En los actuales momentos la consecución y el mantenimiento de la paz interior aconsejan el evitar “meter en un mismo saco”, sin discriminación alguna, a todos los elementos de la oposición, por lo que considero que hubo de ser éste el único motivo por el cual el gobierno pudo haberse visto en la necesidad de flexibilizar ciertos controles y otorgarles ciertas concesiones a quienes desempeñan algún tipo de actividad productiva en el sector privado de la economía, todo ello a partir de la conclusiones preliminares de la “Comisión de la Verdad Económica” que ha estado funcionando desde el inicio de la “Conferencia de Paz”, convocada e instalada por el Presidente Maduro a dos semanas del inicio de la primera fase de la conspiración fascista internacional en desarrollo. Siendo muy escasas las posibilidades de éxito que le otorgo a esta iniciativa a partir de la simple observación del comportamiento histórico del empresariado nacional, he considerado oportuno y conveniente listar algunos de los mitos y falacias generadas por los ideólogos de la cúpula empresarial, repetidos hasta la saciedad por los medios privados de divulgación de información, con el propósito de enmascarar sus profundas deficiencias y actividades antiéticas o verdaderamente delincuenciales, de manera de poder obtener permanentemente del estado el mayor cúmulo de ventajas posibles.
Como he señalado en oportunidades anteriores, no soy economista y al presentar esta lista, harto conocida por demás, sólo me anima el propósito de contribuir a preservar la verdad histórica y poner de relieve las razones por las cuales, a juicio mío este nuevo esfuerzo por la paz promovido por el Presidente Maduro, que constituye esta convocatoria a los “sectores productivos privados” a actuar tanto en su propio beneficio, como en beneficio del país todo, será desestimado por los convocados, con muy pocos o ningún beneficio para el país, mucho más temprano que tarde. Sin más preámbulos he aquí el listado:
1. Se requiere reactivar el “aparato productivo del país”, destruido por las malas políticas económicas de los últimos quince años.
La primera parte del enunciado es un auténtico mito, porque ¿cuándo carajos ha existido un aparato productivo privado en este país de gracia? ¿Es que acaso alguna vez nuestra burguesía parasitaria ha dejado de hacer una cosa distinta a importar los más variados productos terminados para venderlos con ganancias usurarias en el mercado nacional? Hasta la cuarta década del siglo XX, período signado por la feroz dictadura de J. V. Gómez hubo una mínima promoción del sector industrial, persuadido como estaba el dictador de la inconveniencia para sus propios intereses de que se desarrollase un movimiento obrero en el país. Por diferentes razones, el período de la Segunda Guerra Mundial, aprovechado por varias de las hermanas repúblicas del subcontinente para alcanzar un desarrollo industrial importante, fue un período perdido para nosotros en esa materia. La promoción al sector industrial privado adelantada por los sucesivos gobiernos de turno, hasta la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, a través del Ministerio de Fomento y el Banco Industrial de Venezuela, se tradujo mayormente en el establecimiento de fábricas de especies alcohólicas (cervezas, rones y aguardientes varios, entre las cuales estuvo la inefable Cervecería Polar del abuelo paterno del no menos inefable Lorenzo Mendoza Giménez), de enlatados alimenticios diversos y de calzados y textiles. Una fábrica emblemática de aquella época era aquella que importaba láminas lisas de zinc y mediante un sencillo procedimiento mecánico le hacía el corrugado característico de los techos de zinc de las casas de los sectores populares de la época, percibiendo por ello ingentes ganancias. Es a partir de la década de los sesenta, cuando a consecuencia de la política de sustitución de importaciones promovida por el imperio para dar ubicación rentable a sus fábricas obsoletas sustituidas en el norte, que a partir de la inversión privada extranjera y de la nacional financiada generosamente por el estado, comienzan a desarrollarse pequeñas zonas industriales en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y Maracaibo. A punta de un fuerte financiamiento público este dependiente y muy incipiente desarrollo industrial sigue un curso sinuoso hasta que llegado el famoso “Viernes Negro” (18/02/1.983) la obtención de divisas extranjeras preferenciales y su realización en el mercado libre de divisas se convierte casi en el único negocio a realizar por nuestra burguesía parasitaria. Entonces, ¿de cual aparato productivo privado viene hablando FEDECAMARAS desde hace 15 años? La segunda parte del enunciado es simplemente una gran mentira ya que no se puede destruir, ni mucho menos reactivar aquello que nunca ha existido.
