recibió su título universitario sin cumplir los requisitos de ley, después de 12 años de “estudios”, en la sede de la Nunciatura Apostólica de Caracas, que constituye la embajada del Estado Vaticano en Venezuela, antes de abandonar el país provisto del salvoconducto respectivo, rumbo al Perú.

Con el paso del tiempo la militancia política opositora de las más altas autoridades de la iglesia católica nacional se ha intensificado y una demostración de ello es la defensa que del General(r) Antonio Rivero, hiciese el propio Cardenal Urosa el 19/05/2.013, en ocasión de la celebración de Pentecostés, a pocas semanas de la orgía de sangre que generase la exhortación de Capriles a sus seguidores a salir a “drenar la arrechera”. De acuerdo con Unión Radio (1) Urosa calificó de acertada la medida cautelar dictada en favor del militar, que en su opinión y desde un principio debió ser juzgado en libertad. Pero además señaló que a su juicio “no hay motivos que acusen” al miembro de Voluntad Popular. ¡Qué voluntad carajo, todo el país tuvo ocasión de ver por televisión como este militar de pacotilla instruía a los vándalos en como accionar en las guarimbas de Altamira, según la “direccionalidad de Capriles”, y aún después de los 11 asesinatos perpetrados, este cura no encuentra motivos para enjuiciarlo! Ni siquiera la MUD, que no incluyó a estos asesinos en la petición de amnistía que reiterase el 10 de abril, ha hecho tamaña defensa de ellos. Para no perder la costumbre, en la misma oportunidad indicó que seguirá solicitando medidas de gracia a los presos políticos: “todos los policías presos a raíz del once de abril y otras personas que están sufriendo indebidamente la cárcel”.

El pasado 2 de abril la Conferencia Episcopal Venezolana dio a conocer un documento suscrito por la totalidad de su Directiva, inclusive por Mario Moronta, obispo del Táchira, que por su carácter pastoral tiene que haber sido concebido en el marco de los lineamientos definidos por El Vaticano sobre este tema, pero que en todo caso no ha sido censurado ni ha provocado el menor deslinde de la máxima autoridad católica internacional (2). Dicho documento, un verdadero prontuario de acusaciones infundadas en contra del gobierno, similar al más virulento panfleto de la MUD, burdamente disfrazado de “documento de fe”, inspirado en la palabra de dios, deja caer ente otras, las siguientes “perlas” (los subrayados son míos): 

“La causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado “Plan de la Patria”, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático; las restricciones a las libertades ciudadanas, en particular, la de información y opinión; la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar la inseguridad jurídica y ciudadana; los ataques a la producción nacional, que ha conducido a que en nuestro país hoy se haga necesaria la importación de toda clase de productos; la brutal represión de la disidencia política; el intento de “pacificación” o apaciguamiento por medio de la amenaza, la violencia verbal y la represión física”.

“Los estudiantes y otros manifestantes pacíficos, ejercen su legítimo derecho, previsto en la Constitución, y merecen, por tanto, todo respeto. Las manifestaciones se han visto a veces empañadas por actos de violencia que han dejado muertos, heridos y destrozos en instituciones y propiedades. Es difícil señalar el origen de todos ellos, pero es evidente que muchas acciones delictivas son originadas por personas o grupos infiltrados con el objeto de tergiversar o desacreditar las protestas y provocar su condena”.

“Reiteramos nuestra firme exigencia de que el Gobierno desarme a los grupos civiles armados. Su actuación coordinada, siguiendo unos patrones determinados, demuestra que no se trata de grupos aislados o espontáneos, sino entrenados para intervenir violentamente”.

“Lamentamos los asesinatos de civiles y de Guardias Nacionales ocurridos en las manifestaciones. De igual modo rechazamos la criminalización de la protesta ciudadana y la negación práctica de los derechos humanos en el trato a los manifestantes. Denunciamos la abusiva y desmedida represión contra ellos, las torturas de que han sido objeto muchas de las personas detenidas y la persecución judicial a los Alcaldes y Diputados contrarios al oficialismo”.

“Sin determinar la verdad será imposible lograr la paz. Una «Comisión de la Verdad» que sea plural y que genere confianza en los ciudadanos, puede ser una gran ayuda”.

“La salida de la crisis es clara: el diálogo sincero del Gobierno con todos los sectores del país, con una agenda previa y condiciones de igualdad, y con gestos concretos, evaluables en el tiempo, como señales de la necesaria  rectificación. Consideramos oportuna y de gran valor la participación de la Santa Sede en el diálogo entre el Gobierno y la oposición. El pueblo venezolano apreciará en sumo grado dicha participación y sabrá reconocer el valioso aporte de la Iglesia”.

