El pasado 28 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciaron con bombos y platillos un acuerdo petrolero sin precedentes y de enormes proporciones. La operación en cuestión otorga a la potencia imperialista el control mayoritario de una empresa que explotará 17 yacimientos de petróleo venezolano, los cuales acumulan alrededor de 65.000 millones de barriles de reservas probadas —equivalentes al 21,5% de las reservas totales del país—.

Dicho acuerdo venía siendo negociado durante meses en secreto y fue revelado por los gobiernos involucrados tras varias filtraciones de medios de información como Axios y Reuters.

Trump, desesperado estos días por informar a su electorado buenas nuevas en materia energética, definió la operación como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

Con este pacto, el imperialismo estadounidense cristaliza su viejo objetivo de control absoluto sobre las riquezas petroleras de Venezuela, forjado tras años de promoción de golpes de Estado en el país, sanciones y bloqueos financieros, y finalmente la invasión militar del 3 de enero de 2026, que culminó con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Maduro. 

El mencionado acuerdo merece el más acérrimo desprecio y rechazo por parte de los trabajadores de la ciudad y el campo de Venezuela, pues ha sido discutido a sus espaldas, pese a que compromete su futuro y el de las próximas generaciones, si no es derrumbado por la movilización social en lo sucesivo.

Las condiciones del pacto refuerzan el estado actual de Venezuela como enclave colonial, donde el imperialismo yanqui goza de las riquezas del suelo y subsuelo del país, mientras controla los ingresos nacionales e impone una despreciable tutela sobre sus instituciones y el curso político del Estado. Parafraseando al comunista Orlando Araujo, en su libro Venezuela Violenta, hoy más que nunca la riqueza nacional es ajena y solo la miseria es nuestra.

El acuerdo anunciado involucra, en calidad de socio, al infame Alejandro Betancourt, accionista principal de North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda mayor empresa privada productora de petróleo venezolano y sobre la cual se sustentará el control estadounidense sobre las reservas energéticas del país.

Betancourt es una figura representativa de la casta de nuevos ricos que emergieron en las últimas décadas a la sombra de la corrupción del Estado burgués y de la contrarrevolución, mientras las masas eran despojadas de casi todos sus derechos y conquistas económicas, políticas y sociales.

Se trata de un personaje turbio que en cada momento ha sabido reajustar sus lealtades políticas para su máximo beneficio, convirtiéndose en un agente clave para los planes imperialistas en Venezuela.

Algunos detalles del acuerdo

Una de las motivaciones centrales del gobierno estadounidense para sellar este acuerdo es reabastecer sus reservas estratégicas de petróleo, las cuales se han reducido drásticamente como consecuencia de la guerra contra Irán, la testarudez imperialista en prolongar un conflicto que no puede ganar, el bloqueo iraní al estrecho de Ormuz, el alza en los precios mundiales de la energía y, como resultado, el alto costo de la gasolina. 

Antes del inicio de los bombardeos contra Irán, el 28 de febrero de 2026, la reserva estratégica estadounidense almacenaba 415 millones de barriles. Ya para finales de agosto, esa cifra había caído a 298 millones, su nivel más bajo desde enero de 1983.

Es en este contexto de urgencia imperialista que Trump busca presentar el saqueo de Venezuela como la solución a los problemas energéticos de EE.UU.

En su alocución del 29 de agosto transmitida en cadena nacional, Delcy Rodríguez intentó justificar el acuerdo ante el país asegurando que el mismo «preserva la soberanía estatal sobre las reservas» y que los recursos obtenidos se destinarán a la «modernización de los servicios públicos, la salud, la educación y la infraestructura nacional». 

La presidenta encargada afirmó que el pacto, suscrito supuestamente por 25 años, contempla un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios, y calculó que, con un precio de referencia de 65 dólares por barril, Venezuela recibiría 209.335 millones de dólares en ingresos fiscales durante la vigencia del acuerdo.

