A continuación, publicamos el análisis de perspectivas nacionales que sirvió de base para la discusión política efectuada en el pasado VII Congreso de Lucha de Clases. Aunque el texto fue redactado en el mes de mayo, consideramos que los planteamientos fundamentales contenidos en el mismo trazan de manera correcta las tendencias generales de la situación nacional y los posibles desenlaces que podrían presentarse en el corto y mediano plazo. El desarrollo de los hechos suscitados durante las ultimas semanas vienen confirmando parte de los señalamientos propuestos en el escrito. Recomendamos su lectura y estudio.

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Tras la reelección de Maduro en los pasados comicios presidenciales del 20 de mayo, entramos a un nuevo periodo que avizora profundas tensiones políticas y sociales en el corto y mediano plazo. El callejón sin salida en que halla el capitalismo venezolano, la previsible continuación de la política de conciliación de clases y el endurecimiento de las sanciones económicas y diplomáticas por parte del imperialismo estadounidense, aliados y lacayos; anuncian la prolongación y profundización de la catastrófica crisis económica nacional, del proceso de descomposición social aparejado a ella y del clima de inestabilidad e incertidumbre que impera ante tales condiciones.

Mientras la derecha trata de reagrupar sus fuerzas sobre la ola de la inminente agudización de la crisis, buscando emprender una nueva embestida insurreccional en el mediano plazo; la creciente apatía y desmovilización de las masas trabajadoras, como resultado de la bancarrota manifiesta de la dirección bolivariana y el retardo en el surgimiento de un nuevo referente revolucionario, amenazan con potenciar las posibilidades de victoria de la reacción en el futuro. La lucha de clases en Venezuela avanza hacia una etapa aún más convulsiva, pero, sobre todo, irremediablemente definitoria. Resulta necesario analizar las tendencias generales de la situación país para preparar las luchas que nos esperan.

Colapso económico

La actual crisis económica de Venezuela puede catalogarse como la peor de su historia reciente, y una de las más profundas que ha tenido que afrontar país latinoamericano alguno. La debacle en la producción nacional y petrolera, la hiperinflación, la escasez de amplia gama de productos, la caída de las importaciones, la disminución de las reservas internacionales, las constantes devaluaciones monetarias, los niveles enormes de endeudamiento externo, bloqueo financiero con repercusiones comerciales entre otros, comprenden algunos de los factores que definen el catastrófico panorama nacional.

En Venezuela se estableció una forma de capitalismo característico de las naciones atrasadas, semicoloniales y dependientes, donde el latifundismo, la producción artesanal, y el comercio pequeño-mercantil, se combinaron con islotes de desarrollo industrial relativo, en ocasiones altamente tecnificado como en el caso de la industria del petróleo. Nuestra parásita oligarquía, históricamente ligada a los intereses latifundistas, se encuentra vinculada mediante múltiples lazos de dependencia al gran capital imperialista, especialmente estadounidense, que comenzó a establecerse inicialmente en las explotaciones petroleras, pero que luego extendió su dominio a otras ramas tras el desarrollo de un mercado interno, el auge industrial a partir de la década del 50 del siglo XX y con la política de sustitución de importaciones. El atraso económico de nuestro país, del cual las clases propietarias criollas se encuentran atadas, se hace patente con un sector agrícola históricamente abandonado y con técnicas de producción arcaicas; con un proceso de industrialización inacabado e inadecuando (delineado por los intereses imperialistas), no apto para ocupar a la mayoría de la población activa; y en compensación de lo anterior, con la saturación de la administración pública, y de sectores como comercio y servicios de mercancías producidas en su mayoría en el extranjero, que no pudieron seguir absorbiendo mayor cantidad de fuerza laboral, condenando a las grandes mayorías a la exclusión, la miseria y la informalidad. La base que sostiene el vulnerable edificio capitalista venezolano es la renta petrolera.

Los precios del barril de crudo, que promediaron los 98 US$ en 2013 y los 88 US$ en 2014, cayeron a 44 US$ y 35 US$ en 2015 y 2016 respectivamente. Sin embargo, sobre la base del acuerdo de restricción productiva entre los países miembros y asociados a la OPEP, la cotización de la cesta petrolera venezolana -al igual que el resto de marcadores referenciales- ha mostrado una importante recuperación desde 2017, y que en mayo del presente año se ha mantenido en el orden de los 68 US$. A pesar de dicho repunte, la disminución de la producción de PDVSA en los últimos años, que ha pasado de 2,8 millones de barriles por día en 2014 a 1,6 millones en diciembre de 2017 [y a menos de 1,4 millones en junio de 2018], ha privado al país de los beneficios del alza en los precios.

La tendencia a la baja en la producción petrolera venezolana, factor que también ha condicionado el aumento de los precios internacionales del crudo, responde en primer lugar al colapso financiero de PDVSA. La situación donde esta empresa vende al Banco Central de Venezuela (BCV) un gran porcentaje de las divisas que obtiene a tasas de cambio preferenciales, en relación a los costos internacionales sobre los que se basan los intercambios con sus proveedores; combinada con la merma de los precios del crudo desde 2014 al 2017, la corrupción y mala gestión; han resultado en enormes restricciones en cuanto a liquidez, que por un lado, precipitaron los enormes niveles de endeudamiento de la empresa, y por otro, limitaron las posibilidades de efectuar inversiones para el mantenimiento y mejoramiento de la operatividad.

A pesar de que el gobierno ha venido otorgando fabulosas ventajas para la inversión en instalaciones de extracción y refinación a multinacionales petroleras de diversas latitudes, buscando superar los problemas de productividad a cambio de grandes tajadas en el negocio petrolero venezolano; en la práctica, esta maniobra ha significado una mayor entrega de riqueza nacional, que sin embargo, en nada ha detenido el derrumbe productivo cada vez más agudo. En su más reciente informe sobre Perspectivas Económicas Mundiales, el FMI estima que la producción de petróleo venezolano podría llegar a 1 millón de barriles por día para finales del 2018, hecho que supondría un mayor recorte en los ingresos nacionales, y en consecuencia la profundización de la crisis económica.

Como resultado de la caída de los ingresos petroleros, las reservas internacionales han sufrido un marcado desplome de US$ 30.000 millones en 2012, US$ 22.000 millones en enero del 2015, hasta situarse en US$ 9.800 millones en mayo del 2018. Por su parte, el déficit presupuestario se ha incrementado de un 15% del PIB en 2016 hasta alcanzar un 21% para finales del 2017.

Producción, importación y escasez

En el ámbito de la producción nacional, según datos de la CEPAL, el PIB presentó una contracción acumulada del 31,9% desde 2013 hasta 2017. Recientemente, la misma institución ha proyectado un retroceso de un 8,5% para 2018, 3 puntos por encima de su estimación de diciembre pasado y 1 punto por debajo del descenso registrado en 2017. En el mismo renglón, el FMI vaticina una reducción de un 15% para el presente año y un 6% para el 2019, 6 y 2 puntos al alza en el mismo orden, con respecto a las estimaciones de octubre del 2017.

Cabe aclarar que recurrimos a los cálculos realizados por organismos internacionales de tan nefasto historial, como el FMI, dada la negativa gubernamental -más específicamente del BCV- a publicar y actualizar cifras, y debido a que, en lo que respecta a los estudios difundidos, los datos de esta institución presentan una mayor fiabilidad que los aportados por otras fuentes.

