A más de dos años de lo que se ha transformado en una querella legal, los ex trabajadores de la empresa Vhicoa en desacuerdo con la decisión tomada por Indira Narváez, jueza a cargo de proceso, protagonizaron la mañana de este jueves acciones de prot A más de dos años de lo que se ha transformado en una querella legal, los ex trabajadores de la empresa Vhicoa en desacuerdo con la decisión tomada por Indira Narváez, jueza a cargo de proceso, protagonizaron la mañana de este jueves acciones de protestas a las puertas del Palacio de Justicia.

Los requerimientos de los ex trabajadores se basan en solicitar una nueva revisión de las firmas ya estudiadas, ya que ellos sostienen que las mismas pudieron ser falsificadas o manipuladas, ya que algunos de los ex empleados sostienen que en alguna oportunidad se les hizo firmar una hoja en blanco, lo que pudo ser utilizado por los representantes de la empresa para hacer parecer que firmaron conformes sus prestaciones sociales.

Niurca Palomo, representante legal del grupo de ex trabajadores, comentó que esperan que sea antes del día lunes, que se obtenga una repuesta por parte de la juez a cargo, a quien se solicitó un nuevo estudio con respecto al caso.

Los requerimientos de Palomo no sólo se basan en la solicitud de una nueva reunión, estos van acompañados de la remoción de José Antonio Gutiérrez, Vicente Ramos y Jesús Benítez, quienes fueron los peritos encargados de validar las firmas de los ex trabajadores.

Según el contingente de 86 ex empleados y la representante legal del grupo demandante, la única forma de avalar lo expuesto por los peritos, decisión que deja sin razón la lucha de los empleados, es su sospecha de que estos se hayan vendido para favorecer a la empresa.

Por su parte la abogada de los ex trabajadores sostuvo que la mediocridad del informe de conclusiones, de apenas siete líneas, demuestra la incapacidad de estos y la falta de autenticidad de lo expuestos por ellos, luego de tal estudio.

Una lucha

La lucha de las 86 personas, aposta a en las afueras del Palacio de Justicia, se motiva por lo que ellos asumen como un derecho que no es más que la cancelación de lo que ganaron al prestar sus servicios a la empresa.

Los ex trabajadores han entablado una pelea legal al no estar de acuerdo con los resultados del estudio que tanto esperaban para solventar la situación, lo que no se logró en vista de los resultados obtenidos, lo que ellos califican como falsos.

A pesar de la resolución tomada en el máximo ente fiscal de la ciudad, los trabajadores continúan en su lucha por obtener una segunda revisión de la situación, con la esperanza que con el cambio de peritos se logre solventar el problema laboral que aqueja a más de 80 empleados. (SUN)