«De nada sirve tener nuestras reservas petroleras bajo tierra únicamente para que aparezcan en una estadística o en una contabilidad y podamos decir ‘somos el país con la mayor reserva del mundo’, cuando no podemos convertirlo y traducirlo en desarrollo para Venezuela», declaró.

Lo que Rodríguez presenta como un argumento razonable no es más que la coartada de la sumisión entreguista más humillante de nuestra historia. Sus palabras significan que como no podemos extraer ese petróleo, entonces debemos regalarlo a Estados Unidos. 

Pero incluso en sus propios términos, el negocio resulta ruinoso para el país. El economista Francisco Rodríguez ha señalado que los 209.000 millones de dólares proyectados equivalen, a lo largo de 25 años, a unos 8.400 millones de dólares anuales, un monto que calificó de «relativamente bajo en comparación a los ingresos fiscales que Venezuela ha obtenido en el pasado de similares niveles de producción».

El engaño más grotesco de Delcy Rodríguez es su afirmación de que Venezuela «conserva la soberanía» sobre sus recursos. Esa declaración es completamente falsa: la soberanía sobre un recurso no consiste en tener un título de propiedad vacío mientras otro país o empresa extranjera controla su extracción, su comercialización y su gestión. El acuerdo anunciado es la liquidación definitiva de cualquier noción de soberanía sobre nuestros recursos.

Los detalles aportados por el imperialismo

El comunicado de prensa de la Casa Blanca del 31 de agosto desnuda sin rodeos la verdadera naturaleza del pacto. Allí se señala que las autoridades interinas venezolanas han otorgado a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones por 100 años y no los 25 que Delcy Rodríguez había anunciado al país.

En este caso, debemos optar por creer en la versión de una élite imperialista sedienta de sangre y petróleo, o bien en la frágil narrativa de la casta política contrarrevolucionaria que fue capaz de vender al país para salvar su propio pellejo y privilegios.

El comunicado además detalla que NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su sociedad matriz, “sin costo alguno” para el contribuyente estadounidense. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos obtiene el derecho de comprar, al costo de producción, un 20% garantizado de la producción de todos los yacimientos actuales y futuros operados por NABEP, así como el derecho de adquisición preferente del 80% restante de su producción.

Por si fuera poco, el gobierno de Estados Unidos tiene poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro de la junta directiva y la mayoría de quienes integren la junta de NABEP deben ser ciudadanos estadounidenses.

Si todavía no quedaba clara la pérdida total de soberanía sobre nuestros recursos, el acuerdo petrolero se rige por el derecho estadounidense y está sujeto a la jurisdicción de los tribunales de ese país, asegurando que toda controversia futura será dirimida con base a lo que primero convenga a los imperialistas.

Según el texto, NABEP ha desarrollado un plan para invertir hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera en Venezuela o para rehabilitar infraestructura dañada, tras años de sanciones, falta de mantenimiento, corrupción y mala gestión.

De manera extraoficial, diferentes medios postulan que de los 17 yacimientos contemplados en el acuerdo, 9 pertenecen a la cuenca del lago de Maracaibo (en su mayoría, pozos maduros: es decir, que ya cuentan con infraestructura) y ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco (pozos sin ningún tipo de infraestructura de extracción).

Como no podía ser de otra manera, el texto de la Casa Blanca señala que las concesiones se rigen por la Reforma Parcial a la Ley de Hidrocarburos, aprobada en enero por la Asamblea Nacional con mayoría de diputados del PSUV, una reforma que contradice a la misma Constitución de la República.

El artículo 12 de la Constitución declara los yacimientos de hidrocarburos como bienes del dominio público, “inalienables e imprescriptibles”. El artículo 302 reserva al Estado la actividad petrolera en los términos establecidos por la ley, y el artículo 303 establece que la industria petrolera y otras industrias estratégicas son propiedad del Estado y no serán privatizadas.

Que a nadie le extrañe si en las próximas semanas o meses se plantea una enmienda constitucional o es presentada una propuesta de nueva Carta Magna (colonial), para “inspirar confianza” y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones de las multinacionales imperialistas.