Desde el año 2012 las importaciones se han reducido en un 82%, dato que toma significativa importancia dada la histórica y desproporcionada dependencia de la economía venezolana con respecto a las compras externas, no sólo de bienes terminados, sino también de materias primas, repuestos y maquinarias industriales. Tal disminución, que ha obedecido principalmente al pago de la deuda externa y que supone una de las principales causas de las escasez de productos, explica en buena medida el desplome acelerado de la producción nacional en los últimos años, debido al cierre parcial o definitivo de innumerable cantidad de empresas estatales y privadas por falta de insumos. Este hecho ha profundizado de forma dramática la precariedad del aparato industrial, el cual ya venía siendo abandonado por la parásita clase capitalista criolla desde comienzos la década de los 90 del siglo pasado, y que, según CONINDUSTRIA, cerró cerca de 4.000 empresas de mediano y gran tamaño durante los primeros 10 años del siglo XXI.

Con la huelga de inversiones impuesta por la burguesía y el sostenimiento del modelo de regulaciones por parte del gobierno, que por un lado, han impedido el libre desarrollo de una economía mercado, pero que por otro, no alcanzaron a quebrar de forma definitiva el orden de producción capitalista y sus relaciones de propiedad; la debacle en el aparato productivo nacional se hizo inevitable. Aunque en principio, los controles de cambios y de precios representaron medidas necesarias para frenar la fuga de capitales, en el caso del primero, y defender el poder adquisitivo de la población, en el caso del segundo; con el tiempo se convirtieron en su contrario. El control cambiario se transformó en un mecanismo de transferencia de dólares a la burguesía y burócratas corruptos, mientras que el control de precios fue sistemáticamente burlado por el empresariado. Además, al mantener un tipo de cambio sobrevaluado, que abarataba las importaciones en detrimento de la producción interna, y al limitar las ganancias con la implantación de topes en los precios de los productos; la clase capitalista respondió con más desinversión y sabotajes a través de sus monopolios y oligopolios. Esta situación, que pudo ser compensada mediante el crecimiento de las importaciones estatales y privadas durante la época de grandes ingresos petroleros, finalmente salió a la superficie cuando los petrodólares comenzaron a escasear y el fantasma de la crisis hizo acto de presencia.

Los mercados negros de productos de primera necesidad y de divisas, han marcado la tónica de la economía venezolana durante el último periodo. El gobierno y su intelectualidad servil insistentemente han tratado de atribuir las causas de la crisis al bachaqueo y a los marcadores del dólar paralelo -omitiendo las razones científicas que explican su surgimiento-, como expresiones de una forma salvaje y deshonesta de capitalismo, olvidando que dicha forma constituye la naturaleza del sistema y no su cara fea. La narrativa pro-gobierno invierte la relación entre causas y consecuencias, donde se nos impide ver el trasfondo real del fenómeno. Sobre la base de la propiedad privada, los mercados negros expresan la imposición fáctica de las leyes del mercado capitalista sobre todas las formas de regulación posible, ante la escasez de bienes de una altísima demanda, como alimentos, medicamentos o dólares. En última instancia, el contrabando y los marcadores de la tasa de cambio paralela son síntomas del problema y no sus causantes. La problemática descansa en el colapso de la producción nacional y de las importaciones, que al desatar un panorama de escasez, pone en ventaja a todo aquel que comercie con bienes insuficientes en un mercado donde muchos compradores tendrán que competir entre sí para adquirir pocos productos en existencia.

Marx, en Trabajo Asalariado y Capital explica que en un escenario de abundancia de mercancías y poca demanda, los miembros del ejército de vendedores compiten entre sí para salir de las mismas, viéndose obligados a bajar sus costos en beneficio de los compradores. En caso contrario (escasez de productos y una amplia demanda), entre el ejército de los demandantes se libra una intensa lucha por adquirir bienes insuficientes, lo que se traduce en una mayor disposición a pagar más dinero a cambio de los mismos. En esencia, la superioridad de la simplicidad científica supera con creces los malabares conceptuales y argumentativos de cierta intelectualidad de izquierda, que subordinó los estudios profundos sobre la esencia de los hechos económicos, a la necesidad de escurrir la cuota de responsabilidad del gobierno sobre la crisis.

La conclusión que se desprende de lo anterior es clara: el capitalismo no puede ser controlado. El fracaso del modelo de regulaciones superpuestas al decadente capitalismo rentista criollo, hoy se muestra con incuestionable claridad. Con la tendencia a la caída de la producción petrolera, los efectos de las sanciones financieras promovidas por EEUU y la irremediable imposibilidad del gobierno de generar confianza entre la burguesía y el imperialismo; la crisis económica nacional se agudizará con el paso de los días a ritmo más acelerado.

Hiperinflación y devaluaciones

Sin lugar a dudas, la hiperinflación desatada en el mercado nacional supone uno de los ejes problemáticos de mayor trascendencia en la crisis económica que atraviesa el país. Según el FMI, el alza de precios, que registró un 1.087,5% en 2017, alcanzará un 13.864,6% al cierre del 2018 y un 12.874,6% para 2019.

Con la hiperinflación, el desplome del poder de compra de los salarios ha alcanzado niveles dramáticos. Un sueldo mínimo integral de septiembre del 2017, situado en 325.544 Bs, alcanzaba para comprar 12 kilogramos de carne a 26.000 Bs, 10 cartones de huevos a 30.000 Bs y 21 kilos de harina de maíz precocida a 15.000 Bs. Para enero del 2018, el mismo salario había aumentado a 797.510 Bs, con el cual se podían adquirir 2,84 kilos de carne a 280.000 Bs, 2,65 cartones de huevos a 300.000 Bs y 13,29 kilogramos de harina de maíz precocida a 60.000 Bs. A principios de mayo del año en curso, 1 kilogramo de carne a 2.000.000 Bs, 1 cartón de huevos a 1.500.000 Bs y un kilo de harina de maíz precocida a 800.000 Bs, representan un 78, un 58 y un 31% de un salario mínimo integral de 2.555.500 Bs respectivamente. [En Junio el sueldo mínimo integral volvió a aumentar a 5.196.000 Bs, pero ya para entonces el kilo de carne estaba en 5 millones y el cartón de huevos en 4,5 millones]

Si bien la incidencia de los monopolios y oligopolios -controlados por la burguesía-, jugaba un papel clave en el alza de precios (tanto para la obtención de mayores ganancias, como para el impulso de objetivos desestabilizadores), con la caída de la renta petrolera arribaron factores de mayor peso en la situación. Inicialmente, para paliar el déficit presupuestario resultante y más recientemente para respaldar su deriva clientelar, el gobierno ha venido implementando una irresponsable política monetaria expansiva sin sustento en las reservas de divisas y la oferta de bienes, hecho que constituye la causa fundamental de la hiperinflación. Desde abril del 2012 al mismo mes del presente año, la liquidez monetaria ha aumentado en un 60.000%, lo que quiere decir que se ha multiplicado por 600. Así mismo, contando los 12 meses transcurridos desde abril del 2017 el crecimiento ha sido de un 3.170% y un 250% desde el 1 de enero al 23 de marzo del 2018.

Marx en Contribución a la Crítica de la Economía Política y el primer tomo de El Capital, explicaba que, sobre la base del desarrollo del mercado, el dinero es una mercancía que cumple las funciones de equivalente general para medir el valor de las demás, y medio de circulación, en tanto facilita los intercambios de bienes y servicios. El dinero circulante reviste el movimiento formal de los productos mercantiles. Por esta razón, la masa monetaria necesaria para una economía debe coincidir con la suma de mercancías disponibles. En este sentido, los precios estarán determinados por la cantidad de productos en proporción a la masa de dinero y el ritmo de rotación del mismo (velocidad de circulación). En el caso específico de nuestro país, la combinación entre el acelerado crecimiento de la liquidez monetaria, con la caída de la producción nacional y de las importaciones, resulta en una situación donde mucho dinero persigue a pocos productos, los cuales absorberán mayor cantidad de unidades monetarias. Esto se agrava cuando la población se desprende rápidamente del dinero que obtiene en la compra de productos que serán más costosos en cuestión de semanas, días u horas, aumentando de este modo la velocidad de circulación, y por tanto, el alza de precios. Este es solo uno de los fenómenos causales de la hiperinflación en Venezuela.

