Una vez más los trabajadores de los astilleros públicos, que agrupan a cerca de 11.000 trabajadores, se han lanzado a la calle en defensa de los puestos de trabajo. En esta ocasión, el plan que el gobierno, a través de la SEPI (Grupo de empresas públicas españolas), está planteando para el sector naval pretende la destrucción de 5.000 empleos, lo que representa la mitad de los puestos de trabajo directos, afectando además a otras decenas de miles de trabajadores de empresas auxiliares y empleos indirectos.
El plan de la SEPI es inaceptable
Este nuevo plan de reconversión, contempla la liquidación del 50% de la plantilla de Izar (empresa que actualmente agrupa todo el sector naval público, tanto civil como militar), según dicen de forma “no traumática”. Separaría la construcción naval militar de la civil, para privatizar la actividad civil, lo que acabaría por llevar al cierre de factorías. El plan en realidad supondría la desaparición de todo el sector publico de construcción naval civil y reducir los astilleros de titularidad pública, por ahora, a la actividad militar, que en esto momentos tiene carga de trabajo.
De llevarse a cabo, estas medidas afectarían de forma especialmente grave a todas las zonas donde están ubicadas las factorías que se verían afectadas, con las terribles consecuencias sociales, ya vistas en anteriores reconversiones, que conlleva la desertización industrial, entre ellas la falta de futuro para la juventud de todas nuestras comarcas.
Estamos de nuevo, pura y llanamente, ante un plan de liquidación de puestos de trabajo, que nada tiene que ver con modernizar el tejido industrial, un plan que ni garantiza el desarrollo económico ni prepara un futuro mejor para la mayoría de la población.
Un plan que tiene como objetivo reducir costes, adaptando la producción actual a las necesidades del mercado, con las mismas recetas de siempre: despidos, privatizaciones, empeoramiento de ritmos de trabajo para los que queden.
Un plan que es totalmente inaceptable para los trabajadores de los astilleros, y también para el conjunto de la clase obrera de todo el estado, ya que si no evitamos que el nuevo gobierno, en su primera actuación ante un conflicto laboral, aplique las recetas de siempre, cargando la crisis sobre las espaldas de los trabajadores como hace la derecha, mañana estaremos todos afectados por este tipo de políticas económicas reaccionarias.
Debemos dejar claro que el cambio de gobierno que la mayoría de los trabajadores y los jóvenes impuso con su voto el 14 de marzo era precisamente para acabar con la política antiobrera y reaccionaria del gobierno derechista del PP.
Las multas de la Unión Europea y la mala gestión del PP
Con el objetivo de hacer más “necesario e incuestionable” este brutal ataque a los trabajadores, el gobierno argumenta que la culpa de la situación en la que se encuentra Izar es del anterior gobierno del PP, quien con su desastrosa gestión produjo una pérdida de pedidos y dejó las factorías sin carga de trabajo, y que, al subvencionar ilegalmente a la empresa, provocó las multas multimillonarias de la comisión europea, lo que deja la empresa al borde de la quiebra. Por lo tanto, según el gobierno, no se puede hacer otra cosa que lo que han planteado.
Es más que evidente para los trabajadores que el gobierno del PP hizo una gestión desastrosa, en Izar y en muchas más cosas: la enseñanza, la sanidad, la vivienda, la cuestión nacional, la guerra, el Prestige, etc. Por eso la clase obrera votó contra el PP en marzo y por eso tenemos el actual gobierno del PSOE, para que termine de una vez por todas con la política desastrosa de la derecha, tanto en la guerra, trayendo las tropas, como en las demás cuestiones, incluida Izar, pero no a costa de que una vez más seamos los trabajadores los que paguemos los platos rotos del PP, cuando además somos los que más hemos sufrido las consecuencias de la política reaccionaria del PP.
A una política desastrosa que ha llevado a la pérdida de carga de trabajo, tanto en el mercado interno como externo, se la combate con otra política que permita incrementar la carga de trabajo, y no destruyendo decenas de miles de puestos de trabajo y el futuro de sus familias. Es decir, con una política económica que desarrolle un plan de inversiones que permitan hacer frente a necesidades de primer orden, tanto en protección de costas como en renovación de la flota pesquera, como en la de transporte y la de servicios. ¿Es que ya nos hemos olvidado de lo que el desastre del Prestige puso en evidencia: la necesidad de buques petroleros de doble casco, la escandalosa falta de buques anticontaminación, la ausencia de remolcadores de titularidad pública en un país con miles de kilómetros de costa?
