En los últimos años, el agravamiento de la crisis económica ha generado un viraje cada vez más acentuado del gobierno hacia el bonapartismo. Ya desde el comienzo, el gobierno de Maduro se caracterizaba por una política de conciliación de clases que cada vez hacía mayores concesiones a los capitalistas nacionales y a las trasnacionales, todo esto con el fin de levantar una huelga de inversiones no declarada, y todo esto sin mayores resultados.

A partir de 2015, las sanciones comienzan a ser cada vez mayores, al punto que hoy día incluso la Alta Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señala a las mismas como una de las causas del agravamiento de la situación en el país.

Esta situación, en la que el gobierno se queda cada día con menos recursos (en lo que influye además la corrupción y la caída de la producción petrolera) ha limitado el número de reformas y concesiones que puede hacer a la clase trabajadora teniendo más bien que aplicar contrarreformas e incluso un programa de ajuste.

Para mantener la cohesión social, el gobierno ha tornado su política de la zanahoria y el garrote, en la que daba con una mano y castigaba con la otra, en una política cada vez más represiva, sobre todo cuando los reclamos vienen del sector popular.

Cuando hablamos de bonapartismo, nos referimos a un gobierno que intenta ponerse por encima de las clases en disputa, un gobierno que surge de una situación en la que tanto los trabajadores como la burguesía (en este caso la burguesía tradicional proimperialista y la oligarquía) no pueden hacerse por sí mismos con el poder. Esta situación, ha privilegiado a un sector de la sociedad por sobre los demás, a favorecido y otorgado grandes beneficios al estamento militar, por lo que el gobierno ha venido siendo cada vez más el gobierno de la espada.

Cierre de espacios democráticos

Toda esta situación ha redundado en el cierre de espacios democráticos y un aumento desmedido de la arbitrariedad en la actuación pública, el uso de las instituciones para resolver problemas políticos por vías administrativas, e incluso el uso abierto de la violencia a través de los organismos de “seguridad” del Estado.

En los últimos días no han sido pocos los hechos en los que funcionarios militares o de cuerpos de seguridad, agreden a campesinos para expulsarlos de tierras que fueron adjudicadas durante el gobierno de Chávez. Destaca el caso reciente en el que uno de los dirigentes de la Marcha Campesina Admirable, que incluso habló con el presidente para exponer los casos de asesinatos en el campo, fuese detenido por el FAES (hoy se encuentra libre).

Así mismo, está el caso de los 9 campesinos del Eje Socialista que siguen detenidos en Barinas por su intento de construir el Estado Comunal en la región, o de los comuneros que fueron detenidos (y luego de varios días puestos en libertad) por luchar contra la entrega de Arroz del Alba a la gestión de una empresa privada.

Estos no son casos aislados unos de otros, sino que además guardan una estrecha vinculación con la persecución y judicialización de todas las luchas populares, incluyendo la de los trabajadores. Casos como el de Lácteos los Andes en el que los trabajadores fueron detenidos por denunciar el desmontaje de la empresa, se suman a casos como el del Trabajador Elio Palacios quién también fue detenido por advertir de un posible colapso del sistema eléctrico (como en efecto ocurrió meses más tarde). Se puede agregar a estos el caso de Rodney Álvarez, quien lleva más de 8 años detenido injustamente sin que un juez se pueda dictar una sentencia firme; el de Rubén Gonzales, con quien tenemos profundas diferencias, pero que está siendo detenido por defender los derechos de los trabajadores de Guayana; entre tantos otros que no quieren ser nombrados por miedo a que su caso sea politizado.

Lo que vemos, es que la crisis no sólo se descarga sobre los pobres por medio de la economía, sino que además los cuerpos de seguridad del Estado burgués ponen sus botas sobre los explotados y oprimidos. En los barrios, esta realidad es incluso más cruda, pues lejos de la mirada de alguna ONG, se han llevado acabo verdaderas ejecuciones extrajudiciales, por lo que la sentencia de muerte se aplica sólo a quienes no tienen el dinero para pagar por un trato acorde a la ley.

Como militantes de la Corriente Marxista – Lucha de Clases, nos oponemos a la judicialización y persecución del movimiento obrero, campesino y popular, nos oponemos al uso arbitrario de la fuerza y la violación sistemática de nuestros derechos democráticos, que se evidencia no sólo en las actuaciones que hemos señalado antes, sino también en el desconocimiento de las contrataciones colectivas mediante la aplicación del memorándum 2792 del ministerio del trabajo; nos oponemos a los despidos (en algunos casos masivos) tanto en la administración pública como en la empresa privada realizados con la venia de las inspectorías; nos oponemos a la censura de medios de comunicación alternativos; nos oponemos a que  nuestros derechos conquistados nos sean arrebatados.

Necesario también es rechazar el asesinato del Capitán Arévalo mientras se encontraba bajo la custodia de los cuerpos de seguridad del Estado. Si bien rechazamos toda conspiración y todo intento de golpe por parte de la derecha, también es necesario señalar que a toda aquella persona que esté bajo la custodia del Estado se le deben garantizar sus derechos.

Hoy la derecha quiere hacer del caso del Capitán Arévalo una bandera, pero no dejan de hacerlo con hipocresía, pues mientras señalan este caso, se hacen de la vista gorda de todos los caos que hemos señalado arriba, lo que refleja con mayor claridad que esta es una lucha de clases y que nuestros detenidos y nuestros muertos no importan para la burguesía.

La burocracia además señala que se trata de infiltrado que actuaban por cuenta propia ya que la muerte de este capitán perjudica al gobierno y entorpece las negociaciones. Nos preguntamos ¿será que el memorándum 2792 también está siendo aplicado por infiltrados? ¿será que los impedimentos para el reconocimiento de Eduardo Samán como candidato a la alcaldía de libertador en Caracas, o el desconocimiento de triunfo del comunero Ángel Prado (municipio Simón Planas) en esas mismas elecciones es obra también de infiltrados? ¿Acaso sólo son obras de infiltrados las que ponen en riesgo las negociaciones con golpistas? ¿Qué pasa con las acciones que golpean al pueblo? Eso no parece requerir una justificación

Los obreros, los campesinos y el conjunto de los explotados debemos luchar más firmemente que nunca en la defensa de nuestros espacios democráticos, entendiendo que la democracia no es solamente ir a votar, sino que tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades, que no ha sido un regalo de nadie, sino que los hemos conquistado a través de años de lucha.

¡La democracia no es un privilegio! ¡Nuestros derechos no son negociables!

NOTA: Al momento de cerrar esta editorial, nos hemos enterado de la trágica noticia de un joven que durante una protesta ¡POR GAS! fue agredido por los cuerpos de seguridad del estado Táchira perdiendo la vista. Condenamos este crimen, repudiamos la criminalización de la protesta popular, ¡Basta de atropeyos!