Ayer se llevó a cabo una asamblea general con los educadores estadales y el Comando regional intersindical del magisterio del estado Mérida, en la cual se discutieron cuatro aspectos de suma importancia, entre ellos el pago de los 20 meses de retroac Ayer se llevó a cabo una asamblea general con los educadores estadales y el Comando regional intersindical del magisterio del estado Mérida, en la cual se discutieron cuatro aspectos de suma importancia, entre ellos el pago de los 20 meses de retroactivo de la convención colectiva del trabajo, 30 por ciento de incremento salarial aprobado en la convención colectiva, pago del cesta ticket y pago a los educadores jubilados y pensionados.
La reunión se realizó en la Casa Sindical y estuvo dirigida por José Máximo Briceńo, coordinador del comando intersindical; Álvaro Fernández, presidente del Colegio de Profesores de Mérida; Antonia Molina, presidenta de Suma; José Gregorio Suescum, secretario general de Sintraenseńanza y Orlando Ramírez, presidente del Colegio de Licenciados Mérida.
Los educadores estadales se reunieron el pasado lunes con la jefe de la Dirección de Educación en el estado, Flor de Porras, reunión a la que acudió la inspectora regional del Trabajo, con la que los docentes tenían algunas diferencias porque pensaban que ella no estaba conduciendo este proceso con el Ejecutivo regional como debe ser, de manera imparcial.
Las organizaciones sindicales tenían más de tres ańos sin recorrer los predios del Ejecutivo regional y en esta oportunidad fueron convocados por la ciudadana directora de Educación.
Así lo informó José Máximo Briceńo, coordinador del comando intersindical del magisterio, quien expresó que “los puntos que tratamos nosotros se los hicimos ver, con bastante criterio, nosotros inicialmente hablamos del pago de los 20 meses de retroactividad de la convención colectiva de trabajo, porque son 20 meses, porque cuando se firmó el contrato colectivo, el 5 de diciembre del ańo 2001, eso generó una retroactividad del contrato de ese ańo, es decir de 12 meses del ańo 2001 y de 8 meses más adelante, que fueron los que no fueron cancelados en el 2002, estos vienen a ser los 20 meses”. Agregó que el Gobierno Nacional puede cancelar en este momento por lo menos 8 meses a los trabajadores de la educación que dependen del la Gobernación del estado Mérida.
Otro de los puntos discutidos con la directora de Educación, Flor de Porras, y expuesto en la Asamblea General de ayer fue el de la convención colectiva nacional que fue aprobada y según Briceńo, los docentes nacionales gozan del 30 por ciento de incremento salarial y por eso expresó que “la propuesta nuestra es que ese 30 por ciento se incorpore en la Ley de Presupuesto del ańo 2005 para garantizar que los docentes comiencen a cobrar su incremento salarial a partir de enero del próximo ańo”. Adicionó que la decisión de los docentes estadales es que se dé inició a la discusión de la cuarta convención colectiva de trabajo.
Igualmente los docentes discutieron sobre la cancelación de los 38 meses que se mantienen con la población jubilada y pensionada, en este sentido aseguró que “estos colegas están siendo tratados muy mal por parte del Ejecutivo regional, los profesionales jubilados necesitan su pago, ya que algunos están enfermos o no tienen otro sustento para solucionar sus gastos familiares, entonces, deben ser tomadas en cuenta sus peticiones.
También se tocó el tema del pago de cesta ticket y en ese sentido el comando intersindical ha solicitado que se cumpla la palabra de la directora de Educación, ya que se habla de cancelarlo a partir del mes de noviembre. Sin embargo, en la Asamblea realizada ayer, al tratar este punto llegaron a la conclusión de esperar hasta noviembre.
Luego de tratados los cuatro puntos en colectividad, los educadores decidieron dar un voto de confianza al comando intersindical, el cual se reunirá nuevamente el próximo lunes 4 de octubre, a las 3 de la tarde, con Flor de Porras. Al respecto seńaló que el comando intersindical aspira a que en la reunión que sostendrán la semana que viene quede todo aclarado y, sobre esos cuatro aspectos “se firme un acta-convenio que garantice a los padres y representantes que salga humo blanco, pero, para que sea así, se debe realizar esta firma”. Agregó José Máximo Briceńo que el pliego que se tiene es de carácter conflictivo y que el derecho a la huelga recoge también los derechos de los trabajadores, esa es la última arma que tienen los trabajadores, pero si el patrono tiene la buena intención de mejorar el tratamiento que se ha dado a los docentes, entonces es un buen momento para firmar el acuerdo que será sensato entre las partes. Luego de la reunión del próximo lunes, cuando se presente la oferta por parte de Flor de Porras, se tomará la decisión definitiva.