Dominio colonial

Un párrafo revelador del comunicado de Washington es aquel donde se afirma que «las disposiciones sólidas sobre gobernanza y auditoría del Gobierno de Estados Unidos, junto con la reforma bancaria, la fiscalización de pagos y la supervisión financiera de la Administración Trump, asegurarán que los pagos de impuestos y regalías se usen en beneficio del pueblo venezolano».

En otras palabras: el dinero no va a Venezuela, sino a cuentas controladas por Washington. Es la continuación del arreglo colonial impuesto tras la invasión del 3 de enero, donde Estados Unidos controla las divisas de la exportación de petróleo venezolano y para que el país pueda acceder a sus propios recursos, el gobierno debe presentar informes y justificar cada gasto para que la Casa Blanca, a su discreción, los desembolse.

Existe una situación análoga en el precedente iraquí, un oscuro antecedente que merece ser revisado. Tras la invasión de Estados Unidos a Irak en 2003, Washington estableció el Fondo de Desarrollo para Irak (DFI), cuyos ingresos petroleros se depositaron en una cuenta custodiada por la Reserva Federal de Nueva York.

Este esquema configuró múltiples tramas de corrupción y desfalcos, con auditorías que documentaron que 8.800 millones de dólares de los fondos iraquíes no pudieron ser “debidamente justificados” y que el Pentágono no pudo explicar el gasto de otros 2.600 millones de dólares, en un contexto de contratos sin licitación, pagos a empleados “fantasma” y manejo opaco de efectivo.

Este terrible precedente es un espejo de lo que pudiera ocurrir con los recursos venezolanos, tomando en cuenta que, hasta julio del presente año, EE.UU. “controlaba” más de 13.000 millones de dólares por la venta de petróleo de Venezuela, sin rendición de cuentas ni auditorías.

Es aquí donde nunca podemos olvidar que bajo el capitalismo –y mucho más en su etapa de decadencia senil– la corrupción no es la excepción sino la norma. Y no puede ser de otra manera tratándose de un sistema que prioriza el lucro privado por sobre las necesidades sociales.

La doctrina Donroe

La Casa Blanca no oculta la dimensión geopolítica del saqueo a Venezuela: «La mayoría de los yacimientos petrolíferos incrementales operados por NABEP estuvieron anteriormente bajo el control o la operación de empresas rusas y chinas, o de cómplices corruptos de Maduro y Chávez».

Acto seguido, el comunicado proclama el retorno de la Doctrina Monroe: «El presidente Trump ha restablecido la Doctrina Monroe, purgando la influencia maligna extranjera de nuestra propia región y asegurando que nunca más se cuestione el dominio estadounidense en nuestro hemisferio».

Esta no es una declaración retórica menor. La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, publicada en noviembre de 2025 (una suerte de actualización de la Doctrina Monroe), establece explícitamente que Washington ya no separa la política económica de la política de seguridad. 

De esta manera, la actual administración estadounidense intenta adaptarse al curso de la nueva realidad mundial, signada por el declive relativo del poderío del imperialismo yankee, el ascenso de potencias como Rusia y China, y un nuevo reparto del mundo, que se expresa claramente en guerras comerciales, guerras por delegación, el crecimiento de las tensiones en las relaciones internacionales, entre otras manifestaciones.

Bajo la lógica de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional yankee, no es extraño que, en el caso del acuerdo energético con Venezuela, el Estado estadounidense –concretamente el Pentágono– trascienda su papel tradicional de mero facilitador de negocios para las multinacionales en diferentes latitudes, para ahora asumir el rol de accionista petrolero de cuantiosas reservas. 

Lo anterior también es el resultado de que multinacionales petroleras, como Exxon Mobil y Conoco Phillips, se hayan mostrado reacias a volver a entrar e invertir en el negocio petrolero venezolano.

Sin embargo, dicha situación también tiene como propósito garantizar que ningún gobierno futuro de Venezuela pueda alterar el curso de este saqueo sin enfrentarse al poderío militar del Pentágono, ahora accionista directo del negocio. 