Desde otro ángulo, la masa monetaria circulante en una economía debe corresponder con los niveles de reservas de divisas, que en nuestro país han caído en un 55% en cuestión de 3 años y medio. Sobre lo anterior Marx nos explica: «[…] Para encontrar una ley específica de la circulación de billetes, no hay más remedio que atenerse a su proporción representativa respecto al oro. Y esta ley es sencillamente la de que la emisión de papel moneda debe limitarse a aquella cantidad en que sin él, circularía necesariamente el oro (o la plata) representado simbólicamente por ese papel…» (Karl Marx. El Capital. Tomo I. p. 79). Aunque cabe aclarar que tras los tratados de Bretton Woods (1944), las reservas de dólares sustituyeron la primacía del oro como respaldo de los signos monetarios de la estados, y también que en la actualidad la mayor parte de las emisiones monetarias corresponden a dinero electrónico; en esencia las palabras de Marx mantienen plena vigencia.

Concretamente, factores como el agotamiento del componente en divisas de las reservas internacionales, motivado también al pago de la deuda externa; la enorme fuga de divisas vía importaciones fraudulentas o desfalcos al estado, a través de CADIVI, CENCOEX, SITME y PDVSA, entre otras; y la ya señalada merma en los ingresos petroleros; han producido una situación de quiebra en las cuentas estatales, donde el gobierno no ha podido seguir ofertando la cantidad de divisas suficientes para mantener el insostenible dinamismo de una economía fuertemente importadora. En las primeras 12 subastas del DICOM en 2018, sólo se ha adjudicado la diminuta cantidad de 9,8 millones US$.

Ante la escasez de los altamente demandados dólares y una mayor liquidez de bolívares, las devaluaciones de nuestro signo monetario no se han hecho esperar. La tendencia alcista de los tipos de cambio flotantes (oficiales), que han registrado los diversos instrumentos de adjudicación de divisas establecidos por el gobierno en los últimos años, corroboran lo dicho. El SIMADI, que comenzó a operar en febrero del 2015 con una tasa de 170 Bs por $, para el 26 de abril del 2017 se situó en 716 Bs por $, lo que significó un alza en el tipo de cambio del 321% y una devaluación del Bolívar de un 76%. Para septiembre del 2017 la tasa DICOM se ubicó en 3.345 Bs por $, registrando una variación del 367% y un desplome en el valor del Bolívar de un 78% en tan solo 4 meses. La primera subasta del DICOM del 2018 arrojó una cotización de 25.000 Bs por $, que en relación a la última tasa del año anterior representó un aumento del tipo de cambio de alrededor de un 647% y una devaluación del 86%. En las últimas 16 subastas del presente año, la tasa de cambio se ha incrementado un 220% con una devaluación del 68%. Tales alzas sin embargo, no han podido mitigar las presiones del dólar paralelo, que ahora cuenta con numerosos marcadores referenciales (DolarToday, Dólar BitCoin, AirTM, entre otros) los cuales no gobiernan arbitrariamente el mercado de divisas, como la intelectualidad pro-gobierno ha tratado de hacer creer, sino que solo reflejan el caótico estado de éste. La cotización de Dolar Today para finales de mayo del 2018 ronda los 930.000 Bs por $, que en comparación con los 250.000 Bs de principios de abril (tras el pago del ISLR), los 211.000 Bs del 22 de enero, los 7.600 Bs del 9 de julio del 2017, y los 833 Bs del 1 de enero del 2016, comprende desplazamientos del tipo de cambio de 272, 340, 12.136 y 111.544% respectivamente. [¡A principios de Julio la cotización de Dolar Today ha llegado a 3.400.000 Bs por $!]

Las devaluaciones, o en su defecto, la elevación de los tipos de cambio, en economías fuertemente importadoras -como la de Venezuela- tienen una alta incidencia en los niveles de inflación en el mercado interno. Dada la comprometida situación financiera del estado venezolano, con menos fuentes de divisas, la tendencia alcista del tipo de cambio no se detendrá, sino que por el contrario, redoblará sus niveles de crecimiento.

Con la constante expansión monetaria, el gobierno ha entrado en un círculo vicioso del cual le es muy difícil salir. Con cada vez menos ingresos en divisas, la administración gubernamental no cuenta con otro medio para cubrir las innumerables cuentas en rojo de un déficit fiscal en aumento. Este hecho de por sí condiciona la continuación de esta política y sus consecuencias en los precios del mercado y en las frenéticas devaluaciones del Bolívar, dada la situación de la economía venezolana en su conjunto. Por otra parte, con la entrega masiva de bonos asistenciales -con un alto contenido clientelar- la dirección bolivariana ha creado una mayor dependencia de buena parte de la población -diezmada por la pérdida del poder adquisitivo- ante el estado. En el gobierno entienden que aminorar dicho asistencialismo traería enormes costos políticos. Por esta razón, tratarán de mantenerlos con emisiones de moneda inorgánica, a pesar de las repercusiones en los precios.

Debido al rezago de las familias dinerarias de curso legal con respecto a la hiperinflación y el rápido aumento de la liquidez, se ha producido una situación de escasez de dinero efectivo. El incremento constante de los precios de los bienes y servicios hace que se requieran cada vez más billetes para el pago de los mismos. Por otra parte, la proporción de efectivo con respecto al dinero circulante ha disminuido de un 9% en abril del 2013 a un 2,61% en abril del 2018. Para solventar dicha problemática, el gobierno prepara el lanzamiento de un nuevo cono monetario que consta de 2 monedas (0,5 y 1 Bolívar) y 7 billetes (2, 5, 10, 50, 100, 200 y 500 Bs), en el marco de un proceso de reconversión que eliminará 3 ceros de la moneda nacional. Dada la inminencia en la continuación y recrudecimiento de la hiperinflación, que en 2018 pasará de 4 a 5 dígitos, tales medidas quedarán neutralizadas en poco tiempo.

Deuda externa y asfixia financiera

Dada la voluntad del gobierno, los cuantiosos pagos de deuda externa han absorbido recursos vitales para la economía y para las necesidades de la población durante el último periodo. Maduro señaló en enero que Venezuela había cancelado la suma de 74.000 millones de US$ en un periodo de tiempo no especificado. Esta cifra casi quintuplica la cantidad de divisas destinadas a la importación de alimentos en 2013. A parte de los préstamos bilaterales otorgados por empresas e instituciones chinas y rusas, la deuda externa de Venezuela se compone de 15 bonos soberanos y 9 de PDVSA, calculados en 121.000 millones de US$, que fijan plazos de pago por lo menos hasta el año 2038.

El panorama de restricciones de caja que el gobierno venía acusando desde finales del 2016, lo llevaron a respaldar primero un canje de bonos y luego un préstamo de la petrolera rusa ROSNEFT, con la totalidad de acciones de CITGO. En 2017 las autoridades venezolanas otorgaron importantes concesiones a empresas acreedoras de parte de la deuda sobre las reservas petroleras del país, con el objeto de obtener nuevos préstamos y flexibilizar las condiciones de los ya contraídos. En este sentido, vimos el crecimiento en la participación accionaria de consorcios extranjeros en las asociaciones mixtas, como el polémico caso de ROSNEFT con PETROPIAR; y ventajas para la inversión petrolera en territorio venezolano, como la firma de acuerdos para la reactivación de 800 pozos con la petrolera china CNPC en la Faja Petrolífera del Orinoco; entre otros casos.