En cuanto a las multimillonarias multas de la comisión europea, nos encontramos una vez más con la coartada de siempre para justificar los ataques a los trabajadores: “no podemos hacer nada, ya que se trata de una normativa europea”. Pero estos argumentos “de peso” suenan cada vez más ridículos cuando vemos cómo se mide con raseros muy distintos el incumplimiento de las normativas y directivas europeas. Todo depende de quién sea el afectado. Cuando los gobiernos de las principales potencias, Alemania y Francia, incumplen repetidamente los “inamovibles” y “sacrosantos” compromisos europeos, sobrepasando sus déficits, todo queda en una pequeña regañina y posteriormente se flexibilizan las normas para adaptarlas a sus necesidades.
Las medidas que afectan a los grandes capitalistas son flexibilizadas rápidamente. Pero cuando se trata de recortar los derechos y conquistas de los trabajadores, entonces son tajantes e inamovibles.
Por lo tanto no debemos aceptar esos argumentos para justificar el plan de la Sepi.
La crisis es del sistema capitalista
El sector naval e Izar no están en crisis por culpa de los trabajadores, que desde hace veinte años sufrimos las consecuencias de las reconversiones industriales del sector. Es obligado recordar que, en 1984, el sector naval público daba empleo directo a 40.000 trabajadores, y con el argumento de que era necesario perder una parte de los puestos de trabajo para salvar el resto y así garantizar el futuro del sector, se llevaron a cabo varias reconversiones hasta dejar el sector reducido a los 11.000 actuales. De todos aquellos planes de futuro y promesas de inversiones para salvar el sector y volver a recuperarlo, nunca más se supo, así como tampoco de las famosas industrias alternativas para mantener el empleo en las zonas afectadas. Ahora volvemos a tener, una vez más, otra reconversión. Y también hay que hablar del deterioro de las condiciones de vida y trabajo por la sustitución de muchos de esos empleos (que eran fijos y dignos) por empleos precarios en condiciones de brutal explotación en las compañías, para mayor beneficio de los empresarios de la industria auxiliar.
El otro argumento esgrimido para justificar el plan del gobierno es que aquí se produce más caro que en otros países, principalmente asiáticos, como es el caso de Corea del Sur.
Esta idea es la que se está empleando recurrentemente por todos los empresarios a la hora de atacar las condiciones de los trabajadores, cuando dicen que los costes de producción son más baratos en otros países, donde los salarios son más bajos, la jornada laboral más larga, etc.
Como hemos explicado muchas veces los marxistas, el hecho de que la industria de un país sea más productiva que la de otro consiste en que con la misma fuerza de trabajo se produzca más. Esto depende de varios factores, desde el desarrollo tecnológico hasta la capacidad de financiación, la formación de los trabajadores, el desarrollo de las infraestructuras, transporte, comunicaciones, etc. No sólo depende de que se alargue la jornada laboral o se reduzcan los salarios.
De hecho, 2003 fue un año récord de contrataciones en la construcción naval mundial. Nunca, hasta el año pasado, se había contratado tanto en un solo año. Y Alemania contrató el año pasado 60 buques. Todos sabemos que los costes laborales en Alemania son superiores a los del Estado español. Por tanto, tampoco se puede justificar este ataque con el argumento de que no hay contrataciones porque la construcción naval aquí no es competitiva.
Los capitalistas se centran en el factor de los costes laborales porque es más rápido (y sobre todo más barato para mantener sus niveles de beneficios) que lo que supondría invertir en los demás factores, ya que además siempre pretenden que esas inversiones sean financiadas con dinero público (es decir, de todos).
En la medida que bajo el capitalismo la producción esta determinada por la obtención de los máximos beneficios privados para el puñado de siempre, y no para satisfacer las necesidades sociales de la mayoría de la población, aceptar la lógica capitalista conduce inevitablemente a que seamos los trabajadores los que tengamos que pagar la crisis de cualquier sector o empresa.
Una lucha unida para mantener todos los puestos de trabajo
Tanto desde el gobierno como desde los partidos de derechas se está intentando dividir a los trabajadores.