La presencia directa del organismo militar imperialista en el saqueo a Venezuela trae consigo implícita la amenaza de que cualquier movimiento soberanista futuro pueda ser considerado un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos, y por ende, estaría sujeto a ”represalias”.

Esta nueva realidad imperialista, que no se limita única y exclusivamente a EEUU, se enmarca en la crisis orgánica del capitalismo, donde el nacionalismo económico, el proteccionismo, las medidas de empobrecimiento del vecino, el militarismo, la coerción y las amenazas han enterrado los viejos dogmas liberales sobre el “libre comercio” y la pantomima del “orden internacional basado en reglas”.

Así pues, el rol cada vez más decisivo que asumen los Estados imperialistas para imponer los intereses de sus respectivas burguesías en el escenario regional y global no es más que la expresión de la disputa entre distintas potencias por mercados, rutas comerciales y áreas de influencia, en un mundo gobernado por la crisis de sobreproducción.

La doctrina Donroe –denominación que mezcla los nombres de Donald Trump y James Monroe– asume que la dependencia energética de EE.UU. es vulnerabilidad y que el hemisferio, es decir, “su hemisferio”, debe ser purgado de potencias competidoras como Rusia y China. Bajo esta doctrina, Estados Unidos busca reposicionar sus fuerzas en el hemisferio occidental con el objetivo explícito de desplazar a cualquier actor no hemisférico que dispute su dominio.

El infame acuerdo petrolero que analizamos es, en consecuencia, la materialización económica de esta doctrina. No se trata solo de petróleo, sino de consolidar un control absoluto de Washington en el hemisferio, y en el caso de los recursos energéticos, expulsar a China y a Rusia de la industria petrolera venezolana.

El gobierno chino se pronunció el martes 1 de septiembre al exigir que se salvaguarden sus “derechos e intereses legítimos” en Venezuela, tras conocerse los detalles del acuerdo petrolero entre Caracas y Washington que podría desplazar a empresas estatales del país asiático de yacimientos donde operaban. 

En rueda de prensa en Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, sostuvo que la cooperación entre China y Venezuela “está protegida por el derecho internacional y las leyes de ambos países”. Ante la nueva realidad imperialista, la acción del imperialismo chino sobre Venezuela solo puede limitarse a la mera protesta.

El oligarca Betancourt

Para entender la figura de Alejandro Betancourt, el nuevo protegido de Donald Trump, conviene repasar sus antecedentes judiciales.

Durante el gobierno de Chávez, su empresa Derwick Associates recibió contratos directos, sin licitación, por alrededor de 5.000 millones de dólares para proyectos del sistema eléctrico, con estimaciones de sobreprecios que llevarían la factura final muy por encima de lo inicialmente previsto, según varias investigaciones periodísticas.

En el ámbito petrolero, Betancourt fue identificado como “conspirador no nombrado” en una acusación federal en EE.UU. por un esquema de lavado de dinero de unos 1.200 millones de dólares vinculado a PDVSA (la industria petrolera venezolana).

Por otro lado, la Audiencia Nacional de España lo acusa, junto a otros, de haber pagado alrededor de 42 millones de dólares en sobornos a funcionarios de PDVSA para defraudar cerca de 4.850 millones de dólares en operaciones cambiarias. 

En Suiza, la fiscalía de Zúrich lo investiga desde hace años por presunto blanqueo de capitales y ha congelado activos suyos por montos muy elevados.

Un reportaje de The Washington Post reveló que altos funcionarios estadounidenses intervinieron en la investigación penal que las autoridades suizas adelantan contra Betancourt, con el propósito de evitar que se presentaran cargos penales en su contra y de facilitar el levantamiento de las restricciones de viaje que pesaban sobre él.

En febrero, la entonces fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, conversó con el fiscal general de Suiza sobre la investigación. Un mes después, el entonces fiscal general adjunto, Todd Blanche, participó en una llamada con fiscales suizos y manifestó que para Washington era importante que Betancourt pudiera viajar, así como que el caso se resolviera, preferiblemente, sin cargos ni sanciones penales.