En agosto del 2017, desde la Casa Blanca se emitió un decreto ejecutivo que prohibía la negociación de nueva deuda con el estado venezolano y PDVSA, buscando bloquear posibles fuentes de financiamiento internacional hacia Venezuela, además de generar serios obstáculos para la concreción de intercambios comerciales. Ante estas condiciones, la continuidad de los pagos se hizo insostenible. Desde el anuncio de reestructuración de la deuda en noviembre del 2017, se cuenta con 13 bonos vencidos, incluidos los que poseen acciones de CITGO como garantías. Ante la imposibilidad de seguir recibiendo sus pagos, varios acreedores contemplarán la idea de iniciar demandas contra Venezuela en procesos judiciales que pueden demorar larga cantidad de tiempo. Otros preferirán esperar que la inestabilidad política en Venezuela y la asfixia financiera de Trump, desemboquen en un cambio de gobierno para negociar sus reintegros en «mejores condiciones». Todo apunta a que la tónica girará en mayor grado hacia la segunda opción.

Como medida desesperada, el gobierno lanzó el Petro con el cual ha tratado de eludir los efectos de las sanciones norteamericanas, bajo una forma de endeudamiento adicional que se paga con contratos de compraventa de barriles de petróleo no extraídos, lo que significa hipotecar ventas de crudo a futuro. Las transacciones con dicho criptoactivo ya han sido prohibidas por Washington dentro del poderoso sistema financiero estadounidense.

Aunque en principio estas medidas tocan a personas naturales y jurídicas estadounidenses, o que guardan alguna relación económica con dicho país, el enorme peso e influencia del sistema financiero yankee en el mercado mundial le dan a las mismas un carácter más global. Ya han sido reiterativos los bloqueos de cuentas y transacciones, realizadas por el estado venezolano y PDVSA, en bancos internacionales, los cuales temen ser sancionados por EEUU.

A pocas horas de la victoria de Maduro, Trump ha firmado dos ampliaciones de la orden ejecutiva de agosto del 2017 donde veta: 1) la compra de la deuda emitida por el estado venezolano y PDVSA, incluyendo bloqueos a transacciones, facturas y cuentas a cobrar por parte de la industria petrolera en territorio estadounidense; y 2) la participación en la compra de activos con mayoría accionaria venezolana. Con estas sanciones, la Casa Blanca ha bloqueado la posibilidad de que China o Rusia adquieran la deuda del pais, mientras afecta el relacionamiento financiero de PDVSA con sus proveedores para mantener sus operaciones. Desde Washington se ha amenazado con implementar un embargo petrolero contra nuestro país, posibilidad que hasta ahora no se ha ejecutado debido a los efectos contraproducentes que tal medida acarrearía sobre las refinerías norteamericanas, acondicionadas para procesar el petróleo extrapesado venezolano.

Al obstaculizar las posibilidades de financiamiento por parte del estado venezolano y alimentar los problemas operativos de PDVSA, el imperialismo estadounidense busca estrangular financieramente al gobierno de Maduro para desatar escenarios que precipiten un cambio de gobierno. Los marxistas debemos mostrar nuestro más enérgico rechazo a tales pretensiones. Todos estos elementos aseguran un mayor deterioro de las condiciones económicas del país, donde el pueblo trabajador, como de costumbre en el capitalismo, sufrirá las más brutales afectaciones.

Entre la espada y la pared, a Maduro solo le queda 1 carta de la cual echar mano: emplear las enormes reservas petroleras y mineras con que cuenta el país como instrumento de negociación. Se puede prever en el futuro una mayor orientación entreguista por parte del gobierno, tratando de maniobrar con la comprometida situación financiera del país y su necesidad de mantener el poder. Pero esto no servirá de mucho. La administración Trump se ha propuesto sacar de juego a Maduro en la menor cantidad de tiempo posible y para ello tratará de hundir la economía venezolana.

Crisis social

Fruto de la crisis estructural del capitalismo venezolano, fenómenos como la miseria, el hambre, la indigencia, y la mendicidad, se han desbordado. Tal situación, viene condicionando el recrudecimiento de flagelos como la deserción educativa, la prostitución -incluida la infantil- y la delincuencia. Las calles de cualquier ciudad del país evidencian de forma cruda dicha aseveración.

Con el bajo poder de compra de los salarios, la dieta de la gran mayoría de familias venezolanas ha presentado un severo desplome, tanto en cantidad como en calidad. Este contexto ha repercutido en problemas de desnutrición y malnutrición, que enfocadas en el ramo infantil, condenan a las futuras generaciones a un inadecuado desarrollo físico-intelectual, y en consecuencia, al padecimiento de mayores problemas de salud, con respecto a sus antecesoras.

Según el FMI, el desempleo ha crecido de un 27,1% en 2017 a un 33,3% en 2018, y se proyecta que alcance un 37,4% para 2019. La informalidad no ha dejado de repuntar, situación que no solo concierne a las personas que se dedican exclusivamente a cualquier actividad de este tipo, sino que incluye a cada vez más trabajadores del sector formal que buscan nuevos ingresos ante la imposibilidad de subsistir ante el bajo poder de compra de los salarios. En muchos casos, la informalidad compite y supera en alicientes económicos con los empleos formales. La precaria remuneración al trabajo, aunada a la escasez de dinero efectivo y la debacle en los sistemas de transporte, han impulsado el crecimiento del ausentismo laboral.

La crisis ha generado un proceso de lumpenización general de la población cada vez más notorio. En base a este drama social sin precedentes, los beneficios que otorga el gobierno, como los bonos solidarios o las cajas de alimentos CLAP, adquieren una gran importancia para los amplios sectores de la población beneficiada. Con estas ayudas estatales, los beneficiarios cubren cierto porcentaje de requerimientos alimenticios y de otros bienes esenciales, que no logran costear con los bajos sueldos y la hiperinflación. Esto explica por qué en ciertas localidades surgen protestas cuando se interrumpen, por diversos motivos, las asignaciones del CLAP. Debido a la intensificación del bloqueo financiero con incidencias comerciales impulsado por EEEUU y sus satélites en la región, al gobierno le será cada vez más difícil sostener el suministro permanente de cajas de alimentos, que casi en su totalidad son importados. Dicha circunstancia puede traer funestas repercusiones, sobretodo en el Distrito Capital, donde en buena parte de los barrios más sobrepoblados, como Petare, el beneficio alimentario es surtido cada 40 días regularmente. Ante este escenario, una respuesta social no puede ser descartada.

En otro orden de ideas, los servicios públicos han colapsado. El deplorable estado del sistema nacional de salud -donde también se incluye la misión Barrio Adentro-, las dependencias regionales en el ramo y del seguro social, que carecen de medicinas e insumos diversos fundamentales, así como de condiciones idóneas de infraestructura y esterilización para una atención aceptable; obedece a la caída de la inversión, la mala gestión y la corrupción. Bajo un carácter diferente, estas mismas causas determinan en buena medida el actual estado de vulnerabilidad en que se hallan el sistema eléctrico nacional y las corporaciones estatales de suministro de agua potable y gas doméstico, que han originado innumerables cortes o descensos en el abastecimiento de los respectivos servicios, en muchas zonas del país. Por otro lado, en todas las ciudades de Venezuela la carestía en los repuestos y autopartes, combinada con las regulaciones a los costos de los pasajes, han producido el retiro de un alto porcentaje de unidades de transporte pertenecientes en su mayoría a propietarios privados asociados en cooperativas o líneas. Mientras los gremios del sector no han dejado de pujar por constantes alzas en los costos del servicio, la escasez de autobuses y busetas ha dado pie al cubrimiento de rutas por parte de dueños de camiones y camionetas particulares, que no cuentan con las más mínimas condiciones de seguridad y comodidad para albergar pasajeros. Aún así, en numerosas ciudades las personas deben esperar por varias horas, o en su defecto, caminar kilométricas distancias para trasladarse hacia sus destinos.
La grave crisis económica y social que afronta el país, no podía dejar de impactar a la educación pública. El descenso en la inversión estatal en el ramo ha repercutido en el deterioro de una gran cantidad de infraestructuras, de todos los niveles y subsistemas. La emigración de docentes a otros países, ha dejado a innumerables instituciones sin la cantidad de personal profesional suficiente para el inicio, desarrollo y culminación de cursos y programas.