El extraordinario parecido del documento con el diagnóstico y las exigencias formuladas por los representantes de la MUD en la primera sesión de la “Conferencia de Paz”, celebrada en Miraflores una semana después, evidencia su origen común y demuestra sin lugar a dudas de qué lado sigue estando la jerarquía católica venezolana.

Por todo lo anteriormente expuesto me resultó altamente inquietante que se hubiese aceptado la mediación del Vaticano, en la persona del Nuncio Apostólico, un recién llegado al país cuyo conocimiento del tema debe reducirse al propagado por la canalla mediática, al mismo nivel que los cancilleres designados por UNASUR. Pues es el caso que hemos aceptado tener de mediador en un diálogo de tanta trascendencia, a un representante de los “poderes imperiales”, tanto los supuestos divinos como los muy terrenales. De manera que como podría decir cualquiera de nuestros muchísimos camaradas católicos, “…que Dios nos agarre confesados”.

Dicha inquietud que había sido parcialmente disipada por el exitoso desempeño de nuestros representantes durante la primera sesión del “Diálogo de Paz”y fundamentalmente por la firme decisión del Presidente Maduro de negarse a considerar, por ahora, solicitudes de amnistía y otros beneficios para los políticos presos, surge ahora con mayor intensidad al tener conocimiento, según declaraciones del Vicepresidente Arreaza (3), de dos acuerdos tomados en la segunda sesión del Diálogo, realizado a puertas cerradas en fecha 15 de abril, en relación al caso de Iván Simonovis, que paso a reseñar a continuación: designar una junta médica que evalúe el estado de salud del reo y  realizar una primera reunión para escuchar a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas de aquella masacre perpetrada en abril de 2.002 en el Puente Llaguno.

Inquieta, más allá de cualquier resultado que pudiera derivar de estos acuerdos, el hecho de que se hubiese replanteado tan sensible tema en las primeras de cambio, después de que el propio presidente hubiese desestimado su consideración de manera tajante. No parece ser éste un buen precedente en el marco de un diálogo que se vislumbra extremadamente difícil. En lo personal me inquieta además por la triste e insólita coincidencia de dos personajes tan disímiles como Roberto Malaver y el Cardenal Urosa, que lo consideraron ambos como un gran triunfo.

Es absolutamente explicable que el Cardenal lo considerase un triunfo. Lo inquietante es el envanecimiento y la prepotencia que traducen sus declaraciones, tanto por haberlas proferido el Miércoles Santo, frente  la procesión del Nazareno de San Pablo cuando ésta salía del templo de Santa Teresa, como por unas  apreciaciones suyas según las cuales es necesaria para el país una ley de amnistía para resolver la situación de muchos presos que están en una “condición imposible”, además de que él no entiende “por qué tienen que estar incomunicados Leopoldo López y, (Vicenzo) Scarano” (4).¡Señor Urosa, con todo respeto: las decisiones de los tribunales de la República, se acatan; son apelables mientras ello proceda pero en todo caso se tienen que acatar!

Confieso, aunque me temo que no es así, que quisiera que las declaraciones del muy respetable Camarada Roberto Malaver, no fuesen propias, sino que fuesen las del “escuálido” de su creación que cobra vida todos los domingos en el programa “Los Robertos” y en sus crónicas semanales “Memoria de un Escuálido en Decadencia”. Porque, carajo camarada, ¿Cómo puede ser considerado un triunfo el que la dirigencia opositora “reconozca”, como le escuché decir en VTV, a nuestras víctimas del 11/04/2.002 en Puente Llaguno? Y no es que se trate de una opinión con la cual pretenda darme ínfulas de muy revolucionario, sino que se trata de mi impresión a partir de unas declaraciones que le escuché minutos después, en la misma emisora, a la muy estimada camarada Yesenia Fuentes, abnegada luchadora revolucionaria, Presidenta de la Asociación de Víctimas (ASOVIC), cuyos miembros son, a todo evento, los llamados a juzgar la pertinencia del acuerdo tomado en su nombre.

¡No es tiempo de perdón, es tiempo de justicia!

¡Hasta la Victoria Siempre!

¡Patria o Muerte!

¡Venceremos!

(1)   http://informe21.com/actualidad/cardenal-urosa-savino-celebra-liberacion-de-antonio-rivero

(2)   http://www.cev.org.ve/index.php/noticias-3/76-02-abr-2014

(3)   http://www.noticierodigital.com/forum/viewtopic.php?t=1029552

(4)   http://elimpulso.com/articulo/cardenal-urosa-sabino-considera-necesaria-una-ley-de-amnistia