En junio, un subsecretario de Estado solicitó al consulado estadounidense en Londres la expedición para Betancourt de una visa de múltiples entradas, válida por un año. Por otra parte, el Departamento de Justicia recibió una solicitud de las autoridades suizas para detenerlo en territorio estadounidense, pero hasta ahora no ha actuado al respecto.

Un artículo de Axios señala que Alejandro Betancourt desempeñó cierto papel en la invasión de Estados Unidos a Venezuela el pasado 3 de enero. Según funcionarios estadounidenses citados por el medio, Betancourt mantuvo contactos con una ficha de Trump, Mauricio Claver-Carone, y fue el encargado de sondear a Delcy Rodríguez para conocer su disposición a asumir el gobierno. 

El día de la invasión, mientras secuestraban a Maduro, Claver-Carone se comunicó con Betancourt, quien a su vez contactó a Rodríguez para convencerla de asumir el poder.

Betancourt viene siendo agente de los intereses imperialistas en Venezuela desde al menos 2019, cuando actuó como intermediario entre la oposición de Guaidó y figuras políticas y militares venezolanas, e incluso viajó a Moscú para pedir a Rusia que dejara de respaldar a Maduro.

Lo anterior, y su conocida buena relación de vieja data con Delcy Rodríguez, aporta muchos elementos para inferir y especular. Lo único cierto es que el acuerdo que proyecta el saqueo del petróleo venezolano por el próximo siglo ha elevado a Betancourt a las grandes ligas de la oligarquía criolla, situándolo a la cabeza de la segunda empresa petrolera mundial con el mayor número de reservas probadas bajo su control, solo por detrás de Saudi Aramco, el gigante energético de Arabia Saudita.

La hipocresía de la derecha venezolana

Tras conocerse los primeros anuncios del acuerdo, las distintas alimañas políticas de la derecha no tardaron en salir de sus madrigueras para expresar sus opiniones.

Acción Democrática, por intermedio de Henry Ramos Allup, expresó su preocupación por la falta de transparencia en el acuerdo energético y exigió la publicación del texto íntegro, aunque aclaró que no desconoce la necesidad de que Venezuela recupere inversiones, tecnología y capacidades para reconstruir su industria petrolera.

Por su parte, Primero Justicia cuestionó que un acuerdo de tal envergadura, que abarca más de una quinta parte de las reservas de petróleo de Venezuela, se haya anunciado sin que se hayan hecho públicos todos sus detalles, así como las condiciones para la gestión de los recursos y los métodos de supervisión.

De manera similar, Tomás Guanipa, diputado de Unión y Cambio, demandó que el convenio petrolero sea dado a conocer en su totalidad al pueblo y que se debata de forma pública. En una entrevista en el programa Entre Líneas, emitido por Unión Radio, el legislador consideró «irrespetuoso» que la población siga sin conocer las condiciones del acuerdo y subrayó que los recursos generados por el pacto deben ser utilizados para mejorar la calidad de vida y los salarios de los venezolanos.

Como puede leerse, en las declaraciones de estos dirigentes y partidos no hubo una sola línea de rechazo al fondo del asunto. Ninguno afirmó que el pacto debía ser cancelado ni que la soberanía petrolera estaba siendo entregada. Sus críticas se limitaron a las formas: el secretismo, la falta de publicación del texto, y en otros casos no citados, la ausencia de elecciones. 

Esa omisión no es casual: es complicidad. Pero también hay que decir que sus críticas, aunque tibias e hipócritas, surgen como respuesta al descontento de sus bases ante el descarado saqueo imperialista.

En cuanto a la reaccionaria María Corina Machado, cabe señalar que esta hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento sobre el acuerdo petrolero anunciado el 28 de agosto. Sin embargo, el 31 de agosto participó mediante un mensaje en video en el Bled Strategic Forum 2026, un foro internacional de diálogo estratégico celebrado en Bled, Eslovenia. En su intervención, Machado destacó el papel futuro de Venezuela como «aliado clave» para la seguridad energética global y planteó que el país está listo para convertirse en el nuevo motor energético y comercial del hemisferio occidental.