Con la marcada tendencia hacia el empeoramiento de la crisis, el colapso generalizado de los servicios públicos alcanzará niveles mucho más inhóspitos y catastróficos en los meses venideros. Esto conducirá a un mayor repunte en las protestas en todas las regiones del país, que cotidianamente se vienen registrando a causa de todos los flagelos descritos. El volátil caldo de descontento e inestabilidad social imperante encuentra aquí abundantes ingredientes.

Las desmejoras en los niveles de vida mínimamente aceptables para la población, han llevado a millones de venezolanos a abandonar el país. Si bien, la emigración comenzó a repuntar en sectores de clase media a partir del 2013, la intensificación de la crisis en los últimos años ha expandido el fenómeno hacia las capas proletarias y pobres. Se estima una diáspora de entre 3 y 4 millones de compatriotas (10 y 13% del total de ciudadanos del país respectivamente), que asumiendo empleos precarios en la mayoría de casos, son capaces de sostener a sus familias desde el extranjero mediante el envío de remesas, que incluso en pequeña cantidad representan un gran ingreso dado el diferencial cambiario. Con el agravamiento de las condiciones económicas y sociales en el país, el contingente de venezolanos migrantes no dejará de crecer.

Debido a la migración, la entrada de remesas y la venta regular de cajas CLAP en numerosas comunidades pobres, la crisis no ha detonado en un estallido popular hasta ahora. Podría decirse que dichos factores han jugado el papel de válvulas de escape, que han permitido liberar cierto vapor acumulado. Sin embargo, con los brutales efectos de las sanciones de EEUU y sus satélites en la región, que pueden comenzar a afectar la importación de productos CLAP; y el aumento de medidas de orden restrictivo contra la migración venezolana, como las que ya se han emprendido en países como Chile y Panamá; dichas válvulas de escape han comenzado a cerrarse. Resta preguntarse ¿Por cuánto tiempo podrá mantenerse la situación de relativa calma actual?

Bonapartismo y conciliación de clases

La nefasta política de conciliación de clases implementada por el gobierno de Maduro ha consistido en dirigir mayores concesiones al empresariado nacional y multinacional, y en agotar todos los canales de negociación posibles con la derecha. Bajo la ilusoria creencia de que puede concretar un pacto que le permita gobernar con tranquilidad, Maduro no ha dejado de intentar congraciarse -sin éxito- con sectores de la burguesía y el imperialismo. Sin embargo, para la clase dominante criolla y sus amos del norte, la recuperación del control sobre el estado demanda del concurso de sus representantes políticos consecuentes y no de aspirantes rojos. Los reiterados intentos de la reacción por hacerse del poder, sumado a la necesidad de la burocracia bolivariana de mantenerlo, han llevado a esta última a burlar los esquemas de la democracia burguesa, bloqueando el accionar opositor, y de este modo, vulnerando las condiciones del hipotético pacto.

Lenin decía que la política es economía concentrada. Si bien, el gobierno ha brindado amplia cantidad de estímulos a los capitalistas: el levantamiento del control de precios, la tenue flexibilización del control de cambios mediante el DICOM, el otorgamiento de créditos, exenciones de viejas deudas e impuestos, la creación de Zonas Económicas Especiales, y la promulgación de la Ley de Promoción y Protección a la Inversión Extranjera en Venezuela, entre otros; para la burguesía y el imperialismo tales concesiones son apenas migajas. Estos últimos demandan la aplicación de un severo programa de ajuste macroeconómico, que descargue todo el peso de la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora, misión que además requiere para su implementación del asalto a las libertades democráticas y acrecentar de forma desproporcionada los niveles de represión y persecución. Los capitalistas entienden que tamañas tareas deben ser llevadas a cabo por elementos de su plena confianza en el poder. Aquí radica la imposibilidad de concreción del ansiado pacto que Maduro ha intentado e intentará buscar por todos los medios.

Por otro lado, los procesos de diálogo que se han llevado a cabo hasta ahora, no han arrojado importantes concesiones políticas para la derecha, salvo la liberación u otorgamiento de beneficios procesales a dirigentes poco importantes y seguidores delincuentes previamente apresados –que en realidad representan nimiedades en relación a las exigencias opositoras fundamentales–. Tales negociaciones le han servido al gobierno para ganar tiempo, introducir divisiones entre las filas derechistas y desmoralizar a sus bases, en la medida en que las conversaciones avanzan hacia puntos muertos. Astutamente, la dirección bolivariana ha sabido frenar, aislar y desarticular las amenazas de la reacción, aprovechando sus propios errores e inconsistencias. Así, el estado bloqueó la realización del referéndum revocatorio opositor a finales del 2016, anuló y despojó de facultades a la AN derechista en 2017, e inhabilitó a ciertos líderes opositores e inválidó a la mayoría de partidos de oposición de cara a las elecciones presidenciales recientes. De este modo, mientras la dirección bolivariana ha tratado de abrirle paso a la burguesía en lo económico –bajo ciertos limites–, a la vez se lo ha cerrado en lo político.

Si algo ha sustentado el accionar del gobierno en el último periodo, ha sido su necesidad de preservar el poder para si, como un fin en sí mismo y no como un medio para hacer avanzar la revolución. Aunado a la obstaculización de la derecha, la dirigencia bolivariana ha frenado cualquier manifestación de disidencia desde la izquierda. Aunque esto no es nuevo, el reciente proceso de diferenciación interna experimentado tras el repliegue de la reacción el año pasado, ha encontrado una severa respuesta por parte de la dirección que demuestra no estar dispuesta a tolerar amenazas potenciales a su hegemonía. Los ataques a la candidatura de Eduardo Samán a la alcaldía de Caracas, y el no reconocimiento a las victorias de Ángel Prado en el municipio Simón Planas de Lara y Regulo Reina en la alcaldía de Libertador de Monagas, tras los mismos comicios; así lo confirman.

La tendencia hacia el empate entre las clases, donde la burguesía se ve impedida de tomar el control de la situación, y la clase obrera se muestra impotente para completar la revolución por obra de su dirección, ha encontrado su realización en la elevación del poder estatal en la sociedad –más de lo habitual– para arbitrar entre los antagonismo de clases. Ahora, de la mano con un poder plenipotenciario y superaconstitucional bajo su control (ANC), y con una mayor influencia del sector militar, el gobierno trata de aferrarse al poder socavando los parámetros de la democracia burguesa, mientras trata de negociar estabilidad con la clase dominante. De esta manera, estamos en presencia de un régimen con fuertes rasgos de bonapartismo burgués, con una base residual de apoyo que procede de su pasado revolucionario.

Aunque la orientación de la dirección bolivariana se ha volcado cada vez más hacia su derecha, hasta el momento ésta no ha emprendido medidas de ajuste más agresivas pues aún acusa la presión de las masas trabajadoras. Entendiendo los riesgos asociados a una desvinculación frontal y descarada de sus bases sociales, el gobierno ha pretendido eludir la vía de salida capitalista a la crisis, pero sin abordar la ruta revolucionaria que contempla la expropiación de los capitalistas e instauración de un semi-estado obrero. La posición irresoluta de la dirección bolivariana ha supuesto en la práctica la destrucción de las fuerzas productivas del país, en tanto no busca salir de la crisis ni por medios capitalistas ni socialistas; y en consecuencia, innumerables retrocesos en las conquistas alcanzadas en el pasado, que nos llevan en dirección al ajuste burgués pero a paso más lento.