Pero no sólo es que no ha habido destrucción alguna de un inexistente aparato productivo, sino que según ha dicho Miguel Pérez Abad, Presidente de Fedeindustria, organización gremial con más de 6.000 afiliados que agrupa a la micro, pequeña y mediana industria de los diferentes sectores productivos, que tiene como consigna: “Construyendo el Socialismo Productivo”, en su intervención en el marco de la primera reunión de la “Conferencia de Paz”, el pasado 26 de febrero, los instrumentos de política aplicados en los últimos años han permitido que la producción nacional haya pasado de 17.000 a 42.000 millones de dólares. Como ninguno de los más conspicuos representantes del empresariado nacional presentes en este evento, Jorge Roig (Presidente de FEDECAMARAS) y Lorenzo Mendoza Giménez (Presidente de Empresas Polar), entre ellos, nada dijeron en contra de este señalamiento, tenemos por fuerza que asumirlo como válido. Pero es más, en vísperas del lanzamiento de las nuevas políticas económicas de las cuales hablamos al comienzo de estas notas, el mismo Pérez Abad en declaraciones ofrecidas a VTV en el programa “Entre Todos” (1), no sólo ratificaba lo dicho anteriormente, sino que lo complementaba con afirmaciones tales como: “no existe ningún sector de la economía que no haya experimentado un crecimiento” y, anteriormente en Venezuela los sectores industrial y empresarial trabajaban al 40% y 50% solamente, dejando casi 50% de la capacidad instalada ociosa “porque no había para quién producir” ya que la mayoría de la población no tenía el poder económico para incorporarse al sector de consumo, es decir, “no había poder de compra”. Para acabar este tema, considero necesario recalcar que ni en el evento de lanzamiento de dichas políticas, celebrado en el Círculo Militar el pasado 23 de abril con asistencia de una amplísima representación del empresariado, ni a la fecha de terminación de estas notas, nadie ha refutado al amigo Pérez Abad.
2. Las empresas estatizadas no operan de manera rentable y las comunas creadas en los últimos años no producen.
A pesar del evidente éxito financiero de las principales empresas de servicio público nacionalizadas (CANTV y Electricidad de Caracas), por razones que no es del caso analizar en estas notas y a pesar de tener congeladas las tarifas desde hace varios años, así como el del Banco de Venezuela, que no podría ser una excepción en el sector financiero del país, se empeñan en seguir diciendo, a la más pura usanza de la cuarta república, que el estado es un pésimo empresario. Especiales ataques han dirigido a lo largo de todo este período a las empresas intervenidas y puestas bajo control obrero, en el sector alimentos y a las comunas agro productivas, al punto de haberlas hecho víctima de ataques totalmente infundados durante la primera sesión de los Diálogos de Paz, celebrada el jueves 10 de abril, a pesar de la solemnidad que tal evento debería revestir.
Efectivamente, el gobernador Henry Falcón no tuvo empacho alguno en decir que la Comuna “El Maizal” se encontraba totalmente en ruinas, saliendo así en defensa de sus mandantes, los antiguos terratenientes del Valle de El Turbio y arrojando una cortina de humo cómplice sobre la actuación de las bandas paramilitares que han asesinado ya a 14 comuneros en los últimos dos años, cuando el caso real es que, según estadísticas de Corpolara (2), la Comuna “El Maizal”, conformada por 22 Consejos Comunales (12 en el estado Portuguesa y 10 en el estado Lara), ha creado 5 empresas de producción social, una empresa de gas comunal y una bloquera entre ellas, está manejando 13 proyectos socio productivos, está construyendo 202 casas y ha producido más de 4 millones de kilogramos de maíz de excelente calidad, una parte de los cuales ha sido suministrada a las Empresas Polar.