Está más que claro que Machado respalda el acuerdo alcanzado por Trump, aunque no es descartable que en el futuro eleve alguna crítica tibia para conectar con sus bases.

La hipocresía de esta caterva de impresentables es tan profunda como repugnante. Durante años, estos mismos personajes hicieron carrera política promoviendo el intervencionismo del imperialismo yankee en los asuntos internos de Venezuela, impulsando golpes de Estado, ofensivas insurreccionales financiadas desde Washington y promoviendo sanciones contra su propio país, cuyos efectos más devastadores ha sufrido el pueblo trabajador. Todo ello los hace corresponsables de la terrible crisis que enfrenta Venezuela.

Machado, en particular, gestionó desde 2019 una invasión militar estadounidense, cuyas consecuencias lógicas eran precisamente las que hoy padecemos: el tutelaje colonial y el saqueo de los recursos nacionales.

La derecha en su conjunto celebró la invasión militar del 3 de enero y la tutela imperialista, mientras clama por elecciones. No nos cabe la menor duda de que los mismos que hoy levantan la bandera de la transparencia y denuncian la falta de información habrían suscrito, de encontrarse en el poder, el mismo acuerdo apátrida que Rodríguez selló con el imperialismo.

Estos personajes no cuestionan el fondo del acuerdo petrolero porque, más allá de lo que intentan aparentar, realmente lo respaldan. Su exigencia de una transición democrática y de elecciones encubre, en realidad, su frustración por no haber sido ellos quienes firmaran el acta de defunción de la República y de la soberanía nacional.

La voluntad entreguista de Machado es emblemática. En distintas oportunidades, ofreció las riquezas petroleras de Venezuela a los imperialistas, tal y como lo hizo en su intervención durante la conferencia CERAWeek en Houston, el 24 de marzo pasado. Allí se dirigió a decenas de empresarios petroleros estadounidenses, prometiendo, en tono de campaña política, la privatización completa de PDVSA y un entorno idóneo para la inversión y la obtención de beneficios, con enormes garantías de seguridad jurídica y respeto a la propiedad. Estas ideas ya estaban plasmadas en el programa de gobierno que presentó durante la campaña electoral de 2024, «Venezuela Tierra de Gracia».

La ironía final, sin embargo, es que, pese a haber gestionado durante años la invasión militar (mérito que le valió el desprestigiado Premio Nobel de la Paz), cuando esta finalmente se produjo, Machado terminó aislada y, por el momento, descartada por los jefes a los que le sigue rindiendo alabanzas. Hoy no puede regresar a Venezuela por la sencilla razón de que no tiene autorización de Washington.

Esto ocurre porque la administración Trump llegó a un pacto de poder con Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y la cúpula militar venezolana. La naturaleza de este pacto consiste en que Estados Unidos saquea las riquezas del país, mientras el régimen en el poder facilita todas las condiciones necesarias para ello, a cambio de su supervivencia política, personal y de sus privilegios.

Por esa razón, Trump rechazó a Machado el mismo día de la invasión a Venezuela, al señalar en rueda de prensa lo siguiente: «Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario».

Al imperialismo no le conviene, por ahora, romper el pacto que estableció con la cúpula gobernante venezolana. La presencia de Machado en Venezuela constituiría un factor desestabilizador, puesto que sus desmedidas ansias de poder podrían amenazar la continuidad del acuerdo. El régimen bonapartista no quiere abandonar el poder y, por ello, probablemente exigió que Machado permanezca fuera de Venezuela y al margen de la situación.

Si el pacto de poder Trump-Rodríguez llegara a romperse, el imperialismo enfrentaría enormes dificultades y podría perder el control de la situación venezolana, sea por un enfrentamiento interno o por negativas del régimen bonapartista a seguir acatando, especialmente en un contexto marcado por el declive del poderío yankee, intensificado ahora por el descalabro en Irán y la profunda crisis económica mundial que se avecina. 