Basta señalar algunos ejemplos sobre el gasto público, los salarios y el estado actual de la política laboral para corroborar lo dicho anteriormente: Según Francisco Rodríguez, economista-jefe de Torino Capital, la hiperinflación ha desplomado los gastos estatales en términos de valor real en un 78,5% desde 2015 hasta enero del 2018. En otras palabras, el gobierno gasta menos a pesar de emitir más dinero, producto del alza constante de los precios. Tal recorte anticipa las acciones de austeridad que aplicaría un gobierno de derecha. Por otro lado, el salario mínimo integral de mayo (2.555.500 BS) equivale a menos de 3 US$ a tipo de cambio paralelo (sobre el cual se basa el mercado interno) y 31 US$ a tasa DICOM, 353 y 325 dólares por debajo del promedio latinoamericano (356 US$) respectivamente. Esto quiere decir, que de llegar al poder la burguesía, el trabajo en cuanto abaratar los sueldos ya estaría hecho. Así mismo, La política de bonificación salarial, al no incidir en las prestaciones sociales, vacaciones, aguinaldos y demás beneficios laborales, supone importantes vulneraciones a los derechos de los trabajadores, aparte de abaratar sus posibles despidos. Por último, los innumerables despidos que se vienen registrando tanto en el sector público como en el privado, y el carácter cada vez más propatronal adoptado por las inspectorias de trabajo, representan ataques despiadados contra la clase obrera. Los ejemplos antes descritos, constituyen evidencias irrefutables de que la política de conciliación de clases prepara el terreno a un futuro gobierno burgués.

En el periodo en que entramos, a la dirección bolivariana le será imposible seguir escurriendo el bulto respecto al abordaje de la crisis. La situación demanda una salida de dos posibles: o la crisis la pagan los burgueses, banqueros y terratenientes; o la pagan los trabajadores, campesinos y pobres en general. Negada la posibilidad de un vuelco hacia la izquierda por parte de la dirección bolivariana, la necesidad de ésta de generar «confianza», el propio recrudecimiento de la crisis y las crecientes presiones económicas y políticas internas y externas, empujarán al gobierno a ejecutar severas contrarreformas en contra de la clase trabajadora en el futuro próximo. Con la inevitable respuesta social que se producirá, las medidas antipopulares necesariamente deben conducir al crecimiento de los niveles de represión estatal, que lanzará mucha más gasolina al incendiado panorama nacional. El mantener el poder a toda costa en un clima de creciente inestabilidad, también puede contribuir en ese sentido.

La lucha de clases en el campo

En los últimos meses, los terratenientes han emprendido una feroz contra ofensiva para reconquistar terrenos ocupados por diversas organizaciones campesinas, reivindicadas durante los mandatos de Hugo Chávez, mediante la ley de tierras y numerosos decretos de expropiación y adjudicación. Los latifundistas, aparte de echar mano de grupos paramilitares para amedrentar, intimidar y desalojar a campesinos, han contado con la colaboración de los órganos represivos, tribunales y funcionarios del podrido aparato estatal burgués.

En respuesta a esta ofensiva, numerosas agrupaciones campesinas vienen avanzando hacia nuevas formas de articulación y autodefensa, realizando, con mayor recurrencia, múltiples movilizaciones y muestras de fuerza para efectos disuasivos. La lucha de clases en el campo venezolano y su inminente agudización, proyecta mayores e intensos escenarios de confrontación y disputa por la posesión y ocupación de tierras en el futuro próximo. El papel pernicioso que vienen desempeñando las autoridades y dirigencias locales del PSUV, sobre este respecto, atizará aún más las contradicciones existentes entre la dirección y las bases del movimiento bolivariano en el medio rural.

La derecha

El oposicionismo tradicional se fragmentó a raíz de la dispersión posterior a la derrota de la ofensiva insurreccional de abril a julio del 2017, y la diferenciación táctica entre sus componentes de cara a las elecciones presidenciales.

De un lado, tuvimos a los partidos agrupados en torno a la candidatura de Falcón (AP, COPEI, MAS, entre otras formaciones). De otro, al sector mayoritario de la derecha, que conformó el llamado Frente Amplio Venezuela Libre, donde aparte de la MUD, se aglomeran asociaciones empresariales como Fedecamaras, organizaciones estudiantiles y juveniles, rectorados universitarios, ONG’s, sociedad civil, caras disidentes del chavismo, Conferencia Episcopal, representantes de iglesias protestantes, entre otros especímenes. Por su parte, el ala más reaccionaria y pro-yankee estableció «Soy Venezuela», coalición que agrupa a organizaciones como VV de Maria Corina Machado, ABP del convicto Antonio Ledezma y personalidades como Diego Arria.

Superada la coyuntura electoral, para las diversas agrupaciones derechistas existe un punto de afinidad, que puede hacer converger sus orientaciones tácticas: el no esperar hasta el 2025 para sacar de juego a Maduro y aplastar la revolución. Los sectores en torno a la candidatura de Falcón y el FAVL son quizás más proclives hacia una reunificación del oposicionismo que SV. La posición sobre este aspecto del tercero dependerá de la actitud de los primeros respecto a las ofertas de diálogo que Maduro ya ha venido proponiendo. Si el grueso de la oposición decide sentarse a negociar nuevamente, el previsible cuestionamiento de SV a esta actuación mantendrá el distanciamiento entre dichos bandos. En todo caso, solo la maduración de las condiciones para una nueva ofensiva insurreccional reaccionaria, puede propiciar un acoplamiento de todas las fuerzas principales de la derecha, tanto en objetivos como en tácticas.

Los fracasos de las embestidas desestabilizadoras del 2014 y 2017, respondieron a la imposibilidad de la reacción de ganar para sí a los sectores populares, y generar un quiebre en la cúpula militar para producir un golpe de estado. A pesar del profundo instinto de clase manifestado por las masas trabajadoras en cada coyuntura apremiante, y la unidad mostrada por la oficialidad de la FANB en el pasado, debemos advertir que nada en el universo es ajeno a posibles cambios. Factores como la agudización de la crisis y la bancarrota de Maduro para enfrentarla, vienen acumulando pequeñas transformaciones en la situación, la cual puede dar un salto de calidad en los próximos meses dadas las funestas perspectivas que se avizoran. Para capitalizar futuros escenarios convulsivos, la dirigencia opositora requiere remontar su desprestigio y remoralizar a sus bases en la menor cantidad de tiempo. A pesar de que ha transcurrido casi un año desde la derrota de las guarimbas, las fuerzas de calle de la derecha, especialmente de su sector mayoritario (MUD-FAVL), no logran levantar cabeza. Este hecho se comprueba con la sucesión de convocatorias a marchar previas a la elección presidencial, cada una menos concurrida que la anterior. La derecha venezolana espera proveerse de los servicios de la crisis, de la asfixia financiera imperialista, y del desgaste de la base social del gobierno, para enfilarse hacia el poder en mejores condiciones.