El anuncio de segregar los astilleros militares de los civiles —los que tienen actualmente carga de trabajo de los que no la tienen — son maniobras para dividir. No es la primera vez que se emplea la táctica del divide y vencerás.
Ahora, a esa táctica del gobierno se han unido también el PP y el PNV, aparentemente enfrentados al plan, tratando de introducir el veneno de la división entre los trabajadores, con argumentos de tipo chovinista y localista, recurriendo incluso a falsificar la realidad y mentir descaradamente. Qué cara más dura la de estos políticos burgueses que son los máximos defensores del capitalismo y que están machacando a los trabajadores desde sus respectivas posiciones en los gobiernos autonómicos, municipales, y en el caso del PP además hasta hace cuatro días desde el gobierno central. Sirva de ejemplo la actitud del PP durante la negociación del convenio.
Tratan de presentar esta lucha como una lucha entre distintas zonas del Estado, unas frente a otras, con explicaciones peregrinas del tipo de que el gobierno del PSOE, por intereses electoralistas, perjudica a Galicia o a Euskadi frente a Andalucía, porque ahí tiene su “granero” de votos.
Como si Gijón, amenazada de cierre, fuese una ciudad que vota a la derecha o como si Cartagena, que en principio el plan no prevé tocar, no estuviese en la comunidad de Murcia, gobernada por el PP.
Lo único que persiguen es dividir la lucha y tratar de aprovechar electoralmente lo que puedan de esta barbaridad que ha anunciado el gobierno.
Pretenden que los trabajadores volvamos a caer en viejos errores del tipo de “salvemos Galicia”, “salvemos Asturias”. O en disputas como la de la reconversión siderúrgica, sobre si el TBC (tren de bandas en caliente) tenía que ir a Asturias o a Sagunto. Ya se vieron los resultados. Con estos planteamientos localistas, hasta la patronal en Galicia ha llegado a plantear que apoya la lucha contra el plan… ¡¡siempre y cuando no se lleven a cabo acciones de protesta en horario laboral!! Es el colmo del cinismo.
Como la experiencia ha demostrado, la mejor manera de defendernos de cualquier ataque, de defender todos los puestos de trabajo, es luchando TODOS UNIDOS, como se hizo contra la reforma laboral del PP.
En esta lucha estamos todos los trabajadores en el mismo barco, seamos de Euskadi, Galicia, Asturias, Andalucía, Valencia o Murcia.
Es más, si las medidas de presión que ya se están empezando a realizar no consiguen que el gobierno rectifique sus planes, es necesario aumentar la presión y extender la lucha a otros sectores. Es necesario hacer un llamamiento al conjunto de los trabajadores, empezando por los de las empresas auxiliares, así como a las asociaciones de vecinos, sindicatos de estudiantes, pequeños comerciantes, para que se sumen a la lucha.
Los sindicatos han planteado la huelga del día 14 como un paro general de dos horas, que luego cada factoría decidirá si extiende o no, y han preavisado huelga para toda la segunda quincena de septiembre. Esto es sólo el principio. En muchas factorías la lucha ya ha empezado y ahora se trata de coordinar los próximos pasos. Para ello sería importante la celebración de una asamblea general de TODOS los delegados sindicales de Izar, que preparase un calendario unificado de lucha, y que éste sea discutido y aprobado en todas las asambleas generales de trabajadores. Al mismo tiempo hay que plantear una alternativa que realmente mantenga todos los puestos de trabajo, que son patrimonio del conjunto de la clase obrera. No debemos permitir que se pierda ni un solo puesto de trabajo. No se trata de vender los puestos de trabajo a un precio u otro, se trata de mantenerlos, por el futuro de nuestras familias.
Si los dirigentes del PSOE aceptan las recetas de la burguesía y el capitalismo para afrontar los problemas, debemos luchar y movilizarnos para obligarles a que lleven a cabo una política a favor de la mayoría de los trabajadores y los jóvenes, que somos quienes los hemos puesto en el gobierno.
¡Por la defensa de todos los puestos de trabajo, ni un solo cierre, ni un solo despido!
¡Por un auténtico plan de salvación de los astilleros, no a las privatizaciones, no a la entrada de capital privado!
· Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial.
· Jubilación a los 55 años con el 100% del salario real, manteniendo todos los derechos.
· Cobertura inmediata de todas las jubilaciones, con fijos en plantilla.