Con el desplome de la popularidad de Trump y el partido republicano, que llegará debilitado a las elecciones de medio término en noviembre, el panorama para la Casa Blanca no luce propicio para arriesgar la única victoria parcial que tiene para exhibir de su política internacional.

La lucha de clases como única garantía

El panorama nacional luce desolador. El imperialismo yanqui, con la complicidad activa de la burocracia contrarrevolucionaria del PSUV y el consentimiento de una derecha que durante años gestionó la intervención extranjera, se prepara para consumar el mayor saqueo de la historia petrolera venezolana.

Mientras Trump se ufana cada vez que puede sobre este hecho, los trabajadores venezolanos seguimos padeciendo el desastre de una economía asfixiada por las sanciones y el bloqueo, por la crisis estructural del capitalismo venezolano, la corrupción sin precedentes y la represión de un régimen que ha traicionado hasta los más elementales intereses nacionales, el colapso del sistema eléctrico y de todos los servicios públicos, y una interminable lista de calamidades que no caben en este párrafo.

Sin embargo, no todo está perdido. En las calles, en los barrios, en las zonas rurales y en todos los rincones del país se percibe un descontento creciente ante el despojo descarado de nuestras riquezas y de nuestra independencia. No podía ser de otra manera.

Pero el descontento pasivo no cambia ninguna realidad. La historia nos enseña que ningún pacto burgués, por más sólido que en apariencia luzca, puede resistir indefinidamente la movilización obrera y popular cuando las masas deciden levantarse para romper las cadenas que las oprimen.

La clase obrera venezolana, que ha dado muestras heroicas de combatividad a lo largo de la historia, especialmente durante el auge de la Revolución Bolivariana, debe ponerse a la cabeza de la lucha por la reconquista de la soberanía sobre nuestros recursos y sobre nuestro destino.

Solo la movilización masiva del pueblo trabajador, resuelto a recuperar el control de su porvenir y a pasar factura a todos los lacayos del imperialismo, puede cambiar el rumbo actual de la situación.

El pueblo venezolano debe retomar su herencia antiimperialista y anticolonial para derrotar en las calles el tutelaje imperialista, deshacer el miserable acuerdo petrolero anunciado hace días, ajustar cuentas con el régimen contrarrevolucionario que entregó nuestras riquezas y también con aquellos que, desde la oposición, promovieron las sanciones y la invasión que hicieron posible este desenlace.

Pero el desafío de recuperar la soberanía en todos sus ámbitos —el control sobre nuestros recursos estratégicos, el dinero que nos tienen confiscado, la independencia política y económica— es posible que requiera mucho más que la movilización dentro de Venezuela.

Es necesario apelar a la solidaridad internacional, especialmente de la clase trabajadora estadounidense, para que se levante contra la bestia imperialista que también la oprime a ella. 

Una revolución en EE.UU. tendría la oportunidad histórica de subsanar parte del inmenso daño que el imperialismo estadounidense —la fuerza más reaccionaria del planeta— ha ocasionado al mundo entero. 

Los trabajadores de Estados Unidos no son nuestros enemigos; son nuestros aliados naturales en la lucha común contra el capitalismo y el imperialismo.

Es por eso que, de manera tajante e inequívoca, debemos rechazar con toda nuestra fuerza el acuerdo petrolero de Trump, el dominio colonial estadounidense sobre nuestro país y a todos los responsables de nuestra presente calamidad.

Es necesario llamar con insistencia a la movilización obrera y popular para derrotar el pacto de poder Trump-Rodríguez, el acuerdo petrolero entreguista, a la burguesía emergente y a la burguesía tradicional históricamente proyanqui.

La lucha continúa. El futuro no está predeterminado. Aunque el presente luce como una montaña irremontable, los oprimidos de Venezuela tenemos en nuestras manos las armas más poderosas de todas: la lucha de clases y la solidaridad internacional. Es hora de ponerlas en funcionamiento para recuperar todo lo que nos han arrebatado.

¡Manos fuera de Venezuela!