Posibilidades de un estallido social

descargaHistóricamente, el pueblo trabajador y pobre no ha dejado de expresar fidelidad a la revolución y un gran instinto de clase, con el cual se han derrotado las amenazas de la reacción en las coyunturas más difíciles. La estoica movilización y participación popular durante los comicios de diputados a la ANC, y la reciente reelección de Maduro, como medida de freno a las pretensiones de la burguesía y el imperialismo, así lo ejemplifican. Sin embargo, ante la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis, el ambiente crítico entre las bases chavistas no ha hecho más que acrecentarse:

La ANC desde su instalación ha sido blanco de innumerables cuestionamientos por su inacción para siquiera abordar el tema económico. Para los comicios municipales de diciembre del 2017, sectores de la izquierda chavista, representados por figuras como Eduardo Samán y Ángel Prado, presentaron candidaturas alternativas al PSUV. Previo al proceso de postulaciones para las pasadas elecciones presidenciales, elementos de base del PCV y el PPT ejercieron presiones hasta último momento para que sus organizaciones presentaran o apoyaran candidaturas paralelas a la de Maduro.

En la pasada coyuntura electoral presidencial, nuevamente el grueso del voto chavista se movilizó a las urnas para impedir el retorno al poder de la burguesía y preservar la revolución. Aunque aún existen esperanzas entre un amplio sector del chavismo sobre un “golpe de timón” hacia la izquierda por parte del gobierno, el descontento aguas adentro es cada vez más notorio. Entre ciertas capas críticas y no tan críticas que salieron a votar, se dejó escuchar su intención de brindar una “última oportunidad al gobierno” de cara a las tan ansiadas soluciones. A pocos días tras su reelección, Maduro y la burocracia han continuado su política de conciliación de clases, mediante nuevos indultos a delincuentes y políticos opositores, invitaciones a la derecha para la retoma del proceso de diálogo, y más concesiones a los capitalistas, como el aumento de las tasas de interés para las tarjetas de crédito a petición de los banqueros. La impotencia del gobierno para emprender soluciones a la crisis en favor de los trabajadores y pobres, para la etapa recién comenzada, amenaza con derrumbar el gran muro que contiene el retardado estallido popular. Bajo el látigo de una nueva y clara traición de su dirección, las masas, guiadas por su desesperación, pueden buscar por su cuenta lo que tanto se les ha prometido en vano.

Entre las semanas finales del 2017 y las primeras del 2018, se registraron innumerables protestas y conatos de saqueos en varias regiones del país, que respondieron al clima de incertidumbre desatado por la escasez, la hiperinflación y el hambre entre la población. Este fenómeno no alcanzó el rango de estallido social generalizado, puesto que los casos suscitados no lograron superar su desconexión y aislamiento. Tales incidentes, que no contaron con un elemento orgánico a la cabeza, marcan un antecedente significativo. En sí, representan un salto cualitativo en la conciencia de las masas, que aunque se replegaron en su momento, pueden regresar con más fuerza en el futuro bajo ciertas condiciones.

Por otro lado, el aumento en las luchas obreras, como las que encaran actualmente los trabajadores petroleros, del metro de Caracas, CORPOELEC, CANTV, MOVILNET, el gremio de enfermeras, de educadores, y un interminable etcétera, reflejan las variaciones en el estado de ánimo entre la clase obrera con sus diferentes grados. Las amenazas de paro descollan de un sector a otro. Las movilizaciones y actos de fuerza de la clase obrera representarán un factor importante a considerar en la evolución de la situación país.

Como ya hemos sostenido previamente, la crisis económica empeorará a niveles aún más dramáticos y catastróficos. Con la continuidad en la caída de los ingresos, la producción nacional y las importaciones, sumadas a los efectos del bloqueo financiero, la escasez tenderá a recrudecer. La hiperinflación seguirá su curso ascendente, debido a la casi segura prolongación de la política monetaria expansiva, ante menos productos en el mercado y mayores devaluaciones del Bolívar. Por su parte, el gobierno se verá obligado a aplicar medidas impopulares que empeorarán el estado de cosas para la población. La incertidumbre que generará tal situación, creará condiciones para una intensa respuesta popular, que puede iniciar con protestas y luego con saqueos.

La agudización de la debacle generalizada en los servicios públicos y la continuidad de la degradación de los derechos, conquistas y condiciones laborales diversas; acrecentarán el número y la intensidad de las protestas, propensas a vincularse con manifestaciones por hambre. Aquí, habrían grandes probabilidades de conexión e interacción entre los casos a suscitarse. Ante semejante contexto de crispación social, cualquier incidente puede desatar el caos. La represión de los cuerpos de seguridad puede producir episodios de uso desproporcionado de la fuerza, detonantes de cualquier estallido social como la historia así lo comprueba. Escenarios de este tipo pueden ser aprovechados por la derecha de forma inédita. Sus planes insurreccionales a mediano plazo aspiran coincidir con un panorama de ese tipo. Los llamados que realicen a derrocar el gobierno podrían encontrar eco entre la población. De este modo, la reacción burguesa tendría posibilidades de encabezar el elemento orgánico catalizador de la volátil situación.

Un estallido popular, o en su defecto, una situación de inestabilidad y tensión social generalizada, pueden ser el preludio de otros escenarios como un golpe de estado. La derecha venezolana, con ayuda de sus amos del norte, pujará en ese sentido.

¿Habrá una invasión?

Mucho se ha especulado sobre una inminente invasión militar estadounidense en territorio venezolano. Aunque los intereses del imperialismo sobre los abundantes recursos de nuestro país son muchos, y la necesidad de éste de aplacar el «mal ejemplo» venezolano, constituyen motivaciones de peso para una incursión bélica directa; el rechazo de la opinión pública de EEUU -con sus votos- a la guerra, tras el retorno de cadáveres de soldados a casa durante las sangrientas invasiones a Irak y Afganistán, supone el contrapeso decisivo que limitan las posibilidades de nuevas aventuras imperialistas, que impliquen tropas en tierra. Sobre esto también influye la carencia de fortaleza que posee el actual inquilino de la Casa Blanca en la política interna.

Para la clase dominante estadounidense no hace falta arriesgarse a producir mayor descontento a nivel interno, tomando en cuenta el desprestigio que ha sufrido su establishment político en los últimos años. Así mismo, la inestabilidad política y económica de Venezuela, que puede alcanzar niveles culminantes y definitorios en poco tiempo, desestima la necesidad de una incursión militar directa. Por esa razón, resulta mucho más conveniente desestabilizar la economía del país a través de sanciones. Incluso, existiendo una justificación relevante, como una posible confrontación civil, para la administración Trump será cuesta arriba superar la desaprobación interna a la guerra. Tómese como ejemplo el antecedente de recule de Obama sobre el intento de invasión a Siria del 2013.

Todo el ruido y movimiento amenazante que realiza el imperialismo estadounidense sobre nuestro país, se orienta a los fines de introducir mayores elementos de desestabilización y presión para provocar un golpe de estado.

Golpe de estado y confrontación violenta

La inminente situación de inestabilidad política y social que nos espera, creará condiciones inéditas para que un sector de la oficialidad militar decida emprender un golpe de estado.

Como hemos analizado desde hace varios años, la dirección bolivariana, que por razones históricas cuenta con un amplio componente militar, ha procurado otorgar el mayor número de concesiones posibles a la cúpula castrense, intentando mantenerla a su lado durante el convulsivo último periodo. Aparte de los numerosos cargos de dirección en instituciones y empresas públicas, el gobierno ha concedido al alto mando militar buena parte del control sobre la gestión, transporte y abastecimiento alimentario en el país (Misión Abastecimiento Soberano), y más recientemente sobre PDVSA. A lo anterior, debe sumarse la creación de la CAMIMPEG (Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petroleras y Gasíferas), que entrega una importante tajada de las riquezas nacionales a la cúpula de la FANB.