· Absorción en plantilla de los trabajadores de las compañías auxiliares que trabajan de forma permanente en Izar.
· Control democrático del sector a través de un Consejo de Administración formado de manera tripartita por representantes directamente elegidos por los trabajadores, las centrales sindicales y los gobiernos central y autonómico.
· Elaboración de un plan de viabilidad que contemple la construcción urgente de los buques que la catástrofe del Prestige puso en evidencia.
· Condonación de las deudas contraídas por la nefasta gestión del anterior gobierno
Para garantizar el cumplimiento de estos puntos es necesario garantizar su financiación. Si no hay dinero para ello en el presupuesto, nacionalización de la banca sin indemnización, salvo casos de necesidad comprobada a los pequeños accionistas.
Xaquín García Sinde
José R. Rico
Miembros de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Izar-Ferrol
ÚLTIMA HORA: El «nuevo» plan es más de lo mismo
El plan presentado por la SEPI el 14 de octubre tiene pocas novedades de fondo. De hecho, hasta su título es muy claro en este sentido. Si el documento del 7 de septiembre se titulaba «Líneas básicas del plan para Izar», éste se titula «Desarrollo de las líneas básicas del plan global para Izar».
Es verdad que hay alguna novedad, como lo de Turbinas o que ya no se habla de cerrar factorías, novedades que hay que tener claro que se deben a que las movilizaciones llevadas a cabo por el conjunto de los trabajadores le hicieron “comprender” al gobierno que tenía que cambiar de táctica, pero estamos esencialmente ante un plan igual al anterior. El “nuevo” plan desarrolla los elementos que ya conocíamos y contra los cuales nos movilizamos estas últimas semanas: privatización, destrucción de empleo digno y deterioro de las condiciones laborales. Por tanto, tenemos que seguir rechazando este “nuevo” plan, como rechazamos el anterior.
La privatización no es asumible. Si no lo es cuando es indirecta (subcontratación), mucho menos cuando es directa y de al menos el 51% del capital. Tampoco es asumible aunque el comprador fuesen las cajas de ahorro, con el argumento de que éstas tienen una finalidad social. Esa supuesta finalidad social de las cajas no aparece por ningún lado cuando se pide un préstamo en una de ellas. La nueva fórmula para la privatización sólo busca desactivar la protesta y que alguien le haga el trabajo sucio al gobierno algo más tarde.
Tampoco se puede aceptar una nueva reducción de plantilla, que sólo persigue transformar un empleo de calidad en otro precario donde los bajos salarios, las jornadas laborales prolongadas, el deterioro de las condiciones de trabajo, los despidos, etc. están a la orden del día.
Y el tercer gran objetivo del “nuevo” plan sigue siendo el empeoramiento en las condiciones laborales de los que permanezcamos en activo. El plan habla de la necesidad «de un nuevo marco de relaciones laborales a partir de enero de 2005», de cambiar el «sistema de clasificación profesional» (que probablemente quiera decir cambiar el sistema de ascensos y asimilaciones de la antigua Bazán), de más flexibilidad, de movilidad… todo con el mismo argumento con el que se plantean el resto de las medidas: “no somos competitivos».
Tenemos que rechazar este plan porque es esencialmente el mismo contra el que estuvimos luchando hasta ahora. La pequeña marcha atrás a la que el gobierno se vio obligado se debió a nuestra movilización. No hay motivos para darnos por vencidos, todo lo contrario, debemos aumentar la presión sobre el gobierno, debemos profundizar la lucha en la línea que el Sector Crítico de CC.OO. venimos planteando: con una estrategia clara y un plan unificado de movilización con el resto de los trabajadores de Izar y de compañías, que culmine en una Marcha a Madrid en sábado.
Hay que transmitirle al gobierno que los trabajadores vamos a llegar a donde sea necesario para defender los astilleros y conseguir un plan que sea una garantía de futuro para el sector naval público. El gobierno vio el peligro que se deriva de nuestra lucha. Por eso, por miedo a atragantarse, prefirió partir el pedazo que inicialmente pretendía llevarse a la boca. El gobierno quiere dividirnos, para darle el primer bocado a Sevilla, Gijón, Manises, Sestao y Fene. Pero si lo consigue, a continuación se planteará cómo meterle el diente a todo lo restante.
Izar-Ferrol, a 18 de octubre de 2004