En la misma reunión el inefable diputado Julio Borges, el mismo que llama “misión maqueta” a la Gran Misión Vivienda Venezuela, con lo cual muestra un alto grado de imbecilidad ya que los inmensos logros de dicha misión están a la vista de todos, se dedicó a atacar falazmente a la Empresa Diana cuando la realidad es que dicha empresa, después de superar la crisis derivada de una circunstancial gerencia corrupta, se encuentra trabajando a su máxima capacidad en las plantas de Valencia (Carabobo), Turén (Portuguesa), Tinaquillo y San Carlos (Cojedes) y Palmeras del Lago (Zulia), cubriendo el mercado nacional de aceites en un 35 %, de margarina en un 45 % y de manteca en un 50 %. Altamente significativo es el hecho de que estén colocando en el mercado más de 3 millones de litros de aceite de maíz, rubro cuyo abastecimiento viene siendo manipulado fuertemente por “Alimentos Polar” (3). Entonces, ¿hasta cuándo y cómo carajos pueden seguir insistiendo en esta inmensa mentira?
3. No se requiere que el Estado establezca controles de precios, pues los mismos pueden ser determinados por el libre juego de la oferta y la demanda.
En verdad no puede sentirse algo menor a una inmensa pena ajena y un gran asco al escuchar decir a los “sesudos” analistas económicos de la oposición, en pleno siglo XXI, que el Estado no debe fijar los precios de venta de los productos en el mercado nacional, pues ellos deberían ser determinados por el libre juego de la oferta y la demanda, principio económico que podría considerarse válido en un mercado de competencia perfecta, que nunca ha existido ni podrá existir jamás en ningún país del mundo, pero que es una absoluta falacia generadora de las mayores estafas al consumidor en un mercado de naturaleza oligopólica y en algunos casos hasta monopólica, como lo es y seguirá siendo el nuestro, si no se aprueban instrumentos reguladores como el “Proyecto de Ley Antimonopolios y Otras Prácticas de Similar Naturaleza”, pendiente de aprobación desde al año 2.012.
Se necesita ser un gran estafador y al mismo tiempo un redomado imbécil para seguir negando la necesidad de que el estado fije los precios con base en un instrumento legal como la “Ley Orgánica de Precios Justos”, aprobada a comienzos de año, después del gran escándalo generado durante el último trimestre del pasado año 2.013, cuando inspecciones realizadas a una gran cantidad de empresas comercializadoras de bienes importados, pusieron en evidencia sobreprecios hasta de 4.000 %, lo cual tiene que ser forzosamente un record mundial harto difícil de ser superado. Sobreprecios no tan elevados aunque altamente significativos fueron evidenciados por los análisis de costos realizados por la SUNDECOP en el año 2.012, reveladores de que a parte importante de nuestro muy “culto y eficiente” empresariado nacional no le tiembla el pulso ni se le agua el ojo para inflar los precios considerando el impuesto sobre la renta y otros tributos como elementos de costo. ¡Sin duda alguna, otro record mundial de nuestro empresariado felón, muy difícil de ser igualado, y mucho más de ser superado!
4. La escasez de ciertos productos en el mercado nacional es generada por el gobierno al no pagar las deudas de CADIVI y aplicar controles excesivos para el otorgamiento de divisas preferenciales.
Estando plenamente demostrado que no se trata de escasez sino de un desabastecimiento inducido por parte de quienes siendo protagonistas de primer orden en la conspiración fascista internacional en desarrollo, han aportado más de 1.200 millones de bolívares para el financiamiento interno de las acciones terroristas asociadas a la conspiración, me limitaré a escribir algo sobre las supuestas deudas de CADIVI y sobre los controles existentes antes de las últimas medidas concertadas con el empresariado en el marco de la “Comisión de la Verdad Económica”.