Sobre la base de un escenario de profundas tensiones sociales, como un estallido social, donde el gobierno pierda el control de la situación, un sector de la oficialidad militar podría negociar la caída de Maduro mediante un golpe de estado, para preservar sus privilegios. Sin embargo, restaría definir cuantos sectores castrenses estarían dispuestos a apegarse al golpe. Si bien, las negociaciones y las circunstancias derivadas de la crisis política desatada, pueden inclinar a la mayoría de la cúpula de oficiales a avalar el derrocamiento de Maduro; los elementos resultantes del fuerte proceso de politización que han experimentado las fuerzas armadas (cuna del movimiento bolivariano) durante la revolución, pudieran producir cierta resistencia interna.

De surgir algún sector dentro de las FANB no dispuesto a aceptar un golpe de estado, podrían generarse enfrentamientos, que pueden saltar de la institución militar a las calles del país, tomando en cuenta la existencia de grupos armados pro-gobierno, así como organizaciones criminales paramilitares al servicio de la burguesía. Por otro lado, de no producirse una seria resistencia al golpe dentro de las filas castrenses, igualmente podrían registrarse alzamientos armados de colectivos en algunas zonas del país, no solo como medida de desconocimiento a la acción golpista, sino también en respuesta a la orgía persecutoria y represiva que la reacción burguesa trataría de desatar. Ante estas condiciones, una confrontación entre polos sociales irreconciliables puede sumergir al país en un cataclismo de violencia interminable.

Como aclaratoria, remarcamos que todos los escenarios descritos constituyen posibilidades sujetas a la evolución de los hechos, así como de los factores subyacentes en la escena. La aparición de incidencias accidentales difíciles de prever pueden retardar o adelantar una posible salida a la convulsa situación nacional. Hegel señaló alguna vez que la necesidad se expresa a través del azar. Aquí solo nos hemos limitado analizar los desarrollos factibles de la realidad objetiva, con el fin de priorizar lo esencial por encima de lo accidental.

El papel de los marxistas

Como revolucionarios consecuentes, debemos prepararnos para los intensos desafíos que nos esperan. La funesta realidad que enfrentaremos demanda de los marxistas venezolanos temple y optimismo. Temple: para afinar nuestras aptitudes demostrando que somos capaces de sobreponernos a cualquier dificultad que se ponga en el camino. Y optimismo: porque contamos con las mejores ideas para proporcionar una salida revolucionaria al caos en que nos han sumergido los burócratas y reformistas, en connivencia con la clase capitalista criolla.

A pesar de las múltiples adversidades, el aumento e intensificación de las luchas obreras y populares, traerá consigo mayores oportunidades de trabajo para ganar influencia y reclutar nuevos adeptos a la tratativa de construir la poderosa tendencia marxista que el país hoy reclama. Al calor de la agudización de la lucha de clases en Venezuela, las clases oprimidas están entrando al combate en la defensa de sus derechos y conquistas. Numerosas iniciativas de organización vienen surgiendo en múltiples sectores y terrenos. En el periodo que se nos abre, nuestras ideas encontrarán una mayor acogida entre las capas avanzadas de la clase trabajadora y el pueblo.

Debemos ser capaces de reconocer los terrenos más fértiles para labrar, sin perder de vista el necesario sentido de proporción de las posibilidades que alcanzan nuestras limitadas capacidades actuales. Es necesario asumir que la tarea de construir una vanguardia marxista capaz de orientar una salida socialista al atolladero capitalista venezolano, es una carrera larga y dura. Si esperamos llegar alguna vez a la meta prevista, es necesario administrar nuestras fuerzas para todo el complicado trayecto.

Para la presente etapa, nuestro posicionamiento político se expresa en los siguientes términos:

En primer lugar, nos oponemos rotundamente a las pretensiones de reconquista del poder por parte de la burguesía y el imperialismo. Debe ser claro para todo el mundo que un gobierno burgués proimperialista supondría una catástrofe absoluta para el pueblo trabajador. Con el Estado en sus manos, no dudarán en terminar de descargar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora, mediante la aplicación de una política de recortes al gasto público: que pondrá fin a todas las misiones sociales y subsidios, que recortará o eliminará las pensiones, y que levantará la inamovilidad laboral produciendo miles de despidos en el sector estatal y privado. Todo lo anterior, vendría acompañado de una ola privatizadora sobre los servicios que hoy se adquieren a bajos costos: agua, electricidad, telefonía pública entre otros. Por otro lado, las concesiones que el actual gobierno otorga a las multinacionales sobre nuestros recursos naturales, serán verdaderas nimiedades en comparación con lo que esta gente estaría dispuesta a entregar. Para acometer todo este nefasto programa requerirán del asalto a buena parte de las libertades democráticas, así como del refuerzo de todos los mecanismos represivos disponibles, tanto estatales como paramilitares, donde la persecución a la izquierda no se hará esperar.

En segundo lugar, repudiamos y rechazamos la política de conciliación de clases, implementada por el gobierno, la cual nos ha sumergido al desastre actual. La misma nos está conduciendo al camino del ajuste y contrarreformas burguesas, solo que a paso más lento. De esta manera, la dirección bolivariana prepara el terreno para que la burguesía retome el poder tarde o temprano.

En tercer lugar, llamamos a los sectores combativos del chavismo a construir una alternativa revolucionaria, capaz de emprender una salida a la crisis en favor de la clase trabajadora y el pueblo todo. También, consideramos necesario fijar los objetivos a alcanzar a través de la presentación de un programa revolucionario, que vincule las reivindicaciones más demandadas por el pueblo trabajador con las tareas históricas de transformación socialista de la sociedad.

En torno a todo lo anterior, como miembros de la Corriente Marxista Lucha de Clases defendemos y proponemos:

Por una economía en manos de los trabajadores y en beneficio del pueblo, no de una minoría de parásitos:

Monopolio estatal sobre el comercio exterior. Basta de entregar las divisas a la burguesía.

Auditoría obrera y popular sobre todas las divisas entregadas. Cárcel y confiscación de bienes a los empresarios y burócratas que las hayan usado de manera impropia.

Nacionalización sin compensación y centralización de la banca y las aseguradoras bajo control obrero, para poner todos los recursos a disposición de un plan de producción nacional, en empresas estatales y bajo control de los trabajadores.

Nacionalización sin compensación de todos monopolios y empresas implicadas en el sabotaje, el acaparamiento y el bachaqueo. Con el hambre del pueblo no se juega.

Nacionalización de la red de producción, distribución y venta de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, bajo control obrero y de las comunidades organizadas para impedir la corrupción y el despilfarro.

Expropiación de todos los latifundios bajo control de los trabajadores del campo.

Suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa. Los alimentos y medicinas del pueblo están por encima del lucro de los buitres especuladores.

Contra la carestía de la vida: escala móvil de salarios. Los sueldos deben aumentar de manera correlativa al incremento de los precios.

Nacionalización de las líneas de transporte colectivo bajo control obrero y popular.

Todo el poder a la clase trabajadora y el pueblo organizado. Abajo la burocracia.

Creación de consejos de trabajadores socialistas en todas las instituciones y empresas del Estado, para ejercer control obrero.

Elegibilidad y revocación de todos los cargos públicos.

Que ningún funcionario del nuevo Estado gane un salario superior al de un obrero cualificado. Servir a la revolución es un deber no un privilegio.

Defender la revolución con la organización revolucionaria de la clase trabajadora y el pueblo.

Organización de unidades de la milicia bolivariana en cada fábrica, lugar de trabajo y barrio, bajo control de la clase obrera y el pueblo organizado.

Creación de comités de soldados y suboficiales revolucionarios dentro de la FANB, para ejercer la vigilancia revolucionaria e impedir cualquier intento golpista entre la oficialidad.

Hacer un llamado internacionalista a los pueblos y a los trabajadores del mundo para que defiendan la Revolución Bolivariana en sus respectivas latitudes.

Solo la lucha y la organización de las clases oprimidas abrirán caminos. Los marxistas debemos estar preparados para intervenir adecuadamente en dicho proceso.