CADIVI no puede tener deuda alguna con los importadores porque ninguno de ellos, cualquiera sea el mecanismo de obtención de divisas que haya utilizado, ha liquidado previamente el costo en moneda nacional de esas divisas. CADIVI o el nuevo organismo puede si tener compromisos de pago a partir de los eventuales otorgamientos, sujetos de ser revocados si se comprueba un uso de las divisas diferente del declarado. Ilustrativo de esta situación es el caso de la sobrefacturación en las importaciones desde Panamá, reconocida por el propio gobierno panameño y montante a una cantidad cercana a los US $ 3.000 millones. ¿Será acaso que nuestros “inocentes importadores” aspiran a estafar nuevamente al estado venezolano, de igual forma como lo hicieron, ellos mismos o sus ancestros, durante los gobiernos de Luis Herrera y Jaime Lusinchi, que accedieron a pagarles unas inexistentes deudas en divisas?
En relación a los controles para el otorgamiento de las divisas preferenciales me limitaré a decir que si a pesar de los controles existentes, los empresarios delincuentes y sus asociados funcionarios corruptos fueron capaces de apropiarse indebidamente de cerca de US $ 40.000 millones durante los años 2.012 y 2.013, ¿a qué alturas llegaría el monto de lo robado si no existiesen controles o si los mismos fuesen “flexibilizados” ahora de manera significativa?
Después de leer esta semblanza de nuestro empresariado, que hubiésemos podido extender reseñando no menos de media docena de enunciados adicionales, escogidos del arsenal propagandístico con el que nos vienen bombardeando a diario a través de sus medios de divulgación, nadie podría acusarnos de pesimistas cuando al comienzo de estas notas señalábamos que le otorgábamos muy pocas probabilidades de éxito a esta nueva demostración de búsqueda de la paz, sin abdicación de los principios por parte de nuestro Presidente.
Quisiera estar equivocado pero mucho me temo que el empresariado opositor sujeto principal de esta convocatoria, no tardará mucho tiempo en plantear una exigencia de naturaleza económica imposible de serle concedida sin comprometer seriamente el futuro de esta revolución, como sería una suspensión indefinida de la “Ley Orgánica de Precios Justos”, para utilizarla a manera de chantaje, siguiendo el ejemplo de la MUD, con la exigencia de la promulgación de una nueva ley de amnistía. De ser así, no tengo duda alguna de que la respuesta a los empresarios chantajistas será del mismo corte que la ofrecida a Ramón Guillermo Aveledo, en ocasión del acto organizado el pasado viernes en la parroquia 23 de Enero, para la celebración del primer aniversario del Gobierno de Eficiencia en la Calle y los 15 años del primer referéndum consultivo convocado por el presidente Hugo Chávez (4): Si ustedes no creen en el diálogo entonces pa’ que se sentaron y si creen que en la mesa se les van a cumplir sus caprichos ¡váyanse ya! Aquellos que chantajean a la “Comisión de la Verdad Económica”, que se vayan ¡ya!”.
¡Adelante, Camarada Presidente, la consecución de la paz bien merece todo el esfuerzo que le viene dedicando!
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(1) http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/235368/el-modelo-rentista-socialista-que-hemos-transitado-hasta-los-momentos-debe-ser-superado/
(2) http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/235205/luis-reyes-reyes-la-comuna-el-maizal-ha-creado-cinco-empresas-de-produccion-social/
(3) http://www.aporrea.org/endogeno/n248990.html
(4) http://www.laiguana.tv/noticias/2014/04/25/14920/ACA-LE-CONTAMOS-TODA-LA-VERDAD-TRAS-EL-CHANTAJE-DE-AVELEDO-MADURO-LO-DESENMASCARO.html